José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex alcalde de Ometepec, el priista Efrén Adame Montalván, junto con dos de sus colaboradores, fueron vinculados a proceso por delitos electorales debido al presunto uso indebido de dinero público para el posicionamiento de imagen durante el proceso electoral del 2021.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), obtuvo un auto de vinculación a proceso del ex alcalde Adame Montalván.
Asimismo, de quien fuera su secretario general, Salvador Robles Zacapala, y un trabajadora administrativa del Ayuntamiento, identificada como Adriana N, por el uso indebido “de recursos públicos”.
“La Fiscalía General del Estado de Guerrero, a través de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEDE GRO), obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de dos hombres y una mujer, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos electorales, relacionados con el uso de recursos públicos con el fin de incidir en el electorado, ya sea para posicionar a un servidor público o para posicionarse como tal. Dicho delito se encuentra previsto y sancionado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, se lee en el comunicado de la FGE.
Fue durante una audiencia celebrada ayer miércoles en la Ciudad Judicial de Ometepec, que un juez declaró la vinculación a proceso, estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria y dictó como medida cautelar la presentación periódica de los acusados ante la autoridad correspondiente.
En la audiencia de ayer el Ministerio Público adscrito a la FEDE presentó más pruebas que, tras ser valoradas por el Juez de Control, permitieron la vinculación a proceso de los acusados.
El pasado viernes 8 de agosto se realizó una audiencia donde la FEDE presentó elementos de prueba contra los tres acusados, en la cual la defensa de los hoy vinculados a proceso solicitó una ampliación de 140 horas para que el juez diera su resolución sobre la vinculación a proceso.
El plazo de las 140 horas venció este miércoles, y fue que el juez determinó la vinculación a proceso y las medidas precautorias.
De acuerdo con las investigaciones, “Efrén N, Adriana N y Salvador N habrían utilizado recursos públicos durante el proceso electoral del año 2021 en favor de la candidatura de Efrén, quien participó como aspirante a la presidencia municipal de Ometepec”.

Sólo se procede contra militantes de oposición: Bravo Abarca

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, consideró “injusto” el proceso judicial que enfrenta el ex alcalde de Ometepec y sus dos colaboradores.
En conferencia de prensa, Bravo Abarca señaló que los casos de Adame Montalván y Robles Zacapala resultan “muy raros”, pues “únicamente se han vinculado a proceso por estos delitos a personajes de la oposición, principalmente del PRI y del PAN, y no a integrantes del partido en el poder”.
El dirigente priista evitó pronunciarse sobre si se trata de un asunto político, pero reiteró que “no es justo” el proceso que enfrentan sus compañeros de partido, e instó a revisar cuántas personas y de qué partidos han sido vinculadas a proceso por delitos electorales.
Bravo Abarca consideró que existe una “persecución política” contra actores que no coinciden con el gobierno actual, y mencionó la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo que consi-deró, responde a los señalamientos que ha hecho contra el senador morenista Adán Augusto López.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Mesa Directiva del Congreso local informó al pleno que 46 ayuntamientos ya avalaron la reforma al Poder Judicial local, en la cual se establece la elección por voto directo de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que se realizará por primera ocasión en el 2027.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez que una reforma constitucional, en este caso la Judicial, sea avalada por el 50 por ciento más uno de los 85 ayuntamientos, el poder Legislativo remite el decreto al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y por ende su entrada en vigor.
Fue durante la primera sesión extraordinaria, celebrada este miércoles, que la Mesa Directiva informó que 46 ayuntamientos, de un total de 85 que hay en Guerrero, avalaron la reforma a la Constitución Política del Estado, en materia de reforma al Poder Judicial en la entidad.
La aprobación de los 46 cabildos, representa la mitad más uno, es decir 43 que establece la ley para la entrada en vigor de las reformas constitucionales.
“Se declara que las reformas contenidas en el decreto 217, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución política local, en materia de reforma al Poder Judicial, pasen a formar parte de la Constitución Política local, en virtud de haberse aprobado por la mayoría de la totalidad de los municipios del estado”, indica el acuerdo.
La validación por la mayoría de los cabildos se da a cinco meses de que el Congreso local aprobó la reforma a la Constitución estatal, la cual responde a la armonización del dictamen federal aprobado por el Congreso de la Unión, en el que se estableció la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
Derivado de esa reforma federal, la elección de jueces magistrados y ministros se realizó el pasado 1 de junio, y las personas juzgadoras federales electas asumirán su cargo el próximo 1 de septiembre.
En Guerrero, de acuerdo con la reforma que hoy avalaron los ayuntamientos, la elección para elegir jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se realizará en junio de 2027.
A partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso local tendrá un plazo de 180 días para reformar leyes secundarías y reglamentos que regirán los nuevos procedimientos para la elección de jueces y magistrados.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Con 33 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRD, el Congreso local aprobó la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).
Los votos en contra fueron de los seis diputados priistas y de la panista Irene Montiel Servín, mientras que los dos de Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron permiso para faltar a la sesión.
Para la desaparición del Itaigro, la jornada del miércoles los diputados locales celebraron tres sesiones: una de la Comisión de Permanente y otras dos de un periodo extraordinario, donde además aprobaron la armonización a la Constitución local en materia de Igualdad Sustantiva; otra para agilizar el proceso de validación de las reformas constitucionales por los Ayuntamientos, y reformas al Código Penal para aumentar las penas a quien cometa el delito de extorsión y a quien abandone adultos mayores.
Las funciones del Itaigro las asumirá, para el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal; para los órgano autónomos sus respectivos Órganos Internos de Control y para el Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial.
Según la exposición de motivos, la reforma busca “evitar duplici-dades administrativas, reducir costos operativos y reforzar la eficacia ins-titucional sin menoscabo de los derechos de acceso a la informa-ción pública y protección de datos personales los cuales seguirán garantizados”.
Al razonar su voto en contra, la panista Montiel Servín consideró que la iniciativa aprobada “disfra-zada de simplificación orgánica, representa un grave retroceso en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en nuestro estado. El Itaigro, con sus aciertos y áreas de mejora, ha sido un contrapeso fundamental para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y fiscalizar el actuar de los entes públicos”.
“Esto no es simplificación, es concentración de poder y un evidente conflicto de intereses. El Ejecutivo no puede ser juez y parte en materia de transparencia. Es obvio que se pierde la autonomía e independencia del órgano”.
En tanto el coordinador del PRI, Alejandro Bravo Abarca, consideró que la desaparición del órgano afecta gravemente el Estado de derecho y limita las obligaciones de los sujetos obligados porque no garantiza la transparencia.
De acuerdo con el dictamen, en 60 días podria emitirse una ley secundaria que permita la liquidación total y definitiva de la instancia en Guerrero, la cual incluye a los trabajadores
Aprueban por unanimidad la Igualdad Sustantiva

El segundo dictamen en materia de igualdad sustantiva fue aprobado por unanimidad, el cual reconoce en la Constitución local los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y garantiza la perspectiva de género “como herramienta para la transformación de las relaciones de opresión, violencia y desigual-dad”.
La reforma también establece la paridad salarial, la obligatoriedad de la paridad de género en los cargos estatales y municipales, la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos por Violencia de Género, así como la obligatoriedad de todas las autoridades de garantizar la protección de las mujeres.

Ayuntamientos deben validar en 60 días reformas constitucionales

El tercer dictamen, aprobado por mayoría de votos, fue para agilizar el proceso de validación de las reformas constitucionales por los Ayuntamientos y eliminar el vacío legal en caso de que los cabildos no envíen el acta de aprobación o no de la reforma.
Se establece que las reformas deberán ser aprobadas por el cincuenta por ciento más uno de los Ayuntamientos en sesión de Ca-bildo, en un plazo improrrogable de 60 días naturales contados a partir del día siguiente en que la reciban, y se agrega que una vez transcurrido dicho plazo, si no se ha enviado al Congreso el acta de Cabildo correspondiente se entenderá que el Ayuntamiento es omiso.

Reformas al Código Penal

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar la pena de 15 a 30 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión a través de medios digitales, telefónicos y para incrementar las penas de seis meses a tres años de prisión a quien teniendo la obligación legal abandone a las personas adultas mayores y con discapacidad. Ambas reformas fueron aprobadas por unanimidad.
Los diputados también aprobaron la convocatoria para el Parlamento Juvenil 2025 y tomaron protesta a la Comisión de Selección encargada de emitir la convocatoria, seleccionar y designar a los inte-grantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anti-corrupción.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el nuevo secretario de Seguridad Pública (SSP), Daniel Antonio Ledesma Osuna, se reunieron con 15 de los 18 alcaldes de Costa Chica, en el 48 Batallón de Infantería en Cruz Grande y acordaron que funcionarios del ga-binete escucharán sus planteamien-tos en materia de seguridad pública la próxima semana.
La reunión se desahogó en 40 minutos, debido a la agenda de la gobernadora en la región, informó el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez.
De acuerdo con las redes sociales de la gobernadora, este miércoles por la mañana presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el cuartel.
En el breve comunicado des-tacó la asistencia de los alcaldes de Marquelia, Javier Tacuba Salas; San Nicolás, Tarsila Molina Guz-mán; de Xochistlahuaca, María Rojas Pineda; de Tlacoachistlahua-ca, Emmanuel Cuevas Rodríguez; de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas Mariche y de Juchitán, Ana Lenis Reséndiz Javier.
También de Tecoanapa, Juve-nal Poblete Velázquez; de San Mar-cos, Misael Lorenzo Castillo; de Copala, María del Rosario Zúñiga de la Rosa; de Azoyú, Luis Justo Bautista; de las Vigas, Leopoldina Cruz Ventura, y de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo.
Así como el alcalde de Ñuu Savi, Donaciano Morales Porfirio , y la consejera del pueblo me’paa y coordinadora general con funciones de presidenta municipal de Ayutla, Elizabeth Calixto Leyva.
No mencionan a las autoridades de Florencio Villaeral, el municipio sede de esta sesión de la Mesa, ni de Igualapa, donde fueron asesinados el subdirector de la Policía Municipal y tres agentes cuando regresaban de otra sesión de la Mesa en la misma sede, el 48 batallón de infantería, el 27 de junio. Tampoco de Cuautepec.
Luego, en Ayutla, la gober-nadora participó en la entrega de enseres del Tianguis del Bienestar, una programa del gobierno federal, que coordina en Guerrero la subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena, de acuerdo con la transmisión del acto oficial en línea.
Asimismo, inauguró el puente vehicular El Zapote I, en Ayutla de los Libres, a cargo de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), la última actividad de la gira.
Consultado vía telefónica, el alcalde Hernández Martínez explicó que en la sesión de la Mesa no hubo un diálogo como tal. Fue la presentación del nuevo secretario de Seguridad Pública y del nuevo mando de la Guardia Nacional , el general del Ejército Oscar García Ponce de León,
En la reunión la gobernadora manifestó su disposición de seguir trabajando con los municipios.
El alcalde indicó que ahí solicitó otra reunión de seguimiento para hablar de las necesidades en materia de seguridad en cada municipio, y así se programó la próxima semana con el nuevo titular de la SSP y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros y con el mando estatal de la Guardia Nacional.
Aclaró que la gobernadora explicó que tenía una agenda en la región y estaba programada la feria de los servicios en Ayutla.
Subrayó que quedó claro que la seguridad se va lograr con la colaboración de todos y la relación interinstitucional.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, informó que tuvo conocimiento de que la empresa Equinox Gold envió un oficio al ejido de Carrizalillo, para discutir los medios de remediación de sus tierras, si no quiere continuar en el proyecto Los Filos.
Lo anterior, de forma independiente al juicio en la Procuraduría Agraria, para establecer los términos de cierre de la mina que la empresa declaró en suspensión provisional de operaciones desde el 1 de abril.
En entrevista telefónica, la presidenta explicó que acompaña a los ejidos de Xochipala y Mezcala, como mediadora con autoridades estatales y federales desde el año pasado, que hoy las comunidades exigen que el gobierno federal autorice los permisos para que la minera canadiense comience los trabajos de exploración para otro proyecto minero de Los Filos.
Indicó que en noviembre pasado fue el ejido de Carrizalillo quien solicitó su intervención en el proceso de negociación del arrendamiento de los tres núcleos agrarios, para la ocupación provisional de sus tierras por la minera.
Entonces, dijo que se estableció una mesa de trabajo con la diputada de Morena, Citlali Téllez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Minería del Congreso del Estado; con la secretaria de Economía, Teodora Ramírez Vega, y el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
Indicó que las autoridades atestiguaron los trabajos, sin voz ni voto en las decisiones de los núcleos agrarios, sólo intervinieron como coadyuvantes para que hubiera orden en el proceso, que terminó en los acuerdos que fueron la antesala del convenio de ocupación.
“No fue fácil la disminución del costo de la renta”, indicó, pero luego el ejido de Carrizalillo se retiró.
El 19 de junio se firmó el convenio de ocupación de 20 años con los dos núcleos, Mezcala y Xochipala, para comenzar desde cero un nuevo proyecto en Los Filos, que forma parte del Plan México, recordó.
Subrayó que ella no tiene competencia en la actividad minera y sigue acompañando de buena fe al presidente del comité ejidal de Mezcala, Joel Ramos López, y de Xochipala, Eli Sobrevilla Adame, en sus gestiones.
Sobre este acompañamiento, indicó que sabe que la minera no se fue de Guerrero, que sus representantes siguen en las oficinas de la mina en tierras de Mezcala, en espera de la comunicación con Carrizalillo.
Incluso, dijo que supo que enviaron un nuevo oficio a las autoridades de Carrizalillo para sentarse a platicar, “si no quiere continuar con el proyecto, discutir los medios remediación”, el procedimiento de reparación por cierre de la actividad minera en sus tierras.
Confirmó que el plantón de Carrizalillo, en la puerta 4 de la Mina, no permite la entrada de trabajadores salvo de una cuadrilla para el mantenimiento de los patios de lixiviados.
También señaló que mantiene comunicación con el comisario municipal y muchas personas de la localidad de Carrizalillo, donde en días recientes se abrió una tienda del Bienestar y se llevó un programa de canasta básica de bajo costo, como parte de las gestiones del Ayuntamiento.
En cuanto a la actividad minera, señaló que la minera tiene autorización para ampliar exploración de Xochipala y a una parte de Mezcala, “me parece que son 300 hectáreas en cada ejido”, pero necesitan permisos federales para que el proyecto pueda iniciar lo antes posible.
Advirtió que las comunidades están muy afectadas por el desempleo, “dejaron de proveer insumos y servicios. Hay un gran problema social, porque hay pocas oportunidades de empleo en el estado, y no se diga en el Ayuntamiento”.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Comerciantes exigieron a las autoridades que acudan a medir el predio por el que se mantiene una disputa legal con el empresario Pioquinto Damián Huato y que se aclare la titularidad de la propiedad, para evitar que siga el conflicto violento por el cobro de rentas.
En conferencia de prensa en un local ubicado en el predio, de 10 mil metros cuadrados, a un costado del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla, donde estaba la central de autobuses conocida como Flecha Roja, el abogado David Clemente Herrera Mijangos, acompañado de los comerciantes Juvencio Arias Oropeza, Maribel Garrido Romero, Maribel Millán, entre otros, aclaró que la señora Columba Corona Atrisco es la propietaria del lugar.
David Herrera, en su calidad de apoderado legal de Columba Corona, refutó la versión de Pioquinto Damián, quien afirmó el lunes pasado que compró el predio al Ayuntamiento de Chilpancingo en 1991 mediante la asociación Empresarios Unidos de Guerrero.
El abogado indicó que fue la asociación la que adquirió el predio el 15 de mayo de 1991, pero Empresarios Unidos de Guerrero se disolvió el 10 de octubre de 2005, que en esa misma fecha Pioquinto Damián fue destituido del grupo.
Al desaparecer la empresa, el predio se dividió y fue el señor Bernardo López Gasga, esposo de Columba Corona, quien se quedó con el 70 por ciento del predio.
De acuerdo con el abogado, Bernardo López falleció el 26 de enero de 2009, “al día siguiente, Pioquinto Damián invadió el terreno”, por lo que Columba Corona promovió un juicio reivindicatorio ante el Juzgado Primero Civil para reclamar el predio, aunque la resolución fue a su favor, a la fecha no se ha cumplido la orden correspondiente.
El abogado resaltó que cada vez que se intenta ejecutar la sentencia, Pioquinto Damián llega acompañado de personas armadas con palos, piedras y gases lacrimógenos; tal como ocurrió en el enfrentamiento registrado el pasado 8 de agosto, cuando los comerciantes fueron agredidos.
Ante estas circunstancias, el juez a cargo del caso pidió “ya no arriesgarse”, hasta que hubiera condiciones para entregar la posesión del predio a Columba Corona. David Herrera resaltó que desde 1991 y hasta el 2009, Pioquinto Damián no hizo valer las escrituras con las cuenta.
Puntualizó que “se concluyó, mediante pruebas periciales que las escrituras son apócrifas, y se falsificó la firma de Héctor Astudillo Flores”, quien entonces fungía como presidente municipal.
Juvencio Arias aclaró que los comerciantes “no queremos quedarnos con el terreno, queremos pagarle a la gente que es honesta y no a la gente extorsionadora”, debido a que todos los locatarios pagan una renta que varía desde entre 9 y 19 mil pesos, así como una cuota adicional a Pioquinto Damián, de 300 a 15 mil pesos, para poder continuar con su trabajo.
“Le pedimos a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) que nos permitan trabajar. Ya estamos espantados, ya nos cansamos de que vienen, nos pegan, nos sacan la pistola y no se lo llevan”, expresó.
Reclamó que los comerciantes ya denunciaron los ataques y amenazas del empresario ante la Fiscalía General del Estado, pero no les permiten señalar de forma directa a Pioquinto Damián, a pesar de que cuentan con videos y fotografías que lo inculpan.
“La gobernadora debe tener los pies firmes y la Fiscalía también ya tiene que actuar. Yo le pregunto, gobernadora, usted es mujer, ¿aceptaría una cachetada del señor Pioquinto? ¿Aceptaría un abuso del señor Pioquinto?”, preguntó.
Juvencio Arias resaltó que los comerciantes quieren que las autoridades acudan a medir el predio, para delimitar el área que le pertenece a Pioquinto Damián y la que le corresponde a Columba Corona, para que dejen de pagar “cobro de piso” al empresario, a quien acusó de “extorsionar” a los locatarios. “No queremos el terreno, queremos pagarle al dueño. No es justo gobernadora, también queremos que nos diga (Evelyn Salgado) cómo puede darnos seguridad, que nos cuide a nosotros”.
Maribel Millán, hija del comerciante Carlos Millán, quien fue amenazado por Pioquinto Damián, manifestó que “todos de aquí salimos adelante y no podemos vivir con amenazas, queremos que la gobernadora haga justicia”.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Arturo Salinas Sandoval, dio el banderazo de arranque al programa Transporte Inteligente, que consistió en pegar códigos QR a unidades del Transporte Violeta.
Mediante un comunicado difundido por el gobierno estatal, se indicó que el acto se realizó este miércoles en la explanada del auditorio Sentimientos de la Nación y se pegaron más de 100 códigos QR en taxis que circulan en Acapulco, Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango del Río).
Destacó que con esta acción, Guerrero es “el estado pionero en la zona Sur-Sureste del país en la transformación digital” del transporte público.
“Los dos códigos QR que se colocaron en cada unidad, uno en el parabrisas y el otro en la ventana a un costado del operador, contienen información de la concesión y del operador, respectivamente”, detalló.
En su intervención, Salinas Sandoval resaltó que “gracias al impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el transporte se está transformando en Guerrero y avanza para mejorar el servicio público, dando así el primer paso rumbo a un transporte inteligente, confiable y de calidad”.
“Con esta estrategia, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad inicia con la modernización de los procesos y se encamina para tener un transporte ordenado, sin piratería, ya que toda unidad que lleve su código QR significa que está al día en toda su documentación y los que no, serán revisados por nuestros inspectores y autoridades competentes”, puntualizó.
Señaló que desde el inicio del actual gobierno se visitaron todas las regiones, para desarrollar el programa Revisa, Actualiza y Digitaliza, con el cual se realizaron los expedientes, “logrando que a cada operador se le expidiera su código QR, el cual se ubicará en la parte trasera de cada unidad, para que al escanearlo los usuarios visualicen la información general del operador y tengan un enlace en la aplicación para que hagan llegar sus recomendaciones o felicitaciones del servicio”.
De acuerdo con Salinas Sandoval, “estamos cumpliendo con la instrucción de nuestra gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, de establecer las bases para la verdadera transformación del transporte público a uno de mejor calidad, más seguro, accesible e incluyente en todo el estado de Guerrero”.
Añadió que junto al secretario del Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, y organizaciones de transportistas de Chilpancingo, Zumpango del Río y Acapulco, se impulsó el Transporte Violeta, que en la actualidad cuenta con 51 taxis nuevos equipados con cámara y botón de pánico, enlazados con C4, C5 y C2 de las ciudades mencionadas y un operador certificado, para reducir situaciones que generen incomodidad o inseguridad en el servicio hacia las mujeres.
En el evento también estuvieron el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, Vladimir Barrera Fuerte; la directora para Prevenir la Violencia Contra la Mujer, Marisela Reyes Reyes; Guillermo Romero Pineda, director general de Recaudación; el comisario Daniel García Ortuño; el director general de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos, Rogelio Manuel Suárez; y Arturo Godínez Alarcón, presidente de la Mutoeg, así como delegados del transporte estatal.

Carmen González Benicio

Huamuxtitlán

La obra de construcción del mercado en la cabecera municipal de Huamuxtitlán está en el abandono, sólo se observa el cuadro de lo que podría ser una cimentación, así como unos montones de arena, grava y varios encharcamientos.
A la entrada del terreno hay una lona cubierta de lodo con el texto: “Obras que transforman. Gobierno del Estado construye para ti mercado municipal de Huamuxtitlán”.
El texto además tiene el logotipo de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y las siglas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, cuyo titular es Irene Jiménez Montiel.
Unas bestias mulares y chivos pastoreaban sobre el terreno destinado al mercado. Son las quie mantienen controlado que el zacate no crezca ni cubra los cuadros del cemento a más de un año que está abandonada, según recuerda el vecino Heladio Romero Salas.
A este profesor le preocupa el desinterés de las autoridades municipales y estatales por la continuidad de la obra, de la que como ciudadano no tiene mayores detalles, además de lo que dice la lona, no sabe cuánto de inversión, si sería por etapas, su diseño, “no hay nada”.
Consideró que la dejadez del presidente de Movimiento Ciudadano, Daniel Méndez Flores, conocido por su apodo de sonidero Fantoche, es porque la obra inició durante el cambio de gobiernos municipales, argumentando que no encontró información y desconoce detalles, pero eso no debería ser un impedimento para se acerque a la gobernadora o Secretaría de Obras.
Aunando a eso, dijo que quien realizó la gestoría fue el ex alcalde morenista, Aurelio Méndez Rosales, quien al poco tiempo de concluir su mandato fue raptado por hombres armados, en la cabecera municipal, y después asesinado; al igual que su chofer, el 24 de octubre de 2024, por lo que “no puede decir más”.
El llamado del ciudadano es que la obra se concluya y se haga responsable la autoridad competente, que en este caso considera es el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, por lo que su titular, Irene Jiménez, debe informar de los pormenores y monto, así como para cuándo estará la obra que transformará Huamuxtitlán, como dice el letrero.
Al presidente Daniel Méndez lo llamó a que busque información y le dé continuidad a la obra del mercado municipal, porque es un beneficio para toda la población.
Agregó que el gobierno federal debe vigilar que los recursos de los programas se apliquen como son asignados y no solapar la corrupción, por lo que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ponga atención a Guerrero y la región Montaña.
El vecino dijo que el mercado tiene mucha importancia, porque Huamuxtitlán es un municipio productor, además de estar en un lugar estratégico de comunicación con otros municipios y con el estado de Puebla, que conta con un helipuerto, aunque ahora esté en desuso.
Por lo que remarcó su petición a las autoridades estatales para que informen la situación, pero sobre todo, le den continuidad a la obra que sólo quedó en lo que él cree son los cimientos.

Sobre la obra del mercado

En la página oficial de Facebook del anterior gobierno municipal de Huamuxtitlán, publicaron el 25 de septiembre de 2024 un documento de comisión del ingeniero José Manuel Reyes Marín, fechado el 20 de septiembre, con un punto único de indicación: la construcción del mercado municipal de Huamuxtitlán, en que se realizaría la entrega física del predio y dar trazo para el inicio de los trabajos de la empresa. Lo firmó el director general técnico, Óscar Omar Hernández Fuentes, de la Secretaría de Obras Públicas.
Dicho posteo fue acompañado de fotografías del predio donde aparece el finado ex alcalde Aurelio Méndez y personal de la Secretaría de Obras Públicas marcando los trazos sobre un terreno completamente plano.
Además el texto: “Con la gestión que realizó nuestro primer edil Aurelio Méndez Rosales ante el gobierno estatal, hoy se inicia lo que será el nuevo mercado de nuestro municipio. Ubicado en el predio La Canoa, sobre el camino real, entre la Preparatoria 31 y la Casa de la Cultura, en el barrio de San Pedro, esta obra generará un impacto a las futuras generaciones”.
También hay un video adjunto, en que agradece a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la construcción del mercado.

 

Carmen González Benicio

Tlapa

Pobladores de la comunidad de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa, exigieron al alcalde Gilberto Solano Arreaga las obras que le corresponden a la comunidad del ejercicio fiscal 2024 y 2025, así como atención o advirtieron que realizarán bloqueos.
Un grupo de hombres y mujeres nahuas de la comunidad estuvieron en el Ayuntamiento para entrevistarse con Solano Arreaga, quien no llegó ni tampoco otros funcionarios para tocar el tema de sus obras, por lo que se fueron molestos llamando a otras comunidades y colonias que no han tenido obras o “sólo les han dado miserias” a que se sumen en las movilizaciones que van a emprender.
Explicaron que no recibieron obra en el 2024 porque su comisario no fue invitado a la reunión de Coplademun, pero entregó al secretario de Obras, Félix de Jesús Flores el formato de las tres obras prioritarias.
También que les dijo que les darían unos 40 metros de pavimento de los más de 200 que solicitaron sin que les cumplieran.
Agregaron que para este 2025, nuevamente, el secretario De Jesús Flores les dijo que de la obra que piden de 400 metros de pavimento y drenaje el presidente sólo autoriza 100 metros de pavimento o 200 metros de drenaje, pero no las dos cosas.
Y por eso en la minuta de trabajo se estableció que los recibiría el presidente este miércoles para plantearle sus inquietudes porque él toma las decisiones.
Pidieron que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader) del gobierno del estado les informe de los montos que le corresponden a la comunidad del Ramo 33 o FAIS en obras al ser una población de más de mil 712 habitantes, porque en la reunión de mayo el municipio solo dio el monto general.
Los pobladores se fueron molestos porque el presidente no atiende a la población en el Ayuntamiento y es difícil localizarlo porque en su casa no lo pueden estar esperando ni pueden pasar.
Le dijeron a las autoridades que no vean su inconformidad como pelea porque eso usan de pretexto para no atenderlos, “venimos a dialogar a que nos expliquen y nos den la obra”.
Tlapa, comunidad, Atlamajalcingo del Río, movilizaciones, obra, Ayuntamiento, Gilberto Solano Arreaga.