Yee Trujillo

La investigación Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2024 de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México documentó que el año pasado en Guerrero hubo mil 369 personas desplazadas en ocho municipios, 88 por ciento por violencia del crimen organizado y el 12 por ciento restante por conflictividad social y territorial.
Consultada vía telefónica, la gestora del Proyecto de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Programa de Derechos Humanos de la institución, Janette Carrillo informó que de 2017 a 2024 Guerrero fue el segundo estado con más desplazamientos, que Chilapa concentró el mayor número de afectados en un “evento” el año pasado, y que todavía falta la implementación y protocolos en la ley estatal en la materia.
Ahora la entidad ocupa el quinto lugar nacional por las cifras del año pasado, concentró el 4.8 por ciento del total de desplazados, que fue de 28 mil 900 personas forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos en 13 estados, de acuerdo con la presentación expuesta el 26 de junio en la Ciudad de México en el lanzamiento del informe, el cual aún no está disponible para su consulta.
Chiapas es el primer lugar con 17 mil 865 personas afectadas, Sinaloa es segundo con 4 mil 480, siguen Michoacán con mil 555 y Chihuahua con mil 552. Estos cinco estados concentran el 92.9 por ciento de los desplazados.
Aunque la información indica que los desplazamientos ocurrieron en ocho episodios, Janette Carrillo detalló que se registraron dos desplazamientos en el municipio de General Heliodoro Castillo, dos en Petatlán y uno en Chilapa, Tecpan, Coyuca de Catalán, Leonardo Bravo, Teloloapan y Atlixtac, es decir, una decena, pero explicó que se catalogaron como ocho “eventos” porque en una misma fecha, el 23 de marzo del año pasado, se reportaron desplazamientos en Tecpan, Coyuca de Catalán y Petatlán.

En Chilapa 672 desplazadas el 5 de marzo del año pasado

Janette Carrillo destacó que el evento con mayor número es en Chilapa con 672 personas desplazadas el 5 de marzo del año pasado, quienes se movieron a otros municipios de Guerrero, y que las notas de prensa que se identificaron señalaban que se debió a que los perpetradores incendiaron casas y vehículos, “argumentando que retenían a miembros de la organización criminal”.
Expuso que históricamente en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero el motivo inicial de desplazamiento había sido por conflictividad territorial o social, pero ahora es por violencia generada por la criminalidad organizada, que fue la causa principal en 2024 con el 86 por ciento de los desplazamientos del país.
Consideró que en Guerrero habría una disminución de desplazados respecto a años anteriores porque en 2024 se ubicó en quinto lugar y en el acumulado de 2017 a 2024 estaba en el segundo.
Aunque en el informe se reconocen que hay leyes en Chiapas, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y en Guerrero con Ley número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero publicada en el 2014 y el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, la académica resaltó que todavía falta implementación, protocolos y fortalecer estas iniciativas, y señaló que a nivel nacional no se cuenta con un reconocimiento oficial sobre el fenómeno ni una ley federal que armonice o homogenice ciertos procesos.
También destacó que los gobiernos de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa han iniciado registros propios sobre el número de personas desplazadas, pero que se necesita replicarlo a nivel federal porque la investigación realizada por la universidad es una iniciativa que busca crear datos o estimaciones para visibilizar la problemática, ante la falta de cifras oficiales que son una tarea que le toca al Estado.

Fue intramunicipal el 62.5 por ciento del desplazamiento, y el 12.5 intraestatal

Entre los principales hallazgos expuestos en la presentación enviada a El Sur están que en Guerrero el 62.5 por ciento del desplazamiento fue intramunicipal, el 12.5 intraestatal y el mismo porcentaje se clasificó como intramunicipal e intraestatal, mientras que otro 12.5 por ciento no fue identificado.
A nivel nacional, menciona que en 2024 las personas afectadas por la problemática representaron un incremento del 129 por ciento en comparación con 2023, cuando fueron 12 mil 623, y en 2022 se contabilizaron 9 mil 602 desplazados. La mayor cantidad de desplazados se registró en 2021 con 28 mil 943, en 2020 fueron 9 mil 741, 20 mil 390 en 2018 y 22 mil 110 en 2016.
La gestora explicó que se retomó el trabajo que hacía hasta 2023 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recabando la información de medios de comunicación, fuentes abiertas, actores locales, así como entrevistas cualitativas en Tijuana y Chihuahua para humanizar las estadísticas, con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados y que para el informe de 2025 se buscará triangular también la información con la UAG.

Ramón Gracida Gómez

Coyuca de Benítez

Con el fin de presionar a las autoridades para que detengan a los dos hombres señalados de la violación y la golpiza en contra de Yosmara Genchi García, unas 300 mujeres marcharon ayer al Ministerio Público de Coyuca de Benítez y luego bloquearon dos horas el puente vehicular del municipio.
La marcha comenzó a la 1:50 de la tarde y el bloqueo terminó a las 4:30 de la tarde, con el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) de tener una reunión con la familia de la víctima ayer a las 7 de la noche.
La convocatoria a la marcha que circuló en los días pasados reunió a unas 200 mujeres en las letras grandes del nombre del municipio ubicadas afuera del mercado, a orilla de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
Las manifestantes, la mayoría jóvenes como Yosmara de 24 años, acudieron al llamado de solidaridad vestidas de morado y cargaban carteles con distintas leyendas de reivindicación feminista, como “Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”.
Pero también había mujeres de mayor edad que acompañaron a sus hijas adolescentes, y mamás jóvenes que llevaron a niñas con mensajes alusivos al derecho a la libertad, sin vivir violencia.
Antes de marchar, la mamá de Yosmara, Mariela García Bautista declaró a reporteros que la marcha se dirigiría a la Agencia del Ministerio Público del fuero común del distrito judicial Tabares de Coyuca de Benítez porque “no hizo nada”, en alusión al hecho que el agente Alfredo Aguirre Olivar no quiso anotar en el acta de denuncia del domingo pasado que Yosmara sufrió violación.
Pidió justicia para su hija que aún se encuentra “grave” y dijo que los dos hombres señalados por ella, uno de ellos de nombre Diego Arismendi, ya se fueron del pueblo Las Lomas, a 10 minutos de la cabecera municipal y donde habita la casa en la que fue violada y golpeada Yosmara el sábado pasado en la madrugada.
“Dinero no queremos como nos fueron a ofrecer allá en Acapulco” la familia de Diego, dijo la mamá de la víctima.
Evidentemente afligida desde que llegó de Acapulco, llorando a cada abrazo de solidaridad que le daban, Mariela García encabezó la marcha con una de sus hijas, en silencio, que contrastaba con las consignas que empezaron a resonar a la 1:50 de la tarde cuando comenzaron a marchar las mujeres en la carretera federal rumbo al centro de la cabecera municipal.
“Justicia, justicia, justicia” y “quiero vivir y no sobrevivir”, gritaron las mujeres de manera entusiasta y otras consignas gestadas sobre la marcha, la primera para muchas de las que asistieron este viernes; el grupo de manifestantes que estaba atrás lanzó varias consignas, como “ahora, ahora, se hace indispensable, justicia para Yosmara y castigo a los culpables”.
Resaltaron los globos morados que repartieron al principio de la marcha con diversos mensajes, uno decía “la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía””, otro cartel: “agradezcan que buscamos justicia y no venganza”.
En la orilla de la carretera las personas que presenciaron la marcha grabaron con el celular, otras repartieron a las manifestantes pequeñas botellas de agua para que se hidrataran ante el fuerte que calor se sentía.
El grito “el pueblo observando, también está apoyando” resonó en la calle 20 de Noviembre, donde el contingente giró para llegar al Ministerio Público y que está lleno de comercios de diferentes tipos, cuyos trabajadores salieron a ver la marcha.
En algunas casas del área los vecinos apoyaron la protesta con algunos gritos aislados de justicia.
A las 2:20 de la tarde llegaron al edificio de dos pisos del Ministerio Público pero no había nadie, entonces las manifestantes se quejaron del personal por no acudir en un día laboral, y preguntaron qué harían si ocurriera un asesinato.
Ante la falta de respuesta, algunos manifestantes propusieron bloquear el puente vehicular de Coyuca de Benítez para hacer “presión” a las autoridades, entonces el contingente que ya había aumentado a unas 300 personas, con unos cuantos hombres, regresó a la carretera federal.
A las 2:35 de la tarde las manifestantes comenzaron el bloqueo del puente en ambos sentidos, lo que originó rápidamente un gran congestionamiento vehicular, pero el ruido de los cláxones fue mucho menor al clamor de justicia que volvió a sonar.
Una protesta similar ocurrió el 21 de febrero de 2020 cuando familiares de Jaqueline, asesinada el día 18 después de denunciar acoso por policías municipales, bloquearon intermitentemente el puente para pedir justicia.
Entre gritos de “cárcel al violador”, una hermana de Yosmara declaró a los medios que la familia del agresor señalado es empresaria, tiene una pizzería y tiendas, “todo lo quieren arreglar con dinero”, y dijo que el presunto agresor tiene antecedentes de violencia.
A las 3:05 de la tarde llegó al bloqueo el alcalde morenista Víc-tor Hugo Catalán Díaz, quien fue recibido con gritos de “justicia” y él levantó el puño izquierdo, mientras las manifestantes le reprocharon la falta de medidas para evitar estos crímenes.
El presidente municipal se acercó a la mamá de la víctima y le propuso ser el mediador entre la familia y la FGE para que acudiera el fiscal regional, una de las personas que lo acompañaban lo comunicó por teléfono con algún funcionario estatal, pero la llamada era intermitente.
Durante una hora y media el alcalde intentó disuadir a la familia de terminar la protesta, pero el empuje de las decenas de manifestantes, algunas de ellas le declararon a la mamá de la víctima que no la conocían en persona pero acudieron a la convocatoria porque estaban cansadas de la violencia que se vivía en el municipio, alargó la negociación.
Finalmente, a las 4:30 de la tarde la familia aceptó tener una reunión con personal de la FGE en Acapulco a las 7 de la noche y terminar con la manifestación, en la que hubo un par de desmayos, algunos automóviles con el permiso de pasar por alguna urgencia y varias consignas pese al cansancio de las manifestantes que aguantaron hasta el final.

Ramón Gracida Gómez

La violación de Yosmara Genchi García en la comunidad Las Lomas es el hecho violento público más reciente del municipio de Coyuca de Benítez, donde se han registrado crímenes de alto impacto desde hace varios años.
Las Lomas también fue el escenario de un crimen que conmocionó: el asesinato del candidato municipal de la coalición PRI-PAN-PRD, Alfredo Cabrera, el 29 de mayo de 2024, cuando fue baleado durante su mitin de cierre de campaña en la cancha del pueblo, frente a decenas de simpatizantes que acudieron a la actividad del oriundo de este pueblo en el que lo mataron.
El homicidio del candidato municipal condicionó la jornada electoral del 2 de junio en Coyuca de Benítez porque el 80 por ciento de los funcionarios de casilla renunciaron de último momento por “miedo”, después de la ejecución de Cabrera, lo que retrasó la instalación de las casillas, aunque finalmente la ciudadanía acudió a votar.
Unos días antes, el 16 de mayo, los cuerpos del candidato a regidor por la misma coalición PRI-PAN-PRD, Anibal Zúñiga Cortés, y su esposa Rubí Bravo Solís, fueron encontrados en la batea de una camioneta en la avenida Ruiz Cortines de Acapulco.
Casi un año después, el 31 de mayo de 2025, los cuerpos de cuatro hombres decapitados fueron encontrados en el camino de terracería hacia la comunidad de Tepetixtla, estaban semidesnudos, con huellas de tortura y mensajes criminales.
El 6 de abril fue asesinado a balazos Noel Garay Benítez, ex secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento encabezado por el morenista Ossiel Pacheco Salas de 2021 a 2024; el mismo partido ganó las elecciones con el actual alcalde Hugo Catalán Díaz.
El 27 de febrero el director de la Policía Municipal, Jaime Maciel Ramírez fue asesinado a balazos en el poblado de Brasilia, a unos 500 metros del filtro de seguridad del Ejército en el poblado de los Bajos.
De enero a mayo de 2025, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), se han abierto 15 carpetas de investigación por homicidio doloso, 38 por robo en diferentes modalidades, tres por violación simple y equiparada e igual número por violencia familiar.
La violencia en Coyuca de Benítez se recrudeció hace algunos años, el 23 de octubre de 2023, un día antes de la intensificación del huracán Otis que golpeó fuertemente a este municipio, Acapulco y San Marcos, el titular de la Secretaría de Seguridad municipal, Alfredo Alonso López, el director de la Policía, Honorio Salinas Garay, y 11 agentes más fueron asesinados a balazos en una emboscada en la comunidad de El Papayo.
El huracán categoría cinco y el meteoro John de septiembre de 2024 causaron destrozos en varias comunidades de Coyuca de Benítez, para la reconstrucción del municipio el gobierno federal incluyó la franja de la Barra de Coyuca, colindante a Pie de la Cuesta, para el desarrollo del Centro Integralmente Planeado (CIP).
Después del paso de Otis, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes Sedena) informó de la construcción de 21 cuarteles, 20 en Acapulco y uno en Coyuca de Benítez.
La violencia en Coyuca de Benítez data de varias décadas, el caso cumbre es la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas por parte de la policía motorizada del estado, durante el gobierno priista de Rubén Figueroa Alcocer.

Yee Trujillo

La doctorante del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en gestión integral de residuos sólidos urbanos, Selene Eridani Zaragoza Álvarez subrayó la importancia de dar una disposición final adecuada a los desechos generados tras del huracán Erick en la región de Costa Chica, porque no pueden quedar expuestos por cuestiones de salud pública ante malos olores y fauna nociva, visuales y hasta por repercusiones emocionales para los afectados.
Consideró que el gobierno necesita seguir una serie de pasos: diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar, porque al paso de un huracán se generan residuos sólidos urbanos de las casas que pudieron quedar en las calles, ríos o el mar, orgánicos por ramas o árboles completos, y lo que arrancó el viento como láminas, así como muebles, electrodomésticos y escombro, por lo que es importante su disposición final adecuada y mantener los espacios limpios lo antes posible.
Detalló que ante este y otros fenómenos naturales se requiere identificar en qué poblaciones se generaron, en qué cantidad, un lugar para almacenar, separar, reciclar o compostar antes de su disposición final; que lo ideal sería en un relleno sanitario, pero es sabido que muchos municipios de México solamente tienen basureros que no son controlados ni tienen las condiciones adecuadas.
Consideró que tener basureros a cielo abierto y no rellenos sanitarios es algo mucho más complejo porque no sólo se trata de los residuos del huracán y que se necesita una gestión más completa desde la generación de la basura para ya saber qué hacer y tener la infraestructura adecuada.
Con base en la experiencia que ha tenido en la gestión de residuos diarios en comunidades de Oaxaca, llamó a planear, trabajar de forma conjunta, destinar recursos, y contemplar la contratación de personas de otros lugares que puedan accionar porque los damnificados lo que quieren en salvaguardar su propia vida y los habitantes que puedan sumarse lo hagan, pero conociendo la logística para que sea algo integral.
La especialista en gestión integral de residuos sólidos urbanos con enfoque comunitario y colaborativo, recordó que en Japón tras el terremoto magnitud 9 de 2011 el Ministerio de Medio Ambiente formó un grupo de trabajo con más de 100 expertos del gobierno, la academia y la industria, y compartió las lecciones aprendidas en un documento.

Hay un desfase de 30 años en buenas prácticas, señala

A Zaragoza Álvarez se le preguntó sobre las decenas de toneladas de basura que llegan a las playas de Acapulco cada año con las primeras lluvias. Expuso que la geografía de los residuos estudia las diferencias en el territorio, que en México hay algunos que manejan adecuadamente sus residuos, pero estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas están desfasados 30 años en buenas prácticas en comparación con otros países, porque apenas se está empezando a ver la separación o no generar desechables.
Opinó que no sólo es Acapulco, Guerrero o comunidades de la costa sino muchos estados los que necesitan darle la importancia al problema, apostarle económicamente y socialmente para una buena gestión, que la Constitución señala que los municipios son los responsables, pero no pueden solos, que las empresas deben involucrarse como parte de su responsabilidad extendida, así como el consumidor y los académicos.
Subrayó que si se tira basura en la calle, los ríos, las carreteras o el mar es porque no se ama ni respeta al medioambiente, pero todo está conectado, es un sistema, porque lo que llega al mar viene de cuenca arriba, desde otros municipios, y que en su trabajo de educación ambiental busca inculcar en los niños y habitantes que no tiren botellas o basura porque, aunque vivan muy lejos de la playa, el mar comienza en las alcantarillas o en los ríos.
Recordó las inundaciones que ocurren actualmente en la Ciudad de México porque el drenaje no tiene la capacidad, pero también porque hay mucha basura que causa un tapón, y convocó a trabajar desde lo local en todo el país porque los temas prioritarios en los que los gobiernos tienen que enfocarse son la basura y el agua.

Para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un ambiente caluroso en Guerrero con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados, pero también chubascos con lluvias puntuales fuertes que pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
Para la noche del viernes y durante el sábado, se señala el incremento de la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en la entidad, debido a la onda tropical número 8 fue absorbida por una zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y Michoacán.
Advirtió que las precipitaciones de la noche podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Menciona un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, con probabilidad de desarrollar un ciclón al sur de Guerrero y Michoacán, y su aproximación con la nueva onda tropical número 9, puede generar lluvias de distintas intensidades al norte y noroeste del país, así como en Guerrero. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) reanudaron sus labores este viernes después de tres días de paro laboral en demanda del pago de prestaciones sociales, bonos y el retroactivo que les adeuda la administración actual desde el año pasado.
El secretario general de la sección 32 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Jonathan Miranda Barrera informó ayer que la directora de la Capach, Flor Karina Ozuma Dircio y funcionarios del Ayuntamiento les ofrecieron una mesa de diálogo para el próximo jueves a fin de revisar y resolver sus demandas.
“Ayer en la tarde (el jueves) se nos ofreció una mesa de trabajo y de resultados a nuestras demandas para el día jueves, por lo que se acordó una tregua hasta tener esa mesa de trabajo”, informó el dirigente sindical.
Derivado de ese acuerdo informó que partir de ayer viernes todos los trabajadores de la paramunicipal se incorporaron a laborar a sus respectivos centros de trabajo.
El paro laboral y la toma de las oficinas de la Capach ubicadas en la calle 16 de Septiembre del barrio de San Mateo inició a las 9 de la mañana del martes, y por la falta de respuesta de la dirección de la paramunicipal y del Ayuntamiento el movimiento laboral se prolongó hasta el jueves. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Antes de sancionar a las personas por asentarse o construir en zonas de alto riesgo, los ayuntamientos deben de actualizar sus Atlas de Riesgo, consideró el dirigente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, respecto a la iniciativa que presentó en el Congreso local, el diputado de su partido, Héctor Suárez Basurto.
En consulta telefónica dijo que primero se deben de tener Atlas de Riesgo aprobados, e invertir en ellos.
Dijo que los gobiernos municipales no quieren invertir en el diseño ni en la elaboración de ordenamientos territoriales, pero que sólo después de la atención de esta etapa se podría establecer la sanción.
“Sin hay una delimitación de riesgo, cualquiera puede venir a decir que no hay impedimentos para construir ahí”, dijo.
Consideró que la propuesta es buena, siempre que se ponga orden primero en lo administrativo y en lo institucional, con Atlas de Riesgos del estado y del municipio.
“Sé que son costosos esos estudios, porque cuando estuve en la función de diputado los ayuntamientos argumentaban que no había recursos, pero es más costoso lo que está pasando con los huracanes, las reconstrucciones y reubicaciones de viviendas”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

El alcalde de Marquelia, Javier Tacuba Salas acudió a la comunidad de Zoyatlán, uno de los pueblos excluidos de la declaratoria de emergencia del huracán Erick, y en consecuencia del censo de damnificados.
Vía telefónica, los afectados indicaron que el alcalde asumió la responsabilidad de haber quedado fuera de los apoyos federales, sin precisar cómo Marquelia no entró a los municipios afectados.
Informaron que el presidente municipal se comprometió a acompañar la gestión de los pobladores que protestaron afuera del Con-greso del estado el miércoles pasado, con las comunidades de Cruz Verde y Capulín Chocolate. Las tres colindan con los municipios de San Luis Acatlán y Juchitán, también con daños.
Reconocieron que hay desánimo por el anuncio de la presidenta Claudia Shein-baum, de que el censo de daños ya fue cerrado y ahora esperan que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los escuche. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia tomaron las instalaciones de la normal Vicente Guerrero, en la cabecera municipal de Teloloapan, donde retuvieron por más de cuatro horas a la directora y otros funcionarios, debido a un error en una lista de admisión de nuevo ingreso publicadas por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Unos 30 padres de familia tomaron esta escuela la mañana del miércoles, dejando retenida a la directora Yerenia Salgado Gómez y otros funcionarios de la SEG, luego de que se publicó una segunda lista de aceptación para los alumnos de nuevo ingreso a la normal.
En el lugar se presentaron los delegados regionales de los Servicios Educativos de la SEG y de Gobernación, Severiano Jacinto Gómez y Felipe de Jesús Adán Ramírez, para dialogar con los padres inconformes, así como tener una reunión con ellos dentro del plantel, así como liberar las instalaciones y las personas que habían quedado retenidas.
Durante declaraciones por teléfono ofrecidas la tarde de este viernes, el delegado de la SEG informó que el conflicto con los padres se generó luego de que se publicó una segunda lista de alumnos admitidos en la normal Guerrero, lo que generó molestia entre los padres y alumnos de la primera lista que se publicó.
Dijo que fue una “confusión” y un error por parte de la comisión de normales públicas de la SEG, que publicó una primera lista de admisión, la cual no era la correcta, pero tampoco informó del error y el miércoles difundió la lista correcta, de los alumnos admitidos, lo que detonó la molestia de los padres y alumnos que aparecieron en la primera lista.
De acuerdo con el delegado de la SEG ya habían sido publicadas las listas de alumnos admitidos para las licenciaturas de Primaria, Preescolar y Educación Especial, donde se entregaron 20 espacios en cada una, pero esas eran incorrectas.
Las autoridades estatales y los padres de familia tuvieron una reunión en la misma escuela, donde uno de los planteamientos de los padres era que se formara otro grupo, con los alumnos de la primera lista que se publicó, lo cual fue rechazado por las autoridades.
Jacinto Gómez informó que entre los acuerdos que lograron con los padres, para resolver el conflicto, está el que se abrieron otros tres espacios dentro de la normal, siguiendo la lista de prelación de los alumnos que realizaron el examen de admisión y que eran parte de los inconformes.
Asimismo, consiguieron siete espacios más para alumnos de la primera lista en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sin la necesidad de realizar de nuevo el examen de admisión y se les concedió el pase directo, pues esos alumnos son los que siguen en la lista de admisión ya que realizaron el examen en la normal.
Dijo que estas medidas fueron para corregir el error que se tuvo en el Departamento de Normales del Estado, por las dos listas publicadas.
A pregunta sobre porqué publicaron dos listas, el funcionario de la SEG en la zona Norte informó que, de acuerdo con la titular del área de normales de la dependencia, se debió a un error y “pegaron las listas incorrectas”.
En esa primera lista, que fue la incorrecta, iban los nombres de alumnos que también realizaron el examen de admisión, pero que tras corregir ese error, en el que al parecer participó la empresa que es contratada para este proceso, el miércoles se publicó la lista correcta y definitiva de admisión.

Jacob Morales Antonio

Representantes de las cámaras empresariales y asociaciones en Acapulco respaldan que la Guardia Nacional esté al frente del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, porque hay una mayor confianza y ya no habrá pretextos para hacer frente a la situación de violencia.
Consultado por teléfono luego de que este jueves la Guardia Nacional tomó control del C4 de Acapulco, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero, Julián Urióstegui Carbajal, indicó que la operación de las cámaras de seguridad en manos de la Guardia Nacional está dentro del contexto de la estrategia de seguridad nacional “es interesante ver que hay plena coordinación de los tres órganos de gobierno para eficientar la estrategia”.
El empresario respondió que las cámaras de video vigilancia del C4 y el C5 tienen objetivos muy específicos con relación al seguimiento de hecho delictivos que captan, así como de dar atención a quien solicitan auxilio con los botones de pánico que hay en las calles y avenidas. Pero subrayó que las videocámaras son una parte de la estrategia de seguridad, como los agentes en las calles, y la investigación de campo.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, confió en que con la operación de la Guardia Nacional al frente del C4, mejore la seguridad “esto va a dar paso a que la federación pueda tener los ojos puesto en los actos delictivos de Acapulco y que no haya ningún pretexto, en que tienen que pasar por un proceso del municipio y luego del estado, sino que es directo”.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Jose Luis Smithers Jiménez, consideró que es interesante la estrategia que está impulsando el gobierno federal con este modelo, que según las autoridades están dando resultados en otros municipios “esperemos que sirva”.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Acapulco, Daniel García Aguirre, expresó: “sabemos lo que representa la Guardia Nacional y el Ejército como institución y sinónimo de confianza, desde el sector empresarial tenemos la esperanza en la estrategia que se está implementando, pueda verse con mejores resultados que favorezcan las condiciones de seguridad”.