Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Pobladores de Cuyustláhuac irrumpieron en la comunidad de Cruz Fandango, ambas del municipio de Alcozauca, en la región Montaña, e incendiaron por los menos ocho casas, así como la comisaría municipal; asimismo, entraron de forma violenta en otras cinco viviendas, después de que sacaron a sus ocupantes.
Ambas comunidades enfrentan un conflicto agrario desde hace más de 30 años, que ahora ha trascendido a lo social y religioso.
Los agresores irrumpieron a las 11 de la mañana y se retiraron cerca de las 4 de la tarde. Después de casi cuatro horas de violencia, ninguna autoridad llegó para proteger a los lugareños.
La vecina Patricia García Apo-linar informó por teléfono que lle-garon unos 50 hombres de Cuyus-tláhuac con policías municipales a bordo de dos patrullas y le pren-dieron fuego primero a la casa de Pablo Cervantes, quien no se encontraba ahí. Después se siguie-ron con otras viviendas, ubicadas en la entrada de la comunidad.
Dijo que desde lejos vieron que los agresores destruyeron cercas y las plantas de los patios de las casas.
Los pobladores de Cuyus-tláhuac llegaron hasta la comisaría municipal, ubicada cerca del centro de la localidad, a la que después de saquearla, le prendieron fuego.
García Apolinar informó que en algunas casas sacaron a los morado-res, entre ellos mujeres y niños. En otras, las familias se salieron antes de que llegaran los agresores.
A la 1 de la tarde, la misma mujer aseguró que éstos habían retenido a tres señores: Ángel Reyes, Modesto González y Fidel González Martínez, a quienes pretendían llevárselos a Cuyustláhuac, pero esta versión al final no se confirmó.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, a las 2 de la tarde demandó la intervención urgente de las autoridades, para evitar que la violencia se convirtiera en tragedia.
Dijo que estas acciones obedecen a que los pobladores de Cuyustláhuac, “ya quieren correr del lugar a los de Cruz Fandango”, que ante la falta de intervención de las autoridades para mediar en el conflicto, decidieron ir y quemar las casas para sacarlos a la mala”.
Informó que le contaron que llegaron unas 100 personas armadas y que a pesar de que llegó la policía municipal, al ver que era mucha gente mejor de retiraron, los vecinos “está pidiendo auxilio y está huyendo por los cerros”.
El activista informó que la gente de Cuyustláhuac, “de por sí han querido que las autoridades los desplacen, que se vayan, que los saquen”.
Indicó que antes pedían que se fueran solamente 15 personas, pero que ahora exigen que se vaya todo el pueblo, “el hecho de que estén queriendo destruir la comisaría es una expresión clara de que quieren correrlos como pueblo”.
El 21 de julio pasado, ocurrió un primer enfrentamiento a tiros entre los vecinos de las dos comunidades. Esa vez tres personas resultaron heridas y la gente de Cuyustláhuac retuvo a cinco hombres, entre ellos, a un menor de 15 años que fue liberado al día siguiente.
Los otros cuatro fueron liberados el 30 de julio, con la condición de que sus familiares retiraran las demandas que habían presentado en el Ministerio Público de Tlapa.
Las autoridades estatales y federales convinieron una reunión con ambas partes, para el 15 de agosto, a fin de resolver el conflicto; sin embargo, la reunión no se realizó.
Abel Barrera explicó que tiene conocimiento de que no se realizó porque están en espera de que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Chilpancingo resuelva el asunto que se dirime en esa instancia, “en tanto, las autoridades dejaron en suspenso la reunión”.
Recriminó que con ello les dieron oportunidad a los de Cuyustláhuac, para que se organizaran para “ir a sacarlos a la mala. Lo peor es que hay niños y señoras, están agarrando parejo y la gente ya se está saliendo”.
El conflicto, según los pobladores, inició hace 35 años, cuando el señor Juan Crescencio Reyes vio donde ahora está establecido Cruz Fandango “la figura de Jesucristo, elevándose entre la neblina que cubría el bosque, y escuchó una voz que le ordenaba edificar un templo en ese lugar”.
Se dijo que Juan Crescencio ya no se fue de allí, “el hallazgo sagrado se regó como pólvora en las comunidades aledañas, que llegaban por decenas a ver a Juan Crescencio”.
Muchos de los visitantes tampoco se fueron y Juan Crescencio les señaló un terreno para que edificaran sus casas y cultivaran sus alimentos.
Los pobladores le llamaban Juan “nuestro padre”, se organizaban para cultivar sus tierras y darle un diezmo para que vivieran él y su familia.
En tanto que Juan Crescencio designaba a la autoridad del pueblo, que a menudo era alguno de sus hijos o familiares más cercanos, con el tiempo, éstas y otras circunstancias fueron medrando su autoridad mítica y política.
Al cabo de varios años, las nuevas generaciones empezaron a cuestionarlo y las confrontaciones entre Juan Crescencio y el resto de la población de Cruz Fandango aumentaron. Les reclamaban que no son dueños de las tierras, porque llegaron de otros pueblos y con el apoyo de Cuyustláhuac, donde se encuentra la cabecera agraria, ahora les exigen que abandonen las tierras.

El conflicto en Alcozauca es por “un asunto étnico, religioso”, dice Rodríguez Cisneros

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, dijo que la causa de los hechos registrados en el municipio de Alcozauca es por “un asunto étnico, religioso”.
Durante una llamada telefónica a El Sur, pobladores de la comunidad de Cruz Fandango denunciaron que unos 50 habitantes de la localidad de Cuyuxtláhuac, ambas del municipio de Alcozauca, incendiaron tres casas, entre ellas la del vecino Pablo Cervantes.
Indicaron que los agresores llegaron acompañados de agentes de la Policía Municipal, quienes no intervinieron, y urgieron a las autoridades a atender el conflicto.
En declaraciones en el punto conocido como Parador del Marqués, donde integrantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el paso vehicular para exigir pagos, al respecto de la situación en la Montaña, el subsecretario indicó que se trasladó al lugar personal de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Añadió que se comunicó vía telefónica con el alcalde Crispín Agustín Mendoza, quien también se trasladó “a estos linderos donde se dio esta confrontación”.
“Es un asunto que data de unos 30 años, una persona que es como un vidente dice que tuvo una visión, que habló con Dios y Dios le dijo que se estableciera en ese punto. De alguna manera convenció a los ejidatarios de ese tiempo y le dieron ese espacio”, explicó.
Sin embargo, “este hombre ya mandó traer a otros y a otros, ya son muchos y ya no los quieren ahí. Es un asunto étnico y religioso que tiene que ver también con cuestiones agrarias. Ya estamos atendiendo y esperamos que con la presencia policial ya no se siga dando la confrontación”.
En cuanto a las muertes de actores políticos, registradas en la Montaña, en presuntos accidentes automovilísticos, como el caso de la ex candidata de Morena a la alcaldía de Zitlala, Lidia Tehuitzin Guillermo, y su esposo Gabriel Vicente Tlatempa, registrada el martes pasado, dijo que la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones correspondientes.
No obstante, puntualizó que “el reporte que tenemos nosotros ahí en la fiscalía, es que perdieron la vida en un accidente y los actos de investigación habrán de determinar las causas de la muerte”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de colectivos de familiares de víctimas de desaparición, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, participaron en un mitin afuera del Congreso local, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Durante la protesta exigieron la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, la creación de un Centro de Identificación Humana, la presentación de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, autonomía de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y de Búsqueda de Personas (CEBP), así como presupuesto suficiente para las búsquedas de los desaparecidos.
En las distintas intervenciones denunciaron la insensibilidad y la falta de empatía de las autoridades y diputados locales con los familiares de las víctimas de las desapariciones. Coincidieron que, mientras tanto, el problema de las desapariciones va en aumento y ha hecho crisis en la entidad.
Antes del mitin, los más de cien manifestantes realizaron una marcha que comenzó a las 12 del día del Monumento a Las Banderas y terminó afuera de las instalaciones del Congreso local, donde la protesta duró hasta a las 2 de la tarde. Durante ese tiempo estuvieron bloqueados los dos sentidos de la calle Trébol.
Participaron en la protesta los colectivos Lupita Rodríguez, Luciérnaga, 28 de Octubre de Puebla, Tlachinollan y un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que desde la legislatura pasada y en lo que va de la actual no se ve que existan diputados de todos los partidos interesados en escuchar el clamor de verdad y de justicia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Exigió respuesta del Congreso local a los colectivos que han venido demandando que cumpla con su responsabilidad de legislar para los ciudadanos, no para intereses facciosos.
También dijo que es lamentable la ausencia de las autoridades en las búsquedas de los desaparecidos.
Recordó que el problema de las desapariciones en Guerrero viene desde hace cinco décadas, cuando el Estado asumió una política de represión generalizada contra los movimientos sociales con el pretexto de que quería imponer el estado de derecho a través de planes de contrainsurgencia, desapareciendo a familiares, padres y hermanos de quienes supuestamente se habían levantado en armas ante tanta represión.
Barrera Hernández indicó que desde aquellos años la herida sigue abierta, y que aún cuando han fallecido hermanos, padres y madres de las víctimas sigue viva la memoria y la exigencia de que se tiene de encontrar a los desaparecidos.
Agregó que, lamentablemente, las desapariciones siguen, “como si no hubiera gobierno, como si no hubiera Fiscalía y como si no hubiera un sistema de justicia del Estado para parar esta criminal desaparición de personas”.
Cuestionó: “¿Qué pasa con las autoridades?, ¿por qué no atienden este clamor?, “por qué no se conduelen de los hijos, de las hijas, de los niños que buscan a sus padres?, ¿por qué tanta insensibilidad?, ¿por qué tanta corrupción?”.
Recriminó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no tenga sensibilidad para acercarse, atender y abrazar la causa de las familias que tienen desaparecidos.

Testimonios

Durante el mitin, las madres, hijas, hermanas y esposas de distintos desaparecidos, contaron, algunas entre sollozos, las historias de sus desaparecidos.
María de Jesús Tlatempa Bello, mamá del estudiante José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, reprochó que el Ejército no entregue los 800 folios “donde está toda la información” para localizar a los 43 normalistas “y saber qué fue lo que pasó los días 26 y 27 de septiembre del 2014”.
Informó que el 4 de septiembre próximo tienen una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y que esperan que les entregue los folios que le han señalado para que les den seguimiento.
“Nosotros estamos indignados porque no tenemos hasta el día de hoy una presidenta que respete los derechos humanos, que nos respete y que nos tome con seriedad y responsabilidad, ya basta de que sean violados nuestros derechos”.
Nora Elsi Maldonado Cruz, quien busca a su esposo José Vázquez Colebrina, trabajador del Ayuntamiento de Chilpancingo y desaparecido el 5 de junio del 2013, informó que tras un bloqueo del colectivo Lupita Rodríguez en El Parador del Marques el 24 de julio pasado, funcionarios de la FGE y de la Secretaría de Gobierno se comprometieron a que el 19 de agosto se realizaría una reunión para planear una búsqueda del 25 al 27 de agosto.
Agregó que la reunión se realizó en la CEBP, pero que fueron convocados los familiares de su esposo, lo que no había sido acordado, puesto que nunca le han dado el apoyo para su búsqueda y que, por el contrario, la corrieron de su casa junto con sus hijos de 1, 5 y 8 años de edad de los que ella, sola, se ha hecho cargo.
La búsqueda, según le dijeron, se realizaría en el lugar donde en el 2015 fueron encontrados los restos de su esposo.
Contó que a pesar de que se realizó la búsqueda se cometieron muchas irregularidades. Por ejemplo, no les proporcionaron suficiente seguridad ni el vehículo acordado. Tampoco contaron con el apoyo de Protección Civil y del cuerpo de bomberos como había quedado establecido en la minuta de acuerdos.
Además, indicó que “desde el primer momento supe por mi experiencia de más de siete años de búsqueda y por la orografía del terreno, que en ese lugar (donde la llevaron para realizarla búsqueda) es imposible que hayan sido encontrados los restos de mi esposo”.
En diciembre del año pasado le dijeron a Maldonado Cruz que el cuerpo de su esposo estaba localizado e identificado desde el 2015 en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, pero todavía no se lo entregan y para ella sigue desaparecido porque cuando pregunta no le informan realmente donde está.
A su vez, la hermana de Alberto Fonseca Leyva, desaparecido el 18 de mayo del 2019 en Chilpancingo, dijo que en Guerrero buscar a un desaparecido significa exponer la vida, dignidad y entorno. “Significa perder aún más, significa, incluso, un día ya no volver”.
Explicó que el colectivo Lupita Rodríguez Narciso, al que pertenece, está conformado en su mayoría por madres, esposas, hermanas, hijas, “mujeres unidas por la indiferencia de las instituciones”.
Siguió: “Nadie más sino quien tiene un ser querido desaparecido puede entender el dolor profundo que se siente al ver pasar el tiempo sin tener ninguna respuesta por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones”.
Contó que en el caso de su esposo, no hay líneas de investigación sólo por el hecho de no haber tenido novias ni amigos, lo que hace imposible su búsqueda.
“A más de seis años de la desaparición de mi hermano las autoridades siguen sin darnos respuestas, es como si mi hermano nunca hubiera existido, es como si mi madre no hubiera tenido un hijo, ni yo un hermano”.
Bladina Diéguez Castro, esposa del desaparecido en el 2012 en Chilpancingo, Longino Vicente Morales, exigió a los diputados locales que devenguen sus salarios, “no queremos que siga pasando el tiempo sin aprobar la ley en materia de desaparición forzada”.
Reprochó que es inadmisible que Guerrero ocupe el quinto lugar a nivel nacional en materia de desaparición y no tenga aun una ley en la materia.
Informó que en Guerrero hay más de seis mil desaparecidos y de enero a mayo incrementaron en un 12 por ciento las desapariciones “y no vemos una estrategia que funcione para bajar este delito”.
Exigió un presupuesto “digno” para las búsquedas y una estrategia “para que no se repita este hecho indolente”.
Exhortó a sus compañeras de lucha que no permitan que la memoria de sus desaparecidos muera, “porque nosotros somos su voz”. Tambien les pidió que no permitan que la indolencia de las autoridades “nos bajen la moral, al contrario, demos una muestra de lucha digna, vayamos siempre caminando con la frente en alto buscando siempre a nuestro desaparecido”.
La activista del movimiento por la autonomía de 1960 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberta Campos Adame, reprochó que ante el grave problema de las desapariciones: “¿Qué pasará con quienes están allá adentro, que viven en la demagogia cínica, porque dicen que aquí es la casa del pueblo, pero que se cierra para el pueblo?”, dijo en referencia a los diputados locales.
Les recriminó que no atiendan el problema de “ese cáncer que se ha ido carcomiendo en Guerrero a las familias con la desaparición forzada de sus padres, hijos, esposos, hermanos”.
Campos Adame se sumó a la exigencia de las familias de desaparecidos para que se legisle sobre desaparición forzada, y que “se paren de una vez por todas las desapariciones, que no se sigan desgarrando familias”.
Indicó que ya se habla de más de seis mil familias desgarradas en Guerrero “y estos mequetrefes (los diputados), no escuchan, no ven, están ciegos y sordos”.
Ivón Álvarez, hermana de Juan Álvarez Gil, desaparecido el 5 de julio del 2023 en Chilpancingo, sentada en una silla de ruedas dijo que el tiempo ha cobrado estragos a los familiares de los desaparecidos y que madres y esposas han muerto por enfermedades crónicas derivadas de la desaparición de sus seres queridos, sin que los hayan vuelto a ver.
Acusó de ello “al gobierno indolente” y que no da resultados.
Contó que en su caso no sólo perdió a su hermano, sino también a su madre que enfermó por la desaparición de su hijo.
Indicó que por eso tiene el compromiso de que aun en esa silla de ruedas, e igualmente enferma, seguirá buscando a su hermano Juan hasta encontrarlo.