El caso del obispo emérito de Chilpancingo- Chilapa, Salvador Rangel Mendoza ha puesto sobre la mesa el doloroso tema de las víctimas de las violencias, con sus contextos nacional y locales. El primer estamento de este contexto está en los muchos miles de víctimas de la violencia que se han dado desde la “guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón hasta el actual gobierno morenista. Víctimas visibles e invisibles, víctimas identificadas como personas, familias, comunidades y hasta regiones; víctimas directas e indirectas, víctimas de secuestro, desplazamiento forzado, extorsión, desaparición forzada y asesinadas. También podemos referirnos a víctimas de instituciones y víctimas sistémicas.
El segundo estamento de este contexto está en la sociedad misma, que se ha mostrado indiferente ante la situación de las víctimas, indolente ante su dolor y conformista ante el futuro del país. Una sociedad que vive de lamentos pero que no se abre camino hacia su responsabilización social; una sociedad que evade sistemáticamente la realidad y se conforma con quejas, repartiendo culpas por todos lados. Sólo sabe juzgar a las víctimas y lanzar estigmatizaciones por todas partes. Una sociedad que se refugia en el miedo y en su sentimiento de impotencia, cuando prefiere no mirar de frente a las víctimas y prefiere señalarlas y revictimizarlas. Este es el nivel que hace más difícil la vida de las víctimas.
El tercer estamento está en los gobiernos, todos los gobiernos, municipales, estatales y federales, de todos los partidos políticos, que están manifestado como entienden sus responsabilidades políticas en relación con las víctimas. Se ha dado un perfil político en los gobiernos que los hace semejantes entre ellos. Al menos en este tema, todos han sido iguales. Desde que se promulgó la Ley General de Víctimas, allá por el año 2013, y las posteriores legislaciones relacionadas con las víctimas de las violencias, en las que se han definido las responsabilidades del Estado y los derechos de las víctimas, se han dado algunos avances que, para mi modo de ver, han sido mínimos.
Si las víctimas en nuestro país representan el sector más vulnerable, han padecido permanentemente actitudes de desprecio desde los ámbitos gubernamentales, los que no han sido capaces de ponderar de manera empática el dolor que sufren. Un caso que se ha hecho tan normal es el de las familias de los desaparecidos que tienen que soportar la confrontación cotidiana de las autoridades, que no les reconocen sus derechos e incumplen con sus responsabilidades. El tema de las víctimas no es un asunto periférico u opcional, sino un asunto central para el país. El futuro de México pasa por el trato social y público que demos a las víctimas, en garantizares verdad y justicia, en mejorar sus condiciones de vida y en acompañarlas para que sanen su dolor.
Los gobiernos no han entendido que el dolor que padecen las víctimas, dolor que no es atendido con la calidad que se merece, lo tendremos que pagar en el futuro. En la medida en la que el dolor crece y se desarrolla por la incapacidad de los gobiernos, en esa medida se multiplica y pone en riesgo al país. Una víctima a la que no se le respetan sus derechos y que no recibe el trato que necesita puede convertirse en el futuro en generadora de más víctimas. En la medida en que las víctimas reciben la atención y el cuidado que necesitan y se respetan sus derechos, en esa medida se realiza una acción preventiva de nuevas violencias.
El Estado ha venido manifestando desprecio a las víctimas en la medida en la que no ha asumido la responsabilidad institucional que le haga competente para dar respuestas suficientes a esta herida nacional. Las respuestas que ha dado el Estado en los últimos veinte años no han resuelto nada porque no tiene la capacidad institucional para atender a los muchos miles de víctimas: tienen escasos presupuestos y personal incompetente y la operación institucional para responder a los derechos de las víctimas muestran un verdadero desprecio hacia ellas.
En fin, las víctimas no les importan a los gobiernos que se dedican a revictimizar y a confrontar sus demandas. Es penoso que las víctimas de desaparición forzada tengan que asumir las responsabilidades de los gobiernos, buscando a sus familiares, vivos o muertos, con picos y palas, en el servicio forense, en prisiones y en hospitales, o cavando en fosas clandestinas.
El caso Rangel, aún cuando no conocemos lo sucedido, representa una víctima más que refleja lo que es el modus operandi social y gubernamental. Tenemos una sociedad enferma que en lugar de moverse a la solidaridad con los que sufren, va por el camino fácil de la indiferencia, y un poder público abusivo, cuyos niveles de corrupción permanecen y, lo que ha sido peor, se ha estado manifestando su vínculo oscuro con la delincuencia organizada.
Si deseamos un futuro mejor se necesita dar un trato diferente a las víctimas de las violencias, a todas, a las que están tipificadas en la ley y necesitan la garantía de sus derechos: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Ojalá que el siguiente gobierno federal se atreva a poner en marcha los mecanismos de justicia transicional para salir del foso abierto por los victimarios, entre los cuales tenemos que mencionar a las bandas criminales y a políticos que utilizan el poder público para todo, menos para dar la cara por las víctimas de las violencias.