En la sede de la Asamblea Popular Municipal de Tixtla (APM), los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa expresaron su repudio a la reintegración del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, a la política en Guerrero, y a la detención de dirigentes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a la reforma educativa.
Ahí, en la reunión privada los integrantes de la APM se comprometieron a apoyar todas las acciones que los padres de los desaparecidos determinen, y ambos acordaron integrar un comité con un padre, un normalista de Ayotzinapa, un representante de la asamblea y otras organizaciones sociales, para organizar actividades de protesta para el próximo 26 de septiembre cuando se cumplan dos años de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala y de la desaparición forzada de los normalistas.
El encuentro se hizo como parte de la jornada de información en localidades de donde son originarios los estudiantes desaparecidos, de esta cabecera son originarios 11 normalistas y 14 de Tixtla.
El papá del normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Clemente Rodríguez, visiblemente enojado por la reunión entre el ex gobernador Ángel Aguirre -separado del cargo por la desaparición forzada de los estudiantes-, con diez diputados locales del PRD, expresó “este perro de Aguirre dejó el cargo y ahora se anda paseando con toda impunidad”.
Asimismo, se refirió al ex procurador Jesús Murilllo Karam, que tras informar en cadena nacional la versión de la PGR sobre el paradero de los normalistas, sobre que fueron incinerados en el basurero de Cocula, sólo fue cambiado a otro cargo público mientras expertos y peritos independientes descubrían que todo era una mentira.
Reconoció que con dolor aceptó que los estudiantes pudieron terminar así como dijo el gobierno, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con pruebas científicas señaló que la llamada verdad histórica (versión de la PGR) no tenía sustento, por eso el gobierno lo sacó de la investigación y del país. Ahora se revisa otro mecanismo especial para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pueda hacer un seguimiento puntual del caso.
El representante de los padres, Melitón Ortega, informó que la exigencia al gobierno federal es la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, que desde su oficina fraguó la verdad histórica.
Denunció que Zerón de Lucio es responsable de una serie de irregularidades señaladas por el GIEI en sus informes, para desviar la investigación de la verdad.
Advirtió que con la difusión de un informe de la PGR, sobre todas las diligencias que se han hecho hasta el 30 de abril, sólo pretenden volver a la tesis de la delincuencia organizada y al basurero de Cocula.
Dijo que esto es con la intención de dejar la responsabilidad de los crímenes de Iguala sólo en la Policía Municipal y a un grupo de narcotraficantes, pero que todas las autoridades de gobierno presentes en Iguala tuvieron conocimiento al momento de que estaban atacando a estudiantes.
También denunció que la separación de otros funcionarios de la investigación, del titular de la Oficina Especial del caso Iguala, y de la directora de Servicios Periciales es un distractor de la PGR para ganar tiempo.
Insistió en que los padres van a insistir en la destitución de Zerón de Lucio por todas las irregularidades en el caso, que ha sido “una mentira tan grande como lo de basurero de Cocula”, y si la procuradora de la PGR, Arely Gómez, insiste en mantenerlo en el cargo, adelantó que ya no tendría ningún sentido continuar las reuniones mensuales de seguimiento, donde el gobierno debería dar cuentas de los avances en la búsqueda de los estudiantes y los responsables.
En la reunión con unos 30 activistas, se informó que la APM se constituyó en una asociación civil para evitar, en lo posible, las agresiones de las autoridades, porque es claro que continuará el hostigamiento para quienes protestan y alzan la voz. En este sentido, los integrantes de la asamblea ofrecieron apoyar todas las acciones de los padres, y que éstos respalden sus acciones con presencia.
La APM apoyó a los padres en las acciones de boicot de las elecciones del 7 de junio del año pasado, y sólo en este municipio se anuló la elección de Ayuntamiento.
Melitón Ortega pidió que las acciones sean del 26 de septiembre sean simbólicas “para que no se olviden”, aunque desearían no llegar a otro año sin los normalistas
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“No sean ajenos al dolor”, piden padres de los 43 a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo, Ayutla
“Como pueblo no sean ajenos al dolor de los padres”, pidió Blanca Luz, madre de Jorge Álvarez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo, municipio de Ayutla, por donde pasó ayer la caravana que reactivó su recorrido por la Costa Chica el sábado en Tecuantepec, municipio de Tecoanapa.
El grupo de padres de algunos de los 43 normalistas desaparecidos reiteró que no hay pruebas que demuestren que sus hijos están muertos, por lo que continuarán luchando y buscándolos con vida.
“Es un dolor muy fuerte, no sé como hemos aguantado, no queremos que otra madre, otro padre sufra lo que estamos sufriendo”, expresó la madre de Giovanni Galíndez, María Luisa Guerrero.
Los padres convocaron a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo a apoyarlos en las marchas para exigir la aparición con vida de los jóvenes y a conformar un comité para difundir en su comunidad la información de los avances que haya en la búsqueda de los estudiantes.
La caravana de padres se reunió a las 7 de la noche con unos 50 pobladores de Cerro Gordo Nuevo, de donde es originario Carlos Iván Ramírez Villareal, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Allí, Blanca Luz Nava enfatizó que no hay ni una prueba que demuestre que los normalistas desaparecidos están muertos, “por eso luchamos y seguiremos luchando hasta encontrarlos, sabemos que por ahí los debe de tener el gobierno”.
Recalcó que están como en el primer día después del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los jóvenes, pues no tienen ninguna noticia de ellos y por eso seguirán en las calles. Mencionó que en los medios como la televisión no se dicen las cosas claras, por eso han decidido recorrer los pueblos para pedir el apoyo a su lucha.
Blanca Luz pidió a los asistentes no sean ajenos al dolor de los padres y madres.
Llamó a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo a mantenerse unidos, “si no el gobierno va a seguir desapareciendo”. Y sobre todo a apoyar a los padres de Carlos Iván.
En turno, María Luisa Guerrero pidió a los pobladores que los apoyen en las marchas que hagan y dijo que no cesarán en la búsqueda de sus hijos porque están “aferrados a encontrarlos”.
“Hoy nosotros estamos luchando con tal de que no vuelva a pasar, el gobierno empieza a reprimir porque ve que la gente está haciendo conciencia de la realidad que vivimos” expuso por su parte el vocero de los padres, Felipe de la Cruz.
De la Cruz explicó que tienen dos objetivos, el primero conformar un comité para difundir la información de la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y las acciones de lucha que llevan a cabo para encontrarlos, y el otro para pedir que se organicen, si es que no aparecen los normalistas antes del próximo 26 de septiembre que se cumplen dos años de su desaparición, para participar en la marcha regional en Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra comentó que la intención es que el comité informe qué es lo que se planea y cómo pueden apoyar como pueblo.
El comandante de la Policía Ciudadana, Gildardo Ramírez Camila dijo a los padres que falta información, que ellos quisieran saber qué sigue para volverse a encaminar y apoyarlos en su búsqueda. Mencionó que conoció a Carlos Iván, quién dijo, tiene muchos amigos en Cerro Gordo Nuevo y “a mí me gustaría que si está vivo lo trajeran de vuelta”.
Antes, a las 2 de la tarde un grupo de padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa, una comisión del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y abogados de Tlachinollan, visitaron dos horas al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos, quien se encuentra preso en la cárcel de Ayutla.
Felipe de la Cruz indicó que tenían prevista la visita al penal de Ayutla porque es importante la unidad de los movimientos. “Sabemos que Arturo Campos es una persona importante en la lucha social de los pueblos, principalmente en la organización de las policías comunitarias por la seguridad de las comunidades. Expuso que fueron a solidarizarse con el promotor de la CRAC, a quien le dijeron que saldrá porque están seguros de que el crimen que se le imputa no existe.
El vocero de los padres dijo que Arturo Campos les dijo que se mantengan firmes en la lucha, para encontrar y saber qué ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Cuanto salga se incorporá al movimiento que ya no es un movimiento de una sola organización sino un movimiento de todo México, y que tengamos la plena seguridad que va a ser un elemento más en este movimiento” manifestó el vocero.
El abogado Vidulfo Rosales expuso que hace falta voluntad política del gobierno de Héctor Astudillo , pues argumentó que existen “muchísimos” elementos para dejar en libertad a los integrantes de la CRAC que están presos.
Se acusan de la violencia y de sembrar enervantes contrarios de Chautla y Palantla
Viejas rivalidades por conflictos de tierra y cultivo de amapola y mariguana, según las acusaciones que se hacen ambas partes, son el origen de recurrentes enfrentamientos entre habitantes de San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y que la noche del viernes y la mañana del sábado derivó en 13 detenidos (de acuerdo con los primeros informes fueron 14, y en las fotos de los arrestados aparecen 14 hombres y en la lista hay 14 nombres), en la primera comunidad y un comunitario del mismo grupo asesinado en Xochitempa.
La confrontación que anteriormente era entre civiles, actualmente se da entre autollamados policías comunitarios: los de Rincón de Chautla agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) que encabeza Cirino Plácido Valerio, y la recién creada Policía Comunitaria de la CRAC de San Jerónimo Palantla, que solicitó su reconocimiento a la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, que promueve el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro.
Los dirigentes de ambos grupos se acusan mutuamente de ser los responsables de la violencia, de la siembra de amapola y de pertenecer al grupo criminal Los Rojos que opera en el municipio de Chilapa.
El dirigente del FDP, Torres Fierro, informó que la PC de Palantla se conformó hace dos meses, pero que apenas el sábado hizo su presentación pública y realizó la primera acción con la detención de 13 personas de esa localidad que habían venido cometiendo delitos.
Torres Fierro aseguró que los policías comunitarios tienen el reconocimiento de la casa de justicia de Espino Blanco, y que los aprobó el pueblo, mientras que los otros policías comunitarios que operaban San Jerónimo Palantla (de la CRAC-PC-PF), no eran reconocidos por el pueblo ni por el comisario municipal, y que se impusieron por medio de las armas, incluso, dijo, “mataron a varios compañeros”.
Dijo que por eso los habitantes decidieron organizarse para hacer respetar sus derechos, porque el gobierno supo de los asesinatos, de los secuestros, de las violaciones y asaltos que se venían cometiendo, porque fueron denunciados, “y nunca hicieron justicia”. Añadió que por eso, los agredidos se sintieron obligados a organizarse en otra Policía Comunitaria, “ante la negligencia y la incapacidad de los gobiernos estatal y federal, para resolver esos problemas”.
Informó que se integró un grupo de 20 policías comunitarios que fueron nombrados por el pueblo y registrados por la Casa de Justicia de Espino Blanco y que usan sus armas con base a la Ley 701.
Explicó que fueron estos 20 integrantes de esta nueva Policía Comunitaria de Palantla los que la noche del viernes y la mañana del sábado, con el apoyo de policías comunitarios que vinieron de comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, detuvieron a 13 hombres que se decían policías comunitarios pero que venían cometiendo diversos delitos en contra de la gente de su mismo pueblo.
El dirigente del FDP detalló que en la acción participaron unos 80 policías comunitarios; 60 que vinieron de las comunidades de Pochutla, Olinalá, Tlatlauquitepec y algunos de Ahuacuotzingo, que aún no están reconocidos pero que ya se están organizados, más los 20 que recientemente se integraron en Palantla.
Pero Torres Fierro aseguró que no tiene conocimiento de que durante las detenciones hayan matado a nadie, como informó el otro grupo y el gobierno del estado, que confirmaron el deceso de Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa. “No sé qué haya pasado allí, yo no puedo reconocerlo ni negarlo, simplemente no lo vi”, expresó.
Sin embargo agregó que ahora que ya están agrupados en la Policía Comunitaria los de San Jerónimo Palantla “van a enfrentar lo que venga, porque les asiste la razón”.
Aseguró que los detenidos traían “azorrillados”, desde hace mucho tiempo, a los habitantes de San Jerónimo Palantla, y que aunque se decían policías comunitarios, “nosotros decimos que son sicarios al servicio de la maña y que se han dedicado al narcotráfico”, declaró Torres Fierro, quien manifestó que “posiblemente” estén al servicio del grupo criminal Los Rojos.
Explicó que incluso por eso la mayoría del pueblo tomó la decisión de no incluirse a ese grupo de policías comunitarios “porque allí se manejaba droga, tenían todos ellos sembradíos de mariguana, los comandantes eran los que tenían más y los policías tenían menos, pero todos tenían sembradíos”, aseguró.
Añadió que el grupo de gente que se decía policías comunitarios no fue aceptado y sí rechazado por el pueblo y que fue la causa de que comenzaron a golpear a la gente, “primero al anterior comisario Alfonso Orgín Castro, a quien golpearon, amarraron y se los llevaron secuestrado”.
Añadió que el año pasado mataron también el hijo de éste y el 8 de abril a un auxiliar del comisario actual Fransico Chautla Zizinteco. Detalló que la víctima apenas había sido nombrado policía comunitario. Recordó que en esa acción también mataron a una mujer embarazada de tres meses.
“Estos hechos se denunciaron ante las autoridades, y les pedimos justicia para todos nuestros compañeros, que se hiciera una investigación, que se detuviera a los asesinos de todas estas personas, y el gobierno no hizo caso”.
Explicó que, entonces, los habitantes tomaron el acuerdo de hacer algo para que esa violencia no siguiera adelante, “determinaron no seguir aceptando esta situación y dijeron que si el gobierno no los detiene, y cuando los detenía luego los liberaba, lo que significaba una burla, decidieron conformar su Policía Comunitaria para detenerlos ellos mismos”.
Explicó que primero buscaron el reconocimiento de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán pero que les pusieron muchos obstáculos, después acudieron a Espino Blanco “y ellos dijeron que sí los aceptaban, todas las cosas las hicimos legalmente y el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, conocen el proceso, estuvieron enterados del problema y le planteamos que queríamos justicia, pero nunca hicieron nada por detenerlos”.
Torres Fierro confirmó que los 13 detenidos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
–¿Existe la posibilidad de que los dos grupos estén siendo utilizados por el crimen organizado, y sea la causa de los enfrentamientos? –se le preguntó a Torres Fierro.
–Eso se pudiera dar, pero yo les he dicho a los compañeros que yo no me voy a meter en esa bronca y que el compa que ande de ese lado, yo lo voy a entregar. Ellos dijeron que no están metidos en esos problemas, y es más, pidieron que se destruyan todos los sembradíos de mariguana que hay en el pueblo.
Conflictos agrarios, siembra y venta de amapola y además el FDP: Cirino Plácido
El representante de la CRAC-PC-PF, Cirino Plácido Valerio, declaró que el origen de la violencia interna en San Jerónimo Palantla es por conflictos de tierra, siembra y venta de amapola, y por el “abuso del fuerte contra el débil” y acusó que en esto tiene mucho que ver el Frente de Defensa Popular (FDP).
Explicó que lo que pasó el viernes y el sábado fue un “acto de provocación” de la gente del FDP con el apoyo de comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Acusó a esa Casa de Justicia de la CRAC de no haber sido “muy prudentes” al autorizar la incursión de cuatro camionetas con comunitarios, aunque sabían que había comunitarios allí (los de la CRAC-PC-PF) y que debieron haber pedido información antes de proceder.
Denunció que los que vinieron de Espino Blanco a respaldar a la gente de San Jerónimo Palantla no actuaron como policías sino como delincuentes, “ejecutaron a un policía comunitario desarmado”, dijo en referencia a Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa.
“En el sistema comunitario se detiene a la gente, no se le asesina y así no actuaron como policías comunitarios, sino como verdaderos asesinos”, acusó.
Criticó que estas acciones y errores que se vienen cometiendo desde el 2010 en la Policía Comunitaria, “deja muy mal parado al sistema comunitario”.
Dijo que ese tipo de grupos que se dicen comunitarios “están haciendo exactamente lo que quiere el gobierno, porque sólo a él le conviene ese tipo de acciones”.
Añadió que si actuaron porque dicen que el grupo de comunitarios de la CRAC-PC-PF (que él encabeza) están metidos en la mafia, que lo demuestren, “nosotros queremos pruebas, si demuestran que alguno de ellos está metido en la mafia, lo detenemos y lo reeducamos, porque quien se mete a la delincuencia siendo comunitario es un traidor”.
Plácido Valerio explicó que en San Jerónimo Palantla todos los comisariados que han pasado, entre ellos Antonio Bolaños y los dirigentes que lo apoyan, han abusado de su propia gente, “ha habido despojo de tierras, pero también tiene que ver la siembra y la venta de amapola, eso fue lo que dividió y confrontó a los compañeros”, dijo Cirino Plácido.
Informó que cuando se creó la CRAC-PC-PF en Rincón de Chautla, un grupo de San Jerónimo Palantla se adhirió a la agrupación y que esta división detonó el 9 de febrero del 2015 cuando el entonces comisario Alfonso Orgín Calvario, “que pertenece a Los Rojos” (dijo), preparó una emboscada a la Policía Comunitaria y detuvieron al consejero Isaac Xochitempa Chautla, a quien pretendieron quemar vivo por el simple hecho de formar parte de la Policía Comunitaria.
Recordó que a Xochitempa Chautla, finalmente lo mataron el 24 de noviembre cerca de Atzacoaloya, en donde hubo cinco muertos.
Y luego se preguntó: ¿por qué odian tanto a la Policía Comunitaria?, después aseguró que ese odio es por la siembra de amapola.
Recordó que incluso, cuando la Policía Comunitaria fue emboscada en San Jerónimo Palantla el 9 de febrero y logró detener a varios de los agresores, a él le tocó tomar la declaración a Antonio Bolaños, uno de los dirigentes del otro grupo, ex comisario municipal y ex presidente del comisariado de Bienes Comunales.
“Le llamé la atención y él reconoció que estaba equivocado, le dije que no sólo eso, sino que estaba llevando a su pueblo por un camino equivocado, sembrando odio y confrontación, en vez de promover el diálogo”.
Cirino Plácido contó que le preguntó quiénes eran los responsables de promover esa división, “y él me respondió que pertenecía a Los Rojos y el entonces comisario municipal, Alfonso Orgín Calvario, también pertenecía a Los Rojos, entonces nos dejaron claro que ellos se coordinaban con el líder de la plaza en Chilapa, Zenén Nava, y que el plan era justificar una represión contra la Comunitaria para desarticularla”.
Recordó que a pesar del encono entre los dos grupos, en marzo pasado las autoridades les impusieron un acta conciliatoria, pero que después se vino otra emboscada contra consejeros y que promovieron 52 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho se ejecutaron, pero siete de los detenidos ya fueron liberados y uno sigue detenido, “y sigue la persecución de la Fiscalía, el Estado y de estos grupos”, dijo en referencia a la nueva agrupación de comunitarios.
Mientras tanto, el coordinador de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC, Hipólito Moso Emiliano, con la que se coordina la Casa de Justicia de Espino Blanco, de plano se deslindó del conflicto, consultado por teléfono dijo que desconocía el caso, que quienes tendrían que responder eran los coordinadores de esa casa.
Permanece San Jerónimo Palantla vigilado por comunitarios de Espino Blanco y pobladores
Tras la detención de 14 policías comunitarios de Rincón de Chautla y del homicidio de otro por parte del nuevo grupo de policías comunitarios de San Jerónimo Palantla, adheridos a la Casa de Justicia de Espino Blanco, esa zona geográfica permanece en tensión y sin la presencia del Ejército ni de corporaciones policiacas.
El sábado 11 por la mañana, un grupo de pobladores de San Jerónimo Palantla anunció la adhesión a la Policía Comunitaria que tiene su Casa de Justisca en Espino Blanco, Malinaltepec, y junto a integrantes de la Policía Ciudadana de Temalacatzingo, Olinalá, emprendieron una persecución contra comunitarios de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla en las comunidades de San Jerónimo Palantla y Xochitempa.
Coordinadores de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla informaron que unos 70 hombres armados irrumpieron encapuchados y pertrechados en las casas de sus compañeros.
Sacaron de sus viviendas a 14 comunitarios, entre ellos el comandante regional, Santos Tolentino Calvario, y los presentaron frente a la comisaría como responsables de homicidios ocurridos en la comunidad.
Esta versión fue replicada por el vocero de seguridad pública del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia.
La cacería contra los comunitarios de Rincón de Chautla, la mañana del sábado, se extendió a la vecina comunidad de Xochitempa, donde, según relataron familiares, cuatro sujetos armados llegaron preguntando por Florencio (Morales Salgado) y al salir le dispararon con un arma de fuego, y murió al momento.
Consultado, el coordinador de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Bernardino Sánchez Luna, dijo que los 14 detenidos pertenecen a esa organización conformada en agosto de 2014 para, aseguró, defenderse de la delincuencia organizada.
Informó que el cuerpo de su compañero asesinado Florencio Morales fue devuelto a sus familiares este domingo por la mañana por parte de la Policía Estatal y que este lunes por la mañana se le dará sepultura.
Asimismo la organización comunitaria, dijo, marchará hoy para exigir la liberación de sus compañeros y justicia para Morales Salgado.
Versiones recabadas por El Sur indican que la comunidad de San Jerónimo Palantla permanece resguardada por el grupo de vecinos y policías comunitarios que se adhirieron a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Malinaltepec, en La Montaña.
Este nuevo grupo de comunitarios es encabezado por el comisario de Palantla, Francisco Chautla y el ex comisario Alfonso Orguin, a quien la organización de Rincón de Chautla señaló como probable responsable del asesinato de uno de sus consejeros de justicia, Isaac Xochitempa, y de tres mujeres el pasado 24 de noviembre, por lo que lo capturó y mantuvo detenido más de tres meses.
Esa zona geográfica que agrupa a las comunidades de San Jerónimo, Xochitempa, Ahuehueitic y Alcozacán, en los límites del municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera, afirmaron las fuentes, permanece en una tensa calma y sin la presencia del Ejército ni de ninguna corporación policiaca.
Solicita la Codehum la intervención del gobierno en el conflicto de comunitarios de la CRAC de Chilapa
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en un comunicado llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a darle seguimiento “oportuno” al conflicto que sostienen los dos grupos de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Chilapa, luego de los hechos ocurridos la mañana del sábado en El Rincón de Chautla, Chilapa, donde 14 comunitarios de ese lugar fueron detenidos y uno más fue asesinado por los nuevos comunitarios de San Jerónimo Palantla, de ese mismo municipio.
Vecinos de San Jerónimo Palantla crearon una nueva Policía Comunitaria que pertenece a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, Malinaltepec, y en su primera actividad, la mañana del sábado, detuvieron a policías comunitarios pertenecientes a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la CRAC de los Pueblos Originarios, en la acción un comunitario de Chautla recibió un disparo y murió en Xochitempa.
En el escrito la Codehum informó que un grupo de la CRAC de San Jerónimo Palantla irrumpió en Chautla para detener a personas que pertenecen a otro grupo de la comunitaria.
“Ante este conflicto, el presidente de esta comisión, Ramón Navarrete Magdaleno, llamó a las autoridades correspondientes a intervenir de manera oportuna, para evitar que la riña entre grupos escale y traiga consigo consecuencias trágicas”, dice el comunicado.
El ombudsman solicitó en el documento pacificar la zona del conflicto, sentarse con ambas partes y establecer acuerdos que favorezcan a los pueblos para tener paz en estas comunidades donde anteriormente ya ha habido “desencuentros”.
Navarrete Magdaleno por medio del comunicado ofreció la intervención de la Codehum, así como lo hizo en hechos pasados en Chilapa.
“En esa ocasión también hubo muertos, heridos y detenidos (el 8 de febrero en el enfrentamiento entre policías comunitarios y pobladores de la comunidad). La comisión se sentó a hablar con las partes, en coordinación con las instituciones del estado se logró un acuerdo de pacificación en la zona para que los grupos se respetaran. En ese entonces quedaron en buenos términos”.
Promoverá MC una iniciativa ciudadana para la legalización de la amapola
Ante los pocos avances conseguidos en el ámbito local, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que promoverá una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión para legalizar la amapola con fines medicinales.
En un comunicado, Mejía Berdeja dio a conocer que iniciará una campaña de colecta de firmas, para impulsar esa propuesta ante el Senado o la Cámara de Diputados, por lo que convocó a sumarse a las organizaciones interesadas en el tema.
En reiteradas ocasiones, Mejía Berdeja ha acusado a la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el priista Héctor Vicario Castrejón, de tener “atoradas o congeladas” las iniciativas presentadas por ese grupo parlamentario, entre éstas, la de legalizar la amapola para fines farmacéuticos.
El diputado local explicó que el artículo 71 de la Constitución otorga a todos los ciudadanos el derecho de presentar directamente, ante el Congreso de la Unión, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, una iniciativa si obtiene el respaldo del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores en el país, aunque no precisó cuánto representa este porcentaje.
“Nosotros vamos a emprender un esfuerzo, conjuntamente con la ciudadanía y las organizaciones sociales que quieran sumarse a este esfuerzo, para juntar el número de firmas suficientes para presentar esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, para permitir el cultivo legal de la amapola con fines medicinales y despenalizar al mismo tiempo esta actividad”, se lee en la misiva.
Además de lo que se consiga en el ámbito federal, aclaró que seguirá insistiendo en la dictaminación de la iniciativa que presentó el pasado 17 de marzo, en el pleno del Congreso local, y que está en las comisiones unidas de Justicia y Salud.
“No estamos de brazos cruzados, no estamos inactivos, no estamos esperando tranquilamente por si pasa o no en el Congreso local, creemos que es un tema muy importante para el estado, que debemos convertir una amenaza, como lo es la prohibición del cultivo de la amapola, que ha generado muerte, pobreza y violaciones a los derechos humanos, en una oportunidad de desarrollo para todas las regiones del estado”.
Mejía Berdeja aseguró que para Movimiento Ciudadano el tema de la amapola es de interés público, de innegable necesidad social, y una medida que podrá reducir los niveles de violencia en Guerrero, así como las violaciones a los derechos humanos.
Aunado a lo que se logre en el Congreso de la Unión y en el local, dijo que continuará impulsando foros y reuniones informativas, para que el tema se difunda ampliamente y los guerrerenses conozcan los alcances de la iniciativa que está promoviendo.
Sostuvo que “evidentemente hay intereses creados, de gente que no le conviene, pero seremos reiterativos en que se pueda reformar el marco legal y podamos avanzar en esta legalización”.
Denuncia Cirino Plácido la irrupción del grupo Paz y Justicia en territorio comunitario
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), denunció ayer, mediante un comunicado, la irrupción en su territorio de gente armada del autollamado grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia y alertó de posibles confrontaciones violentas en caso de que haya provocaciones de su parte.
La CRAC-PC-PF de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, adscrita a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, denunció que la irrupción de hombres armados del grupo por la Paz y Justicia fue el viernes a las 9 de la mañana, en la colonia El Paraíso de Tepila, de Chilapa, sin embargo la denuncia pública apenas se hizo ayer.
Consultado al respecto por teléfono, el dirigente de la agrupación, Cirino Plácido Valerio, declaró que el asunto se está complicando en Guerrero porque puede haber un estallido violento por tanto grupo armado que se está formando; “unos se dicen policías ciudadanos, otros comunitarios, otros autodefensas y otros Paz y Justicia, sin que haya un control de nadie”.
Según el escrito, el 10 de junio a las 9 de la mañana arribaron seis camionetas de hombres armados del grupo Paz y Justicia a la colonia El Paraíso de Tepila, de Chilapa, invitados por Rufino Virgeño Hernández, Juan Virgeño Alvino, Nicanor Luna Gaspar, y Noé Luna Ramírez, quienes según la CRAC-PC-PF “son negativos para ocupar cargos, realizar trabajos y para dar cooperaciones, en beneficio de la comunidad.
El documento señala que, sin embargo estas cuatro personas son defendidas por la Paz y la Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa y realizaron detenciones de personas que siguen desaparecidas.
El documento de denuncia dice que luego que llegaron los miembros de Paz y Justicia a esa colonia, los coordinadores regionales y consejeros de la CRAC-PC-PF les mandaron un oficio mediante el cual les pidieron que respeten el territorio comunitario “porque no pueden andar armados en un territorio que no les corresponde”, sin embargo denunciaron que se negaron a recibir el oficio argumentando que ellos pueden entrar a esa comunidad porque les solicitaron su presencia.
Incluso los hombres armados advirtieron que llegaron para defender a estos cuatro ciudadanos “porque ya forman parte de su sistema”.
Por esta situación, la CRAC-PC-PF exigió respeto a su territorio comunitario “ya que somos una institución de los pueblos y así como nosotros respetamos el territorio de la policía por la Paz y la Justicia y no entramos armados dentro de su territorio, así queremos que respeten el nuestro”, dice el escrito.
Por su parte Plácido Valerio advirtió que si no se respetan las reglas de las policías comunitarias, “seguro que va a haber enfrentamiento y esto puede llegar hasta una guerra civil”, advirtió.
Como representante de la CRAC-PC-PF dijo que no ve correcto que una policía armada invada el territorio de otros.
Placido Valerio informó que el caso no se había denunciado porque esperaban que aceptaran su llamado a que se retiraran, pero que no lo han hecho, y que existe el riesgo de un enfrentamiento, “porque no pueden entrar ellos así, como nosotros no podemos entrar armados al territorio de Paz y Justicia”.
Dijo que si los de Paz y Justicia quieren realizar alguna actividad en su territorio deben pedir permiso y coordinarse con la Policía Comunitaria de la CRAC-PC-PF que son los que se encargan de la seguridad allí.
“Pero si no se hacen respetar va a haber problemas”, alertó Plácido Valerio, pero dijo que eso no lo ven ellos y que si no buscan una coordinación de respeto, puede haber problemas, porque, además, en la zona se están moviendo muchos grupos de la delincuencia organizada, puede que sea ese el motivo de su presencia, por lo que la Policía Comunitaria que encabeza puede intervenir.
Exige la Codehum a la FGE esclarecer el asesinato de un hijo de una trabajadora de ese organismo
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum) en un comunicado exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento del asesinato del joven Juan Carlos Anguiano Vázquez, hijo de la trabajadora de ese organismo, Jacqueline Vázquez Pineda.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que el sábado a las 6 de la mañana hombres armados dispararon a una pareja de jóvenes cuando abordaban un coche, y posteriormente el joven falleció.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, por medio del comunicado expresó, “lamentamos mucho los hechos, exigimos que las autoridades investiguen el caso hasta lograr su esclarecimiento”.
En el comunicado también se pidió que se eleve una protesta por el homicidio del joven, hijo “de nuestra compañera” Jacqueline Vázquez , quien hace poco ocupó la coordinación del programa para prevenir y combatir la violencia y acoso escolar.
Finalmente la Codehum también hizo un llamado a la FGE para esclarecer otros homicidios que no han sido resueltos en la entidad.
Se arman ganaderos de Cutzamala ante la ola de robos; pretenden crear una policía comunitaria
El líder de la asociación ganadera Eutimio Pinzón, del municipio de Cutzamala de Pinzón, Catalino Mancilla Reyes, quien recientemente fue atacado a balazos, dijo que los ganaderos de ese municipio se están armando por la ola de robos de ganado, por lo que piden al gobierno estatal y federal que les autorice la formación de una policía comunitaria.
Mancilla Reyes dijo que él está molesto con el gobierno porque después de que sufrió un atentado contra su vida, la puerta de su rancho fue abierta por la fuerza y él teme que se trate de gente armada que lo está buscando para matarlo.
Comentó que el motivo del atentado en su contra es porque ha denunciando públicamente el robo de ganado en su municipio, pues varios ganaderos ya han sido víctimas y que probablemente también a él prentenden robarle.
Sin embargo, se quejó de que acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por allanamiento, pero que lo hicieron esperar por espacio de tres horas y media sin darle ninguna atención por lo que se desesperó y ya no levantó la denuncia, lo cual, dijo, ha pasado con otros ganaderos quienes tampoco denuncian por el desinterés de las autoridades para atenderlos, además porque en el municipio no hay ninguna corporación policiaca que les apoye, pues recientemente incluso se retiró la Policía Federal.
El rancho de Catalino Mancilla se llama Las Borregas, está ubicado cecra del kilómetro 3 de la carretera Cutzamala-Altamirano, por el canal 27, a unos 500 metros de la carretera federal.
“El problema del abigeato es gravísimo. En estos 15 días que yo estaba imposibilitado han venido, y voy a mencionar los nombres de los capires, ha venido por ejemplo, Silvestre López a decirme como presidente de la ganadera que le robaron 19 vacas. Vino también Jesús Benítez Hernández, casi vecino mío, que le robaron nueve vacas. Camino rumbo al Tule viene Jerónimo, también ganadero afiliado a la asociación, que le robaron siete. Me acaban de informar ahorita que dos (le robaron) a Lencho Benítez, otras nueve a otro vecino, estoy hablando en un margen de 15 días”, expresó el ganadero.
Catalino Mancilla mencionó que ante esta situación se están organizando los ganaderos para salir a dar rondines por las zonas donde tienen sus animales, pero que todos salen armados ante la falta de policías.
Aseguró que lo único que les preocupa es que en caso de toparse con militares, la Marina o la Policía Federal, “ellos si nos van a detener por traer armas, a pesar de que han sido inútiles para detener el robo de ganado”, pues dice que sus recorridos y operativos los hacen solamente sobre carreteras federales pero no van a las zonas rurales
“Estamos buscando la forma de pedir que nos autoricen una policía rural. Yo les digo que desde hace un rato nosotros no nos quitamos la pistola de la cintura pero no salimos de casa. El problema será al salir de casa. Porque ahí sí nos pueden detener, pero el gobierno no está haciendo nada. Nos vamos a armar bien y buscaremos nuestra propia policía”, expresó el líder ganadero.
Indicó que son 450 los agremiados que hasta el momento han sido afectados. “pero ahorita actualmente que está el municipio suelto sin gobierno, sin nada, ni ante quien quejarnos, porque supuestamente la Policía Federal estaba ahí hospedada en un hotel de lujo, ahora ya ni siquiera eso. Es una impotencia por eso yo vuelvo a repetir que no hay de otra manera más que cuidarnos nosotros mismos, armarnos nosotros mismos y cuidar nuestros propios intereses”, aseveró Mancilla Reyes.
Acusan deportistas de Atoyac que se dañará un campo de futbol para un acto del gobierno federal
Deportistas de Atoyac, en su mayoría futbolistas, denunciaron que se dañará el campo de futbol de la cancha Mariscal para un acto del gobierno federal que se hará el 15 de junio.
Miembros de la logística de la ceremonia del gobierno federal acudieron al campo de futbol para instalar una carpa.
Los deportistas denunciaron que con los trabajos se dañarán tres capas del campo el cual permanecerá cerrado. Acusaron que las perforaciones (para fijar los artefactos) dañarán el campo sintético el cual es de una sola pieza.
Informaron que no niegan el uso del campo pero no permitirán que se dañe.
Al lugar llego la síndica municipal, Esmeralda Fonseca, para dialogar para permitir el uso del campo y que lo que resulte afectado se reparará.
Los afectados argumentaron que hay otros espacios como el campo de la feria o la misma Ciudad de los Servicios (instalaciones del Ayuntamiento) para hacer el acto oficial.