Un acto criminal

Han transcurrido los tiempos legales para la realización de la reforma electoral en nuestra entidad –marco legal para los comicios del próximo 6 de octubre y que forma parte de la reforma política– y desafortunadamente ésta no se ha concretado en detrimento de las aspiraciones de participación política de la sociedad guerrerense y de contar con una ley electoral más equitativa, transparente y democrática.

De nada valieron las propuestas ciudadanas recogidas en los cuatro foros realizados en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Pungarabato; así como las propuestas hechas por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, entregados a la mesa central de partidos políticos y poderes públicos.

Entre las propuestas más relevantes están las sugeridas por Acción Nacional, como por ejemplo: La presentación de candidaturas comunes, en las que dos o más partidos apoyan a un sólo aspirante, aunque los sufragios se destinarían a cada organización política para efectos de porcentajes y asignación de prerrogativas. Asimismo, el PAN sugirió modificar el calendario de elecciones, de tal manera que los comicios para elegir gobernador en el año 2005, sean simultaneas con la elección de ayuntamientos y Congreso local, para posibilitar menos procesos electorales que confrontan y limitan el trabajo del gobierno; así como permitir el ahorro de aproximadamente 100 millones de pesos que cuestan estos eventos políticos.

También el partido blanquiazul propuso la reglamentación de las precampañas políticas que actualmente están fuera de control legal, el establecimiento de un cuerpo de servidores públicos que se hagan cargo de la organización de nuestros procesos electorales locales, a través de la creación del servicio electoral de carrera que garanticen la autonomía y la capacidad técnica para que las elecciones sean confiables y legitimen a los gobiernos (El Sur número 1669, octubre 2, 2001).

El PRD, por su parte, con su documento Reforma Electoral Guerrero 2001, proyecto de reformas constitucionales en materia electoral, propuso la creación de una fiscalía para delitos electorales, con la cual se inhibiría el trabajo de tanto mapache suelto.

Así también que la duración en el cargo de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado (TEE), sea de tres y no de ocho años como es actualmente (El Sur, número 1662, septiembre 24,2001). A un lado quedaron, por otra parte, propuestas para la integración de un nuevo órgano electoral, el cual aplique criterios ajenos a los intereses del PRI; una nueva fórmula para la distribución de diputaciones y regidurías que reflejen puntualmente la voluntad plural de los electores guerrerenses. El PRI fue el único partido que no presentó propuestas, ya que para ellos así como esta la ley no requiere modificaciones, pues le beneficia por ejemplo: la sobrerepresentación que tiene de dos legisladores más, debiendo tener cuando más 28 y no 30 representantes como es el caso de la actual legislatura.

No se trata solamente, como nos quiere hacer creer el diputado Torres Aguirre, que el proceso se estancó por la asignación de las diputaciones plurinominales. Tampoco, como lo dicen los legisladores priístas Apreza y Torres, que el gobernador nada tuvo que ver, pues es responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo, cuando es de sobra conocido por la sociedad guerrerense que los diputados están subordinados, desde siempre no únicamente los integrantes de esta legislatura, al Poder Ejecutivo.

No se requiere de mucho para saber quienes no tuvieron la voluntad de sacar adelante esta reforma electoral y procurar la realización de elecciones más equitativas y acorde a los tiempos que corren. Una línea de investigación para conocer quienes no quisieron esta parte de la reforma política –como sucede con las indagatorias para aclarar un crimen–, es saber a quien beneficia el que la reforma electoral no se haya concretado. Sin contar con bola mágica o acudir con alguien que lea las cartas, es del conocimiento de la ciudadanía que es a los miembros del Partido Revolucionario Institucional, y de manera particular a quien toma en su nombre las decisiones, a quienes beneficia que el Ley Electoral del estado de Guerrero no sea modificada.

Tiene mucha razón el diputado Héctor Apreza, coordinador de la mayoría priísta en el Congreso local al decir: “Si alguien pone por delante los intereses de partido va a ser criminal y eso lo va a reprobar el pueblo de Guerrero”. Justamente lo que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional; cuyos miembros, encabezados por el gobernador, seguido por los 30 diputados locales, han cometido el acto criminal de atentar en contra de las aspiraciones democráticas del pueblo guerrerense al no defender sus derechos políticos que corresponden a las personas en cuanto ciudadanos para reivindicar el derecho a participar en la definición de las decisiones colectivas.

Por este tipo de actos de la mayoría priísta en el Congreso del Estado, el dirigente estatal del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez anunció el retiro de su partido de la reforma política, pues no se ve la voluntad del gobernador, quien cree, acusó el líder panista, que sólo se trata de repartir curules, una forma muy artesanal para descalificar a los opositores.

Para el jefe del Ejecutivo estatal la prioridad en la segunda etapa de su gobierno es seguir teniendo una mayoría calificada en el Congreso que le permita, como hasta ahora, seguir disponiendo de los recursos públicos a su antojo y no un Poder Legislativo más crítico que cuestione asuntos tan relevantes como el ejercicio del gasto público en el sector educativo –el más importante rubro del gasto, pues por sí mismo representa el 41%, 6 mil 700 millones, del total de los 16 mil trescientos millones de pesos aprobados por los diputados para este año–, el cual, como se sabe, no se está haciendo bien, entre otras cosas, por el gran número de aviadores incluidos en la nómina de la Secretaria de Educación de Guerrero, obviamente al servicio de los intereses del gobernador.

Esta actitud retardataria de los priístas, no tengo la menor duda, les será cobrada puntualmente por la ciudadanía en el proceso electoral del próximo octubre, pues obrar por la vía de los hechos, aprovechando el contar con una mayoría sumisa de legisladores, no es algo que veamos bien los guerrerenses. Es, más bien, algo que no deseamos seguir teniendo en nuestra entidad, pues es un factor más de atraso que impide el progreso de Guerrero.