Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del colectivo Guerrero no más Desaparecidos pidieron ayer en conferencia de prensa una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que le expongan las necesidades, carencias y deficiencias que han visto en las instituciones encargadas de las búsquedas e identificación de restos humanos.
Las buscadoras del colectivo Guerrero no más Desaparecidos iniciaron desde el 28 de mayo una jornada de búsqueda en la carretera vieja Chilpancingo-Zumpango, en el cerro del Tepetlayo, aproximadamente un kilómetro adelante del Hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón.
A más de un mes han encontrado restos de al menos tres personas, también ropa y botas tácticas, así como indicios de que hay más restos humanos, por lo que van a continuar la búsqueda hasta descartar que ya no hay restos, informaron ayer.
El colectivo que encabeza Francisca Mayo Ramírez, madre de Jonathan Munives Mayo, desaparecido el 3 de noviembre del 2008, junto con otras madres denunció en conferencia de prensa las deficiencias que enfrentan para eficientar las búsquedas y la agilización de la identificación de los restos que encuentra.
En la conferencia pidieron a la gobernadora una reunión para que se destine, además de apoyo para material, equipo y vehículos, así como personal capacitado sobre todo en materia de antropólogos forenses.
“Somos el Colectivo Guerrero no más Desaparecidos, un grupo integrado por aproximadamente 48 familias buscadoras que, desde hace cinco años, trabajamos de manera organizada para visibilizar y combatir la crisis de desapariciones en México”, explicó la dirigencia.
Informó la representante del colectivo que aunque la colaboración con otros colectivos comenzó hace más de 10 años en distintos estados del país, fue el 28 de febrero del 2020 “cuando decidimos conformarnos formalmente como colectivo”.
Dijo: “Nacimos del dolor, de la necesidad y de la indignación al ver cómo más familias viven lo que nosotros vivimos: la desaparición de un ser querido, la desinformación total sobre qué hacer, a dónde acudir, y además, el rechazo y estigmatización por parte de la sociedad”.
Añadió que, ante esa realidad, “decidimos no quedarnos callados. Nos hemos dado a la tarea de impulsar proyectos de apoyo y orientación, participar en la formación de leyes, colaborar con otras organizaciones y generar actividades de visibilización, memoria y exigencia de paz”.
Agregó que “nuestro compromiso es con la verdad, con la dignidad y con todas las personas que buscan a sus seres queridos”.
A la gobernadora Salgado Pineda las madres buscadoras le pidieron, “con profundo respeto y dolor, solicitarle una audiencia de carácter urgente para exponer la actual problemática en los asuntos que competen a la atención de la Fiscalía General del Estado, particularmente de los Servicios Periciales”.
Lamentaron “profundamente la falta de atención, respuesta y coordinación por parte de esta instancia, lo cual ha dificultado gravemente nuestro derecho a la verdad”.
“Nuestro estado enfrenta una grave rezago en materia de identificación humana, situación que requiere de voluntad política, recursos humanos, económicos y materiales, profesionalización y, sobre todo, sensibilidad ante el dolor de quienes buscamos incansablemente a nuestras hijas, hijos, madres, padres, hermanos, hermanas, esposas y esposos desaparecidos. Nosotras, las madres buscadoras, no buscamos culpables, sino a nuestros familiares”, dijo.
Agregó que vinieron a perseguir a nadie, “y a exigir lo mínimo indispensable: saber dónde están nuestros seres queridos. Porque somos nosotras quienes sin descanso y con nuestras propias manos y recursos económicos hemos buscado y muchas veces hemos sido quienes encontramos”.
Dijo que a la gobernadora le piden “con el corazón en la mano que escuche nuestras propuestas, que camine junto a nosotras, que fortalezca las instituciones responsables de la búsqueda y la identificación, y que no olvide que la paz y la justicia comienzan con la verdad”.

La falta de personal obstaculiza el derecho a la verdad y la justicia

Hicieron un llamado “urgente” a usted gobernadora Evelyn Salgado Pineda “y a usted fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda con fundamento en el artículo 1 y artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materias de búsqueda de personas que es un instrumento operativo y normativo que obliga a que toda búsqueda se realice bajo los principios de inmediatez, exhaustividad, enfoque diferencial y participación activa de las víctimas”.
En la conferencia de prensa se informó que la falta de personal, materiales, organización, coordinación y logística “contraviene este Protocolo y obstaculiza la garantía del derecho a la verdad y la justicia”, toda vez que la Ley Nacional de Procedimientos Penales marca que toda autoridad encargada de investigaciones está obligada a actuar bajo el principio de debida diligencia, “particularmente en casos de desaparición forzada o cometida por particulares, delitos graves que atentan contra la dignidad humana”.
La agrupación de víctimas de desapariciones recordó que México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a realizar todas las acciones necesarias para la búsqueda efectiva y la localización de personas desaparecidas, y a garantizar la participación efectiva de los familiares la omisión de dichas acciones puede derivar en recomendaciones hacia los estados que incumplen sus obligaciones.
Por ello, la agrupación demandó: La presentación inmediata del plan de trabajo por parte del Coordinador de Servicios Periciales, Héctor Ramírez Chávez, con cronograma. responsables y metas claras.
Asimismo, que a más de un mes desde que se inició la excavación en el sitio ubicado en la carretera vieja que va de Chilpancingo a Zumpango, “seguimos esperando el plan de trabajo de Servicios Periciales quien en las reuniones interinstitucionales ha reconocido que operan con dichos planes, los cuales a la fecha no han sido entregados ni ejecutados con claridad”.
Agregaron que la omisión ha causado una afectación emocional, psicológica y económica profunda a las familias, lo que constituye una forma de revictimización, contraria a los marcos legales nacionales e internacionales que rigen el actuar del Estado mexicano.
“El refuerzo urgente de personal capacitado y reubicación de personal a las áreas correspondientes a su capacitación y especialización, herramientas para continuar con las labores de excavación, evitando dilaciones que pongan en riesgo las evidencias y la integridad de las familias”.
También requieren el cumplimiento, “contenido en el punto cuarto del oficio dirigido al Fiscal del Estado, sobre el fortalecimiento de la unidad canina, quienes han sido los únicos que han trabajado de manera efectiva y con sensibilidad”.
Asimismo, el cese inmediato de prácticas que constituyen revictimización institucional, como la falta de organización y coordinación, la omisión y la indiferencia ante las necesidades emocionales, logísticas y económicas de las familias.
“Exigimos con urgencia una coordinación real y efectiva entre las comisiones y las instituciones responsables de la búsqueda de personas desaparecidas. Establecer mecanismos claros de colaboración e intercambio de información”, refiere la petición del colectivo que se entregó en la conferencia de prensa.
Agrega que la búsqueda “debe ser integral, con protocolos adecuados y con pleno respeto a los derechos humanos. Ya no hay tiempo para improvisaciones ni simulaciones. La coordinación interinstitucional no es un favor, es una obligación del Estado”, concluyó la representación del colectivo de víctimas de desapariciones.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Por tercer día consecutivo, trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) continuaron este jueves en paro laboral con la demanda del pago de prestaciones que les adeudan desde la administración pasada.
Desde el martes, los trabajadores iniciaron un paro laboral y una concentración afuera de las oficinas de la paramunicipal en espera de respuesta a las demandas de parte de la administración municipal, pero no recibieron respuesta.
A partir de ayer, marcharon de las oficinas de Capach al Palacio Municipal en donde exigieron una reunión con el alcalde Gustavo Alarcón Herrera.
Cerca de 100 trabajadores marcharon de las oficinas de la Capach ubicadas en la calle 16 de Septiembre del barrio de San Mateo al Palacio Municipal en donde bloquearon la calle Ignacio Ramírez y la entrada al Palacio Municipal que está por esa calle.
La protesta se mantuvo durante todo el día debido a que no recibieron respuesta de las autoridades municipales.
El dirigente sindical insistió en lo que ha venido declarando estos días respecto a que los trabajadores piden que les paguen las prestaciones que tienen desde el 2023 y 2024.
Informó que a partir de ayer se sumaron al paro laboral los trabajadores de los sistemas de bombeo del agua que surte a la capital de Mochitlán, dijo que en tanto que el de Acahuizotla debido a las lluvias de los días pasados se azolvó y no estaba en servicios.
Informó que sólo estaba funcionando en el de Mochitlán debido a que el de Omiltemi y el de Acahizotla están fuera de servicio por los daños ocasionados por las lluvias.
Los adeudos que tiene la Capach con los trabajadores son el 50 por ciento del retroactivo del incremento salarial correspondiente a 2023 que equivale a 156 mil pesos, asimismo, el 100 por ciento del retroactivo del 2024 que son 324 mil.
También les adeudan el bono del Servidor Público correspondiente al 2024, así como el del 2025 que venció el 20 de marzo pasado.
Otro de los adeudos es la prima vacacional del primer periodo del 2024 por un monto de un millón 12 mil 328 pesos, así como el pago de las cuotas sindicales correspondientes al 2022 y lo que va del 2025 que equivale a 623 mil 585 pesos.
El dirigente sindical también reclamó el pago de los finiquitos, así como en algunos casos el apoyo por defunción, que les corresponde a las familias de los trabajadores que han fallecido a partir del 2022, a pesar de que aclaró que este recurso es una retención que se hace vía nómina a los trabajadores.

 

Alejandro Guerrero

Iguala

Las desapariciones de dos jóvenes de 17 y 23 años fueron reportadas en Iguala y Teloloapan, la primera ocurrida el domingo y la segunda el lunes, ésta última por la que la Fiscalía General del Estado (FGE) activó una ficha de búsqueda y ayer por la tarde se informó la localización del muchacho, al igual que la de Gabriel González Ibarra, de 42 años, quien fue reportado desaparecido el domingo en el municipio de Huitzuco.
La tarde de ayer mediante las redes sociales, familiares del joven de 17 años, Juan José Nájera Andrade denunciaron su desaparición ocurrida desde el domingo en esta ciudad de Iguala.
De acuerdo con la información compartida, el muchacho fue visto por última vez al salir de su casa de la colonia Ruffo Figueroa, ubicada al sur de la cabecera municipal. Desde ese día perdieron comunicación con Juan José, quien no responde en su teléfono ni se ha comunicado con su familia, por lo que temen que sea víctima de algún delito.
En un hecho separado, la Fiscalía estatal difundió la ficha de búsqueda de la alerta ¿Has visto a…?, por la desaparición del joven Andony Brayan Mora Altamirano, de 23 años, quien fue visto por última vez este lunes en la cabecera municipal. Se indica que la denuncia de su desaparición fue presentada por sus familiares este miércoles.
Como seña particular, el muchacho tiene una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en el lado izquierdo del abdomen, de acuerdo con la ficha HVA/0133/2025. Asimismo, se informa que Andony Brayan es moreno claro, de cabello negro, lacio y corto, y mide 1.65 metros de estatura.
A las 6:24 de la tarde de ayer, la Fiscalía Estatal informó que este joven ya fue localizado con vida en el municipio de Teloloapan, sin dar detalles del caso.
Por separado, la tarde de este jueves la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), informó en su portal oficial de Facebook la localización con vida de Gabriel González, de 42 años, quien estaba reportado desaparecido desde este domingo 29 de junio, luego de que fue visto por última vez en la comunidad de Atetetla.
Mediante las redes sociales, familiares de Gabriel y vecinos de este municipio, confirmaron su localización, y señalan que habría sido localizado desde el lunes, un día después de su desaparición, y ya se encuentra con su familia.

Ramón Gracida Gómez

Yosmara fue violada por dos hombres en la comunidad Las Lomas, Coyuca de Benítez, el sábado pasado, el agente del Ministerio Público de este municipio que registró la denuncia de la mamá de la víctima no quiso anotar en el acta que sufrió una violación y en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Acapulco que recibieron el caso no le han informado de los avances de la investigación.
La mamá de Yosmara Genchi García se llama Mariela García Bautista, ayer habló con El Sur para pedir justicia afuera del hospital El Quemado, donde está internada su hija de 24 años desde el sábado pasado, cuando fue encontrada alrededor de las 6 de la mañana tirada afuera de una casa en la comunidad Las Lomas, a unos 10 minutos de la cabecera municipal.
Protección Civil recogió el cuerpo de la mujer inconsciente que parecía estar muerta porque estaba “llena de sangre”, muy golpeada de la cara y sin ropa, yacía recostada en el pasto afuera de la casa de Diego Arismendi, quien la llevó a esa casa horas antes de ser encontrada.
Yosmara y Diego se conocieron el viernes en la noche en un establecimiento ubicado en la cabecera municipal, a donde Yosmara había acudido con un primo y vecinos, y Diego, de entre 21 y 22 años, con su hermano.
Después de las 12 de la noche del sábado Diego le pidió a Yosmara acompañarlo a trasladar a su hermano a su casa en Las Lomas, localidad conocida más allá de las fronteras de Guerrero por el asesinato del candidato municipal de la coalición PRI-PAN-PRD, Alfredo Cabrera, durante el cierre de su campaña el 29 de mayo de 2024.
Diego se metió a su casa y Yosmara le pidió adentro que la regresara a la cabecera municipal, él contestó con golpes y ella le pidió que no la fuera a matar.
Horas después, Protección Civil trasladó a Yosmara al hospital de Coyuca de Benítez, donde llegó primero un hermano de Mariela García porque ella no estaba en el municipio y personal del nosocomio le dijo que “ahí no la podían atender porque venía muy grave, tenía muchos golpes en la cabeza”.
La familia de la víctima de violación tuvo que pagar 700 pesos por el traslado en ambulancia al hospital de El Quemado, a las afueras de Acapulco, en la carretera federal que lleva a la Ciudad de México; también está costeando el medicamento, suman unos 10 mil pesos de gastos, estimó la mamá agradeciendo aun así la atención que le dan a su hija, a diferencia del hospital de Coyuca de Benítez, ambos nosocomios inscritos al IMSS-Bienestar, donde la promesa oficial es que todo es gratuito.
La familia de Yosmara ha recibido donaciones para solventar los gastos, ningún gobierno se ha acercado para ayudarles.
Fue hasta el lunes que Yosmara despertó y comenzó a narrarle los hechos a su mamá, “que la parte de atrás en su colita le dolía porque donde no tenía su ropa interior pues la violaron”.
Yosmara acusa de violación a dos personas, pero sólo logra identificar a Diego, “que le tapó su boca y ya no se acuerda, pero sí sentía que le daban en la cabeza”.
El domingo Mariela García acudió al Ministerio Público y le narró los hechos al agente Alfredo Aguirre Olivar, quien le respondió que el mismo sábado que llegó Yosmara a El Quemado, Diego, su mamá Flora y su padre Sergio acudieron al hospital de El Quemado para pagar los gastos con el fin de llegar a un acuerdo.
Sí es cierto que acudieron el presunto victimario y sus padres al hospital, el hermano de la mamá de la víctima vio que Diego intentó ingresar al lugar donde estaba internada Yosmara, pero llamó a la policía de la institución para evitarlo.
Pese a ello, Mariela García le planteó al Ministerio Público si Diego había acudido “a darle el tiro de gracia o acabar con ella, eso no se vale”, y le preguntó directamente “si ellos ya se adelantaron con usted”, es decir, que Aguirre Olivar haya recibido un soborno por parte de los padres de Diego, él es maestro y ella es enfermera.
Finalmente, Aguirre Olivar no anotó en el acta de denuncia de Mariela García que Yosmara había sufrido violación, “nada más le puso agresiones, por eso no me atendían, no había ningún movimiento”.
Después, personal de la oficina de la FGE ubicada en la colonia Progreso acudió a visitar a Yosmara porque el Ministerio Público de Coyuca de Benítez mandó el documento a Acapulco.
Con base en el testimonio que Yosmara les ofreció convaleciente el mismo personal de la FGE de Acapulco le confirmó a su madre que sí había violación y le preguntó por qué no estaba anotado este delito, y Mariela García les dijo que no sabía.
El acta fue modificada y ya fue incluida el delito de violación, pero la madre de la víctima no ha sido informada de las acciones de la investigación para localizar a Diego, quien “ya se tiró a perder con la familia, dicen”.
Mariela García dijo que los padres de Diego también son “responsables” de los delitos que su hija sufrió porque el día de la agresión ambos estaban en la casa, Yosmara recuerda que su papá y él se saludaron y se lo presentó a Yosmara, luego el papá de Diego se metió a su cuarto.
Cuando los padres acudieron al hospital El Quemado, Flora, la mamá de Diego, les dijo a los familiares de Yosmara que ella se le “insinuó” a Diego y le mandaba mensajes, lo cual no es cierto, apuntó Mariela García, porque su hija tiene pareja y no tiene teléfono.
La mamá de Diego dijo que tenía cámaras en su casa donde se ve que su hijo la sacó de la vivienda, entonces los familiares de Yosmara le preguntaron por qué no presenta esas pruebas.
La familia de Yosmara recibió información que el presunto victimario ya había sido denunciado por otra joven de Coyuca de Benítez por agresiones y amenazas de muerte si daba a conocer el caso, y han escuchado de al menos otras dos víctimas, una de la comunidad El Zapote.
Mariela García alertó de una posible represalia por la denuncia pública que ha hecho, “yo me siento muy mal, la verdad, como madre me duele verla así, pero pues también me hago fuerte porque soy la única que estoy dando vuelta pa’quí, pa’lla, y le digo, no, mami, lúchale porque tienes dos niños, tiene un niño de 8 años y otro de 2 años, ellos te necesitan”.
Yosmara es ama de casa, trabaja ocasionalmente, hasta ayer todavía le punzaba la cabeza mientras hablaba con el personal de la FGE dentro del hospital por los múltiples golpes que recibió el sábado en la madrugada.

Ramón Gracida Gómez

Las carpetas de investigación por violación simple y equiparada suman en Guerrero 172 de enero pasado a mayo, 20 más que las 152 registradas en el mismo periodo de 2024, es decir, un aumento de 13 por ciento, de acuerdo con los datos más actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
El total acumulado del año en curso representa la tercera cifra más alta desde 2015, primer año del que el SESNSP reporta los datos con la metodología vigente para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos.
Acapulco y Chilpancingo son los municipios con el mayor número de violaciones en 2025, ambos reportan 38 carpetas por este delito; mientras que en Acapulco 21 carpetas fueron registradas como violación simple y 17 como violación equiparada, es decir, la cópula con menores de 12 años o con introducción de elementos, en Chilpancingo fueron 24 carpetas por violación simple y 14 por violación equiparada.
En tercer lugar se encuentra Zihuatanejo con 14 carpetas de investigación, 8 por violación simple y 6 por violación equiparada; luego están los municipios de Coyuca de Benítez y Ometepec con un total de 6 carpetas, Taxco y Tlapa con 5, Tecpan y Petatlán con 4 y Tixtla, Copala y Ayutla con 3 carpetas de investigación por ambas clasificaciones de violación.
El total reportado por el SESNP en los primeros cinco meses de 2025 es de 172 carpetas de investigación abiertas por violación, 94 registradas como violación simple y 78 como violación equiparada.
De enero a mayo de 2024 fueron abiertas 152 carpetas de investigación por violación en ambas clasificaciones y en 2023 sumaron 185 carpetas de investigación, la cifra más alta registrada en los últimos 10 años.
En 2022 fueron 182 carpetas de investigación por violación simple y equiparada, la segunda cantidad más grande en el mismo periodo comparada y un año antes sumaron 160 carpetas de investigación.
En 2020 fueron 134 carpetas de investigación por violación simple y equiparada, en 2019 fueron 150 carpetas de investigación, en 2018 fueron 97 carpetas de investigación, en 2017 fueron 96 carpetas de investigación, en 2016 fueron 137 carpetas de investigación y en 2015 fueron 158 carpetas de investigación.
El sábado pasado, Yosmara Genchi Garcia, de 24 años, fue víctima de violación por dos hombres en Coyuca de Benítez, denunció su madre Mariela Garcia; hoy se prevé una protesta en el Ayuntamiento para exigir justicia.
El primero de julio pasado, familiares, compañeras y feministas marcharon en el centro de Iguala por el asesinato de la enfermera Ana Lilia, presuntamente por su ex esposo José Guadalupe, a siete meses del crimen; y por la joven Maribel, presuntamente también por su pareja Diego el 17 de enero pasado; ambos hombres están detenidos, pero no han sido sentenciados.
En su actualización de datos más reciente, el SESNP posicionó a Guerrero como en el lugar seis del país con mayor número de mujeres asesinadas, al sumar 51 de enero pasado a mayo.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El comisario de la localidad de Yoloxóchitl, Edilberto Castillo García denunció que el pasado lunes 30 de junio concluyó el censo del huracán Erick, sin integrar a los afectados de San Luis Acatlán y Ayutla, dos de los ocho municipios señalados en la declaratoria de emergencia que solicitó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la federación.
Incluso, señaló que se fue el campamento de los “servidores de la nación” que estaba en el Instituto Tecnológico de la Costa Chica (ITCH), con sede en Ometepec, al parecer desde el martes 1 de julio, cuando los brigadistas iban a regresar a sus lugares de origen, y fueron encerrados como 10 horas por vecinos de colonias de ese municipio que exigían ser censados. Se supo que salieron saltando una reja y cruzando sembradíos porque los manifestantes se negaban a abrir las puertas.
En entrevista telefónica, el comisario indicó que en San Luis Acatlán son 13 localidades -entre estas Yoloxóchitl-, y colonias de la cabecera municipal, afectadas y con evidencia de daños.
Al paso de los días, cuando vieron que no había ninguna atención, ayuda, ni censo, dijo que la asamblea de la comunidad nombró a una comisión para ir a pedir informes al Tecnológico el martes, porque sabían que estaban en la declaratoria.
Cuando llegaron a la 1 de la tarde, aclaró que el lugar ya estaba tomado por vecinos de colonias de Ometepec que reclaman su incorporación al censo.
Ellos pidieron hablar con el delegado del gobierno federal Iván Hernández Díaz, sin respuesta se retiraron a las 5 de la tarde, y volvieron el miércoles 2 de julio, y comprobaron que el campamento se había retirado. “No había vehículo de los Servidores de la Nación, todo estaba desmantelado”.
Añadió que insistieron a través del alcalde del PT de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez en la gestión de una reunión con el delegado del gobierno federal, que los escuchó de manera virtual a las 5 de la tarde, en las instalaciones del Ayuntamiento.
Así, indicó que el delegado del gobierno federal Hernández Díaz les dijo que el censo por el huracán Erick se terminó el 30 de junio. Aunque reconoció que San Luis Acatlán era parte de la solicitud del gobierno estatal, la decisión sobre la atención está en en manos de la federación.
Pero les adelantó que con el censo cerrado la federación podría apoyar con obras de electrificación, de salud, escuelas o vías de comunicación.
“Es un consuelo, como autoridades de la comunidad buscamos apoyo para la reconstrucción, como municipio, y para la comunidad”.
Expuso que Yoloxóchitl nunca había sufrido por un desastre natural, las viviendas más afectadas fueron las más humildes.
En este sentido, informó que la comisión de la comunidad va a investigar por qué los excluyeron de los apoyos, si el Ayuntamiento no entregó la información que enviaron las comunidades con evidencia, o si el gobierno del estado no la entregó a la federación.
“Tenemos prueba suficiente, nos organizamos, a las 4 o 5 de la tarde (del día del huracán) teníamos letreros, la información para llevarla a la cabecera municipal. Nunca llegó personal de Proteccion Civil estatal ni municipal”.
Subrayó que la comunidad se levantó con su propio esfuerzo, no hubo ninguna instancia de gobierno. Añadió que se van a organizar para buscar respuestas.
Bienestar dice que alcalde no informó de daños en Marquelia

Vecinos de la comunidad de Zoyatlán del municipio de Marquelia, uno de las tres localidades que protestaron el lunes en el Congreso local para pedir la mediación de los diputados para ser incorporados al censo de damnificados del huracán Erick, informaron que personal de Protección Civil del estado y el municipio, fueron el miércoles a la comunidad, pero se retiraron sin terminar el registro de viviendas.
Vía telefónica dijeron que la población está muy inconforme porque hubo muchos daños y ninguna autoridad de acercó a conocer su situación, ni víveres para los que perdieron todos sus bienes.
Indicó que Zoyatlán colinda con San Luis Acatlán donde pegó más fuerte el huracán, una localidad del municipio de Juchitán, a 15 minutos de distancia, sí fueron brigadistas a censarlos.
Tras la protesta en Chilpancingo, señalaron que los recibió personal de la delegación del Bienestar, y les dijeron que ya estaban fuera del censo por negligencia del alcalde, Javier Tacuba Salas, que no entregó la información de daños en las comunidades a Proteccion Civil estatal.
Sin embargo, por separado, el alcalde les dijo que sí entregó la información.
Pidieron saber quién dice la verdad, así que mañana en la tarde, habrá una reunión con el alcalde y su Cabildo en la comunidad de Zoyatlán, informaron.

Se les puede apoyar en otros rubros, dice el delegado

Por la noche, el delegado del gobierno federal, Iván Hernández Díaz, confirmó que concluyó el periodo del censo del huracán Erick en Guerrero, lo que sigue, es esperar el operativo de pago.
Vía telefónica, puntualizó que no se prevé ninguna otra actividad relacionada al censo, frente a las demandas de vecinos de colonias de Ometepec y comunidades de San Luis Acatlán y de Marquelia que exigen ser consideradas en los apoyos por daños en viviendas.
Dijo que se atendieron el fin de semana las comunidades de Juchitán y Azoyú, que antes bloquearon en la carretera federal. Precisó que la atención no fue producto de la protesta, sino porque estaban contemplados en el censo.
En el caso de Ometepec, que el lunes encerraron a los “servidores de la nación” en el Instituto Tecnológico de Costa Chica para que los registraran, aclaró que ya se terminó el registro en el municipio.
De Marquelia también hubo afectaciones, dijo que ya se les informó que eran parte de la declaratoria de emergencia.
En San Luis Acatlán, que sí aparece en la solicitud de la declaratoria de emergencia, dijo que no entran al censo, pero existe la posibilidad de que sean apoyados en otros rubros.

Los integrantes del núcleo agrario de los Bienes Comunales del municipio de Malinaltepec y el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado, Alejandro Zepeda Castorena acordaron que se realizará un diagnóstico agropecuario integral en su territorio para identificar las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas.
La reunión del secretario con los integrantes del núcleo agrario de Malinaltepec y el comisariado de Bienes Comunales de Malinaltepec, Florindo Vicario Carrasco, el presidente del Comité del Sistema Producto Café en Guerrero, Marino Bernardino Adame y el subsecretario de Agricultura e Infraestructura Rural de la Sagadegro, Pavel Ernesto Damián Díaz, fue en seguimiento a la atención al sector agroalimentario en las comunidades indígenas y rurales de Guerrero por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Según el comunicado, el titular de la Sagadegro precisó que el diagnóstico permitirá que se identifiquen cuántas hectáreas agrícolas existen y el potencial productivo en materia pecuaria y acuícola, que serán elementos clave para una planeación estratégica con evidencias.
Dijo que la dependencia utilizará esta información para tomar decisiones oportunas y pertinentes para atender a las y los productores de esta zona.
El secretario enfatizó que el enfoque será proponer acciones técnicas y programas adecuados a las condiciones específicas del territorio, con respeto a los saberes comunitarios y fortaleciendo el desarrollo económico local. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Jacob Morales Antonio

La gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, afirmó que los afectados por el huracán Erick en los municipios de la Costa Chica “no van a quedarse sin el apoyo”, luego de la denuncia de que en poblados del municipio de Azoyú las familias siguen sin techos.
En breves declaraciones y a pregunta expresa al concluir la instalación local del Comité del Tianguis Turístico, expresó “yo he tenido contacto permanente con el presidente de Azoyú, hemos brindado apoyos por parte del gobierno estatal, no se diga del gobierno federal que nos ha apoyado en todo momento”.
Agregó que se entregará ayuda no sólo a los municipios integrados a la declaratoria de desastre natural “sino en todos los municipios de Costa Chica, vamos a continuar, los apoyos están llegando y van a seguir llegando”.
Dijo que además del programa del “Tianguis del Bienestar”, están los apoyos que está brindado el gobierno del estado en coordinación con los gobiernos municipales.
En estas páginas este jueves se publicó la denuncia pública que hizo la regidora del PRI, María Luisa Soriano Hernández de que muchas familias siguen durmiendo fuera de sus casas y están sin techos en comunidades pobres y marginadas de afrodescendientes en el municipio de Azoyú.

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se deben de investigar los casos de menores de edad embarazadas por un hombre mayor de edad, además que los colectivos que critican esa situación tienen razón.
En la conferencia matutina de este jueves, a la presidenta le comentaron que el pasado fin de semana se viralizó una lista con información de la Secretaría de Salud a nivel federal, en la que dijo que se deben investigar los casos.
–Las mamás son incluso de 10 años y sale que el papá del bebé es hasta 60, 40 años–, le dijeron a la presidenta,  y respondió, “no, pues eso sí hay que revisarlo”, a lo que le añadieron si era posible investigar los 30 casos de la lista en cuestión, para lo que dijo “claro que se tiene que investigar”.
Con la viralización de la lista, que también fue difundida por colectivos feministas con información de la Secretaría de Salud, comentó que se investigará y se darán actualizaciones del tema.
“El padre, digamos que tiene una edad mucho mayor. No, pues tienen razón. Tienen razón, hay que investigarlo. Entonces lo investigamos y mañana tocamos de nuevo el tema”, dijo Sheinbaum.
Le comentaron el caso de una niña de 12 años que se embarazó de un señor de la tercera edad que tenía 65, a lo que la presidenta agregó, “pues tienen que investigarse, evidentemente”.
Del casamiento de menores de edad con personas mayores de edad, la presidenta comentó que es una situación que depende de cada uno de los estados acorde a su legislación, pero aclaró que se trata de un delito y agregó que la ley protege a los menores de edad.
“Eso depende de los estados. Pero lo que no es posible es que sea un casamiento con una menor de edad, a menos que haya otra autorización. Eso sí es delito, entonces tiene que haber (una investigación), si no hay consentimiento”, dijo.

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Una niña de 10 años en Acapulco es uno de los dos casos registrados en el país de mujeres de esa edad que fueron madres durante 2024, y es parte de la estadística estatal de que nueve de cada 100 nacimientos registrados en el estado son de embarazos de madres menores de edad.
Datos de la Secretaría de Salud federal correspondientes a nacimientos durante 2024, reflejan que en 11 casos, las madres que dieron a luz apenas llegaron a cumplir 12 años. Los datos muestran que en 2024 fueron 40 mil 470 nacimientos registrados dentro del estado, de los cuales 9.73% correspondieron a menores de edad.
La cifra de nacimientos presentada por Salud federal indica que en Guerrero fueron 3 mil 938 embarazos de mujeres menores de edad, que van desde los 10 hasta los 17 años.
Los datos reflejan que en tres casos en los que las madres tenían menos de 12 años, los padres superaban la mayoría de edad.
En la región de Costa Chica en el municipio de San Luis Acatlán hay un caso en el que el padre con 85 años es cinco veces mayor a la madre, de apenas 16 años cumplidos, es el caso del padre de más edad. El segundo de mayor edad, también en San Luis Acatlán un hombre de 70 años, embarazó a una menor que también cuenta con 16 años.
De 3 mil 938 nacimientos de embarazos de mujeres, 67.9% tuvieron como padre a un mayor de edad, es decir que 2 mil 674 hombres adultos embarazaron a niñas y adolescentes en Guerrero.
Guerrero tuvo mujeres embarazadas que fueron desde los 10 hasta los 55 años en 2024, el rango de edad con más embarazadas estuvo entre los 18 a los 25 años, con 40.15% del total de nacimientos, equivalente a 16 mil 248.
El siguiente rango de edad con más nacimientos correspondió a las mujeres entre 26 y 30 años, con 9 mil 754 nacimientos, correspondiente a 24.1% del total reportado durante el año en el estado.
En el caso de las mujeres que dieron a luz y estaban entre 31 a 36 años, los nacimientos fueron 6 mil 782, el 16.76% del total de los nacimientos que se dieron durante 2024 en el estado.
Las mujeres de 36 a 40 años registraron tres mil 94 nacimientos, mientras que de 41 a 45 años el reporte fue de 617 nacimientos, el rango de 46 a 50 años tuvo 30 nacimientos y de 51 a 55 años fueron siete embarazos.
En el rango de edad de mujeres de 36 a 55 años fueron 3 mil 748 nacimientos, 190 menos de los que se reportaron en el caso de las menores de edad en Guerrero. Incluso en el rango de 51 a 55 años fueron menos nacimientos de los que tuvieron los embarazos de niñas menores a 12 años.

Con sólo 10 años, ya es mamá

El nacimiento con la madre más joven en Guerrero durante 2024 se registró en Acapulco, en la localidad Huamuchitos. La madre nació el siete de diciembre de 2013 y dio a luz el 21 de julio de 2024, por lo que apenas tenía 10 años.
Los datos de la Secretaría de Salud muestran que la madre no se considera indígena, además que en su escolaridad no completó la primaria, pero que no abandonó los estudios por motivos del embarazo.
Se reportó que al momento del parto, el estado conyugal de la joven madre era de unión libre. Salud registró que el padre del bebé también era un menor de edad, seis años mayor que ella, de 16.
En todo el país sólo hubo dos casos de madres de 10 años, las más jóvenes registradas durante 2024 en México. El otro caso es en el municipio de Texcoco en el Estado de México, con la madre apenas 19 días más joven que la guerrerense.

El padre de 28 años, la madre de 12

En 2024, fueron 10 casos de madres de 12 años registrados en Guerrero. En al menos tres se informó que los padres de los bebés eran hombres mayores de edad.
La diferencia de edad más amplia se dio en Chilapa de Álvarez, en la localidad de Ahuixtla. La niña embarazada contaba con 12 años, mientras que el padre tenía 28, una diferencia de 16 años, el padre le duplicaba la edad.
La menor si completó la primaria y se identificó como indígena, además que su estado conyugal era de unión libre. Dio a luz el 12 de julio de 2024.
En otro caso la menor de 12 años, originaria de Tlapa dio a luz a un bebé cuyo padre tenía 20 años, ocho más que ella. La madre no terminó la secundaria y no se identificó como parte de una comunidad indígena. También dijo vivir en unión libre.
En Quechultenango una niña de 12 años fue madre, mientras que el padre ya era mayor de edad al tener los 18 cumplidos. Dicha menor no pertenece a una comunidad indígena y sí logró terminar la primaria, también se reportó en unión libre.
En el rango de madres de 12 años, en Tlapa una niña tuvo un bebé cuyo padre también era menor de edad con 17 años. En distintos casos, en Chilpancingo y en Acapulco, las madres de 12 años tuvieron hijos con adolescentes de 16 años.
En Leonardo Bravo una niña de 12 años fue madre, mientras que el padre también menor de edad, apenas cumplió 14 años. En Acapulco con apenas 12 años, tanto la madre como el padre tuvieron un hijo.
Los datos muestran que de los casos en los que se conoce la edad del padre, el estado conyugal de las niñas es de unión libre.
El tres de abril pasado el Congreso estatal aprobó adicionar un párrafo al Código Penal del Estado para tipificar del delito de cohabitación forzada, con penas que van de cinco a 15 años de prisión a quien obligue a vivir en una relación equiparable al matrimonio.
Dicha pena aumenta en caso de que la víctima sea familiar de quien comete el delito, además de que también se incrementa en caso de que la víctima sea parte de una comunidad indígena o afromexicana.

Un padre de más de 40, la madre con 13

En el recuento, dentro de Guerrero fueron 57 nacimientos por parte de niñas de 13 años que resultaron embarazadas, en algunos casos con más de 20 años de diferencia respecto a los padres.
En Olinalá, una niña de la localidad de San Antonio Coyahuacán dio a luz, el padre era 28 años más grande que ella, ya que se reportó que tenía 41 años. La menor se identificó como parte de una comunidad indígena y que habla una lengua, además de tener primaria completa y vivir en unión libre.
En Tlapehuala una menor con 13 años cumplidos dio a luz a un bebé cuyo padre era 23 años mayor, al tener 36. Los datos de Salud federal muestran que la niña no completó la secundaria y no se identificó como indígena, además de vivir en unión libre.
Hubo dos casos más de niñas de 13 años cuyos padres eran 20 años mayores que ellas. En Acapulco, una niña tuvo un hijo de cuyo padre se reportó con 34 años, mientras que en Tecpan el padre se registró con 33 años.
Salud registro 316 nacimientos con madres de 14 años en Guerrero. En Ometepec se registró un caso cuyo padre del bebé tenía 58 años. La madre, de origen indígena no terminó la primaria.

Con 36 años de diferencia, una madre de 14 años dio a luz a un bebé con un padre de 50 años en la localidad de Ixcuinatoyac en el municipio de Alcozauca de Guerrero. La madre que vive en unión libre se indentificó como parte de una comunidad indígena.
En 2024 hubo 750 nacimientos con madres que tenían 15 años, una de ellas dio a luz en Igualapa, con secundaria incompleta vive en unión libre y el padre del bebé se registró con 49 años.
Hubo dos casos de adolescentes de 16 años que dieron a luz a hijos de padres que son personas de la tercera edad. En 2024, fueron mil 242 embarazos de adolescentes de 16 años. En San Luis Acatlán en la comunidad de Buenavista, el padre tiene 85 años, 69 más que la madre.
De igual forma en San Luis Acatlán, pero en la comunidad de Pajarito Grande, la madre de 16 años e identificada como indígena dio a luz a un hijo cuyo padre es 54 años mayor a la madre, con 70 años.
En Guerrero fueron mil 562 embarazos de adolescentes de 17 años, en dos casos la edad más alta registrada por los padres era de 49 años, 32 más de las madres.
Uno de los casos se registró en Tlapa, cuya madre acabó el bachillerato y vive en unión libre. También en unión libre fue el caso de la madre en Tecpan.