El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, declaró que son dos los estudiantes que están desaparecidos; no dio muchos detalles, pero indicó que un caso se trata de un joven, al que parece que “un grupo lo quiere en sus filas”.
Aseguró que no dejarán la gestión, para que las autoridades encargadas de seguridad pública los tomen en cuenta en sus protocolos y acciones de vigilancia.
Luego de asistir al cambio de la mesa directiva de la asociación civil Grupo Aca, dijo sobre la toma de oficinas de la Coordinación Zona Sur en Acapulco, por agremiados al STTAISUAG, que “no vamos a echar al hoyo a la universidad por interés de algunos”.
A pregunta sobre el caso del estudiante de preparatoria desaparecido en Chilpancingo, el rector respondió que platicó con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), “están dándole seguimiento, necesito entrevistarme con los papás, para ver como va el asunto”.
Detalló que hay datos de que según estaba ubicado “en ese caso guardaremos prudencia”. Dio a conocer que “tenemos otro caso, de otro joven que está desaparecido. No quiero meterlo en complicaciones o en problemas, porque parece que un grupo lo quiere incluir en sus filas”.
Saldaña Almazán precisó que los guerrerenses deben poner de su parte para el autocuidado, “después exponer a las autoridades lo que está pasando, para que ellos en su protocolo, su estrategia de seguridad que dan a población, nos tomen en cuenta”.
Afirmó que la UAG no bajará la guardia para que exista estabilidad en todos los universitarios y guerrerenses, porque recordó que antes los problemas ocurrían adentro de las escuelas, hoy los problemas son afuera y se requiere de seguridad.
Del paro de trabajadores agremiados al STTAISUAG, declaró que revisará ese caso, que se reuniría con el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano, para revisar las demandas que “no son cosas que violen el contrato, el cual está en revisión”.
El rector aseguró que no habrá ninguna contratación hasta que se resuelva el problema financiero para el pago de salarios, “no vamos a echar a la universidad al hoyo por intereses de unos cuantos, el acuerdo con los sindicatos es que una vez que haya espacios para contratar, se irá cubriendo, mientras nos hace falta nombrar a funcionarios”.
“No hay ninguna contratación mientras no se resuelva el tema del financiamiento para el pago de salarios, no hay ninguna contratación, no se ha contratado a nadie y no vamos hacerlo”, puntualizó el rector Saldaña Almazán.

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), pararon labores y tomaron la Coordinación de la Zona Sur, para exigir la entrega de plazas para sus hijos.
A las 7 de la mañana instalaron unas cartulinas de diferentes colores, con mensajes como “exigimos respeto a los derechos laborales de cada uno de los trabajadores” y “equipos y materiales necesarios para desempeñar sus labores”; además de impugnaciones hechas por haber trabajadores contratados de manera unilateral, sin permitir que trabajadores de base propongan a sus familiares.
También pidieron una revisión de la estructura funcional de cada coordinación, para encontrar de áreas que competen a las funciones que desarrolla el STTAISUAG, retiro de personal externo contratado, como vigilantes particulares, en esa coordinación de la Zona Sur.
En declaraciones, la delegada sindical Patricia Carranza Trujillo declaró que el sindicato y la Rectoría tienen conocimiento de las demandas, “hasta el difunto rector (Ascencio Villegas) Arrizón tenía conocimiento, pero nunca arregló nada”.
Detalló que en la delegación sindical de la coordinación hay 14 trabajadores, la petición a Rectoría es que le den el mismo número de plazas para sus hijos, porque los beneficiados con plazas son los “amigos del rector y los jefes que llegaron”.
“Estamos en paro porque no hemos tenido el beneficio de proponer a un familiar nuestro para que trabaje en la universidad, todos los que estamos aquí en esta delegación de la Coordinación Zona Sur, esperamos que el rector nos entregue plazas que fueron habitadas por personal de confianza y que son funciones del STTAISUAG”, dijo.
Agregó que los trabajadores de confianza son los que han hecho las propuestas de nuevos ingresos, “para ellos sí hay presupuesto, sí hay dinero para pagar personal que no contrató el sindicato, que no son nuestros familiares y ya están aquí”.
La delegada sindical declaró: “A nosotros no nos han tomado en cuenta ninguna de nuestras propuestas, desde hace más de 20 y 30 años, yo tengo 45 y no he metido a mi hijo ni a nadie, y soy la más antigua de toda la universidad”.
Explicó que ha tenido dificultad para que su hijo o un familiar ingrese a la universidad, porque “hemos sido prudentes con nuestros líderes sindicales, esperamos que negocien, y tengamos esa oportunidad, pero nosotros vemos entrar y salir mucha gente de todo tipo, todos con sueldazo, cuando un intendente no gana ni la quinta parte y no vienen a trabajar”.
Por la tarde, una comisión de los trabajadores sindicalizados se reunió con el coordinador de Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, quien se comprometió con los empelados a que una comisión laboral revisará caso por caso.
De acuerdo con información oficial de la Zona Sur, los trabajadores dijeron que analizarían la propuesta de la administración antes de firmar la minuta de acuerdos.

 

Unos 50 padres de familia y maestros de la primaria Vicente Guerrero, de la colonia Insurgentes de esta ciudad, se inconformaron por la mañana y bloquearon por unos 45 minutos el acceso a las instalaciones de la delegación regional de los servicios educativos, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), de la zona Norte, para exigir la reposición de dos profesores que faltan para tercer grado.
A las 9:50 de la mañana, los padres de familia y profesores, encabezados por el director de la escuela, Vicente Medina Bahena, se presentaron en la sede de las oficinas regionales de la SEG y se plantaron en el acceso principal, impidiendo la entrada de trabajadores y profesores que iban a realizar algún trámite.
Media hora después, los padres y profesores ingresaron a las instalaciones para tener una reunión con la delegada regional de la SEG, Norma Angélica Domínguez Martínez.
Los padres le exigieron la reposición de dos profesores para tercer grado, luego de la jubilación de sus titulares. Además, anticiparon que para este mes una profesora de cuarto grado también hará su trámite de jubilación.
Tras la reunión, que concluyó minutos antes de las 11 de la mañana, la delegada regional Domínguez Martínez se comprometió con los padres y profesores a que el lunes próximo enviaría los dos docentes faltantes, por lo que dieron por concluida la protesta.
Debido a esta protesta, fueron suspendidas las clases en la primaria Vicente Guerrero, en el turno matutino, y se informó que para este día tendrán actividades normales.

El coordinador regional de los Servicios Educativos, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Fernando Leyva Sotelo, se reunió con los padres de la primaria José María Morelos, turno matutino, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, con quienes se comprometió a que para la semana próxima estarán en ese plantel los maestros que hacen faltan.
Así mismo, se designó a una maestra como directora encargada mientras llega un nuevo director.
En la edición de este miércoles, se dio a conocer que padres de familia denunciaron que desde hacía dos meses no había un director a cargo de la mencionada escuela y, además, hacían falta cinco maestros frente a grupo.
Por la mañana, Leyva Sotelo se reunió en privado con los padres de familia en la escuela; al término, informó que hacen falta sólo tres maestros “no cinco, como lo dijeron los papás”, y que se comprometió con ellos que a más tardar la semana próxima ya estarán los nuevos maestros frente a grupo.
De igual forma, manifestó que durante la reunión se comisionó a una maestra de la propia escuela, para que haga las funciones de director, “se está buscando la manera de asignarles un director efectivo, de acuerdo con cambios internos o cambios de zona que se puedan dar en cierto tiempo. Por lo pronto, la dirección estará a cargo de la maestra Yahaira Méndez, que es personal de ahí mismo de la escuela”.
“Ya fuimos, ya intervenimos y platicamos con los padres, hicimos ese compromiso de mandarles los tres maestros y que por lo pronto, la maestra esté al frente de la escuela atendiendo las funciones directivas. Quedamos en muy buen acuerdo, la próxima semana, el miércoles a más tardar, estarán ahí los maestros que les hacen falta, que son tres y no cinco”.

Maestros, avalados por padres de familia, del Centro de Atención Múltiple (CAM) 60 pararon labores para exigir a las autoridades educativas que terminen la obra de electrificación que hicieron en el plantel y quedó inconclusa, por lo que desde agosto no tiene energía eléctrica en el edificio.
También los padres de familia denunciaron que la regidora del PT, Alma Juárez Altamirano, ofreció obras por 1 millón de pesos para los CAM 60, 61 y 62, a cambio de la donación de un área que ocupan los estudiantes para la siembra y como área verde.
Los maestros del CAM 60 pararon labores desde el lunes, porque llegaron a dar clases y el edificio sigue sin energía eléctrica, donde estudian 42 alumnos, distribuidos en cuatro talleres, y laboran 14 docentes.
El Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) invirtió en la colocación de la herrería de algunas ventanas, la instalación y estación eléctrica, obra que se terminó en julio. Sin embargo, cuando inició el ciclo escolar en agosto, los edificios de los CAM 60, 61 y 62 se encontraban sin energía eléctrica debido a la obra.
La falta de energía en el edificio del CAM 60 está afectando el desarrollo de las actividades diarias, debido a que en los talleres de cocina, carpintería y jardinería se requiere electricidad para el uso de aparatos.
Incluso por la falta de electricidad, en ese plantel de educación especial se tiene que acarrear el agua, debido a que ésta se bombea para suministrar los baños y otras áreas.
La madre de familia, María del Carmen de la Cruz Molina, expuso que no les explican cuál es el problema con la energía eléctrica, mientras que en los talleres no tienen actividades.
También denunció que la regidora Alma Juárez hizo un acuerdo con los directores de los CAM 60, del 61 y del 62 de hacer obras por un millón de pesos, a cambio de un terreno de la escuela.
Consideró que no se vale que un gestor, como es un regidor, pida a cambio un terreno por una obra que ofreció.
Por su parte, el director del CAM 60, Francisco Alegría Román, explicó que el cableado y parte de la instalación fue robada y por eso es el retraso, porque tuvo que pedir la recuperación del presupuesto para terminar el proyecto. De la denuncia respecto al terreno que está solicitando la regidora, el director dijo que era para la construcción de unas oficinas, que los padres y docentes se negaron a firmar para la donación.

Alrededor de 160 alumnos se quedaron sin clases en un jardín de niños de Chilapa, por un conflicto entre docentes y la directora.
Por la mañana, de acuerdo con relatos de padres, en el portón principal de la escuela fue colocado un candado, lo que no permitió la entrada del personal, alumnos ni padres de familia.
En el tercer día de la reanudación de clases, ni el grupo de maestros que solicitó el pasado diciembre una auditoría a la directora del plantel, Elvira Vargas Jaimes, representado por la maestra Dora Nelly Pintor; ni la misma directora, se responsabilizaron de cerrar la escuela.
La supervisora de la zona 147, a la que pertenece el jardín, Leticia Acevedo Sánchez, se limitó a decir que daría parte a la delegación regional de servicios educativos, que encabeza Jerónimo Maurilio Morales.
En tanto, la directora rehuyó a los reporteros diciendo que daría una entrevista “otro día”.
Los padres de familia tuvieron que regresar a sus niños, con la incertidumbre de cuándo regresarán a las aulas. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

 

Ante los índices de rezago educativo, más de 9 mil estudiantes de nivel superior son becados por el Programa de Inclusión Social (Prospera), como una medida para garantizar su permanencia en las instituciones.
De acuerdo con estudios que hizo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los alumnos de Guerrero han obtenido niveles negativos, bajos, en cuanto a aprendizajes en Lenguaje y Matemáticas, mientras que el estado destaca por obtener los niveles más altos en rezago educativo en el país, que han disminuido en los últimos años pero no lo suficiente como para no figurar entre las entidades federativas con menor aprovechamiento y calidad educativa.
Según el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se sirve de distintos programas de becas para motivar a los estudiantes a mejorar sus niveles de aprendizaje y reducir los índices de rezago. Prospera es el que más alumnos beca en el estado.
Consultado en su oficina en la capital, el delegado de Prospera, José Antonio Abad Mena, explicó que el programa no entrega becas de manera específica a estudiantes, sino a familias completas de todas las regiones del estado, que no cuentan con los recursos necesarios para subsistir. Los hijos de estas familias, en edad escolar, son lo que pueden acceder a las becas para continuar sus estudios.
En el caso del nivel superior, este es el segundo ciclo escolar que Prospera otorga becas a estudiantes de 63 universidades públicas del estado, mediante el programa Inicia tu carrera. En primer año, 5 mil 356 estudiantes recibirán 11 mil pesos, mientras que 3 mil 851 de segundo año, recibirán 11 mil 960 pesos, por el periodo de septiembre de 2017 a agosto de 2018, que serán depositados en una cuenta de Bansefi, a nombre de los beneficiarios en dos emisiones.
Los recursos requeridos para pagar las becas de los 9 mil 207 estudiantes de nivel superior son 103 millones 587 mil 600 pesos, que aporta el gobierno federal en su totalidad, el gobierno estatal sólo apoya a Prospera con la vinculación y organización.
Abad Mena resaltó que el número de becas para estudiantes de nivel superior incrementó en el actual ciclo escolar, 2017-2018, pues en el ciclo 2016-2017 sólo se becó a alumnos de primer año.
Resaltó que a los estudiantes no se les solicita un promedio mínimo o máximo para conservar la beca, sólo deben tener “buenas calificaciones” que les permitan acreditar el año escolar y asistir a las pláticas bimestrales de orientación, que imparte Prospera.
Informó que Prospera apoya a 2 millones 300 mil habitantes, que representan más del 50 por ciento de la población total del estado, para puedan acceder a los servicios de salud y educación.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, solicitó una ampliación del término constitucional para presentar pruebas a favor del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, y de otros 24 detenidos, quienes están acusados del delito de homicidio de seis personas.
En tanto, de los otros seis detenidos y enviados a la delegación de la PGR se determinó dejarlos en libertad, pero bajo investigación y no podrán salir del municipio porque tienen que ir a firmar su libertad condicional, informó el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia. A los seis policías comunitarios se les sigue un proceso por portación de arma de fuego sin licencia.
En declaraciones por teléfono, el director general de Tlachinollan, Barrera Hernández, y el abogado Vidulfo Rosales, explicaron que la juez de control determinó prisión preventiva a los 25 detenidos, todos integrantes del Cecop y algunos de ellos policías comunitarios, así como dos que estaban en proceso de reeducación, independientes de los siete que ya fueron puestos en libertad.
En la audiencia, que comenzó a las 10:30 de la noche y terminó ayer a la 2:30 de la madrugada, fueron notificados los seis integrantes del Cecop que se encuentran presos en Las Cruces, así como los 19 presentados por la Fiscalía, todos por el delito de homicidio, y la defensa solicitó un plazo de 144 horas para presentar pruebas, mismo que termina el lunes cuando se cite a una segunda audiencia donde se determinará si se les vincula a proceso.
Vidulfo Rosales informó que la juez determinó prisión preventiva para los policías comunitarios en el penal de Las Cruces, pero separados del resto de la población.
Indicó que ocho de los detenidos, entre ellos el vocero del Cecop, denunciaron a la juez que fueron torturados y por ello ésta ordenó una investigación y solicitó a la juez de ejecución ser vigilante de la situación psicológica de los detenidos torturados, entre ellos dos de los tres adultos mayores de 75, 77 y 85 años de edad.
Mientras Barrera Hernández señaló que es “poco responsable” la postura del gobierno del estado en un comunicado que emitió, en el que juzga y señala la culpabilidad del vocero del Cecop y su hermano del asesinato de seis personas en el primer enfrentamiento.
“El comunicado no ayuda sino que enturbia el caso y hace juicios sumarios sin respetar el debido proceso, y esos nos preocupa, esa misma declaración que hacen las autoridades, suplantan al Poder Judicial que es el responsable de investigar a los presuntos responsables de estos hechos”, expresó.
Recriminó que el gobierno “asume hechos consumados”, cuando no se garantizó el derecho a una defensa adecuada a los detenidos, pues fueron incomunicados, golpeados y torturados “ y bueno, eso demuestra que hay un proceso viciado”.
Barrera Hernández lamentó que el gobierno no fija una postura sobre los hechos en el sentido de que la Policía Estatal asesinó a tres policías comunitarios, “ha hecho mutis del uso de la fuerza letal”.
Agregó que los familiares de los detenidos son los que pueden dar mejor testimonio que lo que se señala en el boletín: “es una versión falsa y no ayuda”.
Recordó que las autoridades reaccionaron y atendieron a las familias una vez que éstas protestaron.
El defensor sostuvo que durante el desarme los policías estatales utilizaron sus armas de fuego “para ejecutar a personas que ya estaban sometidas y que eran un número menor a las fuerzas del estado. Es lamentable que quieran justificar sus actuaciones que no se apegan al debido proceso y emitan juicios”.
Barrera Hernández expresó que “vemos una estrategia de colocar el problema de la Policía Comunitaria como si realmente ellos fueran los que han causado la inseguridad y la violencia, cuando los grupos han surgido ante la inoperancia y olvido de las autoridades de las comunidades de dar seguridad e impartir justicia”.

Los comunitarios fueron ejecutados

El director de Tlachinollan informó que según testimonios de mujeres y vecinos de la comunidad de La Concepción, el domingo pasado dos policías comunitarios fueron ejecutados pese a que estaban rendidos, incluso estaban hincados y con las manos en la nuca.
Según los testimonios recopilados el martes en esa comunidad y en Aguacaliente, dos de los tres policías estaban desarmados y rendidos y pese a ello fueron ejecutados por los policías del estado. “Ahí es donde vemos que hay un patrón que nos muestra la ejecución de estos policías comunitarios por parte de la Policía del Estado, se tiene que investigar todo esto, es preocupante lo que informa la gente”.

 

En una jornada violenta, tres hombres fueron ejecutados a balazos, tres hombres resultaron heridos durante una balacera en el bulevar Vicente Guerrero, y una mujer asesinada fue hallada en una fosa clandestina.
El hallazgo del cadáver de una mujer, en una fosa clandestina ubicada en un terreno baldío de la colonia Venustiano Carranza, en la zona poniente, se reportó a las autoridades por la mañana y por la tarde se confirmó al exhumarse el cuerpo.
Según fuentes de Seguridad, el cuerpo de la mujer estaba enterrado a un metro de profundidad.
Según los peritos que hicieron las excavaciones y extrajeron los restos humanos, éstos tenían unos 6 meses allí.
La víctima vestía un pantalón de licra negro y ropa interior morada.
Los restos fueron enviados al Servicio Médico Forense.
A las 10 de la noche, las autoridades policiacas recibieron el reporte de que un hombre había sido herido a balazos adentro de un camión urbano de la ruta Costera, en la Costera y esquina con Gabriel Avilés.
Minutos después la víctima, que era el chofer del camión urbano, falleció. Este hecho se da a pesar de los recorridos de vigilancia de militares y policías federales en la zona.
Media hora más tarde se reportó el asesinato de un mecánico en la calle Vicente Guerrero, de la colonia 20 de Noviembre, en la parte alta. Según fuentes de Seguridad, el cuerpo fue recogido por familiares y trasladado a su casa.
En otro hecho, a las 8 de la noche, en la avenida Jardín Mangos de la colonia Jardín Magos, al poniente, un joven de unos 20 años de edad fue asesinado a balazos.
En el lugar las autoridades encontraron al menos 20 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La víctima vestía una bermuda verde y una playera tipo Polo blanca.
Suman 24 muertos en 10 días, de acuerdo con el recuento de El Sur.

Se enfrentan civiles armados en el bulevar Vicente Guerrero

En otro caso, una balacera entre civiles armados, que después dispararon contra policías del estado, dejó tres hombres heridos en el bulevar Vicente Guerrero, en el fraccionamiento Libertadores.
El hecho se registró a las 1:20 de la tarde sobre la lateral del transitado bulevar, en el sentido al centro y frente a la terminal de transferencia del Acabús, en un hora pico.
De acuerdo con testigos, en un primer momento civiles armados se enfrentaron a balazos y al llegar los policías del estado les dispararon a éstos. Durante el tiroteo hubo tres heridos y un hombre logró escapar.
Al lugar llegaron familiares de los heridos, quienes fueron identificados como José Antonio, de 24 años de edad, quien recibió un impacto en el tórax y un rozón de bala en la frente, y a quien se le encontró un arma calibre 45.
Otro es Fernando, de 26 años, que presentó una herida de bala en el brazo izquierdo; y José Daniel, de 31 años, que tenía tres heridas, una en el brazo derecho y en ambas piernas, y se le decomisó otra arma calibre 45. En el lugar de los hechos fue localizado un automóvil Tsuru blanco que fue puesto a disposición de las autoridades.
Personal de la Cruz Roja trasladó a los heridos al Hospital General.
La balacera causó que negocios aledaños, como una farmacia, una mueblería y el Centro de Estudios Técnicos en Computación (CETEC), bajaran las cortinas.

 

Integrantes de la presidencia y consejo de vigilancia del Comisariado de los Bienes Comunales y comisarios municipales exigieron que no se deje en libertad al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, su hermano y los policías comunitarios detenidos por los hechos del pasado domingo en la comunidad de La Concepción.
Pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que envíe un “destacamiento” de la Policía Estatal para la seguridad de las comunidades, así se escuchó de varios de los asistentes en un audio compartido a El Sur.
En conferencia de prensa en una casa en la comunidad de Amatillo, acompañado de unas 20 personas, entre comisarios y pobladores de diferentes comunidades, el presidente impugnado del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Juan Flores Palma, manifestó que espera que con la detención de Suástegui Muñoz se marque un nuevo rumbo para las 47 comunidades.
Dijo que le da tristeza el hecho sangriento del domingo y pidió, a quien corresponda, que “se castigue a quien tenga que castigarse, que se aplique la ley a esa gente que intervino, que no dejen en libertad a los verdaderos culpables”.
También solicitó a las organizaciones que apoyan al vocero del Cecop, a su hermano Vicente y a integrantes de la Policía Comunitaria que no lo hagan, “porque esa persona ha hecho mucho daño”.
A las autoridades les demandó que se aplique la ley, que no se puede cambiar lo que pasó, no se puedem buscar culpables porque no se intervino antes para evitar las muertes, y lo que se debe de hacer es salir adelante.
El presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mauricio Velarde Hernández, recordó que el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, no permitió que se realizaran las elecciones para comisariado hace siete años.
“Él siempre provocaba los conflictos, es el único que ha cometido las agresiones, el único responsable de las muertes que han sucedido en los 47 pueblos, él y Vicente (su hermano) y su grupo armado que tiene porque no son policías comunitarios, todos en los Bienes Comunales lo sabemos, que son una bola de delincuentes que traen Marco Antonio y su hermano”, señaló.
Pidió a las organizaciones de Derechos Humanos que no sólo tomen en cuenta la versión de Marco Antonio Suástegui sino que también se pregunte a la gente de las comunidades lo que está pasando, así como a los comisarios y delegados municipales.
“Le pido al gobernador que actúe y no los deje salir”, dijo en referencia a quienes fueron detenidos el domingo por policías estatales y están actualmente acusados de homicidio calificado por la muerte de seis pobladores de La Concepción.
El comisario municipal de La Concepción, Alejandro Melchor León, reiteró en su señalamiento que los policías comunitarios se autonombraron, que no tienen el aval del pueblo porque “son delincuentes, asesinos, mañosos, gente que no estaba limpia, todo aquel que tenía problemas de delitos ahí venía a refugiarse con él, porque ahí estaban seguros hasta del gobierno”.

Responsabilizó a Suástegui Muñoz como “el cabecilla de todo y de todos los problemas” que ha habido en la comunidad, y reprochó que si hubiera formado una policía organizada, con estudios, no hubiera pasado lo del domingo.
También pidió al gobernador que instale un destacamiento de policías estatales y que se haga recorrido por el pueblo para que vuelva a la tranquilidad.
Agradeció al gobierno estatal el actuar contra la Policía Comunitaria, Marco Antonio y su hermano Vicente, “por fin abrió los ojos de lo que los campesinos de los Bienes Comunales nos quejábamos, qué bueno que ya vio la bola de lacras que estaba refugiando ese amigo”.
De la comunidad de Parotillas, Mauro Gallegos Salgado expuso que estuvieron advirtiendo al gobernador de lo que pasaba en la comunidad y por eso pidieron en diferentes escritos la intervención de las fuerzas armadas.
Aunque agradeció la intervención de la Policía Estatal, reprochó al gobernador que fue tardía. “Sin embargo vamos a agradecerle sinceramente que no permita la libertad de este individuo porque ha causado bastantes muertes, que no suelten a ese perro rabioso porque va a ser lo mismo o más, peor ahora”, dijo en referencia al vocero del Cecop.
Los integrantes del Comisariado de los Bienes Comunales y comisarios municipales solicitaron una audiencia con Astudillo Flores.

Responsabilizó a Suástegui Muñoz como “el cabecilla de todo y de todos los problemas” que ha habido en la comunidad, y reprochó que si hubiera formado una policía organizada, con estudios, no hubiera pasado lo del domingo.
También pidió al gobernador que instale un destacamiento de policías estatales y que se haga recorrido por el pueblo para que vuelva a la tranquilidad.
Agradeció al gobierno estatal el actuar contra la Policía Comunitaria, Marco Antonio y su hermano Vicente, “por fin abrió los ojos de lo que los campesinos de los Bienes Comunales nos quejábamos, qué bueno que ya vio la bola de lacras que estaba refugiando ese amigo”.
De la comunidad de Parotillas, Mauro Gallegos Salgado expuso que estuvieron advirtiendo al gobernador de lo que pasaba en la comunidad y por eso pidieron en diferentes escritos la intervención de las fuerzas armadas.
Aunque agradeció la intervención de la Policía Estatal, reprochó al gobernador que fue tardía. “Sin embargo vamos a agradecerle sinceramente que no permita la libertad de este individuo porque ha causado bastantes muertes, que no suelten a ese perro rabioso porque va a ser lo mismo o más, peor ahora”, dijo en referencia al vocero del Cecop.
Los integrantes del Comisariado de los Bienes Comunales y comisarios municipales solicitaron una audiencia con Astudillo Flores.