Los mexicanos vivimos expuestos al abuso, corrupción, ineptitud e indolencia del sistema judicial, en el que el burocratismo, la lentitud de los procesos y frecuentemente la mala fe de los togados hacen que personas inocentes sufran la cárcel y todas sus penalidades inherentes aunque a fin de cuentas se demuestre que no había delito que perseguir.
Un caso que ilustra elocuentemente la perversidad de esa forma de impartir “justicia” (valgan las comillas porque se trata exactamente de lo contrario). La señora Carmen García Rendón Macedo de Gárate es una mujer honorabilísima, víctima de varios procesos en los que ella y su familia han venido siendo privados de sus bienes.
En esa mujer por varios conceptos ejemplar se ha cebado la malignidad de esa madeja infame en la que están enredados policías, agentes del Ministerio Público y jueces. Por supuesto, hemos de creer que no todos están metidos en esa podredumbre, pero no pocos de ellos obran contra el interés ciudadano.
La señora Gárate fue detenida –¿o debemos decir “secuestrada”– entre las 10 y las 11 de la mañana en plena calle, por supuesto sin orden de aprehensión y sin que los guaruras se identificaran debidamente. La obligaron a subir a un auto sin identificación oficial, durante varias horas fue “paseada” en medio de amenazas sin más fin que intimidarla, hasta que finalmente, entre las 16 y las 17 horas fue llevada directamente a la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla.
En esa prisión, José Raúl Pérez Cirio, “juez primero penal de delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, no hizo detener a los autores del presumible secuestro y ni siquiera se dignó a llamarles la atención, sino que alegremente firmó un acta, según la cual la detenida es culpable del delito de “despojo agravado”.
La propiedad que se supone objeto del despojo es el predio situado en Paseo de la Reforma 422 en las Lomas de Chapultepec, que fue la casa habitación del ex regente Ernesto P. Uruchurtu y donde la ahora detenida vive con su marido, sobrino en primer grado del que fuera jefe del Departamento del Distrito Federal.
El abogado de la acusada acreditó la copropiedad del inmueble, pero el señor juez consideró que si un copropietario habita una casa entonces debe ser un ladrón. Se le hizo saber a la acusada que cuenta con las garantías que otorga el artículo 20 constitucional (je, je), en su apartado A, fracciones I a X, “en el sentido de que inmediatamente que lo solicite se le concederá su libertad provisional bajo caución”, con la condición de que exhiba “para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de esta causa”, 89 mil 377 pesos 50 centavos; tendrá que cubrir una sanción pecuniaria de 25 mil 702 pesos 86 centavos y por concepto de “reparación del daño” la suma de 48 millones 945 mil 660 pesos y ocho centavos.
En buen romance, el juez dispone que la acusada exhiba, esto es, que muestre disponibilidad de una cantidad nada despreciable por obligaciones que se deriven de la causa que apenas está en proceso. El mismo juzgador dicta una sanción a la señora Gárate con otros 25 mil 702 pesos (¿por qué?, no importa) y establece que la misma prisionera, o rehén en este caso, debe pagar por “reparación del daño”, aun cuando está probado que no hay daño, una suma cercana a los 50 millones de pesos.
Una mujer altamente honorable y que está cerca de cumplir 65 años, se halla prisionera de un sistema judicial injusto. Detenida desde hace una semana, la tienen durmiendo en el suelo, enferma y sin atención médica. Para cuando las autoridades le permitan salir de la prisión ya habrá purgado días de una pena que no merece. Pero el ciudadano está a merced de inenarrables abusos de las autoridades de todo orden. Las leyes está diseñadas para aplastar a la persona, no para protegerla.
Lo más grave es que en estos litigios suele correr mucho dinero y son numerosos los jueces y otros funcionarios que rematan los casos al mejor postor, confiados en que el Consejo de la Judicatura no revisa de manera permanente y sistemática las cuentas y propiedades del personal de los juzgados y sus familiares. En esas condiciones, lo menos que podemos exigir es que se ponga fin al cautiverio de la señora Gárate y se le permita, si es el caso, seguir el litigio en libertad, sobre todo considerando que se le acusa de un delito no grave que ni siquiera cometió. ¿Es mucho pedir, don Álvaro Augusto Pérez Juárez?