Por el bien de México requerimos una reforma integral en los tres poderes de la Federación. La corrupción, la impunidad, la deshonestidad, el nepotismo, lo democratoide mercantilizado y fanatizado, la partidocracia, la ley al mejor postor, la obesidad burocrática, la falta de transparencia e información veraz; la falsedad y la simulación de entrega de resultados, entre otras; son lacras que corroen, de fondo, nuestras principales estructuras institucionales nacionales, de mucho tiempo ha.
Si realmente queremos fortalecer nuestro país, prosigamos lo que se ha empezado: el esfuerzo de limpiar a todos y cada uno de los tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. De lo contrario todo esfuerzo de modificación estructural parcial será vano y exangüe a la larga. No es cuestión fácil, ni cosa pronta; pero será trunca y poco duradera si carece de integralidad. La desigualdad en su implementación descubriría sólo la intencionalidad interesada y de dominio que hoy anima para hacerlo.
Es un hecho de larga data, la pudrición que afecta a los tres poderes federativos y su favoritismo sempiterno a los barones del poder económico y político, por lo que los desafíos que enfrentaremos para sanearlos serán enormes sobre todo si continuamos tratándolos de modificar en forma apresurada y sobornada, en el marco de un pretendido diálogo de sordos y autistas ajenos a la reflexión colectiva.
En lo económico por ejemplo, en el año 2016, como candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que terminaría de construir el “muro de la ignominia transfronterizo” con México y que los mexicanos pagaríamos en su totalidad su erección, que, de no hacerlo, lesionaría con intención nuestro intercambio comercial para financiarlo elevando los aranceles, hasta en un 25 por ciento, a las importaciones de mercancías y servicios provenientes de México.
Al año siguiente, siendo ya presidente en funciones, lanzó otro ultimátum público a AMLO, para que detuviera militarmente la migración masiva transfronteriza (centro y sudamericana) que se dirigía a su país. De lo contrario, nos impondría restricciones económicas como forma de presión ya que más del 84 por ciento del total de nuestras exportaciones –no petroleras– nos colocan como primer socio comercial y proveedor de mercancías al vecino país, por un monto de 438 mil 986 millones de dólares (El Financiero. 9/01/2024).
También nuestro sector laboral interno saldría muy afectado puesto que un cuarto de la población ocupada en México (14.6 millones de personas) está involucrada en el comercio exterior con Estados Unidos, principalmente en los sectores agrícola, manufacturero, comercio, transporte y almacenamiento. Lo mismo acontecería con la desaceleración económica y el desempleo que se generaría a partir de las deportaciones masivas de miles de paisanos no documentados que en la actualidad trabajan en ese país en puestos laborales no deseados por otros, sobre todo en las áreas agrícolas, en la industria de la construcción y en servicios a hogares, restaurantes y centros hospitalarios, principalmente. Las remesas que recibimos ahora, son de un monto superior a las divisas petroleras provenientes de Estados Unidos (Banxico. Primer semestre del 2024).
Resultado de lo anterior, fue el envío forzado que tuvimos que hacer de miles de soldados de la Guardia Nacional y personal de migración a nuestra frontera sur, para incrementar los patrullajes fronterizos de disuasión a efecto de disminuir el tránsito de personas provenientes allende el Río Suchiate. Fue un momento triste y de subordinación en las relaciones exteriores de México con el vecino del norte.
En julio del 2024 el Partido Republicano amenazó con una injerencia directa en México para resolver, según ellos, temas jurisdiccionales como son los del a) narcotráfico fronterizo, b) migración descontrolada y c) la fuerte incertidumbre jurídica de las empresas transnacionales e inversiones extranjeras radicadas en México; así como a los potenciales proyectos “llave en mano”; por no mencionar posibles violaciones a lo estipulado en el Tratado de México, Canadá y Estadps Unidos (T-MEC), firmado en el 2020.
A principios de este mes de septiembre, en forma clara y contundente, los Departamentos de Estado de Canadá y estadunidensa emitieron sendos comunicados públicos, donde expresan su preocupación oficial por el posible deterioró que sufrirán nuestras relaciones comerciales trinacionales, con las reformas aprobadas al poder judicial de México.
Las premuras poco prudentes, los triunfalismos apasionados, los fanatismos políticos vengadores, así como la fragilidad de nuestros indicadores macroeconómicos de comercio exterior contribuyen, en el corto plazo, a volver opaca nuestra visión estratégica para analizar concienzudamente todas las consecuencias económicas y sociales en las postrimerías de este, por demás, polémico sexenio presidencial.

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