La adicción al carbono sigue creciendo y al mismo tiempo en consecuencia aumentan los riesgos para la vida humana que conocemos, como consecuencia del cambio climático. Al respecto, me voy a permitir citar principalmente con los datos de un artículo del suplemento dominical Negocios del diario El País del pasado 3 de noviembre de este año. Se titula Cambiar el modelo para salvar el planeta y su autor es Francisco de Zárate.
De continuar el actual ritmo de emisiones de gases de efecto o dióxido de carbono equivalente, las temperaturas medias en el año 2100 aumentarían entre 4.1 y 4.8 grados centígrados.
En 1950, las emisiones de dióxido de carbono eran de cinco gigatoneladas, a la fecha superan las 53.4 gigatoneladas.
Cuatro naciones o zonas económicas (China, Estados Unidos, Unión Europea e India) producen el 60 por ciento de las emisiones.
El 80 por ciento de las emisiones proviene del uso del carbón y del petróleo.
El 50 por ciento de las emisiones se origina por actividades de la industria y el transporte.
Por ello se plantea una economía basada en un sistema de emisiones cero. La idea es incorporar al precio de los hidrocarburos el enorme costo ecológico que conlleva su uso.
Existen grupos ambientalistas en Estados Unidos que buscan impulsar un impuesto al carbono de gran magnitud. Para impedir una revuelta social por el alto costo de los impuestos a los hidrocarburos, redistribuirían lo recaudado entre los contribuyentes. Estiman, que más de un 70 por ciento de las familias estadunidenses tendrán más ingresos disponibles después de impuestos. La devolución estimada sería de 2 mil dólares por familia y año. En sus escenarios, estiman que, de aplicarse el impuesto a partir del año 2021, Estados Unidos lograría para el año 2025 una reducción de 32 por ciento de sus gases de efecto invernadero, cuatro por ciento más que su compromiso en el Acuerdo de París.
Al parecer, tiene apoyo de empresas petroleras, que están trasladando desde hace años sus inversiones a energías limpias como la Shell, Exxon Mobil y British Petroleum. Además, de un cúmulo de premios Nobel, académicos y legisladores apoyan este impuesto.
En sus cálculos estiman un valor de 43 dólares la tonelada de dióxido de carbono, y 9.5 centavos de dólar por litro de gasolina.
No es nada nuevo, existen 46 países que le han puesto un precio al carbono emitido. De hecho, un 20 por ciento de las emisiones mundiales ya están sujetas a algún tipo de gravamen. Se señalan valores entre 40 y 80 dólares para lograr reducciones reales. Para el 2030 se propone gravar en 75 dólares la tonelada de carbón emitida y lograr así cumplir el Acuerdo de París.
Pero el acuerdo de impuestos a las emisiones al carbón debe ser global para que no exista problemas de competitividad entre países. Esto complica bastante el asunto, ya que tienen que ponerse de acuerdo los mayores emisores.
Aparte de los impuestos al carbón se están impulsando los mercados de derechos de emisión. En los mercados se establece un máximo de emisiones de carbón por industria y año. Así, las empresas que emiten menos de lo que tenían autorizado ofertan sus derechos de emisión no usados. En consecuencia, las empresas que necesitan emitir más pagan por la adquisición de dichos derechos. Se entiende que las que reducen emisiones tiene el incentivo de vender sus derechos con un ingreso extra, y los gobiernos conocen los niveles de reducción anual de dichas industrias.
En México está por arrancar el Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones en el que las empresas deberán contar con un permiso por cada tonelada de emisiones que liberan. El programa de prueba va a durar 36 meses a partir del año 2020, y habrá un comercio de oferta y demanda de derechos de emisiones todavía sin efectos económicos.
Finalizo comentando que las experiencias de otras naciones es que cuando se fija un precio bajo a los derechos de emisiones de carbono, las empresas no invierten suficiente para desarrollar las infraestructuras limpias que se necesitan para realmente reducir sus emisiones. Eso ha pasado por ejemplo en la Unión Europea. Entonces, hay que procurar que se manden las señales correctas poniendo el precio correcto a la tonelada de carbono emitida por el daño ecológico producido. Cuidar, además, que los precios demasiados bajos de los hidrocarburos no afecten la idea de encarecimiento de los hidrocarburos a través de impuestos o el precio de la tonelada de carbono emitida.