Así como una sola célula contiene toda la información necesaria para conocer hasta las características genéticas más específicas de un ser humano, por alguna razón a veces es posible entender buena parte de la cultura política de un pueblo, a partir de lo que descubrimos en apenas un pequeño rincón de su estructura.

Por ejemplo, para explicar muchos de los vicios de la política guerrerense, y particularmente de la acapulqueña, basta con revisar la historia del transporte público.

La anarquía, el caos, la ilegalidad, el desorden y el conflicto permanente de este sector son consecuencia lógica de su larga y obscura relación con el poder y la política.

La carencia de grandes matrículas obreras en el estado convirtió al gremio del transporte en sustituto ideal para integrar uno de los ejercitos más útiles para el régimen priísta.

Concesiones y permisos fueron fácilmente utilizados como carnada o moneda de cambio para pagar cuotas electorales, respaldos políticos, simpatizantes entusiastas. Pero también han sido premios y sobornos para agradecer, acallar o someter a periodistas, amigos, enemigos, líderes y funcionarios.

Lo demás, era lo de menos: esconder o eludir procedimientos y leyes, contener reclamos de auténticos trabajadores del volante e inundar las calles con camiones y taxis multicolores y descomponer irresponsablemente la armonía de nuestra comunidad.

Los primeros rounds que ha librado la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del gobierno de Zeferino Torreblanca frente a las organizaciones transportistas, confirman el enquistamiento crítico de los conflictos típicos de esta área.

La inercia y la maliciosa experiencia de los dirigentes y empresarios del transporte pueden ser suficiente ventaja sobre la aparente ingenuidad o impericia del nuevo gobierno, confundido y atrapado rápidamente por el enredo histórico del sector.

Los amagos y las advertencias oficiales sobre graves irregularidades en la entrega de 4 mil concesiones en el ocaso de la administración anterior, en lugar de servir para aplanar obstáculos, temo que pudieran conducir a las autoridades a un callejón sin salida.

Se instalarán mesas de trabajo, se propondrán nuevos métodos de asignación de permisos, se impugnarán concesiones anteriores, se revisarán todas, se cancelarán algunas, se seguirán impungnando otras, se destituirán funcionarios, se nombrarán otros que serán también destituidos tarde que temprano, etcétera, etcétera y etcétera.

Pero las calles de la ciudad seguirán siendo un campo minado lleno de riesgos e infractores a cada esquina, una zona saturada de taxis y autobuses en mal estado y una pista de carreras sin reglas ni límites de velocidad.

Porque aunque es clara la necesidad de transparentar permisos y corregir y castigar abusos y delitos, los reclamos de la sociedad en contra del transporte señalan una prioridad mayor.

Siendo el gobierno el representante legítimo de los ciudadanos, su principal responsabilidad debería ser resolver aquellos conflictos que más los afectan e irritan.

Los usuarios del transporte demandan un mejor servicio; los peatones, respeto y seguridad; los automovilistas, orden y civismo; todos, una autoridad firme, honrada y oportuna. Si de manera paralela se puede avanzar también en la limpieza del sector, habrá que reconocerlo sin regatear.

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