Carente de suficientes votos para reformar la Constitución, lo que requiere de dos terceras partes de los integrantes de cada cámara legislativa, el máximo líder de eso que llaman la “cuarta transformación” envió a San Lázaro un conjunto de propuestas para modificar las leyes electorales, lo que sólo requiere mayoría simple.
Era ciertamente un paquete abultado, pues se trata de apoderarse del Instituto Nacional Electoral o al menos someterlo a los designios del máximo líder cuatroteísta, como antes estuvieron los órganos comiciales al servicio del Maximato y luego de los presidentes de la República que nos endilgó la maquinaria que se decía revolucionaria.
La operación reformista no obedece, como afirma la versión oficial, a los imperativos de una política de austeridad, pues si así fuera, el gobierno de la República habría planificado debidamente obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cuyos costos crecen cada día sin que los ciudadanos veamos el fin de ese derroche.
La iniciativa de reformas a 18 artículos constitucionales y siete transitorios comprendía de plano la desaparición del INE para suplirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo que hubiera significado un gasto nada pequeño. Pero el propósito, según el anuncio presidencial, era evitar los fraudes y garantizar comicios legítimos.
La ligereza de tal argumentación implicaría que el actual INE está de acuerdo con los fraudes y que los comicios que arbitra son ilegítimos, lo que, de aceptarse, supondría que de ese modo ganó Morena las elecciones de 2018 y que, por consecuencia, tenemos un gobierno fraudulento e ilegítimo.
Desde luego, la legislación electoral requiere ajustes, pues los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal respectivo, sus funcionarios y asesores tienen percepciones insultantes en un país de pobres, pero tales emolumentos no los fijaron ellos, sino que fueron establecidos por iniciativa presidencial y con el voto aprobatorio del Congreso desde los años 90 del siglo pasado.
Lo importante, en todo caso, es que realizar cambios en órganos que costaron tantas luchas sociales requiere de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, no sólo de Morena y sus partidos paleros. Proceder al mayoriteo antes de la próxima elección implica que la reforma tiene dedicatoria, pues, en sus actuales términos, garantizaría la permanencia en el poder del mismo grupo, lo que permite suponer que las prisas del Ejecutivo obedecen al temor de no tener asegurada la continuidad, sobre todo si, como se augura, Morena se dividirá antes de que concluya el sexenio.
Por eso, ante la imposibilidad de modificar la Constitución, en Palacio se optó por el llamado “Plan B”, mazacote de reformas a las leyes secundarias que acabaría con la independencia del INE. Antes de 24 horas, sin leer siquiera su contenido, los “representantes populares” (je, je) aprobaron aquel engendrito que nos retrotrae a la era del priismo absolutista.
Lo ocurrido en San Lázaro, ciertamente vergonzoso, evidencia que los ciudadanos que votaron por Morena y sus patiños no están representados en el Congreso, donde los señores diputados de la 4T se asumen como criados del Señor de Palacio.
Al momento de escribir estas líneas, está por votarse en el Senado la iniciativa de reformas electorales, a la cual se han hecho 200 modificaciones. Si el voto es contrario al interés presidencial, el líder senatorial, Ricardo Monreal, no tendrá más que salir de Morena; pero si la mayoría acepta someterse al tlatoani, entonces se habrá acabado la carrera del zacatecano, pues no se lo agradecerán el Señor del Gran Poder ni la oposición.
De paso, los legisladores agachones también pagarán su triste rendición, pues se limitarán severamente las oportunidades y los dineros para toda la clase política y aun para la burocracia electoral. El costo mayor, sin embargo, recaerá sobre la ciudadanía, que otra vez se verá prisionera de un sistema que la privará de capacidad para decidir quién ha de gobernarnos, y eso precisamente es lo que está en juego: si vale más la orden de una sola persona que el voto de la mayoría ciudadana. Lo peor es que nada bueno podemos esperar de legisladores domesticados.