El nombre de Lizandro Núñez Picazo le dice poco al grueso de los mexicanos. Sin embargo, hasta donde se puede saber por las informaciones periodísticas, el hombre hizo una interesante carrera en la Secretaría de Hacienda, más precisamente, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde introdujo innovaciones que propiciaron una mayor recaudación fiscal.
El señor Núñez Picazo era, hasta donde sabemos, un ejemplo de servidor público, pero inexplicablemente renunció o fue renunciado a fines del año pasado, después de que periódicamente el SAT anunciaba muy ufano considerables aumentos de la recaudación de impuestos, pese a las onerosas  condonaciones que benefician a las grandes empresas.
El cese o renuncia, según se quiera ver, se produce cuando el gobierno mexicano más necesita de personal altamente calificado, pues las finanzas nacionales distan de ser sanas, entre otras razones porque el endeudamiento externo continúa a ritmo acelerado, pese a que el año pasado nos dijeron que los recortes presupuestales obedecían a una política de rigurosa austeridad. Pero no hay tal.
El gasto continúa aumentando alegremente y para paliarlo se ha recurrido sin mesura al endeudamiento. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en los tres primeros meses del año el gobierno federal adquirió deuda por las cuatro quintas partes de lo autorizado para todo 2018.
Por supuesto, la tecnocracia hacendaria dirá que estamos en Jauja y que todo marcha a pedir de boca, pero el contribuyente tiene derecho a saber qué pasa, sobre todo cuando estamos en año electoral, pues ya se sabe que los gobiernos no reparan en gastos cuando se trata de comprar votos.
Desde luego, ninguna autoridad aceptará que nuestros impuestos están dedicados a la pepena de votos, pero lo cierto es que más de 910 mil millones de pesos, cerca de la quinta parte del prepuesto federal, serán para programas sociales que, como vimos en la elección del Estado de México, se materializarán en aparatos domésticos, sillas de ruedas, sacos de cemento, despensas, tarjetas prepagadas y dinero en efectivo.
Se dirá que son programas oficiales y que por lo tanto operan apegados a la más cabal legalidad, pero no es así. De acuerdo con una investigación de Martha Martínez aparecida en Revista R (25/II/2018), de 150 programas federales que forman parte del gasto social, sólo 65 cuentan con reglas de operación, 66 no disponen de padrón de beneficiarios y 44 entregan “apoyos monetarios”, lo que otorga un amplísimo margen para la ilegalidad, pues, como sabemos, se prefiere beneficiar a los votantes cautivos del PRI, que están generalmente en los estratos más pobres de la sociedad.
Otro recurso de baja ley es entregar tarjetas que sólo liberan los fondos cuando el “beneficiado” cumple con diversos requisitos, los que empiezan por entregar la credencial de elector y culminan con la presentación de la boleta de votación que recibieron en la casilla y que retienen, pues otra igual, previamente marcada a favor del PRI, es la que depositan en la urna. Lo anterior es sólo uno de los procedimientos corrientes en la compra de votos.
Más allá del gasto social, otro de los mecanismos propiciatorios de la compra de votos y aun del fraude son los fideicomisos. Desde hace algunas décadas, los funcionarios de los tres poderes, pero sobre todo los del Ejecutivo federal, han recurrido a este mecanismo financiero cuando quieren ocultar dinero, pues los fideicomisos son inauditables y los funcionarios pueden disponer de sus fondos con toda facilidad.
Se estima conservadoramente que el monto de lo que está oculto de fideicomisos anda cerca de los 800 mil millones de pesos, más o menos la sexta parte del presupuesto de egresos correspondiente a 2018. Dicho de otra manera, nada impide que esos recursos nacionales sean empleados en las campañas electorales, para lo cual mucho ayuda la intencionada ceguera de los órganos encargados de normar y vigilarlos procesos comiciales.
Para colmo, la Procuraduría General de la República decidió ocultar a los ciudadanos la información del caso Odebrecht, que se presume pagó diez millones de dólares de un presunto soborno, los que total o parcialmente fueron a parar a la campaña presidencial del PRI de 2012. Por si algo faltara, ahí está el INAI, que cierra el acceso a la información cuando están en riesgo sus patrocinadores. Por eso quieren que todo siga igual.