El vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que dentro del Grupo de Coordinación Guerrero se analiza el desarme de más grupos de autodefensa o policías comunitarias que operen fuera de la ley, tras la trifulca y detención de 49 civiles armados de pueblos del municipio de Eduardo Neri, este jueves en Zumpango.
Ayer en la mañana el funcionario asistió a los honores a la bandera en la celebración de los 168 años de la erección del estado de Guerrero, y al concluir el acto protocolario anunció que el corredor de Zumpango a Iguala estará resguardado por la Policía del Estado, el Ejército y la Policía Federal, es decir, que no permitirá civiles armados organizados por la seguridad en esa zona.
Dijo que el Grupo de Coordinación ha analizado la probabilidad de desarmar a otras policías comunitarias que operan en el estado.
“No se van a permitir hechos que estén fuera de la ley, obviamente salvaguardando los derechos humanos de toda la población”, expuso.
Señaló que la intervención de la Policía del Estado en el caso de Zumpango fue para evitar que los grupos armados que actúan como policías comunitarias se vuelvan foco de violencia.
“Habrá una vigilancia muy cercana a estos grupos de civiles armados que actúan como policías comunitarios, para que no haya impunidad en el momento que se cometa”, agregó.
Se le preguntó de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y respondió que las acciones no se pueden adelantar ni detallar, pero se platica al interior del grupo de seguridad.
En cuanto a si los detenidos del jueves tienen alguna relación con algún grupo del crimen organizado, respondió que no podía asegurarlo porque no le corresponde, y que estará en espera de las invetigaciones.

Familiares de los 49 guardias comunitarios detenidos el jueves por policías estatales en Zumpango, la cabecera municipal de Eduardo Neri, acudieron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, para exigir su liberación y pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores.
A las 10 de la mañana unos 10 familiares llegaron a las instalaciones para pedir información de la situación legal de los civiles armados que se encuentran detenidos en la PGR, informaron que otros siete son menores de edad y se encuentran en el albergue tutelar.
Los familiares denunciaron que el presidente municipal de Zumpango, el perredista Pablo Higuera Fuentes solicitó a los policías comunitarios que hicieran una operación en la cabecera municipal, sin embargo agentes de la Policía Estatal los desarmaron el jueves de manera irregular cuando hacían estas actividades.
“Nuestros familiares realizaron un operativo de seguridad que les solicitó el acalde de Zumpango, pero parece que fue una trampa porque los detuvieron los policías estatales, ellos no estaban haciendo nada sólo realizaban su trabajo para cuidar”, declaró.
Un familiar dijo que no son delincuentes y que sólo hacían recorridos en la cabecera municipal de Zumpango por los hechos de violencia que han ocurrido en la zona, “son inocentes no se metían con nadie pero es injusto que los hayan detenido”.
Pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo porque aseguraron que no cometieron ningún delito y sólo hacían los recorridos para evitar más violencia.
Ayer policías estatales detuvieron en tres momentos distintos a 49 policías comunitarios que patrullaban desde hace un mes la cabecera municipal de Zumpango e instalaban retenes de vigilancia, ahí decomisaron 54 armas largas y cuatro cortas.

Al cumplirse 37 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y de organizaciones sociales protestaron en Iguala y exigieron el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los manifestantes portaban mantas en las que se leía, “No le temo represión del Estado, le temo al silencio de mi pueblo, +43 Ayotzinapa” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Para recordar a los normalistas asesinados en los ataques en Iguala, Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, los manifestantes hicieron un mitin en el sitio donde fue encontrado el cuerpo del primero de los tres jóvenes, desollado.
En la actividad, los manifestantes se quejaron de que el sitio está descuidado y sucio, a pesar de que han solicitado al Ayuntamiento de Iguala que se mantenga limpio el monumento a los caídos, lo que consideraron una falta de respeto a la memoria de los normalistas.
Por otra parte, expusieron que las autoridades insisten en mantener en la impunidad los crímenes, así como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Resaltaron que Julio César Mondragón, quien murió “defendiendo a la Normal”, fue torturado y desollado, “pudieron desaparecerlo como a nuestros demás compañeros, pero actuaron con saña (en su contra)”.
Aunque en la manifestación no participaron familiares de los normalistas desaparecidos, los activistas y estudiantes recordaron a los jóvenes como personas dispuestas a luchar por la educación y el pueblo; reiteraron que mantendrán a apoyo total a las familias de las víctimas.
Cada 27 de septiembre, los manifestantes protestan en Iguala para recordar a la sociedad que los ataques del 26 y 27 de septiembre no se han resuelto, que los verdaderos asesinos no han respondido por los asesinatos y a la fecha se desconoce qué fue de los 43 desaparecidos, a quienes el Estado trató de dar por muertos con la llamada “verdad histórica”.

La Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) seguirá en plantón afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), tras el acuerdo nacional en 26 estados, pues no se cumplió el compromiso de pagar el programa de Vivienda Rural al 30 por ciento de los 581 beneficiarios.
Afuera del edificio, que está tomado desde agosto por trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que exigen el pago de salarios atrasados, continúa el campamento de la CODUC, donde colocaron una carpa y una lona; temen que no se entreguen los 24 mil pesos a cada beneficiario, pues falta entregarlo al 30 por ciento de los 581 beneficiarios.
La coordinadora de Vivienda, Luisa Ayala Mondragón expuso que la promesa de la Sedatu en el diálogo que se sostuvo con la dirigencia nacional en la Ciudad de México, fue que este jueves se capturaría la información de los expedientes de los beneficiarios que faltan de recibir el dinero, pero no sucedió.
Los dirigentes de la organización acordaron que no van a levantar el plantón, y el martes definirán los avances de las negociaciones para decidir si termina su protesta.

El alcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén informó que la semana pasada tuvo un encuentro con el gobernador Héctor Astudillo Flores para hablar sobre el problema de la basura y la posible solución que propone el gobierno del estado.
El ayuntamiento de Tixtla reinauguró este viernes el balneario municipal Teoixtla, en el que se invirtieron 9.5 millones de pesos; el dinero de la obra fue del ramo 33, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que gestionó el dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano.
Este acto era parte de la agenda del gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien finalmente no asistió a la actividad, y justificó que se le complicaba, debido a los festejos por el 168 aniversario de Guerrero.
Consultado al concluir el acto protocolario de inauguración, al que asistió el alcalde de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, Nabor Guillén comentó que la semana pasada se reunió con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para hablar sobre el nuevo relleno sanitario intermunicipal.
Dijo que la propuesta del gobierno del estado es que los municipios de Eduardo Neri (Zumpango), Tixtla y Chilpancingo, retomen el proyecto para trabajar con sus residuos, y la opción es que se construya un basurero totalmente nuevo, en otro lugar en la comunidad de Matlalapa.
“Matlalapa es un asunto que planteo (el ex alcalde de Chilpancingo) Marco Leyva bajo circunstancias que no eran las correctas, hoy el gobernador está haciendo una nueva propuesta en un lugar diferente, cercano a Matlalapa, pero diferente, que creo yo que vale la pena poderlo contemplar”, dijo.
El alcalde perredista adelanto que si se reúnen las condiciones, de acuerdo con la Norma 083, y se cumplen los requisitos, se tendría que llegar a un acuerdo.
“Hoy el gobernador tiene una propuesta nueva, diferente, y creo yo que vale la pena conocerla”, agregó.
Aseguró que hasta el momento no se ha tomado alguna decisión en torno al nuevo predio para el relleno sanitario, y que cuando haya proyecto se consultaría a la población.
Indicó que su Ayuntamiento nunca ha estado cerrado, pero que no permitirán que se haga un “vil basurero, nosotros tenemos el problema de la basura también”; recordó que el tiradero de Tixtla tienen pocos meses de vida útil.

Agentes de la Policía Estatal dados de baja en mayo informaron que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) emitió una recomendación en contra del Secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Pedro Almazán Cervantes, por abuso de autoridad y despido injustificado de 176 policías estatales.
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum, un policía despedido quien se reservó su nombre exigió al presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, que esta recomendación no quede en el olvido y que se preceda conforme a la ley.
Dijo que el organismo pide la reinstalación de los 176 policías estatales que fueron dados de baja en mayo, cuando se movilizaron en el cuartel de la corporación para exigir la regularización de los días de descanso y de trabajo, además del pago de 10 quincenas y viáticos que se les adeudan.
Llamó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que intervenga ante las irregularidades de Almazán Cervantes en la corporación, porque están acreditados la violación de los derechos laborales de los policías, y la falta de atención de la seguridad en el estado debido a los hechos de violencia que ocurren en la entidad cada día.
Dijo que esperan la respuesta de Almazán Cervantes para saber su situación laboral y que al ser reinstalados a la corporación no haya represalias en contra de ellos, pidió “no ponernos en riesgo de muerte y responsabilizamos al secretario Almazán Cervantes de lo que nos pudiera pasar”.
El 29 de mayo unos 600 policías estatales de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel en Chilpancingo para exigir al gobernador y al secretario de la SSP, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, además de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el paro y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de la corporación a 176 policías, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.

Padres de familia y maestros de la primaria Nicolás Bravo, ubicada en la colonia Obrera, bloquearon tres horas calles laterales del bulevar Vicente Guerrero y la calle Ayutla de la colonia Vista Hermosa, al oeste de la ciudad, para exigir la reubicación de la escuela, pues desde el 7 de septiembre no tienen clases y hace 15 días se está demoliendo su plantel por los daños estructurales que tiene.
La protesta comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana y terminó a las 12:25 del día, en la que participaron unos 50 padres de familia del turno matutino, quienes informaron que los alumnos no tienen clases desde el 7 de septiembre.
El plantel donde laboraban contaba con 20 aulas para 20 grupos de alumnos, tanto del turno matutino y del vespertino, en el que aproximadamente estudian mil alumnos.
Los padres de familia portaron pancartas y una manta en las que se leyeron sus demandas: “Exigimos solución inmediata ya”, “señor gobernador, los padres de familia de la primaria Nicolás Bravo exigimos el reinicio de clases de los alumnos de dicho plantel, así como la reconstrucción inmediata de esta institución”.
El director del turno matutino, José Manuel Bernal, explicó que hace 15 días comenzó la demolición de la escuela, que tiene 50 años de antigüedad, y resultó dañada por los sismos del mes pasado, agregó que las autoridades educativas les dijeron que el 20 octubre se firmaría el contrato para ocupar una bodega temporalmente mientras se reconstruye, pero esto no ocurrió.
Desde el primer sismo, ocurrido el 7 de septiembre, los alumnos y profesores se vieron en la necesidad de parar labores y demandar un espacio provisional para reiniciar clases.
“Por la antigüedad que tiene nuestro edificio, aproximadamente 50 años, ya estaba en deterioro, se agravó un poco con los sismos y con lo del huracán, sin embargo nos han dado largas, aún en esta fecha no tenemos un lugar, un espacio para poder reiniciar labores”, agregó.
Contó que hay un espacio que está siendo utilizado como bodega de una empresa nacional, que está cerca de la escuela y que era una opción para la reubicación, pero que todavía no había firma de contrato ni adecuación para que la utilicen para dar clases.
Exigió que se les muestre el contrato y que inicien de inmediato los trabajos de adecuación, para que liberaran las vías.
Lamentó que a consecuencia de la falta de clases hay padres de familia que decidieron sacar a sus hijos de la escuela, para pasarlos a otras.
Hasta ese momento les informaron que estaban por firmar el contrato,. para que las autoridades educativas les entregaran el documento.
El bloqueo concluyó luego de que las autoridades les comunicaron que a las 8 de la noche les entregarán la llave de la bodega, para que puedan utilizarla.

El retraso en la obra del edificio para ocho aulas de la primaria Modesto Alarcón, de la ciudad de Atoyac, ha generado que muchos alumnos cambien a otras instituciones, después de que donde recibían clases fue demolido hace más de un mes y no se ha iniciado con la obra.
Los padres de familia argumentan que pese a las marchas y plantones que han realizado, no se ha logrado agilizar el inicio de la obra del nuevo edificio por parte del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Lo anterior fue explicado por el director del plantel, Agustín Salmerón Leyva, quien dijo que algunos padres de familia temen que culmine el año y sus hijos sigan tomando clases en aulas provisionales, que hicieron con el apoyo de las autoridades locales, de madera y cartón.
El retraso en la obra, dijo, provocó que fueran dados de baja al menos 15 alumnos, tan solo en esta semana, que migraron a otros planteles.
Agregó que están en espera de los resultados del estudio de suelo, que fue tomado este fin de semana, para ver si el proyecto original soporta la cimentación para dos plantas o será modificado.
Precisó que se presentó personal que verificó las medidas del terreno donde se construirá el edificio, concluyendo que sí da con las medidas y están en espera de los resultados de la mecánica de suelo “y en cinco días se estaría haciendo el nuevo proyecto, “el día viernes se presentaría la constructora a iniciar los trabajos ya de manera formal”.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) entregó 117 plazas a maestros de educación especial, física, preescolar indígena, primaria, secundaria y telesecundaria, quienes aprobaron la evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente este año.
El acto protocolario se llevó a cabo en el Centro de Atención Múltiple 23, ubicado en la colonia Burócratas, pero no se permitió el acceso a El Sur con el argumento de que no había “nadie autorizado para dar información” sobre la entrega de las plazas, a pesar de que el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, encabezó la ceremonia.
A la entrega de plazas también asistieron la coordinadora estatal del Servicio Profesional Docente, Margarita Nava Muñoz; el subsecretario de Planeación Educativa, Ruffo Alejandro Montiel Adán; el contralor interno de la SEG, Ramón Apreza Patrón, y otros funcionarios de la dependencia, así como los maestros que recibieron sus nombramientos.
En un boletín de prensa, la SEG dio a conocer la entrega de las plazas, donde Díaz Román representó al titular de la dependencia, José Luis González de la Vega Otero; felicitó a los maestros y los llamó a no inquietarse ni sentir inseguridad de llegar a comunidades alejadas, ya que mientras exista compromiso y respeto, los pobladores serán quienes los cuiden y defiendan.
“No se dejen llevar por comentarios y por algunas personas que lo único que quieren es inquietarles en la decisión que ustedes tomen, la SEG comparte el día de hoy con ustedes la emoción. Les deseamos éxito en sus funciones, maestros den lo mejor de sí para la educación, para los niños y las comunidades. Guerrero y la SEG deposita en ustedes la confianza de que la representarán con dignidad, entusiasmo y compromiso”, afirmó.
Montiel Adán también felicitó a los jóvenes que adquirieron su plaza mediante el examen de oposición y los instó a “convertirse en auténticos líderes de las comunidades”; por su parte, Nava Muñoz pidió a los jóvenes a trabajar con compromiso y a ejercer su docencia con “entrega y pasión”.

Trabajadores administrativos y maestros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, agremiados en la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se reunieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores y acordaron mesas de trabajo para resolver su incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) y la liberación de siete plazas vacantes.
Luego de 14 días de paro laboral, una comisión encabezada por el secretario general de la delegación sindical, Juan Manuel Dominguillo Rosas, se reunió con Astudillo Flores; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, y el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Alonso Peña Soberanis, en el Palacio de Gobierno.
En declaraciones, Dominguillo Rosas dijo que la reunión fue “relativamente” buena y que en ésta no se buscaron culpables de por qué no hay solución a la incorporación al Fone de tres maestros y diez trabajadores administrativos de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como la liberación de siete plazas vacantes que los inconformes solicitaron hace dos años.
“No fue una plática de buscar culpables, decidimos dar el giro para buscar solución y ese camino resultó ser más adecuado”, expresó e informó que las mesas de trabajo que se acordaron con Astudillo Flores comenzarán el próximo lunes, 30 de octubre, para encontrar la solución a los conflictos laborales, esto porque el gobernador dijo que “no tenía las respuestas (a las demandas), ahorita”.
En cuanto al paro laboral en la Normal Rural de Ayotzinapa, Dominguillo Rosas dijo que los integrantes de la delegación sindical decidirán si reanudar labores o no, luego de la primera reunión, ya que aún no hay respuestas concretas a sus demandas.
Por su parte, el gobernador compartió fotografías de su encuentro con los trabajadores de la Normal Rural de Ayotzinapa en su cuenta oficial de la red social Twitter con el mensaje: “Atendimos a docentes de la normal rural de Ayotzinapa, con quienes me comprometí a establecer una mesa de trabajo para resolver su situación”.