El derecho humano al acceso a la justicia está garantizado en la Constitución, con la contribución de los tres poderes del Estado mexicano, cuando cada poder cumple su parte para que el acceso a la justicia sea garantizado y efectivo.
En nuestro país hay un inmenso rezago en el tema de justicia, expresado en los altísimos índices de impunidad. Es un problema estructural o sistémico, pues las instituciones que tienen a su cargo la procuración (las fiscalías) y la administración (Poder Judicial) no gozan de buena salud debido al alto índice de corrupción. Si la intención de la reforma judicial estuvo en abrir las puertas para que el derecho humano a la justicia fuera más eficaz, como lo dice la Constitución: justicia pronta y expedita, ahora hay que ir por la reforma a las fiscalías, federal y estatales.
Pero si la intención de la reforma judicial estaba en el control de los tres poderes de la unión por una facción política, es evidente que nada se hará para tocar la corrupción que hay en las fiscalías y, por supuesto, en los ministerios públicos. Hay una muy amplia desconfianza para denunciar los delitos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, 9 de cada 10 delitos cometidos no se denuncian. Buena parte de las razones por las que las personas no lo hacen son atribuibles a la falta de capacidades de las instituciones encargadas de procurar la justicia.
Según una evaluación de México Evalúa, en el año 2022 el nivel de impunidad subió al 96.3 por ciento, y sólo el 4.3 por ciento de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación pasaron a ser vinculados a proceso. Y siguen las cifras. De cada 100 delitos que se cometen en el país, solo 6.4 se denuncian debido a la baja confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público y las fiscalías estatales.
Así las cosas, la reforma del Poder Judicial debería poner su mirada en la necesidad de abrir un camino para que el derecho humano a la justicia de los ciudadanos se vuelva transparente y efectivo. Esta reforma ha sido vista por muchos como un juego de poder al interior de las instituciones del Estado mexicano, que no está prevista para beneficio de los ciudadanos en un tema tan prioritario como el acceso a la justicia.
El problema está en que un ciudadano lo piensa mil veces antes de determinar poner una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que no lo percibe como confiable. La percepción es que están más al servicio del poder político que de los ciudadanos. Una expresión muy común es aquélla que se refiere a la colusión de las fiscalías y de los ministerios públicos como instituciones con la delincuencia organizada en estos últimos años. La gente suele decir “son los mismos”.
Por esta razón, urge una reforma que teme en cuenta las debilidades de las fiscalías para que funcionen adecuadamente para cumplir con su finalidad de acompañar a los ciudadanos que son vulnerados en una acción que constituya un delito para procurar la justicia para todos. Ya veremos si hay un verdadero interés en los gobiernos federal y estatales para que los ciudadanos tengamos una justicia pronta y expedita.
Y sigo pensando que necesitamos también de los mecanismos de justicia transicional para saltar a mejores condiciones de justicia para todos los ciudadanos. Mecanismos como comisiones de la verdad independientes, como amnistías, como la no repetición de los delitos, como la reparación de los daños para que la justicia esté al alcance de todos, sobre todo de los pobres y abandonados a su suerte. Con los estragos que ha estado generando la delincuencia organizada, necesitamos medidas que tengan capacidad para que los mexicanos confiemos en las instituciones de procuración y de administración de justicia.