Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos exigieron la libertad del dirigente indígena Jesús Plácido Galindo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, exigió la libertad inmediata del promotor del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, y demandó anoche que las autoridades brinden mayor información de su detención y salvaguarde su integridad física.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos calificó como preocupante la “persecución de las autoridades federales y estatales contra los defensores comunitarios”.
Destacó que de acuerdo con un comunicado del Congreso Nacional Indígena (CNI), del que es integrante Jesús Plácido, en el aparatoso operativo participó el Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Ministerial. Sin embargo, lo más truculento es que “el compañero Jesús Plácido se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, quien lo citó con insistencia”.
Según Tlachinollan, el defensor comunitario llevaba peticiones a las autoridades estatales donde señala a Martín Vega González, titular de la CICAEG, de desvío de recursos destinados al ejido de Buenavista para la rehabilitación del tramo carretero Arroyo del Mango a Buenavista.
“También demandaba obras, ambulancias y medicamentos, nombramiento de una prefectura en la Escuela Secundaria Técnica número 227, un preescolar de nueva creación, construcción de la preparatoria y más obras”.
A su vez la MCOS emitió una “alerta máxima” al EZLN, al CNI y al CIG, así como a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos del país, por la detención del dirigente indígena.
Denunció que aproximadamente 40 elementos de distintas corporaciones se encontraban en el retén donde fue detenido; entre militares, ministeriales y policías estatales, quienes lo esposaron y registraron el vehículo en el que viajaba.
“Le informaron que su detención era por homicidio, secuestro y delincuencia organizada; lo subieron a una camioneta con las siglas de la PGR pero no dieron datos de a dónde lo trasladarían”, informó la organización.
Informó que había sido citado por Francisco Rodríguez Cisneros vía mensajes de texto, “pues el compañero Jesús Plácido estaba gestionando recursos para el reencarpetamiento de una carretera de la comunidad de Buenavista”.
“Nos queda claro que la cita era una trampa para detener al compañero, por lo que responsabilizamos a Francisco Rodríguez de su detención”, se lee en el escrito.
La organización exige en su pronunciamiento la libertad inmediata e incondicional de Jesús Plácido Galindo; que las autoridades informen de manera inmediata sobre su paradero; que se garantice plenamente su vida, su integridad física y psicológica, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos y al debido proceso.
Asimismo, exige el cese de la criminalización, persecución y hostigamiento contra Jesús Plácido Galindo y contra las personas defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas; piden, además, la intervención urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de los organismos internacionales de derechos humanos para garantizar su seguridad y vigilar el respeto de sus derechos.
El organismo responsabiliza a los tres órdenes de gobierno, “incluyendo a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo por cualquier atentado en contra de su vida e integridad”.
Por aparte, el Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP) se pronunció en contra de la detención de Placido Galindo, “fabricada y ejecutada desde los gobiernos del estado y federal”.
Recriminó que en Guerrero la Cuarta Transformación “está utilizando la cortina de humo de la política para darle a nuestro combativo estado golpes certeros”.
El FNLP exigió a los tres órdenes de gobierno la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo, la libertad a todos los presos políticos en Guerrero y el país.
Y, finalmente, llamó a todas las organizaciones a estar atentas “a todo lo que se viene en contra de la lucha social en Guerrero”.

Carmen González Benicio

Tlapa

Autoridades municipales, estatales y federales estuvieron en comunidades del municipio de Olinalá desplazadas por la incursión de hombres armados y asesinatos.
En un boletín se informó que como parte de la estrategia coordinada entre los gobiernos de México y Guerrero autoridades federales y estatales realizaron una gira de trabajo por las localidades de El Refugio, Tecorrales de las Minas y Teticic, en el municipio de Olinalá.
Ambas comunidades en el mes mayo sufrieron la irrupción de grupos armados que asesinaron y privaron de la libertad a vecinos, el temor obligó a que abandonaran sus hogares, en su mayoría huyeron a la cabecera municipal de Olinalá, lo cual aumentó cuando seis de los hombres privados de su libertad fueron dejados desmembrados en una camioneta de redilas en la entrada de Teticic.
Los vecinos se quejaron de la falta de atención e indiferencia de los tres niveles de gobierno ante la falta de seguridad, y fue a finales de junio que soldados del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal fueron desplegados en la zona permitiendo que algunos desplazados regresaran, encontrando propiedades saqueadas.
Según el boletín, fue para refrendar su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la paz, el bienestar y el desarrollo social de una forma integral.
El texto dice que en el recorrido, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla dijo que era importante recuperar la paz y la tranquilidad mediante un esfuerzo conjunto con las comunidades donde se privilegie la atención a niñas, niños y adolescentes.
Además del fortalecimiento de los servicios de salud, educación, seguridad y el impulso al campo como ejes fundamentales para el desarrollo de la región.
Estuvo también el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, José Luis Rodríguez Díaz de León quien señaló que una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consolidar un trabajo cercano a la población con la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la incorporación de las comunidades a los programas sociales.
Además de acciones permanentes en territorio que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros les dijo a los pobladores que el Gobierno de Guerrero sumaba esfuerzos con el Gobierno de México, para atender las necesidades de las localidades de Olinalá con el diálogo y cercanía con la población.
Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de las comunidades serán fundamentales para consolidar acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

Carmen González Benicio

Tlapa

Un hombre llamado Francisco fue sentenciado a 66 años y ocho meses de prisión por el feminicidio de su tía y abuela y el homicidio de su tío en la comunidad de La Sabana, municipio de Tlacoapa.
En un boletín, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que logró que una jueza dictara una sentencia condenatoria de 66 años y 8 meses de prisión en contra de Francisco, por los delitos de feminicidio cometidos en perjuicio de dos víctimas de identidad reservada y por el delito de homicidio cometido en agravio de Leandro.
Detalló que los trabajos en la investigación permitieron recabar pruebas contundentes para que la FGE Guerrero estableciera la participación del sentenciado en los hechos ocurridos en la comunidad de La sabana, municipio de Tlacoapa.
La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fernanda Lorenzo Ortiz recordó que el multihomicidio fue el 13 de junio del 2025 en la colonia El Duraznal, de la comunidad de La Sabana, municipio de Tlacoapa.
Dijo que el feminicidio ocurrió en el domicilio de la víctima Clotilde a quien Francisco último con un machete.
Del feminicidio dio cuenta una testigo a quien Francisco agredió y amenazó con matarla logrando escapar e informó al comisario municipal, por lo que la Fiscalía inició la carpeta de investigación, se ejecutó la orden de aprehensión y se vinculó a proceso 15 de junio del 2026.
La abogada explicó que en la audiencia la fiscalia solicitó la autorización al vicefiscal del estado para que autorizara un procedimiento abreviado, ya que la familia lo acordó al ser el sobrino y porque Francisco reconoció su culpabilidad y aceptó la condena de prisión preventiva por 66 años y ocho meses que solicitó el Ministerio Público.

Los hechos

Hace un año Francisco asesinó a machetazos a sus familiares bajo los efectos de una droga, primero a su tío y padre adoptivo, Leandro fue lo primero que corrió entre las voces del pueblo.
Su abuela Clotilde de 75 años y a su tía madre adoptiva, Araceli, fueron a buscarlo para saber qué pasaba y al no regresar su tía atestiguó las muertes cuando acudió a buscarlas a su casa de adobe y encontrar los cuerpos ensangrentados y recibir las amenazas de su sobrino Francisco, huérfano a los tres años, quien luego huyó del lugar pero fue capturado por los pobladores.

Condenan a 21 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su esposa en Iguala

Por el delito de feminicidio contra su esposa de profesión enfermera cometido en enero del año pasado en Iguala, así como los delitos de robo y daños culposos, un hombre identificado como José Guadalupe fue sentenciado a 21 años y ocho meses de cárcel.
En un escueto comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que logró que una jueza resolviera la sentencia de más de 21 años de cárcel contra José “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa acabada, cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada.
Indica que se dio una sentencia de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio, así como dos años más por robo de motocicleta y otros dos meses de cárcel por el delito de daños culposos con motivo de tránsito vehicular, derivado de trabajos de investigación que permitieron recabar pruebas contundentes y establecer la participación del sentenciado en los hechos.
De acuerdo con registros periodísticos de El Sur, el 1 de enero del año pasado, José Guadalupe asesinó a su esposa la enfermera Aana Lilia, de 30 años, simulando un supuesto accidente automovilístico en una calle de terracería de la parte alta de la colonia CNOP, para tratar encubrir su crimen.
Su cuerpo fue hallado con golpes en distintas partes del cuerpo casi debajo de un automóvil Volkswagen Jetta, simulando un supuesto accidente en una calle de terracería en muy malas condiciones y escasamente transitada.
Los registros periodísticos y las investigaciones dadas a conocer por las autoridades indican que, tras una discusión, José Guadalupe habría golpeado a su esposa causándole un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en su fallecimiento.
El 3 de enero de 2025 fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio, y permanecía internado en el reclusorio de la comunidad de Tuxpan en este mismo municipio. (Alejandro Guerrero / Iguala).

En la tarde y noche de ayer hubo lluvias fuertes en los municipios de Chilapa y Chilpancingo.
El Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las partes altas en todo el estado.
Las autoridades estatales recomendaron extremar precauciones debido a que las lluvias de fuertes a intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar inundaciones.
En la zona de la montaña baja la lluvia empezó a las 2 de la tarde y arreció dos horas después.
En Chilpancingo, la lluvia se soltó a las 7 de la noche y hasta las 11 continuaba.
El Servicio Metereológico Nacional (SMN) alertó de una zona de baja presión al sur de las costas del Océano Pacífico central mexicano, con 80 por ciento de desarrollo ciclónico en los próximas 48 horas.
Hasta el cierre de esta edición autoridades de Protección Civil no habían informado de afectaciones.
Las lluvias del viernes 10 de julio pasado provocaron afectaciones en seis municipios: San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, San Marcos, Las Vigas, Juan R. Escudero y Mochitlán.
En esa ocasión fueron afectadas seis viviendas, se desprendieron 35 techos y 13 árboles fueron caídos, además colapsaron 3 canchas de usos múltiples. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A ocho días de que la Fiscalía General del Estado (FGE) puso a disposición de la ciudadanía el Micrositio de Identificación Humana, con las fichas de identificación de cuerpos o restos de personas que permanecen en resguardo temporal, siete de ellas han sido identificadas y entregadas a sus familiares.
Las fichas de localización comenzaron a publicarse en el Micrositio de la página oficial de la FGE partir del 9 de julio para facilitar su reconocimiento “y contribuir a su restitución digna con sus familias”, informó ese día, la institución, que puso a disposición de los ciudadanos el número de teléfono 74 71 05 10 85.
El mismo 9 de julio fueron identificados los cuerpos de dos personas que tenían reporte de desaparición, y fueron entregados a sus familiares.
Se trata de Hermenegildo N., quien fue reportado como desaparecido en Tixtla, y había sido localizado desde el 2017 en esa misma ciudad, pero sus restos permanecían sin ser reclamados en el Centro Estatal de Resguardo Forense de Chilpancingo.
Ese mismo día fue identificado por sus familiares William N., quien fue reportado como desaparecido en Acapulco y había sido localizado desde el 2018 en esa misma ciudad, y sus restos permanecían en el Centro Estatal de Resguardo Forense.
El 13 de julio fueron identificados otros tres. La FGE informó que mediante el funcionamiento del Micrositio de Identificación Humana, “fue posible identificar y restituir de manera digna” los cuerpos de Fidelina “N”, Humberto “N” y Luis Enrique “N”.
De Fidelina N fue reportada su desaparición en Chilpancingo y había sido localizada desde el 2022; su cuerpo estaba en el Centro Estatal de Resguardo Forense.
Luis Enrique, en tanto, fue reportado desaparecido en Iztapalapa, Ciudad de México, y localizado en el 2024 en Chilpancingo, su cuerpo permanecía en el Centro Estatal de Resguardo Forense.
Humberto, por su parte, fue reportado como desaparecido en Tlalnepantla, Estado de México, y fue localizado en el 2018 en Chilpancingo, sus restos también estaban depositados en el Centro Estatal de Resguardo Forense.
El 15 de julio, fue identificada y entregada a sus familiares Ericka N, ella fue reportada desaparecida en Acapulco y en el 2024 fue localizada en Chilpancingo, sus restos permanecían en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
En tanto que este viernes fue identificado y entregado Brian N, quien fue reportado desaparecido en Acapulco y localizado en el 2023 en Chilpancingo, sus restos estaban en el Centro Estatal de Resguardo Forense.
Además, ayer familiares de otras tres personas desaparecidas y que sus nombres aparecen en la lista realizaban los trámites para identificarlos y, en su caso, reclamar y recibir sus restos.
El Micrositio de Identificación Humana es una plataforma digital que concentra las fichas de personas fallecidas e identificadas mediante el cotejo de huellas dactilares, y de acuerdo con la FGE, el sitio se abrió con 50 fichas de personas con reporte de desaparición y localizadas ya fallecidas por lo que permanecen en el centro de resguardo temporal.
Este sistema forma parte de la colaboración que la FGE tiene con el Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, para fortalecer los procesos de identificación humana “con estándares técnicos, científicos y de respeto a los derechos humanos”, según se informó durante su presentación el 8 de julio.

Los trámites para identificar y reclamar los cuerpos son todavía muy tardados

La presidenta del colectivo Guerrero no más Desaparecidos, Francisca Mayo Ramírez, quien ha dado acompañamiento a los familiares de cinco de los siete cuerpos que habían sido entregados hasta este viernes, criticó que los trámites para identificar y reclamar los cuerpos sean todavía muy tardados.
Por ejemplo, contó que el jueves estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que les entregaran el cuerpo de Ericka N.
“Ayer, (el jueves) sentí un poco de coraje, porque llamaron (familias de desaparecidos) a la Fiscalía pidiendo información, y se supone que si llaman les deben precisar qué documentos deben traer, y si vienen de lejos que les digan cuando les van a entregar los cuerpos para que no vengan a gastar dos veces”, cuestionó la madre buscadora.
Mayo Ramírez, informó que a las familias que llaman a su colectivo pidiendo información si les explica en detalle qué documentos deben traer, para que no vengan en valde y tengan que regresar por lo que les hace falta.
Pidió al personal que está recibiendo las llamadas en el Micrositio que proporcionen toda la información que deben de traer las familias de los desaparecidos y que agilicen los trámites.
Contó que los tramites son tan burocráticos que a veces no les da tiempo entregar el mismo día otros documentos para el apoyo de los traslados de los restos a sus lugares de origen.
Para el traslado de los restos, la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) apoya con los gastos de traslado y funerarios.
Por su parte, la presidenta del colectivo María Herrera, Gema Antúnez Flores también criticó por separado las fallas del Micrositio de Identificación Humana.
Contó que familiares de dos personas desaparecidas y que aparecen como localizadas en el Micrositio, llamaron para informar a la Fiscalía que sus familiares no están desaparecidos y menos muertos.
Cuestionó que cómo es posible que en la Fiscalía los identificaron como privados de la vida, “cuando sus familiares dicen que no, que están vivos, ¿entonces, de dónde sacaron esos cuerpos?, ¿o de quiénes son?
Informó que van a esperar a la próxima reunión con el Fiscal para tratar estas fallas “porque es posible que nos estén dando atolito con el dedo”.

En los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, 13 comunidades denunciaron que llevan siete días sin energía eléctrica, por lo que llamaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a restablecer el servicio.
La denuncia en redes sociales es apoyada por las comunidades El Tamarindo, Cuadrilla Nueva, Acalmani, Plan de Gatica, Escalerilla Zapata, El Portezuelo, Tierra Blanca, San Juan de los Pinos, El Naranjo, El Aguacate, Plan de San Marcos, Río Grande, Cerro Pelón, Tierra Blanca y otras de la parte baja de las regiones Montaña y Costa Chica.
En ella, los pobladores dijeron que ya realizaron los reportes correspondientes a la CFE, desde los primeros días de la falla, sin obtener respuesta.
Se quejaron de los apagones constantes, que afectan a aparatos eléctricos y también del cobro de tarifas elevadas.
La oficina de la CFE que atiende la zona de Ayutla está en San José Hacienda, por lo que consideraron manifestarse, para exigir el restablecimiento del servicio y una tarifa justa.
Por la tarde, mencionaron que el servicio fue reinstalado en la ruta de Ayutla, en las comunidades circunvecinas de Acatepec, pero sin garantía de cuánto durará, porque cada vez que llueve se interrumpe la energía, provocando afectaciones en los hogares y centros de salud, pues afecta a los medicamentos. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Autoridades comunitarias y habitantes del Ejido de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, denunciaron públicamente al titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, por desvío de recursos destinados a la rehabilitación de una carretera.
En un comunicado difundido este viernes, los pobladores detallaron que desde hace 4 años gestionaron 10 millones de pesos para la rehabilitación de la carretera Arroyo del Mango-Buena Vista, las autoridades se comprometieron a entregar dicha cantidad en julio de este año, pero “ese acuerdo no fue respetado”.
“Únicamente se entregaron 5 millones de pesos y los otros 5 millones fueron reasignados. Es un abuso que el esfuerzo, las gestiones y los acuerdos construidos durante años sean pisoteados de esta manera. Una vez más, el gobierno demuestra que sólo ve a los pueblos indígenas cuando le conviene políticamente y no porque le preocupen realmente nuestras necesidades”, indicaron.
Llamaron a los guerrerenses a “abrir los ojos y dejar de permitir que nos sigan pisoteando. Ahora que entramos al periodo electoral y que termina la administración de Evelyn Salgado, nuevamente nos dejan con obras incumplidas y promesas rotas”.
Manifestaron que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros y otros funcionarios recorrieron la entidad “haciendo promesas, pero, ¿en qué quedaron?, seguimos viviendo la misma violencia, las madres siguen buscando a sus hijos, continúan los desplazamientos forzados, las carreteras siguen destruidas; las escuelas permanecen sin maestros y en malas condiciones, nuestros centros de salud continúan sin medicamentos y nuestras comunidades indígenas siguen en el abandono”.
Puntualizaron que en las regiones Montaña Baja, Montaña Alta y Costa Chica, “la realidad sigue siendo la misma: marginación, discriminación y olvido para nuestros pueblos. Nunca existió una verdadera transformación para nuestras comunidades. Eso es lo que hoy denunciamos”.
Aseguraron que, los partidos “de todos los colores” van a hacer campaña y engañarán a la gente para obtener su voto, pero “después de las elecciones volverán a olvidarse de nosotros, como siempre lo han hecho, mientras se van con los bolsillos llenos de tanto robar los recursos que les corresponden a nuestros pueblos”.
“No importa si se llaman PRI, PAN, PRD o Morena, para nuestras comunidades la realidad siempre ha sido la misma. Roban descaradamente a nuestros pueblos mientras la impunidad protege a quienes están en el poder”, subrayaron.
Denunciaron que “quienes están arriba se reúnen con el crimen organizado, desvían millones de pesos sin enfrentar consecuencias, mientras que quienes organizamos a nuestras comunidades, defendemos nuestros territorios, exigimos nuestros derechos o levantamos la voz somos perseguidos, amenazados, criminalizados y reprimidos”.

Anuncian bloqueo en Marquelia

Anunciaron que bloquearán el puente de Marquelia “como medida de protesta hasta que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acuda personalmente a instalar una mesa de diálogo con nuestras comunidades y atienda nuestras demandas esenciales”.
Manifestaron que la gobernadora “no puede terminar su gobierno dejando promesas incumplidas y obras abandonadas. Exigimos que cumpla los compromisos asumidos por su gobierno y sus funcionarios con nuestros pueblos. No levantaremos el bloqueo hasta que exista una respuesta concreta y una solución real a las demandas de nuestras comunidades”.
En el comunicado también demandaron una ambulancia y medicamentos para la Unidad de Salud del IMSS Bienestar, la construcción de una Casa de Cultura, un plantel de educación preescolar en la comunidad de Arroyo Hoja de Venado y la construcción de la Preparatoria Popular de Buena Vista, entre otras obras.
Sin embargo, no se precisó la fecha de la protesta. Los pobladores anunciaron que se manifestarían ayer en la capital, pero no se concretó la movilización.

 

Un hombre acusado del delito de extorsión agravada en contra de una comerciante de Iguala fue sentenciado a 8 años de cárcel y el pago de una multa de 22 mil 628 pesos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
El sentenciado es Alexis, quien el 15 de febrero de 2025 extorsionó vía telefónica a la propietaria de un comercio en Iguala, a quien le exigió el pago de 50 mil pesos bajo amenazas de causarle daños a ella y a su negocio, de acuerdo con las investigaciones realizadas.
La Fiscalía estatal informó mediante un comunicado de prensa que la comerciante sí pagó el dinero de la extorsión exigida por el delincuente, ante el temor de que concretara sus amenazas.
Informó que durante la audiencia, la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión logró que el juez del caso impusiera una sentencia de 8 años de prisión y el pago de una multa por la cantidad de 22 mil 628 pesos.
Tras las investigaciones complementarias, se logró identificar la responsabilidad de Alexis “N” como responsable de los hechos, quien fue detenido el 10 de marzo de 2025 por agentes de la Policía Ministerial de Guerrero, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Alejandro Guerrero

Iguala

El alcalde de Apaxtla de Castrejón, Juan Salgado Santana informó este viernes que se levantó la restricción de consumir productos de origen animal provenientes de la presa hidroeléctrica El Caracol, luego de la muerte masiva de peces reportada el 11 de junio por los pobladores, aunque dijo que no se les ha informado el resultado de los estudios que se realizaron de la causa de este fenómeno.
Una mortandad masiva de cientos de peces de distintas especies y tamaños se denunció mediante las redes sociales el 11 de junio pasado por pobladores y pescadores de localidades cercanas a la presa hidroeléctrica, administrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Tres días después de la denuncia pública, el gobierno del alcalde Salgado Santana (PT), informó mediante un comunicado de prensa que, en coordinación con autoridades federales, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), iniciarían una investigación por la muerte masiva de peces y tomarían muestras para hacer los análisis.
Ante ese hecho alertó a la población a evitar consumir productos de origen animal provenientes de esta presa que se abastece del caudal del río Balsas, “ante la posibilidad de que pudieran estar contaminados por alguna sustancia que represente un riesgo para la salud”.
Advirtió que, al tratarse de una zona federal, “serán las autoridades competentes en materia ambiental y sanitaria las encargadas de emitir los dictámenes correspondientes y determinar los procedimientos que deban implementarse para atender esta posible contingencia ambiental, actualmente en proceso de investigación”.
En seguimiento a este hecho, este viernes se le preguntó al edil del PT si ya había recibido información de los resultados de los análisis realizados a los peces muertos y al agua, y dijo que no, que no se los habían dado a conocer hasta la tarde de este viernes.
También se le preguntó del seguimiento se dio a esa mortandad de peces, si se hizo alguna limpieza y la cantidad de animales muertos, el edil solo se limitó a informar que los mismos pescadores de la zona fueron quienes sacaron los peces muertos.
Indicó que no se sabe, hasta este viernes, lo que ocasionó la muerte de cientos de peces, si es por la falta de oxígeno o de algún mineral que se libera, y mencionó que es un “fenómeno” que todos los años pasa.
“Ese es un fenómeno que todos los años pasa, me comentan los ciudadanos que antes de que se hiciera la presa El Caracol ya tenían ese fenómeno”, comentó el alcalde.
De recomendación emitida por su gobierno para evitar consumir productos de origen animal provenientes de la presa ante la posibilidad de que pudieran estar contaminados por alguna sustancia, el alcalde Juan Santana mencionó que se levantó la restricción y que “ya todo normal, me dijeron que comen los peces normal”.

Vecinos de la comunidad La Calera, en el municipio de Zirándaro, se organizaron para rentar en maquinaria y hacer muros de contención que eviten las inundaciones en las zonas bajas en esta temporada de lluvias.
Lo anterior, debido a que la presa La Calera no retiene agua pues está llena de tierra y esto provoca crecimientos irregulares en la corriente de agua, además de que las últimas inundaciones que también ocasionaron desniveles.
Las últimas lluvias de la semana formaron algunos arroyos, provenientes de las aguas que deberían de quedar dentro de la presa. Las aguas buscaron las zonas bajas y terminan por llegar a la carretera que va hacia la cabecera municipal.
Algunas zonas se convirtieron en arroyos pequeños, que buscan salida y traspasan la carretera en las zonas bajas. Además del crecimiento irregular del suelo de la presa, que no tuvo mantenimiento, las fugas terminaron por formar lagunas en zonas inesperadas.
El Ayuntamiento, junto con vecinos de La Calera, incluso recurriendo a migrantes, aportaron dinero para comenzar el proyecto de una laguna en el centro de lo que era la presa, para el almacenamiento de agua y la tierra que se acumule se irá sacando junto a la carretera, para hacer muros de contención.
Sin embargo, se trata de una inversión millonaria, de la cual se alcanzó a trabajar unas tres semanas.
Esta semana, luego de que las lluvias formaron algunos arroyos que afectan algunas zonas de siembra, de nuevo se retomó este proyecto; sin embargo, también ya enviaron solicitudes a la federación para pedirle que invierta.
También están solicitando que haya un estudio, que permita darle vida de nuevo a este proyecto, que durante muchos años pretendía convertirse en una alternativa de desarrollo. (Israel Flores / Ciu-dad Altamirano).