El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, solicitó una ampliación del término constitucional para presentar pruebas a favor del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, y de otros 24 detenidos, quienes están acusados del delito de homicidio de seis personas.
En tanto, de los otros seis detenidos y enviados a la delegación de la PGR se determinó dejarlos en libertad, pero bajo investigación y no podrán salir del municipio porque tienen que ir a firmar su libertad condicional, informó el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia. A los seis policías comunitarios se les sigue un proceso por portación de arma de fuego sin licencia.
En declaraciones por teléfono, el director general de Tlachinollan, Barrera Hernández, y el abogado Vidulfo Rosales, explicaron que la juez de control determinó prisión preventiva a los 25 detenidos, todos integrantes del Cecop y algunos de ellos policías comunitarios, así como dos que estaban en proceso de reeducación, independientes de los siete que ya fueron puestos en libertad.
En la audiencia, que comenzó a las 10:30 de la noche y terminó ayer a la 2:30 de la madrugada, fueron notificados los seis integrantes del Cecop que se encuentran presos en Las Cruces, así como los 19 presentados por la Fiscalía, todos por el delito de homicidio, y la defensa solicitó un plazo de 144 horas para presentar pruebas, mismo que termina el lunes cuando se cite a una segunda audiencia donde se determinará si se les vincula a proceso.
Vidulfo Rosales informó que la juez determinó prisión preventiva para los policías comunitarios en el penal de Las Cruces, pero separados del resto de la población.
Indicó que ocho de los detenidos, entre ellos el vocero del Cecop, denunciaron a la juez que fueron torturados y por ello ésta ordenó una investigación y solicitó a la juez de ejecución ser vigilante de la situación psicológica de los detenidos torturados, entre ellos dos de los tres adultos mayores de 75, 77 y 85 años de edad.
Mientras Barrera Hernández señaló que es “poco responsable” la postura del gobierno del estado en un comunicado que emitió, en el que juzga y señala la culpabilidad del vocero del Cecop y su hermano del asesinato de seis personas en el primer enfrentamiento.
“El comunicado no ayuda sino que enturbia el caso y hace juicios sumarios sin respetar el debido proceso, y esos nos preocupa, esa misma declaración que hacen las autoridades, suplantan al Poder Judicial que es el responsable de investigar a los presuntos responsables de estos hechos”, expresó.
Recriminó que el gobierno “asume hechos consumados”, cuando no se garantizó el derecho a una defensa adecuada a los detenidos, pues fueron incomunicados, golpeados y torturados “ y bueno, eso demuestra que hay un proceso viciado”.
Barrera Hernández lamentó que el gobierno no fija una postura sobre los hechos en el sentido de que la Policía Estatal asesinó a tres policías comunitarios, “ha hecho mutis del uso de la fuerza letal”.
Agregó que los familiares de los detenidos son los que pueden dar mejor testimonio que lo que se señala en el boletín: “es una versión falsa y no ayuda”.
Recordó que las autoridades reaccionaron y atendieron a las familias una vez que éstas protestaron.
El defensor sostuvo que durante el desarme los policías estatales utilizaron sus armas de fuego “para ejecutar a personas que ya estaban sometidas y que eran un número menor a las fuerzas del estado. Es lamentable que quieran justificar sus actuaciones que no se apegan al debido proceso y emitan juicios”.
Barrera Hernández expresó que “vemos una estrategia de colocar el problema de la Policía Comunitaria como si realmente ellos fueran los que han causado la inseguridad y la violencia, cuando los grupos han surgido ante la inoperancia y olvido de las autoridades de las comunidades de dar seguridad e impartir justicia”.

Los comunitarios fueron ejecutados

El director de Tlachinollan informó que según testimonios de mujeres y vecinos de la comunidad de La Concepción, el domingo pasado dos policías comunitarios fueron ejecutados pese a que estaban rendidos, incluso estaban hincados y con las manos en la nuca.
Según los testimonios recopilados el martes en esa comunidad y en Aguacaliente, dos de los tres policías estaban desarmados y rendidos y pese a ello fueron ejecutados por los policías del estado. “Ahí es donde vemos que hay un patrón que nos muestra la ejecución de estos policías comunitarios por parte de la Policía del Estado, se tiene que investigar todo esto, es preocupante lo que informa la gente”.

 

En una jornada violenta, tres hombres fueron ejecutados a balazos, tres hombres resultaron heridos durante una balacera en el bulevar Vicente Guerrero, y una mujer asesinada fue hallada en una fosa clandestina.
El hallazgo del cadáver de una mujer, en una fosa clandestina ubicada en un terreno baldío de la colonia Venustiano Carranza, en la zona poniente, se reportó a las autoridades por la mañana y por la tarde se confirmó al exhumarse el cuerpo.
Según fuentes de Seguridad, el cuerpo de la mujer estaba enterrado a un metro de profundidad.
Según los peritos que hicieron las excavaciones y extrajeron los restos humanos, éstos tenían unos 6 meses allí.
La víctima vestía un pantalón de licra negro y ropa interior morada.
Los restos fueron enviados al Servicio Médico Forense.
A las 10 de la noche, las autoridades policiacas recibieron el reporte de que un hombre había sido herido a balazos adentro de un camión urbano de la ruta Costera, en la Costera y esquina con Gabriel Avilés.
Minutos después la víctima, que era el chofer del camión urbano, falleció. Este hecho se da a pesar de los recorridos de vigilancia de militares y policías federales en la zona.
Media hora más tarde se reportó el asesinato de un mecánico en la calle Vicente Guerrero, de la colonia 20 de Noviembre, en la parte alta. Según fuentes de Seguridad, el cuerpo fue recogido por familiares y trasladado a su casa.
En otro hecho, a las 8 de la noche, en la avenida Jardín Mangos de la colonia Jardín Magos, al poniente, un joven de unos 20 años de edad fue asesinado a balazos.
En el lugar las autoridades encontraron al menos 20 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La víctima vestía una bermuda verde y una playera tipo Polo blanca.
Suman 24 muertos en 10 días, de acuerdo con el recuento de El Sur.

Se enfrentan civiles armados en el bulevar Vicente Guerrero

En otro caso, una balacera entre civiles armados, que después dispararon contra policías del estado, dejó tres hombres heridos en el bulevar Vicente Guerrero, en el fraccionamiento Libertadores.
El hecho se registró a las 1:20 de la tarde sobre la lateral del transitado bulevar, en el sentido al centro y frente a la terminal de transferencia del Acabús, en un hora pico.
De acuerdo con testigos, en un primer momento civiles armados se enfrentaron a balazos y al llegar los policías del estado les dispararon a éstos. Durante el tiroteo hubo tres heridos y un hombre logró escapar.
Al lugar llegaron familiares de los heridos, quienes fueron identificados como José Antonio, de 24 años de edad, quien recibió un impacto en el tórax y un rozón de bala en la frente, y a quien se le encontró un arma calibre 45.
Otro es Fernando, de 26 años, que presentó una herida de bala en el brazo izquierdo; y José Daniel, de 31 años, que tenía tres heridas, una en el brazo derecho y en ambas piernas, y se le decomisó otra arma calibre 45. En el lugar de los hechos fue localizado un automóvil Tsuru blanco que fue puesto a disposición de las autoridades.
Personal de la Cruz Roja trasladó a los heridos al Hospital General.
La balacera causó que negocios aledaños, como una farmacia, una mueblería y el Centro de Estudios Técnicos en Computación (CETEC), bajaran las cortinas.

 

Integrantes de la presidencia y consejo de vigilancia del Comisariado de los Bienes Comunales y comisarios municipales exigieron que no se deje en libertad al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, su hermano y los policías comunitarios detenidos por los hechos del pasado domingo en la comunidad de La Concepción.
Pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que envíe un “destacamiento” de la Policía Estatal para la seguridad de las comunidades, así se escuchó de varios de los asistentes en un audio compartido a El Sur.
En conferencia de prensa en una casa en la comunidad de Amatillo, acompañado de unas 20 personas, entre comisarios y pobladores de diferentes comunidades, el presidente impugnado del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Juan Flores Palma, manifestó que espera que con la detención de Suástegui Muñoz se marque un nuevo rumbo para las 47 comunidades.
Dijo que le da tristeza el hecho sangriento del domingo y pidió, a quien corresponda, que “se castigue a quien tenga que castigarse, que se aplique la ley a esa gente que intervino, que no dejen en libertad a los verdaderos culpables”.
También solicitó a las organizaciones que apoyan al vocero del Cecop, a su hermano Vicente y a integrantes de la Policía Comunitaria que no lo hagan, “porque esa persona ha hecho mucho daño”.
A las autoridades les demandó que se aplique la ley, que no se puede cambiar lo que pasó, no se puedem buscar culpables porque no se intervino antes para evitar las muertes, y lo que se debe de hacer es salir adelante.
El presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mauricio Velarde Hernández, recordó que el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, no permitió que se realizaran las elecciones para comisariado hace siete años.
“Él siempre provocaba los conflictos, es el único que ha cometido las agresiones, el único responsable de las muertes que han sucedido en los 47 pueblos, él y Vicente (su hermano) y su grupo armado que tiene porque no son policías comunitarios, todos en los Bienes Comunales lo sabemos, que son una bola de delincuentes que traen Marco Antonio y su hermano”, señaló.
Pidió a las organizaciones de Derechos Humanos que no sólo tomen en cuenta la versión de Marco Antonio Suástegui sino que también se pregunte a la gente de las comunidades lo que está pasando, así como a los comisarios y delegados municipales.
“Le pido al gobernador que actúe y no los deje salir”, dijo en referencia a quienes fueron detenidos el domingo por policías estatales y están actualmente acusados de homicidio calificado por la muerte de seis pobladores de La Concepción.
El comisario municipal de La Concepción, Alejandro Melchor León, reiteró en su señalamiento que los policías comunitarios se autonombraron, que no tienen el aval del pueblo porque “son delincuentes, asesinos, mañosos, gente que no estaba limpia, todo aquel que tenía problemas de delitos ahí venía a refugiarse con él, porque ahí estaban seguros hasta del gobierno”.

Responsabilizó a Suástegui Muñoz como “el cabecilla de todo y de todos los problemas” que ha habido en la comunidad, y reprochó que si hubiera formado una policía organizada, con estudios, no hubiera pasado lo del domingo.
También pidió al gobernador que instale un destacamiento de policías estatales y que se haga recorrido por el pueblo para que vuelva a la tranquilidad.
Agradeció al gobierno estatal el actuar contra la Policía Comunitaria, Marco Antonio y su hermano Vicente, “por fin abrió los ojos de lo que los campesinos de los Bienes Comunales nos quejábamos, qué bueno que ya vio la bola de lacras que estaba refugiando ese amigo”.
De la comunidad de Parotillas, Mauro Gallegos Salgado expuso que estuvieron advirtiendo al gobernador de lo que pasaba en la comunidad y por eso pidieron en diferentes escritos la intervención de las fuerzas armadas.
Aunque agradeció la intervención de la Policía Estatal, reprochó al gobernador que fue tardía. “Sin embargo vamos a agradecerle sinceramente que no permita la libertad de este individuo porque ha causado bastantes muertes, que no suelten a ese perro rabioso porque va a ser lo mismo o más, peor ahora”, dijo en referencia al vocero del Cecop.
Los integrantes del Comisariado de los Bienes Comunales y comisarios municipales solicitaron una audiencia con Astudillo Flores.

Responsabilizó a Suástegui Muñoz como “el cabecilla de todo y de todos los problemas” que ha habido en la comunidad, y reprochó que si hubiera formado una policía organizada, con estudios, no hubiera pasado lo del domingo.
También pidió al gobernador que instale un destacamiento de policías estatales y que se haga recorrido por el pueblo para que vuelva a la tranquilidad.
Agradeció al gobierno estatal el actuar contra la Policía Comunitaria, Marco Antonio y su hermano Vicente, “por fin abrió los ojos de lo que los campesinos de los Bienes Comunales nos quejábamos, qué bueno que ya vio la bola de lacras que estaba refugiando ese amigo”.
De la comunidad de Parotillas, Mauro Gallegos Salgado expuso que estuvieron advirtiendo al gobernador de lo que pasaba en la comunidad y por eso pidieron en diferentes escritos la intervención de las fuerzas armadas.
Aunque agradeció la intervención de la Policía Estatal, reprochó al gobernador que fue tardía. “Sin embargo vamos a agradecerle sinceramente que no permita la libertad de este individuo porque ha causado bastantes muertes, que no suelten a ese perro rabioso porque va a ser lo mismo o más, peor ahora”, dijo en referencia al vocero del Cecop.
Los integrantes del Comisariado de los Bienes Comunales y comisarios municipales solicitaron una audiencia con Astudillo Flores.

 

El secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, informó que el gobierno municipal buscará mediar la situación y evitar que haya un nuevo enfrentamiento entre los pobladores de la comunidad de La Concepción.
Después de asistir como invitado a la toma de protesta de la nueva mesa directiva de Grupo ACA, acto que presidió el gobernador Héctor Astudillo Flores, Meza Loeza dijo que no van a soltar el tema de las policías comunitarias que fueron desarmadas y dijo que deben ser reguladas.
A pregunta de qué hará el gobierno municipal para evitar un nuevo enfrentamiento en las comunidades de los Bienes Comunales, respondió: “no soltar el tema, ya como se mencionó se está actuando de manera correcta, se está aplicando la ley y no hay ningún argumento para decir que se está al margen de la ley”.
Sostuvo que se deben respetar los derechos humanos de las personas, “es la forma, no soltar este asunto, ya que se le entró y creo que fue lo correcto, lo que se tenía que hacer y bueno dejar que este asunto siga”.
El secretario consideró que en la operación para desarmar a la Policía Comunitaria se actuó conforme a la ley porque la sociedad ya lo venía exigiendo desde hace tiempo, que se aplicaran las leyes como debe ser, y “no es admisible que gente civil ande armada rondando por algún poblado o colonia, máxime si no cumple con los requisitos o supuestos donde debe existir la Policía Comunitaria”.
De las manifestaciones de pobladores que piden al gobierno que no salga de la cárcel el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, Meza Loeza indicó que esa situación dificulta el trabajo de un gobierno, “porque siempre hay dos opiniones distintas, unos a favor y otros en contra”.
“La tarea de un gobierno es mediar la situación, evitar los enfrentamientos y aplicar la ley, mientras se esté haciendo eso vamos a salir bien”, puntualizó.
Abundó que el municipio cuenta con una Policía Rural y “ésta no es suficiente para abarcar todas las comunidades rurales que tiene Acapulco, pero es una policía que está identificada por los mismos pobladores, ellos saben quiénes son”.
Meza Loeza explicó que los pobladores autorizan y que “por la cuestión de que no son suficientes tienen que repartirse por ruta en diferentes poblados, y eso ocasiona que en ciertos puntos pudiera haber una incidencia de ese tipo”.
Recordó que la Policía Comunitaria es un tema que no nace en esta administración, “es un tema heredado y este goberno ha estado dialogando para evitar cualquier tipo de disturbio”.
Habló del caso de la Policía Ciudadana que se pretendía instalar en el poblado de Barra Vieja, pero que tras dialogar con los dirigentes ya no se conformó.

La presidenta del Grupo ACA, Digna Marroquín Cisneros, dijo que con la infiltración del crimen organizado entre los gobiernos resultó afectada la población.
La ex líder del sindicato de Trabajadores del Seguro Social en Guerrero protestó como presidenta de esa organización, en un salón del Gran Plaza Hotel Acapulco, en un acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien fue cobijado a su llegada por decenas de transportistas, ejidatarios, comerciantes y restauranteros de la zona Diamante.
Durante su discurso, Digna Marroquín exhortó al gobernador a que se evalúe la ley Kumamoto, que busca reducir el financiamiento de los partidos políticos de acuerdo al número de votos que obtenga en las elecciones.
“La inseguridad e impunidad son consecuencia de un deterioro institucional. Echar la culpa de la inseguridad al adversario político es lo más fácil pero en nada ayuda a solucionar el problema, al contrario, es una contribución para grabarlo la verdad es que pagamos justos por pecadores”, criticó.
Reclamó que “algunos políticos” de partidos, sin precisar cuáles, convinieron con el crimen organizado y ahora “todos pagamos la factura”.
“Tenemos un desorden político social. Algunos narcos se convirtieron en políticos y algunos políticos se convirtieron en empresarios, y otros en narcos. Ellos están organizados; algunos en defraudadores de cuello blanco. Al final todos esos, algunos por ambición y poder, son responsables de la inseguridad y caos en el que vivimos, pero lo más importante es que debemos hacer la respuesta es cero impunidad para todos”, exigió.
A quienes gobiernan les pidió: “hagan que los guerrerenses creamos que podemos ser grandes, que tengamos un gobierno honesto que nos provoquen orgullo nuestras autoridades y para lograr este objetivo los mejores deben gobernar.
Digna Marroquín invitó al gobernador para compartir una sesión del Grupo ACA y a formar parte de esa organización.
Dijo en su mensaje de toma de protesta que la impunidad se consolida cuando el gobierno no castiga a los delincuentes, y señaló que “el ejercicio de un cargo público que saquea las arcas del gobierno a través de las licitaciones, con el diezmo en obra pública, o desvían presupuestos maquillando la contabilidad y el ejercicio presupuestal”.
Acusó que esas prácticas agravian a toda la sociedad, y reprochó que al hecho de que no se aplique la ley genera más enojo de la sociedad.
Mencionó que la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción que mandata la conformación de un Comité de Participación Ciudadana y pidió un espacio para que un acasocio forme parte de éste.
“La corrupción es el cáncer que hace que todo acto de gobierno infuncional”, dijo.
Al gobernador le indicó que el año pasado esa organización se sumó el proyecto de la ley Kumamoto, e incluso ayudaron en la integración de la adecuación para el estado de Guerrero.
“Solicitamos que a través de usted a que haya esa voluntad por analizar y respaldar esta iniciativa de ley que apoyamos los ciudadanos. Los mejores deben de gobernar seguro pero sobre todo en materia de seguridad y justicia”, solicitó.
Digna Marroquín comentó que la combinación de esfuerzo entre el gobierno y la sociedad civil, junto con las designaciones presupuestales permitirán resarcir las exigencias de la sociedad,
Allí, el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, dijo que las organizaciones civiles tienen la responsabilidad de ser un vínculo entre gobierno y sociedad para “no esperar a tener un cargo político para manifestar que somos buenas personas en el actuar diario con responsabilidad con honestidad, y sobre todo con respecto a la sociedad es la mejor carta de presentación”.

 

El director de Registro Civil municipal, Ricardo Martínez Sánchez, presentó ayer su renuncia al cargo por motivos personales, y porque aspira a un cargo de elección popular por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En declaraciones a reporteros, Martínez Sánchez informó que ayer por la mañana hizo llegar su oficio de renuncia a las oficinas de Presidencia del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, “a quien no tengo más que gratitud y un reconocimiento por permitirme estar estos dos años”.
Recordó que a su llegada al cargo emprendió una brigada para abatir el subregistro en las comunidades rurales de Acapulco, donde había niños y adultos que no contaban con identidad por no tener registro de nacimiento y “realizamos un trabajo arduo”.
Explicó que la renuncia es por “motivos personales, viene un proceso electoral y el partido al que pertenezco está a punto de emitir la convocatoria el próximo 15 de enero, estamos pensado ir a construir y competir en un cargo de elección popular, ese es uno de los motivos de mi separación del cargo”.
Dijo que desconoce quién ocupe el cargo, que es una decisión que va a tomar el presidente municipal.
Martínez Sánchez precisó que el proyecto principal se llama “Ilich Lozano Herrera, (síndico) quien aspira a ser candidato a alcalde y nosotros vamos a salir a fortalecer el trabajo en los distritos”. (Aurora Harrison).

La regidora del PRI y secretaria de la Comisión de Hacienda, Brígida María Trani Torralva, informó que urgió a la presidenta de dicha comisión, la síndica Teófila Plateros Ávilés, a que se convoque a sesión para que el secretario de Administración y Finanzas, Mariano Hansel Patricio Abarca, explique la situación del adeudo a las empresas recolectoras de basura.
Trani Torralba indicó que para el lunes debe de estar aprobado el presupuesto de Egresos, por lo que espera que entre hoy y mañana llegue el proyecto para su análisis.
Consultada respecto a las ampliaciones y modificaciones presupuestales de 2015 y 2016, así como las de 2017 que no se han aprobado debido a que no se hizo la última sesión de Cabildo, dijo que ya pidió a la presidenta de la Comisión de Hacienda que convoque a sesión.
Más que las aprobaciones de las ampliaciones y modificaciones presupuestales, Trani Torralva explicó que se pide al secretario de Administración y Finanzas que entregue un informe del cierre fiscal del Ejercicio 2017, de cómo se dispersaron los recursos federales y los ingresos propios del Ayuntamiento.
Además de que les preocupa a los integrantes de la fracción del PRI las quejas que hay de falta de pago a las empresas que recolectan basura. “Que nos diga el secretario cuál es la situación que guarda con estas empresas y porque ha sido tan deficiente la recolección de basura”.
Trani Torralva espera que la convocatoria, como lo solicitó, sea el viernes, y de no atenderse ella tiene la facultad de convocar a sesión.
Respecto al Presupuesto de Egresos 2018, la regidora indicó que el acuerdo que se tenía con los secretarios de Planeación y Desarrollo Económico, Víctor Gómez Zanabria, y de Finanzas, Mariano Hansel Patricio, era que el proyecto se les entregaría los regidores de la Comisión de Hacienda el pasado 20 de diciembre, lo que no cumplieron.
A cinco días de que se venza el plazo para aprobarlo los regidores no han recibido el proyecto, el cual, dijo la regidora, debe de aprobarse o por lo menos un acuerdo para que se pueda tener acceso al dinero el 15 de enero. “Claro que sí hay fecha límite, de lo contrario este mes no se podría dispersar ni un solo centavo de la Secretaría de Finanzas”.
Expuso que hay un recorte presupuestal para Acapulco y se tiene que hacer un ajuste en el presupuesto de Egresos, lo cual se ha platicado y se tiene un pre proyecto que se va a revisar y que la propuesta quede como se planteó. “Ya será habilidad del presidente municipal el buscar ante la federación que se amplíen los techos presupuestales que se tienen”.
Consideró que la propuesta de Presupuesto de Egresos debe de venir sin incrementos por el recorte, y que si se respeta lo que se ha hablado no hay mucho que revisar antes de pasarlo a Cabildo para su aprobación.
“Vamos a tener que gastar lo que plasmemos porque tenemos que dejar un presupuesto bien hecho, que arropemos el tema del pago de servicios públicos como es la recolección de basura y mantenimiento de las áreas públicas”, concluyó.

Quince familias que habitan un predio del polígono 15 del fraccionamiento Las Playas, fueron notificados ayer por la mañana que no podrán ser desalojados hasta que determine el juez quién es el propietario del terreno.
Ayer el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, Ambrosio Hernández, acudió al predio, de unos 3 mil 500 metros cuadrados, donde la dependencia tomó posesión administrativa del lugar.
En declaraciones, el abogado dijo que la secretaría estaba tomando posesión del predio para que se entregue después del juicio a quien lo acredite, y mientras eso sucede por órdenes del juez civil los moradores, que están allí desde hace 13 años, fueron nombrados como depositarios del bien inmueble.
El representante legal de los colonos del polígono 15, Adrián Cruz Vargas, precisó que con este nombramiento de depositarios los moradores no podrán ser desalojados, como se intentó hacer en dos ocasiones luego de que el supuesto dueño del predio lo reclamó.
Indicó que la propiedad se determinará una vez que se termine el juicio civil, y calculó que llevará unos cinco años más el caso.
Durante la notificación acudió una patrulla de Policías del Estado en resguardo de los funcionarios. (Jacob Morales Antonio).

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo la prohibición a sus ciudadanos y funcionarios de no visitar Guerrero, incluido Acapulco debido “al crimen”.
En la actualización que hizo el gobierno estadunidense se incluyó a Colima, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que los ubica, junto a Guerrero, en la misma escala que Irak, Siria y Corea del Norte que alcanzan la categoría 4 de su nivel de alerta, la más elevada en un rango.
En su nuevo sistema de “información para viajeros” o “reporte de viaje”, el Departamento de Estado reemplazó las “alertas” y asignó uno de cuatro niveles estándares de información del que el cuarto, es el nivel de mayor riesgo.
Se indica que el nivel 4 es “no viajar: éste es el mayor nivel de recomendación debido a la mayor probabilidad de riesgos para la vida”.
Durante una emergencia, señala, es posible que el gobierno de Estados Unidos tenga una capacidad muy limitada de brindar asistencia.
Aconseja a los estadunidenses que no viajen al país o que se vayan pronto.
Se añade que las recomendaciones de viaje para cada país reemplazan a las anteriores advertencias de viaje y alertas de viaje.
“Por ejemplo, tal vez aconsejemos a los ciudadanos estadunidenses ‘tomar mayores precauciones’ –Nivel 2–, en un país, pero ‘reconsiderar la decisión de viajar’ –Nivel 3–, a un área específica dentro de ese mismo país”, se detalla.
Acerca de Guerrero se añade que se ubica en el nivel 4: “no viaje debido al crimen. Los grupos armados operan independientemente del gobierno en muchas áreas de Guerrero. Los miembros de estos grupos frecuentemente mantienen bloqueos de carreteras y pueden usar la violencia hacia los viajeros. A los empleados del gobierno de EU Se les prohíbe viajar a todo el estado de Guerrero, incluido Acapulco. Visite nuestro sitio web para viajar a áreas de alto riesgo”, se advierte.
Se destaca que algunas áreas del país tienen un mayor riesgo. “Los delitos violentos, como los homicidios, los secuestros, el robo de automóviles y los robos, están muy extendidos”, señala.
La restricción a ciudades como Los Cabos y Cancún, fueron eliminadas en esta actualización que sustituyó a la emitida en pero incluyó la prohibición de viajes al puerto de Acapulco debido al “crimen”.
Para el tránsito en el resto del país, el gobierno de Donald Trump recomienda a sus conciudadanos usar carreteras de peaje cuando sea posible y evitar conducir de noche; tener “más precaución” al visitar bares, discotecas y casinos locales; no mostrare señales de riqueza llevando relojes caros o joyas; tener precaución adicional cuando visite bancos o cajeros automáticos, entre otras.

 

El consuelo para la Secretaría de Turismo (Sectur) fue que EU no incluyó a los cinco destinos nacionales que concentran el 80 por ciento de los turistas extranjeros, en la alerta máxima de viaje para sus ciudadanos.
En un comunicado, la dependencia aseguró que esos cinco destinos turísticos, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y Ciudad de México, fueron clasificados por el Departamento de Estado de EU sin restricciones para viajar de placer o negocios.
Sin embargo, según la clasificación emitida por EU, destinos de Quintana Roo, como Cancún y Riviera Maya y Baja California Sur (Los Cabos) merecieron un Nivel 2 -de precaución adicional- pero el texto incluido es el mismo usado en la alerta emitida en agosto de 2017.
El Departamento de Estado de EU, puso en alerta máxima, con recomendaciones a los viajeros extranjeros para no viajar a destinos de los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Colima.
“Según la calificación otorgada a las principales entidades de la República Mexicana, los 28 destinos turísticos más populares entre los viajeros nacionales y extranjeros no recibieron restricción alguna para ser visitados por motivos de placer o de negocios”, destacó Sectur.
Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, dijo que la nueva clasificación que obtuvo México como país en el que se deben tomar precauciones adicionales en caso de viaje, es justa porque deja fuera del nivel más alto de peligrosidad a los principales destinos turísticos del país y se enfoca en las entidades con mayores índices de violencia. (Con información de Verónica Gascón).