Uno de los pecados más graves de la incipiente y vacilante democracia mexicana es que la ley y el Estado de derecho están al servicio de la política y los políticos, quienes soberbia y descaradamente los manipulan de acuerdo a los caprichos e intereses de los grupos de poder, que los condicionan a contextos y coyunturas que poco o nada tienen que ver con el respeto a la justicia, la verdad, la ética o la equidad social.

Ley y Estado de Derecho –así, con mayúsculas–, antes que valores insustituibles, en las manos de los políticos se convierten en recursos discursivos, en herramientas retóricas que les sirven no sólo para escalar posiciones, sino para sobrevivir en la intrincada y peligrosa espiral de la grilla.

Ejemplos abundan, desafortunadamente, sobre todo en la última década mexicana: desafuero, controversia constitucional, juicio político, Pemexgate, Amigos de Fox, Fobaproa, Ahumada, Tláhuac, amparo judicial y todos los etcéteras que se les ocurran.

A lo largo de los procesos de todos y cada uno de los ejemplos anteriores ha prevalecido el litigio y la sentencia extralegal y mediática, por encima, muy por encima de lo estrictamente jurídico.

La descomposición ha llegado a extremos patéticos, aberrantes, cómicos y, con mayor frecuencia, frustrantes para los mexicanos. Concentrados en la lucha feroz por el poder, los políticos han preferido aprovechar la experiencia del régimen priísta para seguir sometiendo y manipulando leyes, reglamentos y jurisprudencias, escondiendo con tecnicismos y recursos legaloides la simulación justiciera de sus objetivos.

Uno de los episodios mas memorables lo protagonizó apenas el paisano Carlos Javier Vega Memije, al argumentar largo y tendido sobre los fundamentos legales del desafuero de López Obrador.

La mayoría de los mexicanos, legos como yo en cuestiones procesales, difícilmente pudimos contradecir ni cuestionar la validez o procedencia de sus planteamientos, perdidos en el clásico enredo semántico de las leyes mexicanas. Pero el sentido común, la lógica elemental, el análisis simple y directo, son suficientes para descubrir el truco perverso detrás de los desplantes de erudición legal.

Aunque respaldado por la razón política en el caso del desafuero, la réplica contrastante de López Obrador al alegato de Vega Memije sólo confirmó una verdad desalentadora: para bien o para mal, en México casi nadie confía en la ley ni en sus instituciones, ni siquiera los que tienen la responsabilidad de aplicarla, someterse a ella y hacerla respetar.

Al igual que en el desafuero, prácticamente todos los conflictos legales importantes aparecen, desaparecen y reaparecen, con el artificio de la retórica y el arreglo político, sin respeto para la ley ni para los mexicanos.

La transición política y la alternancia en el poder que oficializaron el avance del proceso democrático mexicano engendraron una paradoja inesperada: si para la oposición que enfrentaba al PRI hegemónico la exigencia democrática fue artillería preferida en contra del sistema, para los priístas de aquellas épocas la manipulación discursiva de la necesidad de la ley y la protección del Estado de derecho fue su arrogante defensa.

Pero al acceder al poder, los viejos opositores, sin excepción, aprendieron a utilizar la retórica legal siempre que es necesario, para defenderse o justificarse ante las críticas y para agredir, descalificar, intimidar o eliminar adversarios incómodos o peligrosos.

Cuando han sucedido a gobiernos de partidos distintos al suyo, integran con rapidez expedientes negros con las irregularidades y corruptelas de su antecesor, no para aplicar la ley y combatir la impunidad, sino para mantener a raya, extorsionar y someter los impulsos contestatarios de los ahora opositores.

Las leyes, los reglamentos y los procesos judiciales en México se diseñaron siguiendo los mismos criterios y objetivos del resto de la organización de la burocracia pública. Mientras más compleja, engañosa y azarosa sea la administración, más fácil resulta manipularla, interpretarla y eludirla, para los que la controlan, por supuesto. Pero la transición democrática no ha logrado todavía avances en esa tarea esencial: simplificar leyes y reglamentos, limitar los espacios a interpretaciones legales y rescatar la difícil sencillez de la verdad jurídica.

La omisión no se entiende bajo la luz de una auténtica ética política, pero sí se explica cuando observamos el sometimiento discrecional a los dictados de la ley de nuestros actores políticos; todos justifican la entelequia en la presunta perversidad del contrario, mientras los buenos (nosotros, but of course) no manden, la obediencia a las sentencias jurídicas depende de las circunstancias de cada caso.

En Guerrero, las cosas parecen seguir la misma tonada. Las denuncias tímidas de algunos funcionarios de irregularidades administrativas y financieras de la administración anterior –en Salud, Desarrollo Social, Educación, Transporte, Justicia, por ejemplo– hasta el momento suenan sólo como amenaza, intimidación y advertencia, en contra de los inquietos destinatarios.

Es urgente recuperar la vigencia y la credibilidad de las instituciones legales, desde ellas se debe regular y legitimar la gobernabilidad que necesitamos, tan volátil y explosiva gracias a la impunidad legal de la política contemporánea.

 

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