La Comisión Federal de Electricidad tiene la obligación mayor de informar a la sociedad sobre todo lo relativo al proyecto de La Parota. Esta mega obra ocupa ya un lugar en la agenda del desarrollo de Guerrero.

Por lo pronto, no hay información suficiente y veraz.

De todas maneras, las autoridades estatales, municipales y agrarias así como los directamente afectados, deben empezar a formular ideas, propuestas, reclamos, proyectos y no esperar pasivamente a que la CFE les tome la medida por sorpresa.

Quien tiene la iniciativa manda, gobierna y                                       contribuirá a que las cosas salgan bien en beneficio de todos. La pasividad es mala consejera y si de políticos se trata peor aún.

Ojalá y despierten de la intoxicación electorera.

Existe un problema central. De acuerdo con el padrón del Registro Agrario Nacional los Bienes comunales de Cacahuatepec suman 7 mil 285 comuneros.

De ellos en la primera asamblea fallida para autorizar los estudios de factibilidad participaron 162 y en la segunda convocatoria, el domingo 29 de junio asistieron 628, son las asambleas de las cuales tengo referencia. Ni un 2.7 ni un 8.6% deben definir por la totalidad.

Sea en sentido negativo como en positivo, llegado el momento de la decisión final, las autoridades agrarias, estatales y municipales así como la empresa tendrán que idear y aceptar un procedimiento atinado, democrático que permita un acuerdo irreversible y satisfactorio. Este será el arte de la política al servicio del desarrollo. El reto es mayor tomando en cuenta al conjunto del universo municipal y agrario involucrado.

La asamblea del pasado 23 de agosto fue, para decir lo menos, turbia, desaseada, ilegal e ilegítima.

Del total de 7 mil 285 comuneros si creemos en las cifras de la CFE participaron apenas un poco más de 2 mil 800. La convocatoria no fue pegada en las comisarías y mucho menos entregada personalmente, no hay acuse de recibo, la lista para integrar el quórum legal no se tomó de acuerdo con las normas, llamando uno a uno por nombre y apellido; no hubo deliberación, no se eligió mesa de debates, no hubo intervenciones a favor ni en contra. La modalidad de votación a mano alzada es un uso obsoleto y superado, ya tampoco es universalmente admitido el voto en pizarrón, lo más conveniente es la votación en urnas, secreta y universal.

El resultado es lo que conocemos como una victoria pírrica. Los vencedores no tienen espacio propio y los derrotados ocupan las tierras en cuestión.

El procedimiento debe reponerse de punta a cola. El gobierno está obligado a garantizar una nueva asamblea que permita la libre expresión de los comuneros y evitar las maniobras torcidas de mercaderes clásicos de ese liderazgo responsable de la crisis terminal de la sociedad rural, de hampones a quines el campo no aguanta más.

Ni voceros externos, ni asesores leguleyos. Una asamblea impecable sería aquella convocada de acuerdo con las normas, usos y reglas en la cual participen los comuneros debidamente inscritos, con la representación de la Procuraduría Agraria y del registro nacional y con la presidencia de calidad del gobernador o de jodido de algún secretario confiable. El subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Esaú Tapia, además de inútil y temeroso es un lastre del pasado, de los viejos modos de hacer las cosas.

Es un desatino grave que por la ausencia de voluntad y de oficio político las autoridades estén construyendo un magno escenario para que se concentre el altermundismo. Ya veo a Marcos encabezando un evento de la otra campaña en una de las localidades de La Parota.

Los primeros obligados a repensar, a reflexionar y a reandar el camino son las autoridades con el gobernador a la cabeza.

No vaya a ocurrir, como en Atenco, con motivo del nuevo aeropuerto, que el conflicto entre una minoría envalentonada, provocada y provocadora detuviese una obra de importancia e impacto nacional.