El Congreso de Estados Unidos está elaborando una reforma fiscal que afectará no sólo a sus compatriotas sino a todo el mundo y en particular a México. Hace apenas una semana, la Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor de una serie de cambios legislativos que recorta los impuestos y el gasto del gobierno, mismos que el semanario The Nation calificó, en un artículo firmado por Robert Borosage, como “ridículos, insultantes y criminales”.  La líder del Partido Demócrata en esa instancia legislativa, Nancy Pelosi, aseguró que se trata de un “chanchullo”.
a) Las razones son las siguientes: Estados Unidos tiene actualmente una desigualdad enorme, sólo comparable a la que existió en los años previos a la crisis de 1929. La mitad de los recortes tributarios está destinada al 1%, los más ricos del país, que ya concentran el 38.6% del ingreso total del país frente al 33.7% que detentaban hace unas décadas.
b) Las ganancias de las corporaciones están en los niveles más altos de los últimos años y sus contribuciones están declinando como parte del ingreso federal total. Aun así, los republicanos intentan recortarles impuestos por alrededor de 1.5 billones de dólares (trillones en la terminología usada en EU): el gravamen a las empresas bajaría del 35 al 20%, beneficiando sobre todo a los grandes negocios.
c) La propuesta votada aumentará las contribuciones que pagan las familias trabajadoras y de clase media.
d) Grandes consorcios como Citibank, Wells Fargo, Apple y Pfizer y muchos otros han evadido el pago de sus obligaciones durante muchos años por una cantidad aproximada de 2.6 billones de dólares mediante los llamados paraísos fiscales. Con la reforma aprobada se les premiará por esta conducta y se dará una rebaja adicional a las multinacionales que obtienen lucros fuera de Estados Unidos.
e) El costo de las colegiaturas universitarias ha provocado una crisis nacional pues el monto de la deuda de los estudiantes excede ya el de los tarjetahabientes, pero los republicanos decidieron aumentar en 71 mil millones de dólares el costo de las cuotas durante la próxima década. Doce millones de estudiantes deudores tendrán que pagar más.
f) Los veteranos de guerras discapacitados y los desempleados de largo plazo se verán también afectados, pues se eliminarán los créditos fiscales que se otorgan a las empresas para contratarlos.
g) Se propone eliminar los impuestos estatales, sobre todo aquellos que se aplican a las fortunas mayores de 5.4 millones de dólares.
h) Se mantienen las exenciones impositivas a los magnates de bienes inmobiliarios como Donald Trump, pero se eliminan los créditos fiscales para quienes inviertan en comunidades pobres urbanas y rurales.
i) Se planea recortar 25 mil millones de dólares al programa Medicare (que provee atención médica a todas las personas mayores de 65 años, o más jóvenes consideradas discapacitadas debido a graves problemas de salud, como cáncer o insuficiencia renal).
j) El gasto del gobierno sufrirá seguramente otros ajustes, principalmente en aquellos renglones destinados al bienestar social.
Todo esto representa un daño terrible a la economía norteamericana, asegura Robert Reich, un especialista muy reconocido. La creación de empleos –señala– depende de la demanda interna de bienes y servicios, pero ésta disminuirá si se aprueba la reforma pues las familias de muy altos ingresos gastan muy poco de lo que reciben por los recortes de impuestos y en cambio invierten su dinero en valores financieros o propiedades inmobiliarias. Mientras tanto, la clase media y los más pobres han visto reducir su poder de compra en las últimas décadas ya que sus salarios se han estancado, lo que se agravará con esta transferencia de riqueza hacia las personas más acaudaladas.
Aprobada por los representantes, el proyecto tendrá ahora un segundo episodio en el Senado. Lo malo es que los republicanos comparten en ambas cámaras el mismo objetivo: bajar los impuestos a los súper ricos y a las corporaciones empresariales. Las intenciones del partido mayoritario pueden fracasar sólo si se dividen. Esta última posibilidad es difícil pero no imposible pues en la votación ocurrida en días pasados, un grupo de 13 republicanos se pasó al bando de los demócratas y rechazaron el proyecto.  En el Senado, su mayoría es más apretada (52-48) y bastarían más de dos votos republicanos perdidos para que la propuesta fuera rechazada. Hay además varias diferencias, algunas de fondo, entre ambas legislaturas, a pesar de estar dominadas por los republicanos. De hecho, los senadores aprobarán una iniciativa distinta y luego un comité bicameral tratará de buscar arreglar las diferencias y lo que de ahí surja se votará posteriormente para su aceptación (o rechazo) definitivo.
Aunque las propuestas de los republicanos se basan en la creencia neoliberal de que la inversión y con ello el crecimiento y los empleos se van a disparar si se rebajan los impuestos, sus razones son fundamentalmente políticas. Quieren satisfacer las peticiones de sus donantes, los grandes magnates, para seguir recibiendo su patrocinio en las próximas campañas electorales. En segundo lugar, el partido mayoritario busca una victoria política que los fortalezca a ellos y al presidente Trump, después de tantas fallas, descrédito y desorden del gobierno que inició sus funciones en enero de este año. Y finalmente, desean aparentar que trabajan en favor del pueblo estadunidense pensando que el panorama económico, que en efecto ha mejorado en el último año, se dispare en el corto plazo, por lo menos hasta las elecciones de noviembre de 2018.
Si se impone la reforma, habrá graves consecuencias para los estadunidenses y para el resto del mundo debido al muy probable aumento de las tasas de interés ya que se incrementará explosivamente la deuda pública de Estados Unidos para cubrir la rebaja de sus ingresos tributarios y su inevitable consecuencia, el déficit presupuestario. Ello tendrá efectos negativos en primer lugar para los deudores de aquel país que tienen una hipoteca o piensan adquirirla, y para los que usan sus tarjetas de crédito para cubrir los faltantes de sus quincenas. Pero, además, en muchas partes del mundo, los bancos centrales se verán tentados a aumentar también el costo del dinero para evitar que los flujos de inversión se fuguen hacia la potencia norteamericana, y así evitar problemas monetarios e inestabilidad financiera.
En el caso de México, además, la rebaja de impuestos en EU presionará para que aquí también haya una quita a los gravámenes sobre las ganancias de las empresas, con el pretexto de que los capitales se irán si no se les otorga un trato similar al de allá. Ello llevaría también a nuevos ajustes del gasto público y a un menor crecimiento. Si a todo esto agregamos la incertidumbre y los posibles daños inmediatos que puede producir la ruptura del TLCAN, la posible victoria de la enmienda de los republicanos aumentaría la fuga de capitales y las presiones de los grandes empresarios para ahondar las reformas “estructurales” regresivas que los han beneficiado. México pude entrar así en una espiral tóxica: altas tasas de interés-menores ingresos públicos-fuga de capitales y devaluaciones.
Trump y su partido están demostrando a quién realmente sirven y cuáles son sus verdaderos intereses. Su pretendido nacionalismo, sus compromisos anunciados para beneficiar a los trabajadores, y todas sus promesas de campaña para “engrandecer” a Estados Unidos se revelan ahora como pura demagogia. El problema es que los efectos de estas medidas tan abierta y abrumadoramente favorables al poderoso 1% y a sus grandes consorcios serán pagados no sólo por la mayoría de los estadunidenses sino también por millones de habitantes de este planeta y, en particular, por sus vecinos al sur de la frontera.
Nada está escrito aún, pero ello depende por ahora de un pequeño grupo de políticos ambiciosos e irresponsables. Esperemos que el pueblo norteamericano los haga retroceder.

Twitter: #saulescoba

El fin de semana pasado los órganos de dirección del PAN, el PRD y el MC decidieron formalmente, por una amplia mayoría en cada caso, ir a una coalición para la elección presidencial del 2018 en el ya conocido Frente Ciudadano por México.
En el proceso de consolidación de esta alianza se han dado cuatro pasos: acreditación ante el INE, construcción y aprobación de la Plataforma Electoral, acreditación de esta ante el INE y el acuerdo formal de coalición que todavía no se registra. Falta el mecanismo para elegir al candidato a la Presidencia y a los otros puestos de elección popular en las elecciones donde estos partidos van juntos.
Después de haber sorteado diversas dificultades y en contra de algunos pronósticos pienso que los dirigentes del Frente Ciudadano se van a poner de acuerdo para elegir al candidato a la Presidencia de la  República y a otros de los 3 mil 447 puestos de elección popular en juego. Es posible que alguna o algunas personas en lo individual renuncien a estos partidos, pero no habrá quiebre de la coalición.
Me parece interesante, valioso y atractivo que posiciones de derecha e izquierda se pongan de acuerdo en una Plataforma Electoral y en unas candidaturas conjuntas. La construcción de la coalición obliga a dialogar y a negociar de manera intensa. La política en democracia es precisamente diálogo y negociación.
Una vez que se ha acordado la plataforma electoral y de gobierno, que es lo fundamental, viene la discusión sobre quienes pueden hacer realidad ese proyecto. En esa elección deben estar presentes cuatro criterios básicos: que el candidato sea y parezca honrado;     que realmente, no sólo de palabra, sea un demócrata; que tenga capacidad técnica y profesional y que su trayectoria respalde, de manera coherente, la apuesta simbólica del relato que el Frente necesita para ganar.
La crisis de la vida política e institucional y los niveles de corrupción, impunidad y frivolidad en el ejercicio del poder, en este sexenio, han llegado a extremos no vistos. El desprestigio de la política y de los políticos están en su nivel más bajo en los últimos 50 años. En la campaña por la Presidencia estos son elementos que van a a estar presentes. Los otros, como el empleo y la seguridad, de suyo importantes, van quedar en segundo plano.
El gobierno que asuma la presidencia en 2018 debe hacerse cargo de esta realidad y establecer políticas públicas que le hagan frente. La economía del país funciona más o menos bien y ahora ese no es el problema aunque queda mucho por hacer en el campo de la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso. El problema es la política, la debilidad de las instituciones y la corrupción de muchos de los hombres y mujeres que ejercen el poder. Eso debe de cambiar. No hay magia. Exige de un proceso que debe de iniciar en diciembre de 2018.

Twitter: @RubenAguilar

No leí nada en las reseñas del supuesto “Proyecto de Nación” presentado ayer por López Obrador, que me impactara especialmente. Cierto, no me soplé las 415 páginas, pero una ojeada sugiere que allí hay más detalle y sustancia que en los discursos o resúmenes ejecutivos que sólo incluyen lugares comunes o buenos deseos. Pero sí encontré en una declaración o intervención atribuida a Héctor Vasconcelos, el encargado de los temas de relaciones con el exterior de AMLO, que me pareció interesante.
Según El Financiero, a propósito del TLCAN, Vasconcelos afirmó que “un gobierno como el actual, con los índices de aceptación más bajos en la historia moderna del país… carece de la legitimidad requerida para representar los intereses del país en esta negociación.” Por lo tanto, las negociaciones con Estados Unidos y Canadá deben suspenderse hasta que tome posesión el nuevo gobierno, o en todo caso, hasta que haya presidente-electo y equipo de transición. El propio AMLO ya había planteado esta alternativa, pero quizá de manera menos formal.
No creo que el motivo de una posposición de las pláticas consista en la popularidad de Peña Nieto. Presidentes carentes de apoyo pueden negociar tratados, que luego serán ratificados por un poder legislativo institucional, sin importar su aprobación. Para eso existe dicho proceso. Pero existe otra razón, esa sí poderosa, que justificaría la suspensión, y que le daría, justamente, la razón a AMLO. Por una vez, tiendo a estar de acuerdo con él.
Ya es evidente que las conversaciones no van a concluir antes de la primavera del año entrante, si es que llegan a buen puerto. Imposible un voto en el Senado mexicano, o en ambas cámaras en Estados Unidos, antes de las elecciones del 1 de julio en México. No tiene sentido que un mandatario saliente –lo que los norteamericanos llaman un lame duck– debe negociar algo de tal trascendencia en los últimos años de su mandato. Se antoja una actitud  irresponsable, de escasa visión de Estado, y un poco desesperada. En otra coyuntura mexicana, o en otro país, resultaría impensable.
Hoy en México no lo es. Existen dos explicaciones. La primera –la primordial– reside en la sospecha fundada de las élites del país de que AMLO va a ganar, y que posiblemente reventaría la negociación con Trump ya sea por inexperiencia, ya sea por radical. No es un tema sin fundamento, pero un poco ocioso. Si gana él, parecería inviable esperar que enviara el nuevo instrumento al nuevo Senado de 2018, y menos aún que aceptara el país que Peña lo hiciera con el viejo Senado después de haber perdido su candidato y su partido. AMLO, al igual que Bill Clinton con el NAFTA original en 1993, pediría muy sensatamente una re-re-negociación después de su victoria, que arrancara con la toma de posesión del nuevo equipo. Washington y Ottawa se verían obligados a atender una petición eminentemente razonable.
Ahora bien, si AMLO pierde y gana el candidato del Frente –descarto por completo un triunfo del PRI– la transición sería más tersa, por lo menos en esta materia, e incluso Ricardo Anaya podría aceptar los lineamientos básicos ya negociados, y resolver los grandes pendientes en un acuerdo tácito con el gobierno saliente.  Esta explicación, entonces, no funciona.
La otra, más mezquina y menos seria, estriba en el deseo de Peña y de su equipo de llevar la medalla de un buen acuerdo para México, si lo logran, o de envolverse en la bandera y patear la mesa si no. Como no es imposible que aún suceda un milagro (el 12 de diciembre, por ejemplo), o que Trump nos saque las castañas del fuego de una manera u otra, EPN prefiere aferrarse hasta los momentos finales de su sexenio. La esperanza es siempre la última en morir. No es una postura digna, ni tampoco eficaz. Al contrario, Peña se adornaría vistiéndose de estadista al imponer un hiato en la negociación y entregándole la responsabilidad de la misma a su sucesor. Además, sería una buena salida ante una mala perspectiva.

El mundo mexicano está al revés. Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el gobierno donde mayor muertos, por homicidios dolosos, se hayan registrado, a un ritmo actual de cuatro cada 60 minutos. Y quien vio en el gobierno de Felipe Calderón el origen de todos los males en materia de seguridad, decidió que para la pacificación del país, cuando llegue a la Presidencia, recurrirá a la estrategia que precisamente desarrolló el gobierno anterior. Qué paradoja. La Némesis mexicana, como identificaron al gobierno de Calderón, resultó tener una estrategia que funcionaba mejor.
Al presentar su plan de gobierno el lunes pasado, el proyecto del precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador pasa por el rediseño institucional del área de la seguridad, la coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Prioriza la inteligencia por sobre la fuerza y por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los miembros de los cuerpos policiales. “Ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico”, dice en el proyecto del plan de gobierno. “Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”.
Tiene razón López Obrador, pero en lo cosmético. El documento que le prepararon sus asesores en seguridad toca los linderos del problema de la seguridad pública pero no lo ataca de fondo. El problema de la última década obedece a otros factores más complejos. La violencia en el sexenio de Calderón escaló por el cambio de incentivos en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos anteriores. Previamente, la racional era que sexenalmente se atacaba a un cártel, máximo dos, con lo cual las organizaciones criminales pactaban entre sí plazas y territorios, sin enfrentarse entre ellas y así evitar que al llevar la violencia a las calles, la respuesta del Estado fuera equitativamente violenta.
El viejo esquema –que algunos han caracterizado como un pacto con los cárteles– se rompió por la incompetencia del gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el crimen organizado, que en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, pasó a jugar el rol de autoridad, apoderándose de municipios en esas entidades. Esa pérdida de control territorial llevó a Calderón a dejar de combatir con discrecionalidad e iniciar una guerra de 360 grados, con lo que el incentivo de los criminales de no pelear entre ellos cambió a la guerra de aniquilación para evitar perder el negocio y la vida. La estrategia de Calderón fue similar a la que se siguió en otros países para enfrentar a las organizaciones criminales en Palermo, Medellín, Nueva York o Miami, donde el costo de vidas se iba a incrementar de manera radical y gradualmente, golpeando con mayor velocidad a la que los cárteles podían remplazar a jefes y estructuras, y de ese modo irían ganando la guerra.
El índice de violencia comenzó a bajar en mayo de 2011, pero el equipo de Peña Nieto descalificó por completo la estrategia –porque no la entendió nunca– y señaló que sería mediante la prevención como lograrían bajar la violencia. Dejaron de combatir ocho meses a los cárteles, y ante la pasividad, se fortalecieron. La prevención se redujo a minucias –como repartir lentes a los niños para que pudieran leer y no dejaran la escuela y se integraran a las pandillas– y durante los  dos últimos años dejaron de dar presupuesto a ese rubro. Desmanteló Plataforma México, que aportaba inteligencia anti criminal, y con una visión torcida de la seguridad, la Secretaría de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado es que en el gobierno de Peña Nieto la violencia se incrementó a niveles nunca antes vistos y la expansión criminal cubre prácticamente todo el país.
López Obrador, como nadie, quiere que siga esta tendencia de victoria criminal. En el plan de gobierno está su solución. Quizás sin saberlo, pero el proyecto recoge el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad que se firmó –incluidos los entonces gobernadores Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong– en el Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008, donde se convierte a la seguridad pública en un asunto de Estado y enumera una serie de acciones de coordinación y estrategia de inteligencia que ejecutó Plataforma México hasta que el gobierno actual la liquidó. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como también la profesionalización de las policías y su mejoramiento salarial, fueron parte del diseño de Calderón, de donde López Obrador también recoge en su proyecto la restitución de la Secretaría de Seguridad Pública.
El que haya recurrido a una estrategia ya planteada, no debe llevar a la descalificación del plan de gobierno de López Obrador. Más bien, habla de una maduración al sostener que la seguridad pública no debe ser un asunto de interés sexenal sino del Estado mexicano. La improvisación del equipo de seguridad del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva la incompetencia. Un sexenio tirado a la basura por los aventureros de este gobierno ha sido demasiado.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:@rivapa

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Jesús Morales Rodríguez, aseguró que en la entidad no opera el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) o algún otro grupo delictivo de alto impacto.
En entrevista durante la conmemoración del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, señaló que los cadáveres hallados con mensajes en la autopista Puebla-Orizaba el pasado martes y en Jalpan el miércoles no tienen ninguna relación con la delincuencia organizada.
“Cada muerte de la semana pasada tienen un origen que no está vinculado a un grupo delictivo de alto impacto no hay vinculación con el CJNG”, mencionó el funcionario estatal.
Sobre los dos cadáveres que fueron hallados en distintos sitios, pero con pintas en el cuerpo, señaló que en ninguna de las leyendas se nombraba al grupo delictivo.
“Lo que tenemos preliminar es que una de las personas sin vida era un joven adicto al PVC que estaba internado en un anexo, salió y luego regresó al anexo y ya no se supo nada de él hasta que fue hallado con lesiones por golpes y pintas en el cuerpo”, explicó Morales Rodríguez.
Respecto al otro cuerpo que tenía pintas dijo que también presentaba el mismo modo de muerte por lo que el caso se está investigando desde el anexo.
Sobre el caso de tres cuerpos hallados desmembrados en Jalpan informó que uno de ellos fue sembrado en Puebla, comentó que una de las víctimas era originaria de Hidalgo y el hecho no guarda relación con el crimen organizado.
“Las mantas que se localizaron obedece a una pugna interna dentro del Cereso entre ‘El Michoacano’, quien fue llevado al Cefereso de Oaxaca y el Lalo N, que fue trasladado al Cereso de Tepexi”, dijo el titular de la SSP.

Luego que las autoridades impidieron el linchamiento de un adolescente acusado de robo, al menos 100 personas incendiaron una camioneta de uso oficial y la comandancia de la Policía Municipal de Libres, en el norte de Puebla.
De acuerdo con las primeras investigaciones, una joven fue asaltada por dos adolescentes armados que viajaban en una motocicleta en la Junta Auxiliar de Tehuatzingo, lo cual movilizó a los vecinos de la zona.
A petición de la Policía Municipal, agentes estatales acudieron para la captura a los delincuentes, pero sólo pudieron arrestar a uno cuando cayó de la moto y el otro escapó corriendo.
La Policía le decomisó una pistola calibre 25 y luego los pobladores quemaron la motocicleta e intentaron quitar a los uniformados al presunto delincuente para lincharlo.
Los estatales trasladaron a Christian, de 17 años, al municipio de San José Chiapa para ponerlo a salvo, mientras los pobladores de Libres se trasladaron a la Comandancia Municipal.
Tras rociar la entrada con gasolina, la turba le prendió fuego, por lo que el Edil Enrique Cerón le pidió apoyo a las autoridades estatales.
Un delegado de la Secretaría General de Gobierno fue enviado para dialogar con la gente y llegar a un acuerdo.

Un enfrentamiento entre grupos antagónicos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana-Viagras, registrado en la colonia Echeverría en esta población, dejó como saldo dos muertos, así como un lesionado.
En el lugar los representantes de la ley aseguraron tres camionetas y una moto, así como volantes firmados por el CJNG.
De acuerdo con la información brindada por contactos oficiales, el acontecimiento fue en la calle Mariano Escobedo. Al llegar a la zona la Policía localizó al interior de un domicilio de la citada vialidad a dos hombres muertos por impactos de proyectil de arma de fuego de grueso calibre.
Se pudo saber que los ahora occisos están en calidad de desconocidos, aunque uno de ellos traía un chaleco táctico con las siglas del CJNG.
En tanto, trascendió que hubo un presunto gatillero herido, identificado como José Jaime L., de 20 años, mismo que fue canalizado a un hospital de la región.
En el área fueron aseguradas tres camionetas, entre ellas dos Chevrolet Silverado de color negro y una GMC de color blanco, además de una motocicleta de la marca Italika con reporte de robo.
Igualmente fueron decomisadas tres cisternas, cada una de 10 mil litros de capacidad, aparentemente empleadas para el hurto de combustible, según refirieron fuentes gubernamentales.
Las diligencias respectivas las emprendieron las autoridades ministeriales, así como elementos especializados en Escenas del Crimen de la Subprocuraduría de La Piedad.

Marco Antonio Torres Carrillo, comandante de la Guardia Civil de Nayarit y jefe de grupo en la Policía Estatal Preventiva, fue ejecutado este martes en su domicilio en Tepic.
De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 horas en el Fraccionamiento Jacarandas, cuando hombres armados irrumpieron en la casa del uniformado.
Autoridades informaron que el mando ya había recibido amenazas luego de la detención del jefe de sicarios conocido como “El 18”.
“Es un ataque directo contra las instituciones encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley”, indicó la SSP estatal.

Al menos 12 personas de origen centroamericano en tránsito a Estados Unidos fueron encontradas en dos autobuses de pasajeros en la carretera 57, en el tramo de Querétaro a San Luis Potosí; cinco menores iban entre ellos.
Uno de los autobuses tenía destino a Ciudad Juárez y el otro, a San Luis Potosí.
Elementos de la Policía Federal hicieron el alto a unidades de pasajeros en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 87+400, en el tramo San Luis de la Paz, para efectuar una revisión.
El primer autobús salió de la Ciudad de México con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua. En él viajaban ocho personas originarias de Guatemala, así como una de Nicaragua y otra de El Salvador, sin documentos migratorios que acreditaran su estancia en el país. Entre ellos iban cuatro menores de cuatro, nueve y 12 años de edad.
En el mismo operativo fue inspeccionado un segundo autobús de pasajeros en el mismo tramo carretero, de la empresa Primera Plus, que había salido de Querétaro y se dirigía a San Luis Potosí, en la que viajaban en la misma situación migratoria ilegal un adolescente de 16 años y un joven de 22 originarios de Honduras.
Todos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, informó la Policía Federal de la base San Luis de la Paz.