Gaspard Estrada
Octubre 19, 2022
El lunes el movimiento fundado por Juan Domingo Perón celebró el Día de la Lealtad. El 17 de octubre es una fecha de gran relevancia política en Argentina. Los peronistas recuerdan que decenas de miles de personas reclamaron en la Plaza de Mayo la libertad de su líder. Setenta y siete años después, ese movimiento político exhibe las heridas de una disputa política fratricida.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se autoexcluyó de las celebraciones. Prefirió inaugurar una autopista en las afueras de Buenos Aires, rodeado de algunos de sus ministros más fieles, y ocupar el resto del día con reuniones sin trascendencia. El kirchnerismo, que forma parte de la coalición de Gobierno, tomó para sí la Plaza de Mayo y organizó en la tarde una gran manifestación con reclamos al jefe de Estado. Los sindicatos tradicionales, agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), montaron un mitin pero por la mañana, en un club deportivo alejado del centro. Fueron tres actos paralelos de tres fuerzas que llegaron a la Casa Rosada bajo el paraguas de la coalición “Frente de Todos”, que arropó las aspiraciones presidenciales de Alberto Fernández, y hoy se disputan el poder real en Argentina. Sólo los une el hecho de considerarse peronistas.
El tema de fondo es la disputa entre Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La dupla lleva semanas sin hablarse. Probaron un acercamiento cuando la gravedad de la crisis económica puso en riesgo la gobernabilidad. Para evitar lo peor, ambos se pusieron de acuerdo en nombrar a Sergio Massa, un experimentado (y polémico) dirigente peronista como ministro de Economía. Fernández y Kirchner abrazaron el programa de ajuste que Massa llevó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por un momento Argentina vivió una tregua política en la Casa Rosada. Pero esta tregua duró poco.
Ya nadie duda de que la inflación llegará al 100 por ciento en diciembre, mientras crece la presión sindical por aumentos de salarios y del kirchnerismo por más controles sobre las empresas para que no suban los precios. Todos consideran que Fernández no ha hecho lo suficiente para contener la crisis. Frente a la Casa Rosada, Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, atacó el acuerdo que el presidente firmó con el FMI para reprogramar el pago de los 44 mil millones de dólares que en 2018 recibió Mauricio Macri.
Por su lado, los sindicatos peronistas de la CGT, que fueron hasta ahora el principal apoyo de Fernández, han cambiado de rumbo. Tras el nombramiento del nuevo ministro del Trabajo, que era considerado hasta ahora como un espacio de la CGT, la confianza entre los sindicatos oficialistas y el gobierno se perdió. Los gremios, columna del peronismo tradicional, aprovecharon el 17 de octubre para lanzar el Movimiento Nacional Sindical Peronista, un novedoso experimento político que pretende “poner concejales, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales”, según dijo Gerardo Martínez, dirigente de los obreros de la construcción.
Fernández tiene hoy al kirchnerismo en la oposición y al sindicalismo peronista con intenciones de dar pelea en las urnas. El 17 de octubre lo encontró en la soledad de un acto público, en el que prefirió criticar a su predecesor, Mauricio Macri. Días atrás, sin embargo, atacó con dureza a Cristina Kirchner. Hace unos días, reunido con algunos de los empresarios más poderosos del país, puso en duda la inocencia de su vicepresidenta en las causas que enfrenta por presunta corrupción en la obra pública cuando era presidenta.
“En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? ¿alguien les pidió algo? Los desafío, porque su respuesta va a ser no”, dijo. Cristina Kirchner aún no ha respondido al ataque. Pero queda claro que en algún momento, la respuesta de la vicepresidenta llegará –y no será tranquila. En este contexto, la pregunta no es saber si habrá disputa, sino cúando. Se trata, sin duda, de una mala señal para el futuro.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París