Agencia Reforma

Ciudad de México

Alejandro Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones y ex secretario del PRI, señalado en la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI, fue detenido este miércoles, difundió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

“He sido informado por la Fiscalía General del Estado que el día de hoy se llevó a cabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal de #CHIH”, tuiteó.

Reforma publicó esta semana que Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda federal avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI. El ex funcionario dijo que el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del PRI con la SHCP, encabezada en ese momento por Luis Videgaray, y mencionó a Alejandro Gutiérrez como el estratega de las transacciones. Con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un convenio de “Fortalecimiento financiero” por 275 millones de pesos, precisó.

“Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas y requerían recursos”, expuso Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.

Corral nos deslindó, evade Ochoa

La dirigencia nacional del PRI y su precandidato presidencial, José Antonio Meade, recurrieron al gobernador del PAN, Javier Corral, para deslindar a ese partido de la triangulación de recursos federales a las campañas del tricolor en 2016.

Meade se limitó a decir que el panista ya había deslindado al partido que lo llevará como candidato presidencial en la boleta en el 2018.

“Se han venido haciendo los deslindes, empezando por el que ayer hizo el propio gobernador Corral”, dijo en conferencia, en la sede nacional del PRI.

Mientras Meade abandonaba el lugar, el dirigente nacional priista, Enrique Ochoa, tomó el micrófono para anunciar que respondería con un video a los cuestionamientos sobre el presunto desvío de recursos.

El líder priista colocó su propio teléfono para proyectar las imágenes de la conferencia ofrecida ayer por Corral, en Chihuahua, en la que se escucha decir a éste que no existe ninguna indagatoria que involucre, “hasta la fecha”, a la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional pues, “de momento”, no tienen elementos para confirmar la participación de funcionarios o ex funcionarios del PRI nacional en los actos de corrupción que son investigados “y esa es una tarea del Ministerio Público”.

Al terminar la conferencia, Ochoa reclamó que Reforma no haya manejado con equidad la información sobre la presunta triangulación de recursos a favor del PRI.

Denuncia del PAN ante Fepade

La dirigencia del PAN presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia por el desvío de recursos públicos que Hacienda habría autorizado para campañas del PRI.

“Esta es la prueba de fuego del recién nombrado titular de la Fepade (Héctor Díaz Santana)”, desafió Damián Zepeda, líder panista, al exigir la investigación del caso. Y aseguró que el gobernador de Chihuahua, el también panista Javier Corral, no fungió como “tapadera” del caso, luego que el PRI recurriera a él para deslindarse de los hechos.

“Enrique Ochoa debió contestar de manera directa la pregunta al anterior secretario de Hacienda (José Antonio Meade) de si conocía o no de estos desvíos y no contestar con una derivada y haciendo referencia a alguien más”, acotó Zepeda.

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

El virtual candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, reveló en León, Guanajuato, que el candidato a gobernador que postule la alianza en esa entidad será militante del Partido Acción Nacional (PAN).

El panista queretano se reunió por la tarde con los dirigentes estatales de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Movimiento Ciudadano –las fuerzas que integran el Frente– y comunicó que la convocatoria de su partido se dará a conocer en los próximos días.

En entrevista, explicó que en el convenio de la coalición del Frente quedó establecido que en Guanajuato, será el PAN el que proponga al candidato a gobernador.

Por el PAN, los que buscan la candidatura son: el senador Fernando Torres Graciano, el ex secretario de Desarrollo Social, Diego Rodríguez Vallejo, señalado como el “delfín” del gobernador Miguel Márquez, y el ex gobernador interino Carlos Medina Plascencia.

“Hay extraordinarios perfiles aquí en Guanajuato. Es un estado donde tenemos muchísima fuerza y en donde queremos, no solamente ganar la elección, sino continuar con los buenos gobiernos que hemos tenido”, dijo. El comité estatal del PAN elegirá al candidato con el método de la designación.

Anaya acudió la noche del miércoles a un evento con militantes del PRD, del PAN y MC, en el Polifurum, y se entrevistó con el gobernador Miguel Márquez.

El ex titular de Hacienda debe explicar desvío del erario

Luego de que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, cuestionó la viabilidad de la propuesta de la renta básica universal que empuja el frentista, Anaya reviró y aseguró que el ex titular de Hacienda está desubicado.

“Nosotros representamos el cambio, él representa la continuidad de este desastre que ha sido el PRI. El que se ha desubicado es él: ahora resulta que no se dio cuenta de que la Secretaría de Hacienda transfirió millones y millones de pesos a los gobiernos estatales del PRI que fueron a parar a las campañas del PRI. El desubicado o el que se hace el desubicado es él”.

Anaya le urgió a Meade dar una explicación a la opinión pública sobre “dónde está ese dinero que los gobiernos priístas se robaron y se llevaron a las campañas del PRI”.

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, se lanzó este miércoles contra las alianzas opositoras a las que acusó de dividir, restar, desencantar, confundir y desestimular a militantes y electores.

Desde la sede nacional del PRI, el ex secretario de Hacienda criticó primero a la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

“No se puede entender en una alianza que estén sentados en la misma mesa a quien cree que Corea del Norte es un buen modelo de desarrollo (PT), con quien cree que la educación en México toda tendría que ser confesional (PES)”, dijo.

“Una alianza de ese tipo desencanta a uno y otro, una alianza de ese tipo divide, confunde y resta”.

También descalificó la coalición formada por el PAN, PRD y MC, al argumentar que las diferencias ideológicas generan confusión en los electores.

“Una alianza que suma a quienes históricamente han sido adversarios ideológicos, deja confundido a quien cree en los principios del PAN y a quien cree en los principios de la izquierda”, afirmó.

Aseguró que este tipo de alianzas “destruyen militancia”, ya que buscaban como compañeros de viaje a quienes han siempre han sido sus contrincantes.

Meade advirtió además que los gobiernos emanados de coaliciones opositoras no han entregado buenos resultados.

“Lo único que hacen es confundir. Y hemos visto caso tras caso cómo los gobiernos que se hacen de aquellos que compitieron en alianza, resultan en gobiernos carentes de propuesta y de funcionalidad”.

En contraste, el ex funcionario reivindicó la coalición del PRI con los partidos Verde y Nueva Alianza, al afirmar que son compañeros de viaje “creíbles”.

Meade cumplió este miércoles el formalismo de registrarse como precandidato del Partido Nueva Alianza (Panal), con un discurso en el que defendió el respeto y la tolerancia, pero reiteró su crítica a las alianzas “desesperadas”.

“La nuestra es una alianza por convicción, las de enfrente son alianzas por desesperación”, sostuvo en el Museo de la Memoria y Tolerancia el aspirante presidencial de la coalición PRI, Partido Verde y Panal”, dijo al entregar su solicitud como precandidato del Panal.

“Otros olvidan sus principios y se dan la mano porque su único sueño es el poder con el poder”, agregó el ex funcionario federal.

El presidente de ese instituto político, Luis Castro, dijo que lo iban a analizar, aunque durante el encuentro con unos 150 militantes fue tratado como candidato.

Zedryk Raziel / Agencia Reforma

Ciudad de México

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, criticó el incumplimiento del compromiso del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de resolver el problema de la violencia en la entidad en seis meses.

Tras el asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando, durante un festival escolar en el municipio de Acayucan, Veracruz, el morenista aseguró que la inseguridad en el estado es más grave que durante el gobierno de Javier Duarte.

“Aquí en Veracruz ha sido un fiasco Yunes Linares, lo advertí, se los dije a mis paisanos, muchos no me hicieron caso, les dije que Yunes era más perverso que Duarte. Yunes, además de corrupto, es de malas entrañas, por eso Veracruz está hecho un desastre, ahora hay más violencia que cuando estaba Duarte”, declaró a medios locales en una escala por el estado en su trayecto a Hidalgo.

El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historiam, descalificó al mandatario veracruzano –quien llegó al cargo en las elecciones de 2016– por el hecho de que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, se perfila como candidato a la gubernatura.

“Por si fuese poco, ahora quiere dejar a su hijo de gobernador de Veracruz; es un dictadorzuelo Yunes. Es lamentable que un estado como Veracruz, con un pueblo tan bueno, tan trabajador, tenga un gobernador que es un sátrapa, una vergüenza, lo tengo que decir”, reprochó.

López Obrador citó que en el país han sido asesinados 12 periodistas tan sólo en este año, la mayoría en Veracruz. “No se olviden. Protesten por los asesinatos a periodistas, que no los someta Yunes, ¡prensa libre e independiente!”.

La amnistía no es para corruptos

Agregó que su propuesta de dar amnistía a los infractores que busquen su readaptación no aplicará para funcionarios públicos acusados de corrupción.

“A los corruptos no (se les dará amnistía)”, declaró al defender que este mecanismo ya está previsto en las leyes mexicanas.

En una accidentada visita al Congreso de Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó su solicitud de licencia para separarse del cargo por seis meses, a partir del 1 de enero, para concentrarse en la recolección de apoyos para su candidatura presidencial.

En el escrito propuso como suplente al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, quien es su principal operador político. Pese a que los diputados locales pueden presentar una terna para el cargo vacante, no habrá tal, de acuerdo con algunas fuentes consultadas.

El precandidato sin partido a la Presidencia de la República llegó a las once horas a su cita con los diputados. Ante la presidenta de la Mesa Directiva, Karina Barrón, explicó sus razones de buscar la nominación.

Mencionó que solicita separarse de la gubernatura para cumplir con el primer requisito que le demanda la autoridad electoral, que es conseguir antes del 19 de febrero 866 mil firmas en por lo menos 17 estados.

“He tomado la decisión de ir a la adversidad y tratar de convencer a los mexicanos que podemos ser una opción para dirigir el país. Pero aún me faltan requisitos para cumplir y necesito su permiso. No he logrado todo el requisito.

“Creí que podía lograrlo al final del mes, pero hay el requisito del 1 por ciento en algunos estados que todavía no tengo. Lograrlo implica esfuerzo, sacrificio, tiempo y recursos”, expuso.

El legislador Samuel García, dijo que González Flores no será autónomo y seguirá bajo las órdenes de El Bronco.

“No habrá independencia, para nada. Ese es el detalle del interinato y la licencia temporal. Prácticamente dejas al segundo a bordo encargado del barco y en ese sentido, independencia del gobernador no va a tener”, mencionó. (Ciudad de México / Agencia Proceso)

La dirigencia nacional del PRI alista el nombramiento del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, como el nuevo Secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Según fuentes priistas, el ex mandatario coahuilense sustituirá en el cargo a José María Tapia, considerado como la última posición que mantenía el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la dirigencia del partido.

Moreira llega a esa secretaría que es considerada clave para el proceso electoral del 2018, en el que se elegirá presidente y se renovará el Congreso, además de que renovarse nueve gubernaturas y cientos de cargos a nivel estatal y municipal.

Su llegada se da a meses de que enfrentó acusaciones sobre fraude y uso de recursos públicos en el pasado proceso electoral coahuilense, quejas que incluso llegaron a los tribunales y hasta la Organización de Estados Americanos (OEA).

De confirmarse el nombramiento, se concretaría a solo unos días de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtió la expulsión de su hermano, Humberto Moreira, del PRI.

Actualmente, la esposa de Rubén Moreira, la diputada federal Carolina Viggiano, ocupa el cargo de secretaria Jurídica del CEN del PRI.

El 6 de noviembre, al acudir al último informe de Moreira como gobernador, el líder priista Enrique Ochoa adelantó su posible incorporación al CEN. (Ciudad de México / Agencia Reforma)

El Instituto Nacional Electoral (INE) no realizará exámenes toxicológicos ni establecerá requisitos adicionales en materia de salud a los precandidatos y candidatos, afirmó el consejero Marco Baños.

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, retó a sus contrincantes a practicarse un examen antidoping y hacer públicos los resultados para comprobar que tienen salud física y mental.

Al respecto, el consejero Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, explicó que los partidos están en derecho de aplicar esas pruebas, pero el INE no tiene la facultad de realizar exámenes médicos ni de imponer requisitos adicionales a los aspirantes.

“Si los partidos políticos y los propios candidatos deciden someterse a una situación de esta naturaleza es un tema que tienen que acordar e implementar internamente con los propios partidos y que ellos decidan cómo manejar esa información”, mencionó.

Ante el reto lanzado por Meade, el precandidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, le recomendó a éste que mejor se haga un examen de conciencia.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador, admitió tomar un coctel de medicamentos para la hipertensión; sin embargo, le pidió al ex secretario de Hacienda que mejor le explique a la ciudadanía el gasolinazo. (Ciudad de México, Agencia Reforma)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) aseguró que cuenta con “datos de prueba” que confirman que el reportero de La Voz del Sur, Gumaro Pérez Anguilano, forma parte de la delincuencia organizada al servicio de Los Zetas.

Tras filtraciones de la carpeta de investigación Uipj/DXX/F2/1519/2017 realizadas por el propio titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, y luego de la difusión en WhatsApp de una columna periodística sin rúbrica para desprestigiar a Gumaro Pérez, mismas que circularon a medios de comunicación, la fiscalía se animó –tras cuatro comunicados oficiales del caso– a decir que el reportero acribillado en Acayucan por dos sicarios tenía participación en un grupo delictivo y que incluso fue asesinado por un grupo distinto.

Gumaro Pérez fue privado de la vida cuando acudía a la posada de fin de año de su hijo.

“Hay elementos contundentes que obran en poder de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias contra Comunicadores, sobre el avance de la investigación iniciada con motivo del deceso de Gumaro P.A., ocurrido en Acayucan, originan la probabilidad de que el hoy occiso formaba parte de un grupo delictivo que opera en el sur del estado”, reseña un comunicado girado un par de horas después de que la FGE aseguraba que Gumaro Pérez no era periodista.

Amnistía Internacional, Reporteros Sin Frontera, la Embajada de Estados Unidos en México, entre otros, reprocharon al gobierno mexicano el nivel de violencia que impera en el país y el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los periodistas, sobre todo en Veracruz.

La fiscalía aseguró que los resultados de las diligencias realizadas por personal pericial, agentes ministeriales y el fiscal especializado, en coordinación con la fiscalía regional, son tendientes a acreditar que Gumaro Pérez “colaboraba en actividades ilícitas” de un grupo delictivo de la delincuencia organizada.

“Lo anterior se robustece mediante la extracción pericial de datos, imágenes y conversaciones obtenidas a partir de su aparato telefónico móvil, al cual se tuvo acceso mediando toda formalidad de ley; asimismo, existen registros proporcionados por el área de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de múltiples visitas realizadas por el finado a Gil “N”, alias El Negro, quien se encuentra recluido en un centro penitenciario y al que se vincula con el liderazgo del citado grupo delictivo”.

Con este sustento, la FGE aseguró que las líneas de investigación establecen que fue ejecutado por un grupo delictivo contrario al que él servía, toda vez que el homicidio no tiene relación alguna con actividades periodísticas.

“Todo indicio recabado por la autoridad cuenta con el sustento jurídico, científico y pericial, lo cual da certeza a la actuación que en el uso de sus facultades ejerce la Fiscalía General del Estado”.

En el gobierno de Miguel Ángel Yunes han asesinado a tres comunicadores: Ricardo Monlui, Cándido Ríos y ahora Gumaro Pérez.

Del gobierno de Javier Duarte continúan impunes los asesinatos de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez, y el colaborador Rubén Espinosa.

En los últimos siete años, 22 comunicadores veracruzanos han sido asesinados, en la mayoría de los casos estos homicidios han sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se presume la intervención de la delincuencia organizada.

Piden replantear la alerta por agresiones

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió replantear la alerta por agresiones a periodistas en la entidad, luego del asesinato de Gumaro Pérez Aguilando en Veracruz.

“Este asesinato confirma un año terrible para la libertad de expresión en México y, en particular, ha sido profundamente trágico para el Estado de Veracruz”, indicó Jan Jarab, representante de la ONU-DH.

“A pesar de haber un programa diseñado específicamente para prevenir ataques en contra de los periodistas en Veracruz, en marcha desde 2015, las agresiones y los asesinatos continúan. Es fundamental replantear las acciones de la alerta en Veracruz y garantizar que se adopten e implementen las medidas de prevención adecuadas”.

La ONU-DH pidió a las autoridades realizar una investigación eficaz sin descartar una línea de investigación que tome en cuenta la labor periodística de Pérez Aguilando.

Un juez federal emitió el primer requerimiento al Congreso de la Unión para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordena expedir una ley que reglamente el gasto del gobierno en comunicación social y propaganda.

El juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola, notificó el 14 de diciembre el requerimiento a ambas cámaras del Congreso, e incluyó las advertencias sobre sanciones por desacato.

El 15 de noviembre, la primera sala de la Corte concedió un amparo en el que da al Congreso hasta el 30 de abril de 2018 para expedir la ley, que según un transitorio de la reforma de febrero de 2014, se tenía que publicar en abril de aquel año.

“Se requiere a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que dentro del término de tres días remitan las constancias con las que acrediten que dieron cumplimiento al fallo protector, cuestión que implica: emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018”, acordó el Juez.

“Apercibidas que de no hacerlo así se les impondrá multa por el equivalente a 100 días de salario mínimo general; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

La Comisión Permanente del Congreso debe informar al juez que las cámaras no están sesionando, lo que bastará para que por el momento no se les aplique la multa respectiva. (Ciudad de México, Agencia Reforma)

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, solicitó a dos jueces federales la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de libertad, tras quedar procesado sólo por dos de los cuatro delitos que originalmente le imputó la Procuraduría General de la República (PGR).

En caso de concederse, su salida del reclusorio sería en enero, según informes del Poder Judicial.

La jueza Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Guillermina Matías, dictó la formal prisión contra Padrés por un presunto lavado de 178 millones de pesos y, en cumplimiento a una sentencia de amparo, canceló el cargo por delincuencia organizada, delito que lo mantenía preso.

La semana pasada el juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, le canceló el cargo por el delito de lavado de dinero.

Según fuentes judiciales, una vez que los juzgadores repusieron el procedimiento, Padrés solicitó llevar sus juicios en libertad conforme a la Miscelánea Penal de 2016, la cual ya no considera prisión preventiva por lavado de dinero y defraudación fiscala. (Ciudad de México, Agencia Reforma)