Jacob Morales / Mariana Labastida / Argenis Salmerón

Visitadores del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos Humanos, llegaron a Acapulco para documentar la violación de las garantías y la actuación de las fuerzas de seguridad en el desarme de la Policía Comunitaria de La Concepción, donde fueron asesinados tres efectivos.
A las 12:45 de la tarde llegaron dos representantes de la ONU al penal de Las Cruces con el objetivo de entrevistarse con el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui. El primer contacto que tuvieron con él antes de su audiencia, fue en un momento donde a través de la reja éste le relató al oficial los hechos del pasado domingo antes y durante su detención.
Uno de los oficiales estuvo durante su audiencia y después, con autorización para ingresar al penal, hablaron con Suástegui Muñoz y otros de los seis detenidos.
Al llegar a los juzgados, uno de los oficiales escuchó la versión de una de las comuneras sobre el cateo que hicieron policías estatales a viviendas en la comunidad de Aguacaliente sin presentar una orden, sólo con el argumento de que con la nueva ley eso se podía hacer.
La esposa de Marco Antonio Suástegui le explicó al oficial lo que éste le contó de lo que ocurrió después de su aprehensión, que fue golpeado, que le pidieron disparar un arma y que se negó, y que iba a ser trasladado a Sonora, pero la avioneta no funcionó y por eso lo recluyeron en el penal de Acapulco.
A la 1:30 de la tarde, los visitadores también hablaron  con los reporteros agredidos por los policías estatales el domingo, durante el desarme en La Concepción.
Luego de la protesta de reporteros en la glorieta de La Diana Cazadora, los dos visitadores y el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete, que acompañaban a los enviados de la ONU, escucharon a los fotógrafos, de El Sur, Carlos Alberto Carbajal; de La Jornada, Rubén Santiago, y al reportero de El Sur, Jacob Morales Antonio.
Durante el encuentro, que duró unos 40 minutos, los reporteros señalaron que fueron agredidos e intimidados por los elementos de la fuerza estatal durante la irrupción.
Además mostraron los vídeos y las fotografías captadas durante la acción violenta, donde el fotógrafo independiente Bernardino Hernández Hernández fue severamente golpeado y a quien los policías estatales le robaron dos memorias de sus cámaras luego de amenazarlo.
Así como la agresión sufrida ayer, al intentar cubrir los sepelios de las seis personas en La Concepción.
En declaraciones, Navarrete Magdaleno dijo que hay en curso un expediente integrado el domingo por los hechos ocurridos en La Concepción, y cuyos datos serán analizados para dar una resolución contra las autoridades estatales que haya participado de manera irregular.
A las 3:30 de la tarde, los tres visitadores de la ONU acudieron a la Fiscalía Regional de Acapulco para conocer la situación de los detenidos.
En declaraciones a reporteros, indicaron que tres detenidos están golpeados, uno de ellos incluso torturado, y que van a esperar el resultado de la investigación ministerial.

Mariana Labastida

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue notificado de las órdenes de aprehensión que tenía por haber dejado de ir a firmar cada semana a los juzgados por tres procesos que están en trámite, y por una cuarta acusación se le informó que quedaba en libertad debido a que tiene un amparo.
Aunque por la noche, de la Fiscalía General del Estado se indicó que tanto el vocero del Cecop como los otros cinco detenidos y recluidos en el penal desde el domingo por la noche, están acusados de homicidio calificado por los hechos en la comunidad de La Concepción, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Vicente Suástegui Muñoz, Nemesio Valeriano Moreno y Manuel Everardo Suástegui declararon por los procesos en su contra, por los delitos de despojo y lesiones. Maximino Solís Valeriano y Javier Melchor Santiago declararon el lunes.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, solicitó fianza por los delitos por los que fue detenido Suástegui Muñoz, su hermano y cuatro personas más, montos que esperaba fueran bajos porque consideró que no son delitos graves.
Indicó que esperaba que no se les vinculara con los hechos del domingo en La Concepción, porque cuatro de ellos no pertenecen a la Policía Comunitaria.
En el juzgado cuarto penal se le notificó a Marco Antonio Suástegui sobre las órdenes de aprehensión que tenía porque dejó de acudir semanalmente a firmar, lo que se consideró por las autoridades como una evasión de la justicia.
“Dejó de firmar porque había una nueva fabricación de expediente, no es evadir la justicia, simplemente protegerse”, respondió el abogado de Tlachinollan.
Al vocero del Cecop se le siguen procesos por el delito de despojo en agravio del empresario Humberto Marín; por lesiones agravadas en los hechos ocurridos en Parotillas en abril de 2014, y por lesiones simples, denuncia hecha por el comunero Jacinto Solís. Tiene una cuarta acusación por despojo, por un terreno que la comunidad de Amatillo que decidió fuera panteón y uno de los vecinos reclamó como propio, sin embargo por tener una amparo contra dicha averiguación el juez le dio la libertad.
Por lo otros delitos de los que se le acusa el abogado solicitó fianza, la cual esperaba que el juez la asignara ayer por la tarde, pero no fue así, y en su lugar se le notificó que estaba acusado de la muerte de seis vecinos de La Concepción, el pasado domingo.
Rogelio Téliz explicó que por las tres órdenes de reaprehensión podría lograr la libertad Suástegui Muñoz pagando una fianza, la cual esperaba fueran de monto bajo porque los delitos no son graves.
Y que esperaba que no fuera acusado por algún delito por los hechos del domingo, pues argumentó que Marco Antonio y su hermano Vicente, así como Nemesio Valeriano y Manuel Everardo Suástegui no son parte de la Policía Comunitaria.
“Iba porque todos los domingos hay asambleas. La Policía Comunitaria es decisión de los pueblos y hay coordinadores y consejeros, algunos de ellos están detenidos pero Marco Antonio no pertenece ahí, al llegar la gente le preguntó qué opinan al respecto y después la ejecución extrajudicial”, señaló.
Téliz García recalcó que no se tenía porqué fincarle ningún otro delito a los seis detenidos, e incluso recalco que dos de ellos, Vicente y Javier, estaban procesados por delitos derivados de la impartición de justicia.
Sin embargo por la tarde se supo que en el expediente los seis detenidos e ingresados desde el domingo al penal, fueron también vinculados a los hechos en La Concepción y acusados de homicidio calificado.
Por la noche, Rogelio Téliz expuso que a Vicente Suástegui Muñoz se le puso una fianza de 194 mil 288 pesos; a Nemesio Valeriano Moreno de 27 mil pesos, al igual que a Manuel Everardo Suástegui, los tres por la denuncia hecha en su contra por un hecho que ocurrió en Amatillo, donde un vecino reclamó el terreno que la comunidad decidió que se ocupe como panteón.
A Javier Melchor Santiago, a Maximino Solís Valeriano y a Manuel Everardo se les fijo una fianza de 60 mil pesos, por el delito de lesiones en agravio de Jacinto Solís.

Comuneros opositores al proyecto de La Parota denunciaron que luego del desarme de la Policía Comunitaria, agentes estatales entraron y catearon a unas 20 casas en el poblado de Aguacaliente, donde buscaron armas y preguntaron por el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y por su hermano Vicente.
Ayer, abogados del Centro de Derechos Humanos de la montaña, Tlachinollan, encabezados por su director general Abel Barrera, acudieron a La Concepción y a Aguacaliente, donde recopilaron testimonios de los vecinos, en su mayoría mujeres.
En declaraciones por teléfono, una de las abogadas del centro informó que las mujeres indicaron que los policías entraron a las casas y les preguntaron si tenían armas.
También que el domingo en la mañana, cuando ocurrió el desarme de los comunitarios, los policías estatales agredieron verbalmente a mujeres, a quienes las colocaron mirando a la pared adentro de la comandancia de la Policía Comunitaria de La Concepción. (Jacob Morales Antonio).

La Fiscalía Regional ejecutó ayer una orden de aprehensión contra 19 policías comunitarios de la CRAC, por el delito de homicidio calificado, y fueron puestos a disposición del juez de control acusados de protagonizar los hechos violentos en la comunidad de La Concepción.
Y otros seis policías comunitarios fueron enviados a la delegación de la PGR por el delito de portación de arma de fuego.
Mientras que siete hombres que permanecían en “reeducación” en la comandancia de la CRAC, quedaron en libertad.
Los otros seis detenidos, encabezados por el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente, desde el domingo fueron trasladados a la cárcel de Las Cruces por los delitos de robo, despojo y lesiones, y ayer también fueron acusados de homicidio calificado.
De acuerdo con la información oficial recabada, de los 38 detenidos, 31 son policías comunitarios y siete habitantes en reducación en la comandancia de la Policía Comunitaria de la CRAC. Estos últimos fueron liberados a las 3 de la tarde porque no se comprobó un delito, y permanecían sólo porque tienen problemas de alcoholismo.
Los liberados son Cristian Olea Hernández, Eleonor Melchor García, Prisciliano Pascual Ortega, Erick Romero Galeana, Alejandro Moctezuma Trujillo, Luis Ángel Hernández López y Daniel Hernández López.
A las 6 de la tarde, 19 policías comunitarios, mediante un fuerte despliegue policiaco, fueron trasladados de la Fiscalía Regional rumbo al área de seguridad del juzgado de control, en el edificio que pertenece al Tribunal Superior de Justicia, ubicado en el bulevar de Las Naciones.
Fuentes de la Fiscalía dijeron que el juez de control determinará la medida cautelar en la audiencia inicial para formular la imputación. En caso de que el juez determine prisión preventiva, los comunitarios serán enviados al penal de Las Cruces.
Los familiares de los detenidos gritaron al ver las patrullas que llevan a sus parientes: “Libertad a los presos por luchar” y “No están solos”.
El caso de los seis detenidos enviados a la PGR se mantiene en hermetismo.
En tanto, los detenidos encabezados por el vocero del Cecop, enviados el mismo domingo al penal de Las Cruces, según el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, su situación jurídica se resolverá el viernes o sábado.
En declaraciones a reporteros, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que había 21 detenidos en la Fiscalía por el delito de narcomenudeo y seis en penal de Las Cruces.
Más tarde, la Fiscalía General del Estado informó en redes sociales: “FGE/ región Acapulco dejó en libertad a 7 personas porque no existió imputación de delito alguno en su contra en hechos de La Concepción”.

Entregan los 11 cuerpos

La Fiscalía General del Estado informó que lunes se entregaron los cuerpos de las 11 personas asesinadas a balazos en dos enfrentamientos a balazos en La Concepción.
Cinco cadáveres fueron de policías comunitarios de la CRAC, dos de ellos asesinados en el primer enfrentamiento, y los tres asesinados por los policías en el segundo hecho violento, de acuerdo con publicación en estas páginas.
El resto, los seis cuerpos, fueron en el primer enfrentamiento a balazos registrado a las 3 de la madrugada del domingo.

El presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre reiteró que las policías comunitarias deben de regularse, y calificó como “bueno” que el gobierno determinara el desarme de esta organización en La Concepción porque, dijo, no se puede permitir en una “ciudad turística como Acapulco”.
Después de una conferencia de prensa en el parque de La Reina, donde dio un balance sobre los resultados de la temporada de Navidad y Año Nuevo, Velázquez Aguirre insistió en que las policías comunitarias deben regularse y no deben quedar con “ambigüedad”.
Anunció que hará cambios en las secretarías de Finanzas, General, de Planeación y Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y que en algunos será el titular, pero no precisó nombres ni las fechas.
Reiteró que era condenable lo que sucedió en La Concepción, que dejó un saldo de 11 muertos y 38 detenidos, entre ellos el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
Al preguntarle porqué no intervino la Policía Municipal en los hechos, respondió que con la Policía Rural “fuimos los primeros que ayudamos a que se diera el proceso del primer respondiente, después se dio parte a la Fiscalía y al Grupo de Coordinación, que es la instancia donde se tomaron decisiones, hicimos lo que compete”.
En seguida y sin pregunta de por medio, indicó que “qué bueno que hoy se toma una determinación frontal y determinante para poder poner fin a policías que se avalan con la ley local, eso de ninguna puede permitirse en una ciudad turística como Acapulco, es importante la determinación que se tomó por parte del Grupo de Coordinación y mi gobierno colaboró en todo momento”.
Sobre si habló con el gobernador Héctor Astudillo Flores, Velázquez Aguirre respondió que “vamos a caminar hacia adelante y no daremos ningún paso hacia atrás, con toda la determinación y con un planteamiento sobrio estaremos recuperando esas áreas que no podemos dejar que se sigan dando”.
Abundó que la Policías Comunitaria debe de regularse, “no tiene que quedar con ambigüedad” porque la ley local habla de que en las comunidades indígenas pueden organizarse para tener una Policía Comunitaria, como existe en la parte de Ayutla, San Luis Acatlán y la Montaña.
Dijo que los conflictos ocurren cuando las policías comunitarias quieren extenderse a lugares como Acapulco: “es una aberración, no podemos permitir que se violente la ley y reconozco la determinación que se tomó por el Grupo de Coordinación Guerrero de desarmarlos y enfrentar este problema de la CRAC con la UPOEG en la parte de los Bienes Comunales, se tenía muchos meses con ese problema”.
El alcalde informó que en la comunidad de La Concepción se quitaron los retenes: “hoy se pone un alto a los abusos que se reportaban por parte de ciudadanos, más nunca se denunciaban legalmente, sólo se daban comentarios al respecto, pero la lucha de poder entre dos organizaciones de comunitarios eso generó un enfrentamiento”.
Se le recordó que la Policía Comunitaria en la comunidad se debe a la falta de seguridad del gobierno, y Velázquez Aguirre respondió que la “Policía municipal tiene mil 280 agentes para cubrir un millón de habitantes aproximadamente, y aunque pusiéramos un elemento por colonia o comunidad no nos daríamos abasto”.
“No puede decirse que no tenemos atención de la seguridad en estas áreas, que sean rebasadas ese es otro tema y lo digo con toda responsabilidad, porque el tema de la Policía Comunitaria avalada por la CRAC o avalada por la UPOEG es una estructura de Policía Comunitaria que se hace con el amparo de la Ley 701, pero también se hace al amparo de la ilegalidad en muchos de los casos”, puntualizó.

Los cambios

Respecto a los cambios en su gabinete, el alcalde explicó que “habrá cambios en diferentes secretarías, se las voy a decir (…) no quiere decir el titular, quiere decir que habrá cambios en el área o en algunas casos el titular, en la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Planeación, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Obras Públicas algunas cosas”.
Afirmó que esos cambios son con el afán de fortalecer el último tramo de su administración, “cumplir los objetivos trazados, hemos cumplido algunos de ellos como la parte turística, ha sido exitosa, vamos a reforzar la parte de servicios públicos, este año será dedicado a los servicios públicos como fue 2015 y 2016”.
Del adeudo a empresas y proveedores, no precisó cantidades, pero dijo que su gobierno diseñó una ruta de pago: “enero es un mes importante para poder saldar muchas de las deudas adquiridas por cualquier administración, siempre ha sido así”.
Pidió que esa información se le solicitara al secretario de Finanzas, pero afirmó que su gobierno lo que planeó es una estrategia para resolver los problemas financieros “muchos de ellos heredados, y el problema no lo hace Evodio Velázquez y actuamos con responsabilidad, no hemos endeudado el gobierno”.

La CAPAMA

De la entrega de documentos por parte de la CAPAMA para solventar las observaciones que hizo la Auditoría General del Estado a la cuenta pública de 2016, Evodio Velázquez explicó que se ha hecho de eso un “tema político” y que el alcalde no caerá en provocación de nadie.
“Hemos estado observados en todo momentos, auditoría tras auditoría, pero nunca hemos dejado de hacerle frente a todo lo que legalmente corresponda. Creo que el tema de la CAPAMA se ha politizado de más, es un procedimiento legal que se da, el área fiscalizadora hace la auditoría y genera las observaciones que se subsanan y es ahí como se van cerrando las auditorías”, declaró.

Unos 30 vecinos de las colonias La Laja, Bocamar y Barranca de la Laja bloquearon de manera intermitente la avenida Ruiz Cortinez, debido que desde hace ocho días no tienen servicio de agua.
Con cartulinas con la leyenda “Queremos agua”, los vecinos llegaron a las 11 de la mañana a la avenida y bloquearon por una media hora, pues señalaron que era la única manera de que las autoridades los atendieran.
Al lugar llegó la directora de Atención Ciudadana de la CAPAMA, Dalia Garzón, a dialogar con los vecinos y les pidió que retiraran la protesta, que se les atendería y ayer durante el transcurso del día tendrían servicio.
“Tenemos ocho días sin agua, no tenemos ni una gota”, reclamó un vecino. Recordó que los trabajadores de la paramunicipal les informaron que el lunes por la tarde tendrían servicio y por el incumplimiento decidieron salir a protestar.
Explicó que “nosotros le advertimos que si no echaban el agua nos íbamos a manifestar, los vecinos de la Bocamar, parte de La Laja y Barranca de la Laja porque no tenemos agua, nos tenemos que bañar con una cubetita de agua ni para lavar los trastes, ni para bañarse”.
Otra vecina denunció que los recibos llegan “caros” y desde hace más de una semana no tienen el servicio. (Aurora Harrison).

Tres personas asesinadas a balazos, entre ellas dos mujeres, y dos decapitadas, fueron los hechos violentos ayer en Acapulco.
En un primer caso, una trabajadora de la tienda Aurrerá El Coloso fue asesinada a balazos.
El crimen se reportó en los primeros minutos de este martes en el estacionamiento de la tienda, ubicada cerca de la carretera Cayaco-Puerto Marqués, se indica en el reporte policiaco.
La versión policiaca es que la mujer fue atacada a balazos por un hombre armado cuando salía de su trabajo.
Los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron dos casquillos percutidos de un arma calibre .38 súper.
La víctima se llamó Blanca Flor, de 45 años, y era empleada de la tienda Aurrera, según el expediente del Ministerio Público.
En otro caso, dos hombres fueron hallados decapitados en la colonia El Rastro, ubicada en las inmediaciones de La Sabana.
El hallazgo se reportó a las 6:40 de la mañana en la calle principal de la colonia, a unos 150 metros de la avenida Lázaro Cárdenas, se indica en el reporte de la Policía del Estado.
Los agentes por medio de una llamada de emergencia fueron alertados del crimen, y al llegar al lugar encontraron a las dos víctimas atadas de pies y manos, mientras que las cabezas dispersas en una distancia de tres metros.
Los peritos localizaron en la escena del crimen 4 casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros.
Los dos cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.
Por otro lado, una mujer y hombre fueron asesinados a balazos adentro de un automóvil en Las Cruces.
El doble crimen se reportó a las 5 de la madrugada en el bulevar Vicente Guerrero, frente a sitio de taxis foráneos Acapulco-Ometepec, se indica en el reporte ministerial.
Los agentes encontraron muertos a una mujer y a un hombre adentro de un automóvil Pointer, con placas de circulación de Hidalgo.
Los peritos localizaron varios casquillos de un arma calibre .9 milímetros. Los cuerpos en calidad de desconocidos fueron enviados al Semefo.
Con estas víctimas en lo que va del año en Acapulco suman ya 20 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

Atacan un sitio de taxis en Renacimiento

Antes hombres armados atacaron a balazos el sitio de taxis rojo con blanco, ubicado en Ciudad Renacimiento, y resultaron dos choferes heridos.
La agresión se reportó a las 3:30 de la madrugada en el transitado bulevar Vicente Guerrero, en Ciudad Renacimiento, se señala en el reporte policiaco.
Las autoridades informaron que las víctimas fueron trasladadas por otros taxistas a un hospital cercano.
Hay una versión de que un taxista murió durante la agresión, pero no fue confirmada por la Policía Ministerial.
Los agentes ministeriales mencionaron que el ataque del sitio al parecer tiene relación con los dos muertos a balazos adentro de un automóvil hallados en Las Cruces. Las autoridades no dieron más detalles.

Hombres armados hieren a un chofer y queman un taxi colectivo en San Agustín

Por otra parte, hombres armados quemaron un taxi colectivo e hirieron a un taxista en la unidad habitacional San Agustín.
El hecho violento se reportó a las 10 de la noche en la avenida principal del conjunto habitacional, se indica en el reporte policiaco.
La versión policiaca es que hombres armados hireron a un hombre, al parecer taxista, y metros adelantes quemaron el automóvil del transporte público.
El herido fue trasladado a un hospital cercano y los bomberos sofocaron el incendio.

Durante 12 horas permaneció en la Terminal Marítima de Acapulco, el barco Norwegian Star, de la naviera Norwegian Cruise Line.
Se trató de la segunda embarcación del año y la treceava de la temporada 2017-2018.
Bajo el mando del capitán Vanja Litovic, la embarcación llegó al puerto a las 7 de la mañana, con 3 mil 314 personas a bordo y procedente de Cabo San Lucas, y zarpó a las 6 de la tarde rumbo a Puerto Quetzal.
Los 2 mil 294 pasajeros eligieron entre tour por la ciudad en las zonas Tradicional, Diamante o Dorada.
Desde las 6 de la mañana se instaló un operativo de seguridad que dio la bienvenida a los cruceristas.
Quienes descendieron de la nave pudieron interactuar con danzantes y bailarines que ofrecieron bailables típicos regiones de Guerrero y música tradicional.
En el barco también viajaban mil 20 tripulantes, quienes atendieron a los pasajeros por la travesía en el oceano Pacífico.
Los visitantes también disfrutaron de recorridos en el puerto con tours culturales, históricos y de aventura y liberación de tortugas en la zona Diamante. (Karla Galarce Sosa).