Una cosa son las campañas electorales y muy otra las realidades que condicionan el ejercicio del poder. Los integrantes de Morena, el partido triunfador, más o menos lo sabían, pero ahora lo viven y lo sufren. Un ejemplo a la mano lo ofrecen las recetas esbozadas para detener la matanza desatada por Felipe Calderón con su irresponsable guerra contra las drogas, la que ha sido alegremente continuada en este agónico sexenio.
Andrés Manuel López Obrador sabe que necesita desactivar las causas de la violencia, detener la mortandad y dar una salida aceptable a las pandillas metidas en el tráfico de drogas. Con ese fin se realizó en Torreón, hace unos días, el segundo Foro para la Pacificación y Reconciliación Nacional. Ahí, el senador electo Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, se enfrentó a esas realidades indeseables pero ineludibles que conlleva el ejercicio del poder, al que todavía ni siquiera accede su partido.
Ante un público integrado en gran parte por familiares de “desaparecidos” (modo genérico de llamar a quienes han sido violentamente arrancados de sus familias, de sus lugares de origen o de la vida incluso), Durazo, político fino y experimentado, se enfrentó a quienes exigían a coro “primero justicia, después perdón”.
Y sí, parecería lógico que primero se castigue a los culpables y que una vez cumplidas todas las formalidades del caso, y no antes, se proceda a declarar una amnistía o a otorgar el indulto a quienes así deban ser beneficiados. No sobra decir que, vistas así las cosas, el proceso puede alargarse varios años, muy probablemente más de seis, si tenemos presente la lentitud, la corrupción, la ineptitud y la indolencia que privan en el Poder Judicial. ¿Y mientras?
Para el gobierno de AMLO el cese de la violencia o su reducción a términos manejables no puede esperar años ni mucho menos dejarse para el sexenio siguiente, lo que implicaría uno de los mayores fracasos del gobierno que está por inaugurarse, pues la reactivación económica y otros propósitos necesitan de un grado aceptable de tranquilidad social.
Por eso Durazo se vio en apuros en el foro de Torreón, donde trató de explicar las cosas. Dijo que amnistía e indulto no incluirían a los acusados por delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada, ejecuciones sumarias, masacres, tortura sistemática (¿la otra no?), delitos de agresión, feminicidio, trata y tráfico de migrantes.
El político sonorense abundó: el perdón, dijo a los presentes, es para “delitos no graves o en los que no haya mediado violencia o ferocidad y barbarie”, y sería para beneficiar a grupos sociales vulnerados, campesinos que siembran productos ilícitos, niños y jóvenes reclutados o secuestrados por delincuentes y quienes han sido victimizados por el crimen organizado en sus lugares de origen.
Para don Alfonso Durazo, la estrategia de seguridad pública dará resultados, pues comenzará con el combate a la corrupción, lo que a su juicio descarta “la posibilidad de buscar acuerdos con narcotraficantes, pues eso es corrupción”, según el inminente legislador.
Lamentablemente, con más frecuencia de lo deseable, la razón de Estado no suele ajustarse a consideraciones como las expuestas por Durazo. Una amnistía como la descrita no alcanzaría a beneficiar a ninguna de las mafias de hoy, y es precisamente con ellas con las que tendrá que negociarse, no con sus víctimas, cuyo dolor por las pérdidas sufridas es del todo lamentable, pero de ninguna manera decisivo para alcanzar la paz.
El grado de violencia muestra que, en las condiciones actuales, el Estado mexicano no es capaz de imponer la ley. Por cada delincuente detenido o muerto surgen varios más porque las expectativas del negocio ilegal superan por mucho los riesgos, o al menos ese es el cálculo de quienes optan por incorporarse a la delincuencia.
La criminalidad, por su poder corruptor y su violencia, tiene un efecto disolvente en las instituciones y en la sociedad toda, efecto que tiende a crecer y multiplicarse. Por eso cabe insistir en que las medidas para avanzar hacia la pacificación –legalización de algunas drogas, una amplia amnistía y acciones para la incorporación de los ahora delincuentes a una vida dentro de la legalidad– tendrán que adoptarse como políticas de Estado, no por mayoría ni menos aún por consenso. De otro modo presenciaremos la desaparición de instituciones enteras y hasta de México como país independiente.