Como otrora funcionario público estatal, me tocó la responsabilidad de coordinar los trabajos de las instituciones federales y estatales que participaron en la rehabilitación del medio rural del municipio de Acapulco ante los estragos ocasionados por el huracán Paulina en octubre de 1997. Lo hice bajo un acuerdo que tuvieron en ese entonces, el presidente de la República, Ernesto Zedillo y quien era gobernador interino de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Lo primero que hicimos las dependencias participantes fue establecer una coordinación única de operación y autorización de recursos emanados del hoy extinto Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), además de los presupuestos que ya tenían autorizadas las dependencias en sus programas normales. Los que no vivíamos en Acapulco rentamos un departamento para la oficina de coordinación y habitaciones en un hotel de tres estrellas, por tres meses, para residir permanentemente en el puerto. Nuestras oficinas en Chilpancingo estarían para toda la gestión secretarial-documental requerida.
Era valiosa la colaboración para actuar como un solo equipo de trabajo. La conjunción de recursos materiales, económicos y humanos fue fundamental así como el destierro de toda burocratización dejando a un lado las “reglas de operación” en virtud de que estábamos actuando en condiciones de emergencia ante un desastre natural de gran calibre.
Una vez constituidos los grupos interinstitucionales de trabajo procedíamos a delimitar el campo de acción territorial para definir responsabilidades y logro de resultados en las tareas y en la entrega de apoyos a los damnificados. Los puntos de acción de primer nivel (los más cercanos a la población) fueron en lo rural: ejidos o bienes comunales, y en lo urbano: colonias o barrios. El segundo nivel de atención y coordinación lo conformaban varios puntos de atención de primer nivel, en donde se establecía una coordinación micro regional. Ahí se establecía una bodega de acopio de apoyos de emergencia (agua, víveres, ropa, enseres domésticos, tanto gubernamentales como de aportaciones civiles, etc.), así como de herramientas e insumos para la rehabilitación primaria del patrimonio dañado, ya fueran viviendas o parcelas. El tercer nivel de atención era de tipo zonal en donde se ubicaba un almacén regional de acopio de apoyos mismo que se encargaba de abastecer a las bodegas del segundo nivel de atención, así como de llevar el control y registro de lo demandado, programado y entregado en la región bajo su responsabilidad.
Como era de esperarse, comenzaron a pulular “lucradores sociales” y políticos de toda laya, con listas numerosas de damnificados para que se les atendieran inmediatamente. A la par, políticos y funcionarios públicos empezaron a controlar los centros de acopio de apoyos y donaciones civiles que llegaban al puerto (principalmente de habitantes del valle de México) para su ulterior lucro político en beneficio personal.
Ante tal situación el presidente Ernesto Zedillo, ordenó que, en el marco del Plan DN-III-E, el Ejército tomara el control absoluto de la administración de los almacenes, bodegas y espacios de acopio habilitados permitiendo solamente a la Cruz Roja hacerlo también. Los soldados y mandos del DN-III-E únicamente podían firmar la salida de mercancía, comestibles, agua embotellada y ropa, en las cantidades solicitadas por escrito por los coordinadores del programa de rescate.
En la coordinación para el rescate del medio rural de Acapulco tomamos la decisión de no aceptar listado alguno, sino ir a cada pueblo o comunidad para que en asamblea pública comunitaria y a la vista de todos se levantara la lista de las familias damnificadas. Deberían de abstenerse de participar en dichas asambleas: partidos políticos y sus líderes, legisladores y funcionarios públicos que no pertenecieran a la Coordinación. Pudimos mantenerlos a raya, gracias al apoyo decidido de las propias autoridades comunitarias.
Los apoyos eran entregados en forma programada y escalonada según su naturaleza. Lo inmediato y urgente fue la distribución de agua, ropa, víveres y dotar de medicamentos de primeros auxilios y antibióticos a las casas de salud, así como el inicio de campañas contra plagas y enfermedades provocadas por agua y alimentos contaminados. Después se entregaron los materiales, insumos y herramientas para apuntalar viviendas y parcelas. Posteriormente, se otorgaron apoyos económicos equivalentes al salario mínimo de un mes, por trabajos realizados y constatados para la rehabilitación de su parcela a través del programa de empleo temporal.

La entrega de auxilios fue en forma directa a cada uno de los beneficiarios y en el seno de asambleas públicas de pueblo ante la presencia de las autoridades comunitarias. Quedó estrictamente prohibido todo intento de lucro político, económico o social por parte de organizaciones sociales, políticas, líderes de partidos, funcionarios públicos o policías. A quienes intentaban hacerlo se les denunciaba públicamente y se les pedía su retiro, sin distinción de jerarquías.
En la primera asamblea se levantaba el padrón y ahí mismo se les entregaba un primer paquete de apoyo familiar consistente en comestibles para quince días, botellas de agua potable, y medicinas para combatir el dengue y el paludismo. Así mismo un paquete de herramientas agrícolas (pico, pala, machete y carretilla), postes y alambres de púas, para rehabilitar sus predios inundados y/o destrozados así como un saco de semillas mejoradas de rápida germinación para que volvieran a sembrar maíz o pasto, y así aprovechar la humedad residual del suelo. A las dos semanas regresábamos a revisar los trabajos pactados con los damnificados (mediante muestreo) y al ser verídicos, les entregábamos el pago de 15 días laborados en la reparación de sus propias parcelas, bajo la consigna de “parcela trabajada, parcela apoyada”. A las cuatro semanas de trabajar, les pagábamos la totalidad de los jornales del mes trabajado previa constatación muestral del trabajo comunitario terminado. Bajo este método trabajamos más tiempo en la entrega de los apoyos, pero nos aseguramos que les llegaran íntegros y en la misma cantidad por hectárea (máximo tres) a todos sin padrones inflados. Al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de atender a todas las comunidades rurales de Acapulco: desde Las Pozas en la Zona Diamante hasta las indígenas montañosas de Acalmani y Apanhuac de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
La honestidad, la focalización hacia los más perjudicados, la transparencia y la eficiencia en la aplicación de los programas de ayuda fueron claves para el éxito de los mismos. Condición indispensable para todo lo anterior fue darle prioridad a la restauración de la infraestructura básica de caminos, carreteras, puentes y medios de comunicación; así como servicios públicos de agua, electricidad, alumbrado, telefonía y seguridad pública.
La restauración de la vida “normal” de Acapulco y otros municipios afectados de la Costa Grande, tardará más en la medida en que no busquemos y contemos con la participación y la coordinación adecuada de la ciudadanía en las tareas de rescate. Ello es necesario dado el tamaño de los daños y porque solo el gobierno federal no podrá.

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