CANAL PRIVADO

El problema de la transparencia administrativa y del cumplimiento al derecho a la información pública, para cualquier gobierno, se parece al embarazo: no se puede estar “un poco” embarazada, como tampoco es posible estar embarazada hoy y mañana no (claro, sin legrados intermedios). O se es transparente o no se es; o se cumple con el derecho a la información pública o no. No hay dosis, ni medias tintas ni concesiones discrecionales.

Por supuesto que el asunto no es sencillo. Hay que definir primero, con seriedad y sentido de estadista, cuáles son aquellos asuntos que deben protegerse por seguridad o intereses superiores. Pero casi de inmediato, una vez trazada la frontera anterior, con plazos y condiciones, esos sí del dominio público, es menester cumplir sin cortapisas con la apertura, tarea incómoda y siempre espinosa por los efectos que ésta implica, sobre todo cuando el que debe enfrentarla es un gobierno surgido de una transición política, de un cambio de régimen, de partido, como el que a partir del primero de abril encabezará Zeferino Torreblan-ca.

Signo sin duda de los tiempos que vivimos, los reproches dirigidos a Zeferino en los últimos días, sobre todo a raíz de la secrecía de sus dos reuniones con René Juárez, han generado reacciones encontradas. De un lado, los que argumentan que la crítica de la opinión pública y de los medios de comunicación al poder es necesaria, indispensable especialmente en un contexto de transición, de mayor libertad y, en el caso que nos ocupa, hasta congruente con las banderas más visibles del próximo gobernador. Del otro lado, los que demandan un plazo razonable de espacio, paciencia y tranquilidad, en beneficio de quien ha logrado romper la invencibilidad de la fortaleza priísta en el gobierno estatal. No es justo, señalan éstos, exigirle a Zeferino que de inmediato clausure las formas y los estilos tradicionales de hacer política.

Siendo fríos y objetivos, parece que los dos bandos tienen argumentos de peso y que a ninguno le falta razón, como tampoco hay motivos para dudar de su honradez política ni de su entusiasmo democrático. En efecto, si se acepta una tesis, hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias. Pero también en efecto, apresurar impetuosamente los engranes del cambio puede provocar sismos innecesarios y poner en riesgo la gobernabilidad, indispensable para garantizar transformaciones duraderas. Quizás debemos aprender que en política, a menudo ninguna de las partes tiene la razón, o que, peor aún, que a las dos les asiste. En este caso, es difícil saberlo sin conocer los argumentos y la justificación que Torreblanca deberá ofrecernos pronto a los guerrerenses.

Hasta el momento, sin embargo, aventurando un juicio a priori y personal, creo que el gobernador electo no ha cumplido con lo que muchos esperaban de él. Porque el sentido común, desde la perspectiva del ciudadano en la calle, dicta preguntas elementales: ¿Por qué es necesaria la secrecía, la privacidad “tan privada” (reuniones de sólo dos personas), para el encuentro administrativo entre el gobernador saliente y el entrante? ¿Qué asuntos y por qué deben permanecer ocultos a la mirada colectiva? ¿Por qué no es conveniente que sepamos lo que dos representantes populares, electos democráticamente, tienen que decirse? Si lo que deben de tratar es de indiscutible interés público, ¿por qué la discreción?

Las lecciones de la democracia no son sencillas, ni fruto automático de los avances electorales. Los gobernantes son los primeros obligados a aprenderlas y aplicarlas. Que sometan sus acciones al escrutinio público y que decidan lo que corresponda, que por eso les delegamos ese mandato. Pero la sociedad civil también tiene que aprender asignaturas democráticas: a confiar y respaldar en el trabajo de quienes merecieron su voto, pero también a exigirles información para sostener ese respaldo, esa confianza.

¿Queremos o no queremos un gobierno democrático? Ser o no ser, esa es la pregunta… para gobernantes y gobernados.

[email protected]