El pleno del Congreso autorizó la licencia indefinida para separarse del cargo y funciones que solicitó el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, y tomó protesta a su suplente, Jesús Tejeda Vargas.
La licencia del alcalde capitalino se da a partir del problema en la deficiencia en la recolección y el destino final de la basura, además de la ruptura con su partido político y el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Por unanimidad, los diputados de todas las fracciones votaron a favor del dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, por el que se concede la licencia que solicitó Marco Antonio Leyva. Esto, luego de que se tenía previsto que ese día se dictaminara sobre la demanda de revocación de mandato, que interpuso una semana antes el PRD.
“No vamos a defender lo indefendible”, dijo Eusebio González Rodríguez, el único priista que habló en tribuna del tema de la licencia, mientras el resto de la fracción se mantenía en silencio ante las críticas de Morena y el PRD.
“No debemos aprovechar esta tribuna para buscar alguna ventaja política, toda gente que quiere sacar raja”, reiteró el priista.
En tribuna afirmó que el voto de la fracción priista a favor de autorizar la licencia a Leyva Mena fue solo un “acto de congruencia”, además de que es un procedimientos legal y que la licencia es un derecho político de los alcaldes.
Y advirtió que si el ahora alcalde con licencia realizó algún acto ilegal “serán las leyes en la materia las que lo van a juzgar, nosotros no vamos a defender lo indefendible ni vamos hacer acusaciones al aire con cosas infundadas o vamos a deformar aquí el verdadero origen de las cosas”.
Eusebio González dijo que el voto de la fracción priista es “a favor de los ciudadanos de Chilpancingo”.
Y después soltó que el Congreso será “responsable y le responderemos a todos, a todos sin distingo de partidos, porque también vale la pena decirlo, para que cada quien haga las reflexiones en su terreno”, en referencia al PRD y a su gobierno municipal de Acapulco.
También el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Mejía Berdeja se refirió sin mencionarlo al gobierno de Acapulco.
Apuntó que a diferencia de otros partidos no “haremos leña del árbol caído”, sin embargo dijo que a pesar de que Leyva Mena argumentó “asuntos personales” en su solicitud de licencia, esta se da “en un contexto de inseguridad y de un colapso de los servicios públicos que hicieron crisis y derivaron en esta decisión política personal”.
Mejía Berdeja convocó a la mesura al nuevo alcalde de Chilpancingo, “no es una situación de festejo como si fuera un triunfo electoral, no. Es una crisis la que si vive y hay que actuar”.

PRD: que se revoque el mandato

Mientras que la coordinadora de los diputados del PRD, Erika Alcaraz Sosa, recordó que en la Constitución se establece la destitución cuando existan causas graves como las cometidas por Leyva Mena. Por eso dijo que la fracción votaría a favor de la licencia.
Recordó que es obligación constitucional de los Ayuntamientos el brindar el servicio de limpia, recolección, traslado y destino final de residuos que el gobierno municipal no cumplió durante los dos años de gobierno.
Como grupo parlamentario dijo que esperaban que Leyva Mena, al contestar la denuncia de revocación de mandato en su contra presentara “las pruebas que demostrarán todas las acciones que ha hecho en estos dos años al frente del Ayuntamiento de Chilpancingo, sin embargo, nos desilusionó”.
Porque dijo que en su defensa la basó en “simples alegaciones y evasivas de responsabilidad, señalando que el sólo cumple los acuerdo del Cabildo Municipal, pero acaso en un momento se enteró que el como presidente de ese Cabildo es quien propone y dirige las políticas públicas, entre las que se encuentran la prestación de los servicios públicos”.
Alcaraz Sosa dio que como consecuencia las calles fueron ocupadas por la población como tiraderos de basura.
Y afirmó que los recursos destinados para el servicio de recolección y tratamiento de la basura “no se han ejercido de manera transparente”.
Y arremetió “su falta de oficio político es lo que ha llevado a su administración a estar en un callejón sin salida, sin soluciones viables, pero sobre todo, a la falta de cumplimiento de contratos que ocasionan un daño patrimonial al erario público, dado que los convenios que ha suscrito tienen como penalidad el pago de fianzas que oscilan entre dos millones de pesos”.
Y le pidió al presidente de la Comisión Instructora el panista Iván Pachuca Domínguez que dictamine el procedimiento de juicio de revocación de mandato y que presente al pleno el dictamen a favor de la revocación, porque afirmó que no hay argumentos legales para dejar en pausa los procedimientos.

Fue por pleito del PRI: Morena

Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, dijo en tribuna que al gobierno de Guerrero y al PRI, “se les hizo bolas el engrudo con el caso de Marco Antonio Leyva, porque al final exhibieron su pleito interno y la pérdida de institucionalidad y respeto a la legalidad”.
Se refirió a los procedimientos “exhibidos por este Congreso al filtrar una resolución cuya aprobación se realizaría vía fast track el día de hoy, sin que previamente se le concediera el derecho de audiencia para ser, en todo caso, oído y vencido, quedaron de manifiesto”.
La diputada de Morena dijo que el problema que llevó a la salida de Marco Antonio Leyva fue una confrontación política,  que quedó exhibida desde la fracción del PRI en “que le anunció la revocación de mandato vía juicio político (que es el segundo paso de la revocación de mandato), para hacerlo que pidiera la licencia como finalmente ocurrió.
Sin embargo dijo que Leyva Mena, “ya no podía con los problemas de la capital”
Porque fue rebasado por la inseguridad, la falta de destino de la basura, baches y falta de alumbrado público, problemas corrupción “entre otros”
“Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”, dijo María de Jesús Cisneros en referencia a las confrontaciones políticas que se convirtieron en presiones para el alcalde capitalino para que pidiera “licencia como finalmente ocurrió”.
La diputada dijo que se debe explicar si lo que generó “este pleito entre Marco Antonio Leyva y Héctor Astudillo Flores, fue el negocio de la basura”
Exigió que se aclaren los procedimientos insanos en el Congreso y las verdaderas causas que el ex alcalde tuvo para solicitar licencia.

Las sesiones

Este martes el Congreso realizó tres sesiones para cumplir el protocolo legislativo para la separación del cargo de Leyva Mena.
En la primera se informó al pleno de la solicitud de licencia que se envió a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación “para su dictamen”, de inmediato inició la segunda para presentar el dictamen al que se le dio primera lectura y se señaló que se llamaría al suplente. En la tercera sesión se obvió la segunda lectura y se sometió a discusión y aprobación, entonces se dieron las participaciones de los diputados del PRD, Morena y PRI.
Tras la aprobación del dictamen por unanimidad, en la misma sesión se llamó al suplente Jesús Tejeda para que tomara protesta.
A la sesión llegaron más de un centenar de personas, entre trabajadores del ayuntamiento encabezados por los integrantes del cabildo, también transportistas, así como los empresarios que ayer presentaron un segundo juicio de revocación de mandato contra Leyva Mena.
Los asistentes, tras la toma de protesta del ahora alcalde en funciones, le dedicaron por lo menos tres minutos de porras hasta que el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Cueva Ruiz les pidió silencio para poder clausurar la sesión.

Valorará cambios en el gobierno municipal

En declaraciones después de su toma de protesta, Jesús Tejeda dijo que realizará una valoración de cómo encuentra el gobierno municipal y que eso definirá si realiza acciones contra el gobierno de Marco Antonio Leyva Mena.
Afirmó que estará “muy al pendiente de los servicios públicos del municipio y que las cosas caminen como deben caminar”.
Un reportero preguntó su habrá cambios en el gobierno municipal. en referencia a los funcionarios de Leyva Mena: “haremos una valoración, pero si los cambios se tienen que hacer los tendremos que hacer en su momento”.

El gobierno del estado entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un millón y medio de pesos que ofrecerá como recompensa a quien dé información que lleve a capturar a los responsables de los asesinatos del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y chofer, así como del ex alcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri.
En un comunicado distribuido por el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, se detalla que el acuerdo fue firmado por el fiscal Javier Olea Pelaéz y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón, para autorizar el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que permita la localización, detención o aprehensión de los responsables de los crímenes cometidos los días jueves 12 y sábado 14 de octubre.
La propuesta fue dada a conocer el domingo, pero este martes se informó que el ofrecimiento no será aplicable a servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales.
La Fiscalía General del Estado deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada, y ordenará la práctica de diligencias para poder determinar que la misma haya sido indispensable para lograr la detención o aprehensión de los responsables, se lee en la misiva.

A dos días cumplirse cuatro años  del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, su hermana Norma exigió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y la ONU demandar al gobierno mexicano la protección de dirigentes sociales.
En conferencia de prensa en el restaurante Toks de Costera 125, la hermana solicitó que se investigue al ex alcalde Carlos Armando Bello Gómez, luego de que la línea política no se consideró la indagatorias contra el edil que estuvo en la alcaldía de Atoyac de 2009 a 2012.
Acompañada de dos abogadas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Norma Mesino Mesino recriminó que a dos días de cumplirse cuatro años del asesinato de su hermana, dos procuradores y un fiscal no hayan hecho justicia.
Dijo que la OCSS no permitirá que el caso quede en la impunidad, porque eso ha provocado la repetición de otros asesinatos, “tenemos un estado donde no hay justicia, donde no hay una investigación imparcial  y donde no se ha castiga a ningún responsable de asesinatos tanto de ciudadanos como de activistas y periodistas”.
Expresó que en el asesinato del ex dirigente perredista, e integrante de la OCSS, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, suegra y chofer, “vemos que la situación de limpia que está haciendo el narcogobierno, es una situación que debería llamar a una alerta internacional”.
“Nos están matando como se está matando a periodistas, no podemos seguir diciendo, contando quién sigue, eso debe de parar, estamos caminando en un estado minado” y llamó a las organizaciones de defensa de derechos humanos  y la ONU a voltear a México. “Estamos viviendo en un estado como si estuviéramos en guerra, tenemos coartado nuestros derechos de libre tránsito”.
Afirmó que es “urgente” a que los organismos exijan y obliguen al gobierno mexicano a buscar un ruta de seguridad y que se proteja  a los defensores de derecho humanos y periodistas por su labor”.
La dirigente condenó el asesinato y exigió a nombre de la organización una investigación profunda y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales”.
Invitó a la población a las actividades para recordar la historia de lucha de su hermana, y que en su honor se develará una placa en el parque de la comunidad de Mexcaltepec, y se presentaran murales de jóvenes, y el 19 de octubre  se realizará una marcha en Atoyac.

Será trasladado el caso a la fiscalía especial

Mientras la abogada de la Comisión Mexicana, Natalia Pérez, quien acompaña a la familia de Mesino Mesino desde el día en que ocurrieron los hechos, indicó que solicitaron que el caso sea trasladado a la recién creada Fiscalía Especial para investigar casos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, “estamos esperando que la Fiscalía traslade el caso”, porque el compromiso que se hizo desde la vicefiscalía  es que esta semana se trasladará.
Indicó que la Fiscalía General del Estado no ha considerado investigar el crimen desde la labor de defensa de derechos humanos y de lucha social que realizaba la dirigente de la OCSS, y recordó que las únicas líneas que se han investigado son las que han criminalizado a Rocío Mesino, como la de responsabilizar a la delincuencia organizada.
Además de los posibles nexos de Rocío Mesino con grupos guerrilleros, y los antecedentes penales de la activista que fueron producto de su lucha social: “consideramos que estás líneas en nada ahondan a una de las principales sospechas que se tienen desde la Comisión Mexicana, y desde la documentación del caso, que es justamente su labor”.
Dijo que la organización a notado con preocupación que todos los asesinatos de defensores de derechos humanos y activistas, se tienden a criminalizar desde el gobierno.
“Tienden a desvirtuar la responsabilidad del Estado, queriendo responsabilizar a la delincuencia organizada. No dudamos que posiblemente miembros de la delincuencia organizada sean quienes cometan estos crímenes, sin embargo creemos que hay un consentimiento del Estado”, pues están obligados a prevenir la delincuencia organizada y esto no se hizo con Rocío Mesino.
La abogada urgió a que los Ministerios Públicos especializados en temas de ejecuciones extrajudiciales y contextos de conflicto lleven los casos, “en su momento la familia denunció como posible sospechoso al ex presidente Carlos Armando Bello Gómez, “una línea que sólo se desahogó en una diligencia y no se retomó en el caso. Consideramos que hay elementos que pudieran aportar más indicios sobre la autoría de esta persona”.
El representante de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Víctor Rodríguez, reclamó justicia para Rocío Mesino, y mencionó que en Atoyac hubo más de 460 desaparecidos en la guerra sucia.
Dijo que los asesinatos son una constante  en contra de los luchadores sociales y por eso “creemos que hay una guerra sucia”, además sucedieron cerca de cuarteles militares, “lo que es una gran preocupación”.

Tras calificar como un acto terrorista el asesinato del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, líderes históricos del PRD del grupo Pro AMLO aseguraron que no darán un paso atrás en su lucha en favor del aspirante a la presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador.
En su reunión de los martes señalaron que ante la política de exterminio de luchadores sociales y todos los que se opongan al sistema, habrá acciones de demanda de justicia por su compañero, con la mesura que exigen la violencia de los grupos de la delincuencia organizada que ha tocado a todos los sectores sociales.
Antes de la conferencia varios líderes coincidieron en los riesgos, y el universitario Antonio Torres Montoro señaló que no saben quién puede ser el siguiente.
Y el ex presidente estatal del PRD, Misael Medrano Baza recalcó que se están haciendo costumbre los asesinatos de políticos antes y durante los procesos electorales, y reveló que de este movimiento Hernández Acevedo buscaba ser candidato a diputado federal del distrito 07 en La Montaña, y sostenía pláticas con el movimiento social, el PRD y Morena. Sabía que la situación era complicada en la región, pero estuvo dispuesto a asumir los riesgos.
En la reunión participaron unos 80 líderes y representantes del Movimiento M-18, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), coordinadores en los municipios y un representante del Partido Humanista.
El también ex presidente estatal del PRD, Saúl López Sollano, señaló que el asesinato de Ranferi Hernández es un crimen de Estado, “además de cruel y abominable, es un acto terrorista para meter miedo, zozobra a los grupos sociales, al pueblo y a los que luchan. Para desalentar la lucha de un México mejor, democrático”.
No obstante, subrayó, pese a esa estrategia el movimiento en apoyo a la candidtura presidencial de López Obrador no dará ni un paso atrás.
Repudió el homicidio de su compañero y anunció que van a llevar la exigencia de justicia a la Ciudad de México, “de manera mesurada, bien pensada”.
Aclaró que la mesura no implica retroceder, “todos los integrantes del movimiento son personas con experiencia y no van a dar cabida en las acciones de protesta a ningún tipo de provocaciones”.
El dirigente de la UTD, Apolinar Segueda Dorantes subrayó que Ranferi Hernández “no era un narcotraficante ni un guerrillero, era un luchador social que le estorbaba al sistema político”.
Dijo también que no guardan esperanzas de que el gobernador Héctor Astudillo Flores o el fiscal Javier Olea resuelvan el caso, porque no han resuelto ni uno de los asesinatos de líderes sociales.
Advirtió que no van a permitir que denigren la imagen de ranferi Hernández con una línea de investigación de “venganzas personales”.
Misael Medrano enlistó los políticos asesinados en los últimos meses: los ex alcaldes Ambrosio Soto Duarte, Elí Camacho, Roger Arellano Sotelo, el ex candidato a alcalde de Ajuchitlán Ángel Vergara, el secretario general del PRD en el estado, Demetrio Saldívar, el militante del PRI Modesto Carranza, el ex alcalde de Zitlala Francisco Tecuchillo, además de maestros, estudiantes, comerciantes, productores y periodistas.
Convocó a la reflexión y preguntó: “¿Qué quieren, incendiar el país, inhibir el voto, menguar la lucha opositora?, no vamos a parar, seguiremos construyendo comités Pro AMLO y sesionando todos los martes”.
Concluyó que van a exigir condiciones al gobierno del estado para que se recupere la tranquilidad en el proceso electoral.

En conferencia de prensa los dirigentes de izquierda de Atoyac, Willivaldo Rojas, Mario Valdez, Ángeles Santiago e Hilario Mesino exigieron que el homicidio de Ranferi Hernández Acevedo se esclarezca conforme a derecho, y afirmaron que fue un crimen selectivo más en la entidad.
En el obelisco a Lucio Cabañas reprocharon que la promesa del gobernador Héctor Astudillo Flores en campaña de “orden y paz”, es todo lo contrario en la entidad, son asesinados luchadores sociales y no se ha esclarecido ninguno de esos crímenes.
Mario Valdez dijo que en Guerrero el orden y la paz que pregona el gobernador es del tipo porfiriano, “esto tiene que ser atendido, se tiene que conmover toda la sociedad guerrerense, mexicana, puesto que importantes personajes de la vida social, incluso de la Iglesia católica se han pronunciado por el mal manejo del gobierno desde (el presidente Enrique) Peña Nieto a Héctor Astudillo, no le podemos decir nada porque es perder tiempo y hablarle a la nulidad completa”.
Dijo que desde Atoyac, un emblemático espacio donde están los restos del comandante guerrillero Lucio Cabañas, que se deje pasar el proceso electoral para exigir después aplicación de la justicia en los funcionarios corruptos de los diversos niveles.
Expuso que no pueden quedarse callados ante los crímenes que han lacerado la sociedad como el caso de Ranferi Hernández, que no puede quedar impune junto con los de otros luchadores sociales que han sido acribillados en la entidad, además de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Hilario Mesino dijo que son lamentables los crímenes en la entidad a los defensores de los derechos humanos como el de su hija Rocío Mesino, y el de su compañero de lucha Ranferi Hernández.
Agregó que son intolerables ese tipo de acciones contra gente que busca beneficios para los campesinos y exige justicia ante los abusos de las autoridades.
Mencionó que Hernández Acevedo se metió de lleno a la lucha social y dejó el PRD porque fue presionado por ese partido, si se quedaba ahí o se iba al movimiento social.
Expuso que aún cuando están en riesgo todos los defensores sociales no darán un paso atrás, y seguirán exigiendo justicia para las víctimas del sistema corrupto que impera en el estado.
Ángeles Santiago Dionisio repudió el asesinato, el cual dijo que ocurrió sólo por ser un luchador social, “los asesinan y los casos no son investigados”.
Señaló que la intimidación y acoso no cesan en la entidad, como la irrupción al edificio de los copreros en Ejido, en Acapulco, donde el Frente Progresista Guerrerense sostenía una reunión a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Mencionó que llegó el Ejército sin una orden de cateo, y los soldados rompieron los candados y pusieron nuevos sin respetar que había gente, argumentado que un presunto socio que no dio su nombre se dijo con derecho de cerrar el inmueble.

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre respondió al presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, que está listo para litigar lo que se deba litigar, pero advirtió que no se enganchará en asuntos políticos.
En el contexto del juicio de revocación de mandato que se sigue en el Congreso local contra el alcalde priista de Chilpancingo con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, el presidente del CDE declaró que la medida “es un precedente para todos los ayuntamientos de cualquier color, sobre todo el caso de Acapulco, lo que está haciendo Evodio Velázquez, podamos tener la oportunidad todos de poder someter a cuentas a todos los ayuntamientos, a los presidentes municipales… se sienta el precedente para que todos los alcaldes sean medidos igual”.
En declaraciones por teléfono, Velázquez Aguirre opinó que juicio de revocación de mandato contra Leyva Mena no debe prestarse para un tema político de “ya se quitó uno ahora hay que quitar otro, Zihuatanejo, Acapulco, Pungarabato, cualquiera que sea de la oposición”.
Agregó que el problema en Chilpancingo (la imposibilidad de manejar los residuos sólidos) y que derivó en el juicio de revocación de mandato de Leyva Mena, “no es lo mismo, hay mucha diferencia en ello”.
A pregunta expresa sobre si toma las declaraciones de Heriberto Huicochea como una amenaza, respondió que no se distraerá en ese tema. “¿Amenazas? El alcalde ha recibido muchas y políticas mucho más, entonces no lo tomo más que en el escenario de que los ciudadanos sean los que vean y reciban el trabajo de los alcaldes que hoy estamos en funciones tanto en Acapulco como en los demás municipios que le toca gobernar a la oposición en Guerrero, pues están haciendo su esfuerzo ante todas las circunstancias que se viven en Guerrero”.
“No me engancho, yo estoy trabajando y lo seguiré haciendo”, insistió Evodio Velázquez.
Sobre la posibilidad de que se busque venganza de parte del PRI contra la oposición por el juicio de revocación de mandato contra Leyva Mena, el alcalde respondió que lamentaría mucho que ocurriera eso “pero estoy listo para litigar lo que deba litigar y debatir lo que se deba debatir”.
Velázquez Aguirre informó que ayer estaba en la Ciudad de México realizando gestiones en beneficio de Acapulco, y recordó que esa ha sido una práctica constante de su gobierno y es lo que le ha permitido “hacer obras de alto impacto, y eso es lo que diferencia mi trabajo de otras administraciones”.

Escuelas públicas y privadas de la parte baja de La Montaña no reanudarán labores este miércoles por acuerdo interno de su personal, ante la escalada de hechos violentos en la región.
El último oficio de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG) indica que la prórroga de suspensión de labores es hasta este martes 17 de octubre. No obstante los homicidios del ex presidente de Zitlala, Francisco Techuchillo, del ex presidente estatal del PRD, Ranferi Hernández y familiares, así como del chofer de una camioneta tipo urvan de un sitio este martes, orillaron a personal de las escuelas a suspender de facto labores hasta nuevo aviso.
Se confirmó que al menos en el plantel del Colegio de Estudios Tecnológicos y Científicos del Estado de Guerrero (CECyTEG), la Secundaria Técnica 09, la primaria federal Cuauhtémoc, la Universidad Tecnológica y en los dos turnos de la Secundaria General Benito Juárez no se reanudarán labores “hasta nuevo aviso”.
Así como escuelas del municipio de Ahucuotzingo, Zitlala y las ubicadas en las zonas más apartadas de Chilapa.
Los avisos en las cuentas oficiales de las escuelas son escuetos y claros: “Aviso importante: Clases hasta nuevo aviso, favor de estar pendientes a nuestras publicaciones oficiales”.
Otras escuelas particulares de nivel básico en la ciudad, como el Colegio Morelos, recorrieron su horario a una hora más tarde en la entrada y una hora y media menos el horario de salida.
En tanto, trabajadores de las oficinas administrativas centrales de la SEG en la Montaña baja tendrán una reunión para analizar la incierta situación.
El colapso en el sector educativo inició el 25 de septiembre, fecha en la que prácticamente las escuelas han estado cerradas en medio de un enrarecido clima social por los hechos delictivos.

Militantes de Morena anunciaron que pedirán la suspensión de funciones del presidente estatal de Morena Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del presidente del Consejo Estatal Luis Enrique Ríos Saucedo y del representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Sergio Montes Carrillo, por impulsar a “militantes” panistas y priistas para coordinadores de organización del partido.
Por la mañana, en conferencia de prensa en las oficinas de ese partido en Acapulco, el ex aspirante a coordinador de organización en Coyuca de Benítez, Carmelo Loeza Hernández, así como Guadalupe Rivas Pérez, Germán Guzmán Herrera y Melquiades Bedolla Figueroa, anunciaron que “vamos a acudir a las instancias legales al interior de Morena para que cambie la situación en Acapulco y en Coyuca, porque no podemos tener nosotros como abanderados a personajes que no han hecho nada por Morena ni por López Obrador”.
Guadalupe Rivas Pérez señaló que están inconformes con las postulaciones de la presidenta del Grupo ACA, Digna Marroquín Cisneros, la regidora del PAN en Acapulco Marbelia Salas Flores, de Alba Patricia Batani y Mariana García Guillán y exigió que se incluya en la terna a Matilde Testa García.
Loeza Hernández acusó a Sandoval Ballesteros, Sergio Montes y Ríos Saucedo de amafiarse para postular militantes del PRI y del PAN a los cargos de coordinadores de organización de Morena.
Recordó que el estatuto de Morena prohíbe que personajes de otros partidos sean propuestos a los cargos de organización.
En el caso de Coyuca de Benítez, señaló Loeza Hernández, Sandoval Ballesteros propuso en la terna al ex candidato priista Alberto de los Santos Díaz, quien ya fue presidente municipal de ese municipio por el PRI y después buscó nuevamente la candidatura y al no conseguirla se fue al PVEM: “el PRI y PVEM son lo mismo y hoy lo impulsa Pablo Amílcar como coordinador de Coyuca, es algo contradictorio porque va contra la militancia y los estatutos de Morena”.
También señaló los casos de la presidenta del Grupo Aca Digna Marroquín Cisneros, que es propuesta para coordinadora de organización en Acapulco, y de la regidora del PAN en Acapulco Marbelia Salas, quien es propuesta a coordinadora de organización por el distrito 03 de Acapulco. Ambos casos son contradictorios porque las dos actualmente son militantes del PAN, como lo ha documentado El Sur.
Adelantó que recurrirán a la Comisión Nacional de Garantías para pedir que sean expulsados del partido y suspenda sus funciones actuales y sea el Comité Ejecutivo Nacional quien nombre a otras personas para que continúe con el proceso de selección de los coordinadores de organización.
La propuesta que impulsan para el distrito 03 local es la consejera Matilde Testa, quien no estuvo en la conferencia, pero también está identificada como cercana a Sandoval Ballesteros, pues la única consejera estatal en Acapulco que no respalda a Marcial Rodríguez Saldaña.

La Secretaría General de Gobierno degradó la Subsecretaría de Asuntos Religiosos a Dirección, y dependerá de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, después de 18 años de haber sido creada.
En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se da a conocer el acuerdo por el que se crea la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame.
En el documento se da a conocer que tendrá como objetivo establecer mecanismos de coordinación para la libre práctica de las actividades religiosas en la entidad.
La Subsecretaría de Asuntos Religiosos fue creada el 2 de julio de 1999, cuando  era gobernador el priista René Juárez Cisneros para fomentar una “sana convivencia social”.
En esta administración estaba a cargo del área Jorge Alberto González Rivero, quien fue destituido del puesto y no aparece en el organigrama que se difunde en la página oficial del gobierno del estado.
La nueva Dirección es encabezada por Ramón Alonso Ramírez, tras rendir protesta ante el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla.

Un grupo de aspirantes de Morena a las coordinaciones de organización distritales, encabezado por Moisés Reyes Sandoval, del grupo del presidente estatal Amílcar Sandoval, informó en una conferencia de prensa que los militantes de ese partido que no hayan sido incluidos en las ternas para las coordinaciones distritales y municipales pueden recurrir a las instancias nacionales para solicitar que los incluyan, porque el Consejo nacional puede incluir a dos más para realizar la encuesta y definir a los coordinadores de organización.
De las acusaciones que un grupo de militantes de Morena hicieron en una conferencia previa, donde criticaron que el Comité estatal incluya a priistas y panistas en las ternas, Galdino Nava sostuvo que el partido selecciona a los “mejores” mujeres y hombres para que sean candidatos “para ganar” no solo para competir y conseguir votos para el partido.
Agregó que el caso de Alberto de los Santos, incluido en la terna de Coyuca de Benítez, es una propuesta de la “sociedad civil” y que ya no milita en el PRI.
Luego Zeferino Gómez explicó que en Morena el 50 por cientos de los cargos pueden ser para externos “con ideales progresistas y democráticos” y dio la bienvenida a quienes sean del PAN, o del PRD pues dijo que Morena no será “sectario”.
“Le estamos apostando a compañeros de perfil, de nivel y de alta capacidad competitiva, no queremos que se repliquen los resultados del 2015 cuando no se logró ni un regidor en Acapulco”.
Javier Morlet Macho agregó que nadie se debe asustar por la inclusión de personajes de otros partidos, porque en estos habrá rupturas y la operación cicatriz.
Moisés Reyes Sandoval quien es primo de Pablo Amílcar Sandoval defendió su postulación en la terna a coordinador de organización en el distrito 07. Dijo que fue la propuesta mas votada en la sesión del Consejo del pasado domingo y que solicito por escrito al CEN del partido para que le especifiquen si su apellido es impedimento para participar y acatará lo que le respondan.
La encuesta que definirá a los coordinadores de organización será realizada por el partido, no se contratará a empresas, informó Reyes Sandoval.
En la ronda de preguntas y respuestas una militante de Morena que no participaba en la conferencia pidió que se postularan candidatos honestos y comprometidos con el partido: “no va ganar Morena si meten a gente corrupta de otros partidos”.
En la conferencia, Javier Morlet anunció que realizarán Grupos de Pensamiento Dinámico para elaborar el plan de gobierno para el municipio de Acapulco, “porque estamos seguros que Morena va a ganar Acapulco” explicó que no se trata de foros sino de reuniones donde se hablarán de los temas que preocupan a los ciudadanos como seguridad y desarrollo económico.
Estuvieron en la conferencia Zeferino Gómez Valdovinos, aspirante por el distrito 09; Galdino Nava Díaz, por el distrito 08, Anayatzin Benítez Mojica, por el distrito 05; Moisés Reyes Sandoval, por el distrito 07, así como  Javier Morlet Macho, Rubén Ocampo Morán, Yahir García Delgado, Anel Citlali Larrea, Adolfo Plancarte, Aidé Ibarez y Audel Urbina.
Al principio de la conferencia guardaron un minuto de silencio en solidaridad con los familiares y compañeros de Ranferi Hernán-dez Acevedo, quien fue asesinado el sábado y exigieron el “esclarecimiento inmediato” del crimen.
Por la tarde Morena realizó una tertulia para hablar sobre el aniversario 64 del derecho de la mujer a votar y ser votada.