Héctor Manuel Popoca Boone
Diciembre 09, 2017
A partir de la modificación realizada al artículo 27 constitucional, durante el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari, se legalizó la desincorporación de territorios ejidales y comunales para colocarlos a la compraventa en el mercado de tierras.
En otras palabras, lícitamente realizar, de nueva cuenta, un saqueo agrario mediante el chanchullo económico. Los gerifaltes que acrecentaron sus fortunas personales de esa forma fueron gobernantes, funcionarios y empresarios inmobiliarios inescrupulosos.
Las tierras más codiciadas siempre han sido las de mayor peso económico, aquellas con vocación turística, las que poseen yacimientos petrolíferos o de minerales y las aledañas a la mancha urbana para la creación de fraccionamientos industriales, comerciales o habitacionales.
En Guerrero, el más preclaro ejemplo de la compra de terrenos sociales, con alta potencialidad económica, fueron los desarrollos turísticos e inmobiliarios de Ixtapa. Esa desincorporación, el fraccionamiento con infraestructura básica y luego la venta a consorcios empresariales y a particulares solventes, se realizó bajo la égida del gobierno federal a través de Fonatur.
Otra zona turística, la de Acapulco-Diamante, fue desarrollada por el Gobierno estatal a través de Protur. Al igual que en Ixtapa, a los campesinos les compraron sus parcelas cercanas a la playa –y a la laguna de Tres Palos– a valor de cuentas de cristal para luego venderlas como oro a empresarios inmobiliarios; o bien, algunas de ellas quedárselas los propios gobernantes y políticos.
Ejemplo en México del arte del despojo en grande, de tierras turísticas ejidales, por miles de millones de pesos, es el pillaje que hizo ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ya detenido en Panamá por la policía internacional.
La colusión de gobernantes y empresarios “pirañas”, nunca tuvo como finalidad la asociación de empresarios con los campesinos para hacer negocios turísticos. Antes bien, los capitalistas siempre pretendieron ser dueños y patrones de los terrenos e inmuebles turísticos.
Demasiado tarde los campesinos se dieron cuenta que la herencia que les iban a dejar a sus hijos no eran sus tierras ejidales y comunales, sino posibilidades de trabajo poco remunerado ya fuera de jardineros o de mucamas. De dueños, los hombres y mujeres del campo pasaron a ser empleados en sus propias tierras de antaño. Todavía existen débitos en la compra de sus parcelas.
Otro tipo de saqueo que hemos sufrido todos los guerrerenses, en forma perenne, ha sido el del erario público. Las adquisiciones de bienes y servicios, la construcción de obra pública y el abultamiento de las nóminas oficiales de personal, por medio de la “cultura del moche” o de prestanombres a modo, han sido de antiguo la forma clásica de cómo los dineros del pueblo –que el gobierno capta por concepto de impuestos– son escamoteados y van a parar a los bolsillos de gobernantes, funcionarios y empresarios “pirañas”.
Para colmo, hoy en día hemos sido también despojados de nuestra seguridad pública y privada, de la preservación de nuestras vidas, de nuestros bienes patrimoniales familiares y de nuestra libertad, colectiva e individual, por los “amigos organizados”. A diario se constata que los tres niveles de gobierno se han visto impotentes de aplacarlos e ineptos para resolver tan graves y agobiantes asuntos.
PD1. ¿Habrá informado el “maestro incómodo” al relator de la ONU, cómo el gobierno estatal interviene ilícitamente los teléfonos de los periodistas y otros comunicadores a través de El Perro? ¿Así quieren que se firme un pacto de seguridad?
PD2. La aprobación de la propuesta de Ley de Seguridad Interna crearía óptimas condiciones para que pueda realizarse un golpe de Estado militar, en un futuro no muy lejano.
PD3. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas a favor de López Obrador orientará sus acciones para la elaboración de los compromisos públicos que firmará AMLO como candidato en enero próximo y para diseñar una estrategia de trabajo electoral que asegure el voto rural. En Guerrero ya se iniciaron las acciones al respecto.