El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) volvió a certificar ayer que Irán está cumpliendo su parte del acuerdo nuclear alcanzado con la comunidad internacional y aseguró que los controles para vigilar ese cumplimiento funcionan, contradiciendo así las críticas de Estados Unidos.
La supervisión de las instituciones nucleares de la república islámica funciona sin roces ni lagunas, destacó el director general del organismo, Yukiya Amano, al inicio de la junta trimestral de gobernadores de la organización de la ONU en Viena.
“El organismo tuvo acceso a todos los lugares que queríamos visitar”, dijo ante representantes de 35 países.
Sin embargo, señaló que Teherán debería convertir en ley las normas que regulan las inspecciones del OIEA, que en estos momentos se están aplicando de forma provisional.
Con ello, Amano contradice las acusaciones del presidente estadunidense, Donald Trump, de que hay puntos débiles en los controles del acuerdo, que están a cargo del OIEA. Trump asegura que Irán ha intimidado al organismo para que no visite determinadas instalaciones y que el acuerdo no podrá evitar que la república islámica se haga con armas atómicas. (DPA /?Viena).

DPA

Naipyidó

Myanmar y Bangladesh llegaron a un acuerdo para permitir el retorno de los refugiados musulmanes rohingya que huyeron de la provincia birmana de Rajine al país vecino, confirmaron ayer los dos países.
Representantes de las dos naciones asiáticas firmaron ayer en acuerdo en la capital birmana, Naipyidó, tras un encuentro previo de la líder birmana, Aung San Suu Kyi, y el ministro de Exteriores de Bangladesh, Abul Hasan Mahmood Ali. El proceso de repatriación comenzará en dos meses, señaló el Ministerio de Exteriores de Bangladesh.
El acuerdo afecta a los en torno a 620 mil rohingyas que huyeron desde finales de agosto de Rajine ante los disturbios desencadenados por ataques de milicianos, a los que siguió una operación del ejército de Myanmar. Los refugiados denunciaron violaciones, asesinatos e incendio de las viviendas por parte de las fuerzas de seguridad. La ONU habló de “limpieza étnica”, algo que niega el gobierno birmano.
Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Myanmar colgado en Facebook, los dos países, que negociaban desde el miércoles, firmaron también acuerdos fronterizos que establecen el río Naf como frontera.

Por faltas que causaron daños “graves e irreversibles” al ambiente, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revocó a Monsanto el permiso para la liberación de semillas de soya transgénica en siete estados.
Los permisos se habían autorizado para los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el caso de Campeche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió temporalmente la autorización por un litigio que emprendieron apicultores mayas y ambientalistas para frenar la introducción de transgénicos en sus regiones.
En Yucatán, el gobierno del estado decretó todo su territorio libre de organismos genéticamente modificados, por lo que la Presidencia de la República emprendió una controversia constitucional para revertir el decreto.
Agrupaciones ambientalistas, entre ellas Ma OGM y el Colectivo Apícola de Los Chenes, destacaron que la revocación del Senasica “es un reconocimiento oficial del peligro que significa liberar cualquier OGM al ambiente”, es decir, de las “tremendas fallas” del sistema de bioseguridad en México.
Señalaron que en el oficio de revocación, expedido en septiembre de 2015 y que por algún motivo la Senasica ocultó, se señala además que se detectaron “cantidades masivas” de soya transgénica cultivada “en miles de hectáreas fuera de los polígonos autorizados”, además de la introducción de otro transgénico no autorizado.
“Y Monsanto tenía conocimiento pleno de estas liberaciones ilegales”, destacaron.
Los inconformes revelaron que el pasado 15 de septiembre, mediante el oficio B00.-282, el Senasica revocó el permiso de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato de la Solicitud 007_2012 en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lo anterior, debido a que Monsanto incumplió “con la obligación de establecer los controles para garantizar las medidas de bioseguridad, control, manejo y prevención de riesgos por la liberación de este OGM al ambiente, lo que provocó que soya transgénica propiedad de esta transnacional se sembrara y cultivara masivamente fuera de los polígonos autorizados”.
También dijeron que mediante el oficio B00.05.-05692 con fecha del 16 de mayo de 2017, el Senasica determinó someter a revisión el permiso concedido en 2012 a Monsanto Comercial S de R L de C V, “debido al hallazgo de material transgénico en muestras recolectadas en 2016 por la dirección general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera en zonas no autorizadas del estado de Campeche y analizadas por el Centro Nacional de Plaguicidas y Contaminantes”.
Y subrayaron: “Estos análisis oficiales no solo demuestran la presencia en zonas no autorizadas de la soya transgénica evento MON-04032-6 –para el cual se le concedió el permiso a Monsanto– sino que también revelan la presencia de un OGM adicional que no ha sido autorizado en México y que también es propiedad de esta empresa”.
Según su análisis, se trata de la soya transgénica evento MON 89788-1, “que es doblemente grave e ilegal porque es un OGM no autorizado hallado en una zona no autorizada”.
Incluso, expusieron que en el oficio B00.-282, el Senasica “demuestra que Monsanto tenía conocimiento pleno sobre estas liberaciones ilegales”.

Empresa involucrada

En ese sentido, argumentaron que la empresa que comercializó esas semillas, Comercializadora Mayorista del Golfo (CMG), se encuentra entre las distribuidoras de la marca Soya Solución Faena con licencia concedida por Monsanto y referida por éste en el permiso concedido 007_2012 como “Bodega de distribución para su venta al agricultor en las regiones de la Península de Yucatán”.
Lo anterior, resaltaron, “obliga a la transnacional a tener un pleno control sobre la distribución que se pueda hacer desde éste o cualquier otro centro de distribución referido en el permiso”.
“Y es además legalmente responsable, debido a que el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que ‘El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará realizado como por el titular de la marca’, en este caso, Monsanto”, remacharon.
Los ambientalistas insistieron en que debido a todas esas faltas cometidas por Monsanto Comercial S de R L  de C V , que han ocasionado daños graves o irreversibles, o ambos, el Senasica ha resuelto revocar, por medio de su Dirección en Jefe, el permiso 007_2012 de liberación al ambiente de soya transgénica en siete estados de la república.
Ello, “demuestra que las comunidades indígenas mayas, las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos y las instituciones como la Conabio, la Conamp y el INECC han tenido razón todo este tiempo en afirmar que en México se acusa una grave falta de bioseguridad que puede llevar a consecuencias desastrosas e irreversibles para el medio ambiente y la población en general”.
Entonces, advirtieron que, dadas las circunstancias, “sería una irracionalidad de consecuencias devastadoras continuar sosteniendo o emitiendo permisos para liberaciones de OGM, y esto aplica no solo para la soya, sino para cualquier otro cultivo, como el maíz”.
Luego, llamaron a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales “a promover una renovación total del sistema de bioseguridad mexicano, no sin antes suspender toda posibilidad de cultivo de OGM en México”.
El posicionamiento lo firmaron las agrupaciones Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Misioneros, Colegio de Antropólogos de Yucatán, Productos Ecológicos Vida Vida, Guardianes de las Semillas, AMEMA, Proyecto Utopía de Yucatán y Subinaj Sociedad Cooperativa.

Tres jóvenes capturaron la noche del miércoles un lagarto en el río Atoyac, cerca del paraje Huanacaxtle en la colonia Las Palmeras de la cabecera municipal.
La mañana del jueves los jóvenes que capturaron el lagarto lo entregaron al director de Ecología municipal, Práxedes Pisa Ríos, en el Zócalo de la ciudad.
En declaraciones, el funcionario exhortó a la población a no molestar a los reptiles porque los jóvenes que lo capturaron observaron más en el río. y explicó que su presencia se debe a la creciente del río por las lluvias producidas en los últimos dos días.
El lagarto atrapado es un macho de metro y medio de largo.
Dijo que vecinos han reportado presencia de estos lagartos a lo largo de la franja del río Atoyac en los puntos conocidos como El Paredón, colonia El Chico, Poza del Muerto, así como el Dren Fonseca y Presa Juan Álvarez.
Exhorto a los habitantes a no molestarlos y que no se alarmen, pero que los reporten a las autoridades para hacer las operaciones pertinentes.
Destacó que los lagartos buscan lugares aislados para refugiarse como tuberías de drenaje.
Ante la presencia de estos reptiles anunció que se instalarán 26 trampas en la ribera del río Atoyac.
Se espera que el lagarto sea entregado por la dependencia municipal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido que la Unidad de Manejo Ambiental de Coyuca de Benítez tiene problemas de seguridad después de que de ahí se escapó un tigre que tenían en resguardo. (Francisco Magaña / Atoyac).

La cría de hipopótamo que nació el 14 de noviembre pasado en la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) propiedad del sindicalista Abel Domínguez Rivero, Zooselva, murió cuatro días después.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó ayer en un boletín que comenzó la investigación para conocer la causa de la muerte.
El médico veterinario responsable de la UMA, Alberto Cahua López, confirmó la muerte del animal y añadió que fue la madre quien lo mató “accidentalmente” pues se sintió agredida por el macho que está en un estanque aledaño al donde ésta estaba con su cría.
Dijo sin proporcionar más información, que al cadáver de la cría que era un macho, se le practicó la autopsia y fue enterrado en el predio que ocupa el zoológico.
Cinco días después del hecho, mediante un boletín, la Profepa informó que con el fin de encontrar la causa de la muerte del animal, inspectores de la dependencia acudieron al sitio ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués.
“Después de revisar el cuerpo del animal (Hippopotamus amphibius) de apenas cuatro días de nacido, presentaba golpes que, a decir del veterinario responsable de la UMA, fueron ocasionados por su madre, que al sentir agresión del macho, que se encuentra aislado en otro estanque, pero con vista al de la hembra, ésta reaccionó alterada, matando accidentalmente a su cría”, reza el texto.
La pareja de hipopótamos tuvo otra cría, pero en esa ocasión la mató el macho.
Para evitar que de nuevo el macho asesinara a la cría, el veterinario decidió separar a la hembra y la cría del macho.
Sin precisar fechas de cuando ocurrió la muerte del pequeño hipopótamo, la Profepa indicó en su boletín que “una vez emitida la necropsia (…) espera los resultados de laboratorio que confirmen la causa de muerte, para en su caso establecer las medidas necesarias para garantizar la sobrevivencia de futuras crías, así como el trato digno y respetuoso de estos ejemplares”.
Se añade que el hipopótamo se encuentra en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), donde figuran especies que no necesariamente se encuentran amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.

El Sur / Ciudad de México

A punto de cumplirse 38 meses del ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, y la posterior desaparición forzada de 43 de ellos, este jueves se celebró una jornada de reflexión en torno al caso en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de las actividades de la exposición Forensic Architecture: Hacia una estética investigativa.
A través de una plataforma cartográfica interactiva, en la que se mapean y examinan las diversas narrativas, la exposición reconstruye los hechos ocurridos en septiembre de 2014, desde la tarde del día 26 hasta la mañana del 27, bajo la guía de la agencia de investigación Forensic Architecture, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Para la reconstrucción de los hechos, también se recurrió a los dos reportes publicados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), y el libro Una historia oral de la infamia, del periodista John Gibler.

“Nos amenazan, pero no nos vamos a retirar”

Con la presencia de doña María, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez; y doña Martina, madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se presentó un video de 18 minutos que recrea los  ataques a los estudiantes por parte de miembros de la policía municipal, estatal y federal, así como del Ejército, la noche del 26 de septiembre de 2014. De pie, tres personas sostenían lonas: una, con la impresión del rostro de Miguel Ángel; otra, con la de Jhosivani, y una más, con los rostros de los 43.
María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, recalcó que las autoridades mexicanas no cuentan con una reconstrucción tan detallada como la que presentó Forensic Architecture y que los esfuerzos por esclarecer lo sucedido parten de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales.
Doña María tomó el micrófono para recordar que, de las 20 recomendaciones que el GIEI realizó a la Procuraduría General de la República, son cuatro aquellas que los padres exigen que se ejecuten de manera inmediata: 1) Tomar la declaración de funcionarios del municipio y de integrantes del 27 Batallón de Iguala. 2) Realizar las capturas pendientes de miembros policiacos involucrados en la desaparición.  3) Seguir la red de telefonía entre los responsables de la desaparición, para identificar a otros involucrados. 4) Investigar el tráfico de estupefacientes –a través de autobuses de pasajeros como los que tomaron los estudiantes– como una de las líneas de investigación.
“Nos dicen necios porque no hemos dejado de exigir –dijo doña María–. Ellos se los llevaron. Luego, nos quieren entregar una versión donde nuestros hijos acabaron en bolsas, quemados. No lo aceptamos. Sin pruebas, no lo vamos a aceptar”.
Con la voz quebrada, doña María recordó que durante un ayuno de los padres en el Zócalo de Ciudad de México, un hombre se acercó a ella bajo la excusa de querer abrazarla. “Entonces me dijo: cierra la boca o no vuelves a verlo vivo. Esa noche me dio tanto miedo, que pensé retirarme (de las actividades de los padres). Pero de regreso a Iguala, me dio coraje. Y no me voy a retirar”.

Secuelas por la desaparición

A partir de 2016, un equipo de seis profesionales en psicología y antropología, integrado casi en su mayoría por mujeres, documentó el impacto psicológico de los ataques coordinados contra los estudiantes en los familiares de víctimas desaparecidas, asesinadas y heridas.
Ximena Antillón, psicóloga de Fundar especializada en el acompañamiento de aquellos cuyos derechos humanos han sido violentados; y Mariana Mora, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), son parte de este equipo. Hablaron de su experiencia con las víctimas.
“La desaparición forzada es un vacío. No hay manera de representarlo. El proceso de duelo se corta –explicó Ximena Antillón–. Las secuelas de una desaparición forzada se expanden por generaciones. Y sus consecuencias son poco exploradas”.
Antillón detalló que entre los estudiantes que sobrevivieron al ataque, pudieron distinguir signos de estrés postraumático dos años después de los hechos. “El impacto de sobrevivir a un ataque abrupto, violento y sin sentido, les dejó sobresaltos, sueños intranquilos y el remordimiento de estar vivo, cuando otros compañeros habían fallecido”, explicó Antillón, quien enfatizó el error de no considerar víctimas a los sobrevivientes: “no se les brinda apoyo ante las secuelas de este hecho”.
Con respecto a los familiares de estudiantes heridos –entre ellos, Aldo Gutiérrez, quien aún permanece en coma–, la especialista destacó que después del 26 de septiembre se encontraron con una ruptura en el proyecto de vida familiar.
Además, al acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se encontraron ante una institución que no ha logrado consolidar su eficiencia, por lo que, más que brindar un apoyo efectivo, ha sido un factor de estrés para los familiares de los estudiantes.
Finalmente, familiares y estudiantes se han topado con carencias en la atención médica y su seguimiento.
En el caso de los estudiantes asesinados, Antillón comentó que su proceso de duelo no ha tenido lugar, en tanto que persiste la impunidad. Lo mismo ocurre en el caso de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón, quien acababa de ser padre cuando fue desaparecido, torturado y ultimado, y cuyo cuerpo fue abandonado a la intemperie con el rostro desollado.
La falta de justicia y esclarecimiento de los hechos propicia una “transmisión transgeneracional del trauma”, que afecta a los descendientes por medio “de aquello que no se dice, pero cuyas consecuencias son visibles”.
En cuanto a los familiares de los estudiantes desaparecidos, Antillón comentó que se percibe deterioro en su salud y su economía, además de que se trastoca la organización familiar para distribuir las labores en casa. Pero no sólo eso. Al no existir justicia,  que el impacto se extiende más allá del núcleo y afecta a la comunidad.

Se rompe el ciclo

Los familiares de los estudiantes son en su mayoría campesinos. Este es un rasgo destacado por Antillón, pues el trabajo en el campo se rige por ciclos de siembra y cosecha. “La desaparición marca una ruptura en las referencias temporales. Se pierde el ritmo de trabajo en el campo. Y las faltas de respuesta de las autoridades, dan la sensación de que se está como en el primer día. Los padres refieren que, desde que sus hijos desaparecieron, todos los días son lo mismo”.
Sin embargo, el tiempo transcurre. Eso lo nota, por ejemplo, una madre que sembró una mata de chile con uno de sus hijos. La mata ha crecido, y el hijo sigue desaparecido. “Es doloroso ver cómo, en otros contextos, el tiempo sigue transcurriendo”, explica.
Finalmente, Antillón recordó que la versión de la PGR presentada como “verdad histórica”, contribuyó a retraumatizar a los familiares, al exponer una versión sin sustento y colmada de irregularidades, que detonó interrogantes, ideas y angustias en los padres.
“La exigencia de justicia y verdad no es un cliché. Se necesita saber qué pasó para que el tiempo vuelva a reactivarse”.

La importancia de escuchar

En su intervención, Mariana Mora recalcó que una desaparición forzada es como una bomba nuclear: una cosa es el primer impacto, pero las secuelas pueden ser más dañinas que el evento en sí, y no ser visibilizadas.
Para atender estas secuelas como sociedad, es necesario escuchar.
“¿Cómo ampliamos nuestra definición de justicia? Pensamos la justicia como un reclamo en el presente, sobre un hecho del pasado, para evitar que no ocurra en el futuro”, expuso. “Ahora también es necesario pensar la justicia en un plano geográfico, y construirla a través de compromisos y de escucha”.

El lenguaje del horror

Los periodistas Témoris Grecko, director del documental Mirar morir, y John Gibler, autor del libro Una historia oral de la infamia, fueron los ecargados de cerrar la jornada.
Gibler sostuvo que el discurso del Estado mexicano es el de la violencia sobre los cuerpos. “El asesinato de seis personas, la mutilación de una (Julio César Mondragón) y la desaparición de 43 es parte de un discurso que se desarrolla a partir de la violencia sobre el cuerpo. La desaparición forzada es un lenguaje que se ha practicado por décadas. Y el desollamiento es otro tipo de lenguaje, vinculado al narco. Es el terror”.
Por su parte, Grecko subrayó que el 26 de septiembre de 2018 ocurrirá cuatro días antes de que el próximo presidente tome su cargo, por lo que será inminente que, en su primer discurso, deje claro qué va a hacer para resolver este y otros casos de desaparición forzada.

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (Femafee), Francisco Cadena Santos, informó que hay un déficit de enfermeras en el país, pues precisó que dentro de esa área se requiere por cada mil habitantes ocho enfermeras y nada más se tienen cuatro.
Agregó que egresan muchas, pero no salen las suficientes para atender la necesidad que tiene el país y señaló que otro problema es que muchas se quedan en la ciudad y no se quieren ir a las comunidades, “no vemos la necesidad de la comunidad, no vemos la necesidad en la parte alejada de los que no reciben salud”. Consideró que el gobierno debe trabajar para dar plazas y las enfermeras se vayan a trabajar a las comunidades rurales para alcanzar los estándares de salud para todos.
Indicó que en las escuelas de enfermería del país se debe convencer a los jóvenes para trabajar en las áreas rurales para llevar los servicios de salud donde se necesita.
A Cadena Santos se le preguntó si la resistencia de las enfermeras para irse a las comunidades es también por la inseguridad, y dijo que también puede ser, aunque las mismas poblaciones protegen a las enfermeras y médicos que trabajan en la comunidad, como le pasó a él.
Indicó que es cierto que ha habido muchas incidencias por la inseguridad, “hablamos de secuestros y demás, sin embargo vemos que las enfermaras profesionales acuden a su trabajo y son protegidas por la comunidad para que siga ahí”. Señaló que es cierto que ha habido cosas terribles con las enfermeras, con los médicos, pero “tenemos que trabajar porque ahí es nuestra esencia, que es el cuidado de la población”.
Cadena Soto estuvo en el foro Evaluación e intercambio de experiencias exitosas relacionadas a la docencia, gestión y la extensión en función de la competitividad, pertinencia y eficiencia de PE de la licenciatura de la DES de Enfermería de la UAG, en el hotel Emporio donde dijo que actualmente hay unas 500 escuelas de enfermería patito y que se tienen que cerrar porque no están dando buenos resultados.
Dijo que se está trabajando con la dirección de Profesiones para ir “cerrando aquellas escuelas que no reúnan los requisitos y lo vemos con la Secretaría de Salud de si no es una escuela de calidad no puede ir a hacer prácticas a sus hospitales; yo creo que ya es un paso importante que se está dando”. Añadió que con Profesiones se les está exigiendo que si no reúnen los requisitos para ejercer como escuelas con edificio, equipamiento y maestros calificados, tampoco se les dé la licencia para expedir títulos.
Cadena Soto señaló que se esta trabajando por partes, que no tienen la varita mágica para decir que van a cerrar las escuelas patito, no es así, “porque alguien les tuvo que dar un permiso para poder ejercer y se tiene que trabajar en ello”. Añadió que en el país están hablando más de 500 escuelas patito y por eso están trabajando para que se cierren porque a ellos la SEP cada vez exige mayor preparación a las universidades, actualización y que sean certificadas por un órgano externo para poder recibir recursos.
Al presidente de la federación se le preguntó cómo se encontraban las facultades de Enfermería de la UAG, cómo eran vistas en el país, y respondió que se puede decir con gran satisfacción que las cinco escuelas de la universidad se encuentran avanzando y “eso se puede percibir porque están certificadas y acreditadas por un órgano externo y que no es fácil alcanzar esa certificación hoy en día”.
Añadió que le daba gusto que las cinco escuelas de Enfermería estén trabajando a la par con el propósito de profesionalizar a los jóvenes. Consideró que dichas facultades tienen similitud con otros países; que las escuelas de Enfermería de Guerrero se equiparan a otras escuelas y eso se va reflejar en el trabajo que se haga en los hospitales de salud o en las comunidades.
Resaltó la realización del foro, pues dijo que nunca se había hecho en otra universidad y que espera que en otras se repliquen para seguir avanzando e ir a la par. El foro va dirigido a los maestros de las cinco escuelas de Enfermería de la UAG.
Estuvieron en el acto la directora de Enfermería 1, María del Pilar Pastor Durán; de la 2, María Leticia Abarca Gutiérrez; de la 3 Luisa Reyes de Jesús; de la 4, Rosalinda Villa Juárez y faltó la directora de Enfermería 5, Catalina Reséndiz Flores.

Abel Salgado

La directora adjunta de Posgrado y Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Dolores Sánchez Soler, indicó que en el sur del país hay predilección por la investigación sobre el medio ambiente y la ecología marina. Reconoció que hacen falta programas para el estado para doctorados y maestrías, sin embargo reconoció que hacen falta más interesados. En el tercer encuentro nacional, El rol del capital humano, que se lleva a cabo en el Grand Hotel Acapulco, afirmó que el Conacyt es más rígido en su evaluación.
En su discurso inaugural llamó a los asistentes a caminar junto con la población a una “sociedad del conocimiento en un mundo innovador, y de creatividad”. Indicó que México estaba por debajo de la media internacional de investigadores.
Expuso que el programa de becas del Conacyt es una “pieza” de la política pública y que “como caracteriza al Conacyt, no es un una política de gobierno”, que no está relacionada con los tiempos sexenales de los gobiernos. Para Sánchez Soler en eso estriba la solidez del Conacyt.
En declaraciones manifestó que de acuerdo con los indicadores internacionales, el país estaba debajo de la media si se evalúa desde la Población Económicamente Activa (PEA). Sin embargo consideró como enorme la cantida de becarios, que asciende a más de 63 mil vigentes al cierre del 2016, y que llegó hasta los 80 mil atendidos.
En los estados del sureste: Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo al contar con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en instituciones base, permite que se les otorguen las becas a los programas y reconoció que hay un déficit “en el sur-sureste todavía nos falta, debería haber muchos más programas de muy buena calidad, en doctorados, en maestrías en todas las áreas del conocimiento, pero necesita haber muchos más para atender los requerimientos de las entidades federativas”.
En Guerrero los programas en temas ambientales son los que mayor registro tienen: biología, biología marina, cambio climático; además del área de ciencias sociales como antropología y derecho.
Expuso que en el Conacyt la evaluación “es muy rígida y estricta”, por lo que se necesita invertir por años en programas de posgrados para pertenecer al PNPC “y que las instituciones le dediquen esfuerzo, cariño y recursos, por supuesto”.
Por su parte el director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (Cocytieg), Víctor Hugo González Torres, indicó que hay un avance en los últimos dos años. Guerrero dejó el último lugar en el programa de Estímulos a la Industria “ Guerrero está por arriba de cinco estados más, por la sinergia con la Secretaría de Economía del estado, empresarios y universitarios”.