Pasan los días y todavía no vemos en la cárcel a algún constructor tramposo ni tampoco a un funcionario cómplice. Hay señales ominosas de que todo quedará como en 1985, cuando ni uno solo de los causantes de miles de muertes llegó siquiera ante el Ministerio Público, pues el sistema operó eficazmente en su defensa mediante el facilón expediente de no proceder contra los culpables.
Ahora, de acuerdo con lo que estamos viendo, se procederá de igual manera, pues si bien se han abierto expedientes de investigación en torno a los edificios caídos y otros sitios dañados por los sismos, nada garantiza que las indagaciones vayan a ir hasta el final ni que los culpables vayan a ser sancionados penalmente, a menos que hubiera orden expresa de muy arriba, lo que es del todo improbable.
Han pasado más de dos semanas del 19 de septiembre y hasta ahora el quelónico Ministerio Público ha sido incapaz de proceder contra los responsables de tantas muertes, más de 200 en la ciudad de México y poco menos de 400 en el país. Esa lentitud muestra desgano o franca indisposición para proceder, y cuando eso ocurre los ciudadanos tenemos derecho a pensar que detrás de esa actitud hay corrupción o complicidades.
Claudia Sheinbaum presentó varias denuncias contra constructores y funcionarios que al parecer no cumplieron debidamente con su función, pues autorizaron, en el caso del Colegio Rébsamen, una construcción que, como ha quedado claro, no garantizaba la seguridad de los niños, menos aún después de que la dueña del lugar se hizo construir su casa en la azotea, sin atender al inmenso riesgo que implicaba aumentar el peso sobre una construcción de dudosa solidez, lo que autorizaron alegremente los funcionarios ahora denunciados.
Lo curioso es que en lugar de apoyar  a la demandante, se ha desatado contra ella una feroz campaña  para culparla por los hechos, lo que sería tanto como señalar como responsable a Miguel Ángel Mancera de todas las muertes ocurridas a consecuencia del temblor en la Ciudad de México. Los funcionarios corruptos, indolentes o ineptos tienen nombre y apellido y una responsabilidad directa. Acusar a sus superiores es una maniobra distraccionista, a menos que se pruebe su culpabilidad, lo que sería tanto como acusar al presidente de la República por cada delito que se comete en el país.
Otro indicio de que no veremos que se castigue a los culpables es la “caída del sistema” donde se guarda –¿o se guardaba?–toda la información sobre los edificios colapsados, las autorizaciones extendidas, así como los nombres y apellidos de los funcionarios que firmaron lo que, como ahora sabemos, fue la sentencia de muerte para cientos de capitalinos.
Para el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, la presunta caída del Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que tal es su nombre, “sólo confirma la ola de corrupción existente en la dependencia y una parte de los inscritos como directores responsable de obra y corresponsables”, quienes muy probablemente tiraron a propósito el citado registro.
Ante esa caída, que se sospecha provocada, Florencio Hernández del Ángel, presidente del mencionado colegio, exigió la separación  de Felipe de Jesús Gutiérrez , hasta ahora titular de la Seduvi, y de Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (!!!) en la ciudad de México, “para que sean investigados y se deslinden responsabilidades”. También pidió la separación de su cargo del secretario de Obras y Servicos, Édgar Oswaldo Tungüí Rodríguez.
Por supuesto, es aventurado acusar a esos funcionarios por la caída del sistema, pues cabe la posibilidad de que fueran víctimas de un sabotaje de parte de personal que está involucrado en la corrupción. Pero lo que procede es que presenten su renuncia o queden suspendidos mientras se desarrolla la investigación que, insistimos, es dudoso que vaya hasta las últimas consecuencias.
Por toda la ciudad se levantan construcciones con más pisos de los permitidos o sin cumplir con las condiciones que establece la normatividad. Eso lo autorizaron funcionarios corruptos y como están a la vista de todo mundo, podemos sospechar de la colusión de sus jefes. Pero eso lo debe establecer en forma irrefutable una investigación que no se quede en la superficie. Pero lamentablemente es dudoso que se realice. Es mucho lo que está en juego.