La mañana de este miércoles se rompió el ducto principal de distribución de la red de agua potable de Ciudad Altamirano, en pleno centro y junto al mercado Lázaro Cárdenas, lo que provocó que se inundarán 30 negocios antes de que abrieran.
La fuga ocurrió en la calle Independencia esquina con callejón Allende en una zona muy céntrica, y es una de las esquinas de mayor comercio de la ciudad, a un costado del mercado Lázaro Cárdenas.
Aproximadamente a las 6 de la mañana vecinos reportaron que comenzó a brotar agua del pavimento y se metió a los negocios. La cantidad de agua era al grado de que dentro de los locales se elevó hasta por 20 centímetros.
Aproximadamente 30 negocios reportaron afectaciones por esta fuga de agua, que a su vez provocó que se suspendiera por completo el suministro del líquido en la ciudad, debido a que se trata del ducto principal.
Es una tubería de 14 pulgadas, y la red tiene más de 30 años que ingresó por esa zona, y constantemente se presentan fugas.
El Ayuntamiento comenzó labores para reparar la fuga, sin embargo no concluyó así que se espera que sea este jueves cuando finalmente se concrete la reparación de la tubería y la reactivación del servicio. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

 

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Comisión de Salud del Congreso local aprobó el exhorto al Ayuntamiento de Acapulco, para la creación de más clínicas móviles en la zona rural, y dictámentes para que los servicios de salud garanticen atención con perspectiva de género, y reforzar medidas sanitarias para el control del dengue y la tosferina.
Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión, que preside la priista Beatriz Vélez Núñez, también se aprobó declarar todo el edificio del Legislativo como un área libre de humo de tabaco y cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores.
El primer dictamen se trató de un exhorto a las instituciones de salud, federales y estatales para garantizar atención médica con perspectiva de género en hospitales y centros de salud en la entidad.
También exhortaron al Ayuntamiento de Acapulco a impulsar clínicas móviles en Acapulco, y ampliar la cobertura de servicios en zonas urbanas y rurales, así como reforzar las acciones de control y contención del dengue en la entidad.
Además, se aprobó la solicitud para declarar espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco de la sede legislativa.
Sobre la tosferina, la Comisión de Salud aprobó un exhorto a los servicios de salud, MSS-Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Servicios Estatales de Salud Guerrero para que de manera oportuna, simultánea e inmediata desarrolle las acciones necesarias para detener dicho padecimiento y específicamente un programa emergente de vacunación para los sectores más vulnerables.
En la sesión estuvieron la presidenta de dicho órgano legislativo, la priista Beatriz Vélez Núñez; la secretaria, Guadalupe Eguiluz Bautista, e Hilda Jennifer Ponce Mendoza, como vocal. Dichos exhortos aprobados se turnarán al pleno para su votación por el pleno en próximas sesiones.

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Por segundo día consecutivo, pobladores de los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia que piden su inclusión en el censo de damnificados por los daños del huracán Erick, bloquearon después del mediodía de este miércoles la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en el puente de Marquelia.
El movimiento reinició debido a que no llegaron a acuerdos con autoridades de los gobiernos del estado y municipal que les ofrecieron una mesa de diálogo, pero no les dieron a conocer la fecha.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo reiteró por teléfono que la noche del martes tomaron el Palacio Municipal y retuvieron el alcalde Adair Hernández Martínez.
En la mañana tuvieron contacto con funcionarios del Gobierno del estado, sin precisar con que funcionario hablaron, y les ofrecieron una mesa de trabajo pero no les precisaron la fecha, “sólo nos notificaron que habrá una mesa de diálogo, pero no nos dieron cuando”, dijo el dirigente indígena.
Informó que la mañana de este miércoles liberaron el Palacio Municipal y al alcalde Hernández Martínez.
Ello ocurrió después de que firmaron una minuta de acuerdos en la que se estableció que van a esperar a que el delegado de los programas federales Iván Hernández los llame para que les diga cuando los van a recibir en una mesa de trabajo.
A la una de la tarde el dirigente indígena se encontraba con un grupo de los inconformes en la cabecera municipal, en tanto que otro grupo se trasladó al puente de Marquelia para bloquear nuevamente la carretera.
“El movimiento va a seguir hasta que tengamos una respuesta por parte de los gobiernos federal y estatal y nos incluyan al censo de la Secretaría de Bienestar”, advirtió.
Por su parte, Abad Rodríguez de la comunidad de Jolotichán, municipio de San Luis Acatlán, informó que decidieron volver a bloquear la carretera porque no les satisfizo la respuesta que les dieron en la reunión con el alcalde Hernández Martínez en el Palacio Municipal.
El bloqueo reinició después de las 12 del día, pero lo retiraron tres horas después, cuando acordaron que van a esperar a que les den la fecha en que los recibirán en la mesa de diálogo.
Los manifestantes son de las comunidades de Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán y Zentixtlahuaca del municipio de San Luis Acatlán, así como de Zoyatlán, Cruz Verde y Capulín Chocolate del municipio de Marquelia.
Son encabezados por comisarios municipales y por el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.
En un documento que hicieron público durante su protesta reiteraron que sus demandas son que el Gobierno federal los incluya en el censo de damnificados por las lluvias del huracán Erick que azotó Guerrero el 19 de junio.
Además, la reconstrucción de escuelas y la “reparación urgente” de caminos, calles y carreteras, la restitución total de servicios básicos, como agua potable, luz eléctrica, drenaje y alcantarillado.
Los manifestantes piden, también, la dotación de medicinas y personal de salud, así como el funcionamiento “pleno” de las casas y centros de salud, además de apoyo a la agricultura.
Piden, asimismo, la reubicación “segura” de postes de luz.
Insisten en que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que vaya directamente a encabezar la mesa de diálogo con las comunidades “para que responda directamente a las necesidades de nuestros pueblos”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos del Congreso local, en sesión celebrada este miércoles, aprobaron un exhorto dirigido al alcalde de Chilpancingo y a la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), para que atienda la reparación del drenaje, desazolve coladores y repare las calles afectadas que tuvieron afectaciones por el paso del huracán John.
También un exhorto dirigido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del gobierno estatal y al Ayuntamiento de Benito Juárez a reforzar el muro de contención del Río Atoyac, a su paso por el poblado de San Jerónimo.
Sobre el caso de Chilpancingo, el exhorto es dirigido al alcalde capitalino, Gustavo Alarcón Herrera, y a la titular de Capach, Karina Ozuna Dircio, “para que instruyan a las áreas competentes que atiendan la reparación del drenaje y desazolve de coladeras, y trabajen en la reparación de calles y puentes, retiro de desechos sólidos, basura y restos de árboles en las colonias Emiliano Zapata y Renacimiento, derivado del desbordamiento de la barranca Alpuyeca por las lluvias del huracán John”.
El segundo exhorto fue dirigido a la Conagua, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado y al Ayuntamiento de Benito Juárez para que “en el ámbito de su competencia procedan a supervisar de manera directa a las obras de reparación, reforzamiento y rehabilitación integral de Muro de contención o sistema de tableestacado, donde se garantice el uso de materiales adecuados, suficientes y de calidad”, en el cause del Río Atoyac.
Sobre ese tema, el pasado 25 de junio, la diputada del PRD María de Jesús Galeana Radilla, llamó desde tribuna a las autoridades federal, estatal y municipal para atender con urgencia las condiciones de vulnerabilidad en el cauce del río Atoyac, “particularmente a su paso por el municipio de Benito Juárez y comunidades vecinas de la región Costa Grande”, donde advirtió que “existe un riesgo real de desbordamiento que podría afectar a decenas de familias”.
La perredista mencionó que hay un deterioro de la infraestructura colocada para contener el cauce del río Atoyac, específicamente en el tramo que cruza por San Jerónimo y las comunidades de Hacienda de Cabañas, Arenal de Gómez, Las Tunas y Arenal del Paco. Explicó que desde el año pasado se cayó parte de la valla metálica que había sido colocada como protección, sin que hasta hay hayan iniciado labores de reparación.
Por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y obras Públicas participaron la diputada Violeta Martínez Pacheco, Mirna Coria Medina, Jhobanny Jiménez Mendoza, Alejandro Bravo Abarca y Rafael Martínez Ramírez, como presidenta, secretaria y vocales, respectivamente; Mientras que de la Comisión del Agua el diputado Alejandro Carabias Icaza, y las diputadas Lety Armenta, Rafael Martínez Ramírez.

 

 

Redacción

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Johan N, El Flaco, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Omar N en Chilpancingo.
El crimen fue cometido el pasado 23 de junio en el interior de un negocio accesorios de celulares en pleno centro de la ciudad capital.
En un comunicado, la FGE informó que de acuerdo con sus investigaciones el acusado habría privado de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego, cuando se encontraba en su local de venta de accesorios de celulares en el centro de la capital.
En esa ocasión la víctima fue identificada como Omar Ramírez, de 45 años, que además de tener un local comercial pertenecía a la empresa Tres Ángeles, dedicada a la contratación de artistas para bailes y jaripeos, según informaron familiares a la policía.
La FGR agregó que como parte de las acciones operativas el 9 de julio de 2025, agentes de la Policía Investigadora Ministerial de la FGE, fuerzas estatales y federales cumplieron una orden de aprehensión en su contra en Chilpancingo.
Durante la continuación de la audiencia inicial celebrada ayer, un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y otorgó un plazo de un mes y medio para el cierre de la investigación.
Se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de la capital, mientras se desarrolla el proceso penal.

Yee Trujillo

El sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, colaborador en la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Acapulco, informó que en el taller realizado en la Universidad Pontificia de México se buscó desarrollar la herramienta del diálogo para construir la paz con diferentes actores, entre ellos los delincuentes, para que no sigan haciendo daño.
Aunque en el taller “lo que más salió es que ellos nos buscan” para alguna bendición o sacramento porque la mayoría son católicos, y además de compartir experiencias se analizó cómo aprovechar esos encuentros en territorios donde el crimen organizado “establece las reglas” para reducir las violencias.
“Hay cosas que se están haciendo; por ejemplo, en el centro del estado, en la capital. En Tierra Caliente, pues allá están como maniatados por la delincuencia. Y en la costa, por ejemplo, en la Costa Chica ya está agrandándose, digamos, las violencias en algunos municipios. Y en Acapulco desde el año 2011 estamos atrapados, estamos atrapados porque no hay un lugar seguro en esta ciudad donde cada persona puede sentirse segura porque asesinan en las playas, en la Costera, a la luz del día, y a toda hora en las colonias de la periferia.”, expresó al ser consultado vía telefónica.
Subrayó que el discurso de la Iglesia no es de confrontación con nadie, pero ésta ha levantado la voz porque la estrategia gubernamental no ha estado funcionando y ha llamado a que se modifique y el gobierno haga lo que le corresponde, para que “entre todos, de manera corresponsable, ayudemos a bajar los niveles de la violencia y a ir haciendo un camino de construcción de paz”.
El también columnista de El Sur expresó que el gobierno tiene su discurso. Lo que plantean como Iglesia es poder reducir las violencias en los pueblos. “Eso puede ayudar con estos encuentros con delincuentes para que las violencias vayan disminuyendo y no se agraven los daños. Es lo que creemos y es la razón por la cual estamos viendo cómo, qué podemos hacer”.
Recordó que en 2010 la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un documento con una visión pastoral estratégica, sobre lo que puede hacer la Iglesia en las condiciones de inseguridad y de violencia llamado Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, el cual están desarrollando, que desde hace tres años la institución ha promovido el Diálogo Nacional por la Paz, y la semana pasada los obispos se reunieron en Chilpancingo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
También mencionó que en enero hubo otro taller en la Universidad Pontificia de México con un equipo de la Iglesia de Colombia para exponer lo que hacía con los grupos armados que existen allá como paramilitares, narcotraficantes y guerrillas.

La Iglesia católica tiene una estrategia propia ante la violencia

A este segundo taller, el lunes y martes, asistieron unos 60 sacerdotes, religiosas y laicos, sobre todo provenientes de Guerrero, Michoacán, Jalisco y otros estados, quienes compartieron sus experiencias en territorios donde está presente el crimen organizado o “casi gobiernan”, entre las que contó la de un párroco de Reynosa, quien recibió una golpiza porque lo confundieron con un grupo de otra región, y ahora desde la Diócesis está construyendo la paz.
“De hecho, lo que más salió es que ellos nos buscan. Buscan al ministro religioso para una bendición, para un sacramento o sencillamente para hablar con nosotros. Entonces, compartimos experiencias: cuando ellos nos buscan y qué es lo que nosotros podemos hacer con ellos”, y añadió que en su caso también ha sido buscado por los grupos delincuenciales.
Mendoza Zaragoza contó que en el taller se vio que la mayoría de los delincuentes son católicos, bautizados, que la misión de la Iglesia hacia ellos es anunciar el Evangelio, ayudarles a entender que tienen que respetar a las personas y también necesitan de ellas, para que no sigan haciendo daño o dejen el estatus de la criminalidad.
También se analizó que los miembros de la Iglesia deben buscar sentirse protegidos cuando se les acercan los delincuentes y cuidar que lo que hagan no signifique un riesgo para la gente ni su vida, cuidar a las comunidades, defenderlas y protegerlas, y en qué calidad pueden desarrollarse estos encuentros.
“Nos ofrecieron algunas herramientas para examinar nuestros contextos, es decir, en los territorios en los cuales estamos colaborando, donde el crimen organizado establece las reglas, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer”.
Contó que acudió una docena de sacerdotes del estado, principalmente de las Diócesis de Ciudad Altamirano, Chilpancingo-Chilapa y Acapulco.
Insistió en que la Iglesia busca el diálogo con todos porque “de alguna manera todos somos responsables de las violencias que tenemos en el estado de Guerrero. Unos más responsables, como los organismos del Estado, y otros quizá menos responsables como las víctimas. Pero si somos responsables de las violencias también tenemos que hacernos corresponsables en el camino de construcción de paz”.
“El gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal tienen sus propios discursos y están haciendo lo que ellos creen que tienen que hacer, digamos, tienen sus estrategias ante la violencia y ante la seguridad. Nosotros desde la Iglesia también tenemos nuestro discurso y también tenemos lo que estamos haciendo”, expresó.
Destacó que se trabaja con universidades, víctimas, colectivos de desaparecidos, comunidades y escuelas como parte del diálogo hacia todos. En Acapulco el acompañamiento a víctimas de la violencia se realiza para que pasen a convertirse en constructoras de paz y se tienen muy buenos ejemplos de personas que ahora hacen cosas importantes y valiosas para construirla desde sus espacios.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Dulce Merary Villalobos Tlatempa, reveló que en los gobiernos municipales hay más casos de violencia política de género, pues las mujeres que ocupan cargos públicos son obstaculizadas para ejercer sus funciones.
Dulce Villalobos asistió a la firma de convenio entre el IEPC y las asociaciones civiles Mujeres Guerrerenses por la Democracia y Alternativa Cultural por la Equidad de Género, en la Sala de Sesiones del órgano en la capital.
En declaraciones luego del acto protocolario, informó que la Comisión de Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación del IEPC, de la cual es presidenta, tiene un programa de capacitación para acompañar en el ejercicio del cargo a mujeres electas; también colabora con el diplomado virtual Formación de Capacitadoras en Derechos Humanos de las Mujeres.
Detalló que el diplomado cuenta con módulos sobre la ciudadanía de las mujeres, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y otras temáticas importantes para las mujeres que ocupan espacios de toma de decisiones en el Ejecutivo Municipal y el Legislativo Estatal.
Dijo que es importante que las mujeres conozcan sus derechos como actoras políticas y tengan herramientas didácticas, académicas y de formación, de manera que incorporen la perspectiva de género en su labor pública.
Aunque no dio cifras, dijo que el IEPC tiene datos sobre la violencia política de género; “lo cierto es que, ahora con redes sociales, una mayor participación de medios de comunicación, las situaciones que pudieran configurar violencia política se generan de una forma viral, no tendríamos propiamente la metodología para medir el impacto”.
No obstante, hay mecanismos de protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres que participan en la política; “conforme vamos avanzando las mujeres más en el espacio público, hay incomodidad y eso, en muchas ocasiones, se traduce en violencia”.
Señaló que la mayoría de las denuncias y quejas de las mujeres que tienen cargos públicos son de la Montaña, “pero no podríamos decir que en otras regiones no la hay (violencia política), sino más bien no existe la denuncia, esto es parte de la formación de las mujeres, continuar la cultura de la legalidad, la cultura de la denuncia”.
Abundó que, en los gobiernos municipales, las mujeres se enfrentan a la obstaculización para ejercer su cargo, “por ejemplo, no las convocan o las convocan fuera de tiempo” a sesiones de Cabildo; mientras que, en direcciones, no se les informa lo que sucede en el ámbito de su competencia e incluso, “ha habido violencia directa, simbólica, verbal, psicológica, es una amplia gama de situaciones que se han presentado”.
Firman el convenio la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes, el secretario ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ortiz, y las representantes legales de las asociaciones civiles, las feministas Olimpia Jaimes López y Leticia Burgos Ochoa.
Luz Fabiola Matildes celebró “un año más” de alianza entre las organizaciones feministas y el IEPC, resaltó que el objetivo del convenio es propiciar condiciones de igualdad de género y otorgar a las mujeres herramientas de acción e intervención social; añadió que el convenio “da vida” a la XII generación del diplomado, mismo que ha dado resultados.
Manifestó que el IEPC está comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad y la erradicación de la violencia política en razón de género.

Redacción

Chilpancingo

En la presentación de un informe sobre los avances de la Tarjeta Violeta, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que son cifras que no se habían dado en la historia, y llamó a no normalizar la violencia, depresión y ansiedad, porque un estudio indica que siete de cada diez mujeres presentan algún síntoma de las dos últimas.
En una transmisión en Facebook, acentuó que del 2023 al 2024 las Unidades de Especialidades Médicas-Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (UNEME-CECOSAMA), registraron un aumento de atenciones del 98.29 por ciento, como parte de la atención integral del programa social.
Convocó a las beneficiarias a tomar terapia, a asistir a todas las sesiones, así como a los talleres y capacitaciones, a no tomarlo como una obligación ni postergarlas, y reconoció a quienes se atrevieron a romper un ciclo de violencia, a volver a empezar y pedir ayuda.
Destacó la importancia de la salud emocional y mental, que hoy se está atendiendo lo que antes era invisible, la ansiedad, depresión y violencia, porque hay que estar bien física, mental y sicológicamente porque las personas más importantes deben ser ellas mismas para poder brindar el amor y apoyo que necesitan sus hijos.
La gobernadora reiteró que es un programa integral insignia de su gobierno, único en su tipo y va más allá del apoyo económico (de dos mil pesos bimestrales) al incluir el ámbito familiar, sicológico, académico y laboral, con historias de superación y nuevas oportunidades para las jefas de familia, que son políticas públicas que son herramientas y puentes para que puedan transformar sus vidas.
“Podemos decir que este estado está teniendo este modelo que tiene un éxito impresionante, tenemos la Alerta Violeta con un 94 por ciento de efectividad en la localización de mujeres y niñas, tenemos el Transporte Violeta”, y aseguró que después se anunciará otro apoyo con una Tarjeta Dorada de la que no se dieron más detalles.
Más de 20 mil 450 beneficiarias de 24 municipios

En su intervención, el secretario del Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, expresó que el programa es parte del compromiso de la gobernadora de hacer de Guerrero un santuario para las mujeres. Este año hay más de 20 mil 450 beneficiarias en 24 municipios, unos con Alerta por Violencia de Género y otros donde históricamente se han vulnerado los derechos de las niñas, adolescentes y adultas. Dijo que la cantidad de bajas ha sido “muy insignificativa (sic)”, con menos de 500.
Añadió que Salgado Pineda ha dado un apoyo integral en la Montaña, en Metatlónoc, Alcozauca, Tlapa, Cochoapa “atendiendo justamente a las mujeres que han tenido violencia por alguna razón o han sido abandonadas en diversos casos o violentadas y que este programa les ha ayudado a salir adelante”.
Indicó que hay una inversión histórica de más de 172 millones de pesos, que más de 800 mujeres han aprendido a leer y a escribir, más de mil 200 han concluido la primaria, casi mil 800 la secundaria, y mil 638 la educación media-superior o superior, que nunca se había tenido un precedente con esta magnitud en el estado, y este año se sumarán más.
También se ha ampliado el impacto en la política social con 8 mil 295 mujeres atendidas este año por el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, de las cuales 3 mil 904, el 47 por ciento son beneficiarias de la Tarjeta Violeta.
En capacitación para la vida y el trabajo, destacó que 11 mil 400 han aprendido oficios útiles, más de mil ya están en un proceso de colocación laboral formal y sus familias podrán cubrir sus necesidades básicas, sin depender de nadie para sostener su hogar.
“No puede haber bienestar ni salud emocional si no hay un proyecto de análisis previo y de poderlas catapultar para que las mujeres puedan salir adelante”, al mencionar el test de salud mental que la gobernadora pidió para todas las beneficiarias, y que de 2024 a 2025 se han facilitado más de 23 mil consultas sicológicas y más de mil 600 mujeres necesitaban de forma urgente la atención y seguimiento.
Afirmó que del 2023 al 2025, después de la implementación de la Tarjeta Violeta, las intervenciones psicológicas de las UNEME-CECOSAMA han aumentado un 134 por ciento, y es un dato histórico en lo que va de la administración porque más personas y familias se han acercado; también dan atención a sus hijos que han sido violentados.

Alejandro Guerrero

Iguala

El periodista Ricardo Almazán Salgado denunció durante la transmisión en vivo de su noticiero en la televisora local 12 Noticias, que recibió una amenaza mediante un mensaje de texto en el que le advierten que lo ocurrido a los hermanos Emmanuel y Eduardo Rueda, detenidos la semana pasada y luego liberados por el presunto delito de extorsión, “no es nada a lo que te va a pasar a ti”, hecho por el que responsabilizó al alcalde Erik Catalán Rendón.
En el programa que se transmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, que se enlaza en distintas plataformas digitales de radio, y páginas de Facebook, casi a la mitad Almazán Salgado compartió con su público el mensaje que recibió desde un número con lada de Iguala (733).
“Lo que le pasó a los pendejos hermanos, no es nada a lo que te va a pasar a ti”, decía el mensaje que leyó y mostró el reportero, luego de que poco antes había hecho comentarios de la detención ocurrida el martes de la semana pasada a los hermanos Rueda, al salir del Palacio Municipal.
Advirtió: “Si algo me pasa a mí o a mi familia, Erik Catalán Rendón es el que está haciendo todo eso con los medios de comunicación y absolutamente nadie, ni el gobierno federal o estatal, nadie ha podido ponerle un alto; estamos cansados de vivir con esta incertidumbre, hasta que no esté uno muerto van a decir tenían razón”.
Al minuto 25 de su programa Almazán Salgado hizo breve referencia al reportero Emmanuel Rueda, de la página Many Informa, en el que reprochó la falta de apoyo de dueños de otras plataformas para las que trabajaba durante su detención junto a su hermano.
Al regresar de presentar una noticia local, en el minuto 37 del programa Ricardo Almazán mostró el mensaje que le había llegado del número de teléfono 7331003282.
En la transmisión en vivo, donde se le vio nervioso y hasta molesto, cuestionó la pasividad de las autoridades y advirtió: “No sé si saliendo de aquí me va a pasar algo, porque era lo que yo le comentaba a las autoridades que hasta que no maten a uno van a estar ustedes con que ‘¡ah tenían razón los perio-distas!’”, dijo de las acusaciones contra el alcalde Catalán Rendón (Morena-PVEM-PT), de estar detrás de ataques contra reporteros que no son afines a su gobierno.
Reclamó que nadie, desde la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, hace nada en medio de esta serie de denuncias, y después cuestionó; ¿Qué pasa gobernadora Evelyn Salgado Pineda? ¿Qué pasa Claudia Sheinbaum Pardo presidenta de México?”.
Tras señalar que los periodistas en Iguala están solos, preguntó; “¿Con qué descaro me amenazan durante mi programa, con qué descaro me dicen que lo que les pasó a ellos no se compara con lo que me va a pasar a mí?”.  En esa transmisión afirmó que a los hermanos Rueda González los golpearon y a uno de ellos “lo torturaron”.
Almazán Salgado consideró que las amenazas no vienen del crimen organizado, “saben perfectamente quién está haciendo todo esto y el gobierno no hace nada”, dijo el periodista en referencia a los gobiernos estatal y federal.
A las 3:05 de la tarde ya fuera del aire, en su cuenta personal de Facebook informó que reportó la amenaza a los mecanismos estatal y federal de Protección a Periodistas, así como a Derechos Humanos.
Ricardo Almazán ha sido uno de los reporteros confrontados con el alcalde desde el inicio de su gobierno, y lo responsabilizó de estar detrás de su despido de otra televisora local donde era titular de uno de sus noticieros.

Manuel Martínez Santamaría

Chicago

En Washington se presentó un plan para otorgar una especie de permiso a indocumentados que llevan al menos 5 años en Estados Unidos y que no cuentan con antecedentes penales. Se trata del plan Dignidad un proyecto de ley bipartidista presentado por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar y ya cuentan con el respaldo de 20 legisladores de los partidos Republicano y Demócrata.
Según la republicana Salazar de origen cubano quien representa a residentes de la Florida, los beneficiarios no recibirían amnistía y ni un camino a la residencia o un camino directo a la ciudanía, pero podrían quedarse en el país sin ser deportados a cambio de pagar una multa de unos 7 mil dólares por un periodo de siete años y tendrían permiso para viajar a sus países de origen y poder regresar legalmente a Estados Unidos.
En un mensaje directo al presidente Donald Trump le dijo que el mismo Dios que lo salvó el año pasado en Pensilvania cuando estuvo a punto de ser asesinado de un balazo y que lo puso en la oficina Oval contra todo pronóstico es el mismo Dios al que millones de indocumentados imploran para tener dignidad y no amnistía en este país y afirmo: “señor presidente Trump, usted puede ser para los inmigrantes lo que Lincoln fue para los esclavos y lo que Reagan fue para el comunismo, usted es un hombre de negocios que entiende que nuestra economía necesita de una fuerza laboral confiable donde otros estadunidenses no quieren participar, usted paró a Irán en seco y evitó que China siguiera robándose nuestros empleos y le quitó el oxígeno a Maduro y creo que ha sido llamado para esto, para solucionar este problema que lleva 40 años con una sola firma, la suya. La dignidad humana es una de los siete pilares del conservadurismo en este país, por eso, señor presidente, el ojo de la historia está sobre nosotros y algunos de los momentos más vergonzosos en la historia de Estados Unidos, se relacionan con la forma en la que Estados Unidos ha tratado a inmigrantes indocumentados en el pasado y que ese momento se vive ahora mismo, si nos equivocamos las generaciones futuras pagarán el precio de la vergüenza, pero si lo hacemos bien, Estados Unidos seguirá lidereando el camino de la libertad y usted habrá sido el comandante en jefe de ese momento, la decisión está en sus manos que Dios lo guíe”.
Escobar dijo por su parte que reconoce que el proyecto no tiene lo que ella quisiera, pero es un punto medio de acuerdo entre legisladores de ambos partidos.
Los únicos grupos que tendrían posibilidad de obtener una residencia permanente serían las personas que se encuentran bajo el programa de DACA, los dreamers o soñadores, jóvenes que fueron traídos por sus padres cuando eran muy niños o los tps, siempre y cuando hayan conservado su estatus y no cuenten con problemas legales desde el tiempo en que entraron al país.
Dos reconocidos líderes guerrerenses en Chicago: Erasmo Salgado y la joven Daca, Karla Rodríguez, originaria de Iguala de la Independencia, opinaron sobre la propuesta a la que ya se han sumado 20 congresistas republicanos y demócratas.
María Elvira Salazar, Mike Lawler, Davis Valadao, Dan Newhouse, Mike Kelly, Brian Fritpatrick, Gobe Evans, Marlin Stuzman, Dan Bacon y Young Kim por los republicanos y por los demócratas Verónica Escobar por el distrito 16 de Texas, Adriano Espaillat, Hillary Scholen, Susie Lee, Adam Gray, Salud Carbajal de California, Mike Levin, Nikki Buzinski, Laura Guillén de Nueva York y Jake Auchincloss.
El coordinador general de Clubes Unidos Guerrerenses, Erasmo Salgado, dijo: “no es una residencia, no es camino a la ciudadanía, pero se propone como una solución, como una alternativa ante las redadas y vejaciones que viven muchos indocumentados y ante miedo y temor de más separaciones, ante los arrestos por el perfil racial y podría ser la solución a esta terrible crisis migratoria que se vive en el país”.
Karla Rodríguez lleva viviendo con DACA, el programa de acción diferida, desde que se empezó a implementar en junio de 2012, por medio de un memorándum firmado por la secretaria de Seguridad Nacional Janeth Napolitano, bajo la administración de Barak Obama.
En su opinión la propuesta de Elvira Salazar, vendría a calmar temporalmente los múltiples problemas que enfrentan los indocumentados y sobre todo se solucionaría el problema de los Dreamers, ya que son una importante fuerza laboral para el país, muchos de ellos ya son profesionales como maestros, arquitectos, abogados y no creo que Estados Unidos, se quiera dar el lujo de deportar a todos estos jóvenes que se han educado en las universidades norteamericanas”.
Agregó “Ya hemos pasado muchos problemas en el país y realmente la mayoría de las personas que estamos bajo ese programa no conocemos el diario vivir de donde son originarios nuestros padres, seríamos unos extraños en la tierra de donde son nuestros padres pero donde nosotros no crecimos ni conocemos”, concluyó la soñadora Karla Rodríguez.