El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena exigió que se castigue a los responsables del ataque a integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en el que fueron asesinados dos policías comunitarios y otros más resultaron heridos, y llamó a no criminalizar a las policías comunitarias.
En un comunicado, el presidente del CEE de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros exigió una pronta investigación y castigo a los responsables de los dos asesinatos, entre ellos el del segundo comandante Esaú Deloya Luna.
Asimismo, llamó a no criminalizar a las policías, “como lo hace el actual gobierno, sino a discutir el modelo de seguridad que hay en el estado”.
Sandoval Ballesteros manifestó que, de acuerdo con información de militantes de Morena en Tierra Colorada, “en el punto conocido como puente del río Omitlán, presuntamente un grupo de civiles armados habrían emboscado a los comunitarios, dejando como saldo un civil y 2 policías muertos, el segundo comandante y uno de sus hijos”.
El presidente de Morena “reprobó de manera enérgica el ataque y exigió una investigación profunda de lo que sucede en el municipio”, porque existe una organización y autogestión en el asunto de la seguridad, “debido a la ineficacia de las autoridades para brindar seguridad a la población”.
Pablo Sandoval calificó como indignante que la Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente llega a “documentar y dar fe de los hechos, pero no hace investigación sería, exigimos que en este caso se haga la investigación, que se encuentre a los culpables y se castigue en forma contundente”.
Condenó los niveles de violencia que se viven en guerrero, y señaló que ante esta situación hay muchos ciudadanos que “están organizándose en todo el estado de Guerrero bajo las iniciativas de policías comunitarias, porque las autoridades no han estado a la altura de los guerrerenses”.

En el 22 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) integrantes de la organización llamaron a defender y conservar el sistema de justicia comunitario y a la unidad, así como a mantener el rechazo a las concesiones mineras.
Demandaron la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde hace tres años en Iguala, y libertad a los presos políticos.
La actividad en esta comunidad fue denominada Encuentro de los pueblos originarios por el 22 aniversario de la Policía Comunitaria; Montana Alta, Costa Chica y Centro de Guerrero.
Inició con un programa cívico y de bienvenida de las autoridades comunitarias para dar paso a la organización de las mesas temáticas, originalmente según su cartel serían cuatro, no estaba la de Participación de las mujeres en la vida comunitaria.
Las mesas fueron La Reforma constitucional en materia indígena y Ley 701, Nuevo Reglamento y nueva estructura de la CRAC, Acciones para la defensa del territorio y la articulación de las luchas populares.
En las aportaciones de los asistentes en las cinco mesas se planteó de manera general la importancia de articular las luchas en todo el país, la defensa de los territorios y el rechazo a la entrada de las empresas mineras, y movilizaciones para exigir el reconocimiento del sistema comunitario en las reformas constitucionales.
Generar mecanismos para que las mujeres que participan en el sistema comunitario tengan seguridad, no se generen calificativos por ser parte de la estructura, ya que muchas son señaladas de andar con hombres, de ganarse el cargo por bonita o por ser la amante de alguien o familiar sin que se reconozcan sus méritos, pidieron entre mujeres dejar de descalificarse porque eso orilla a que muchas dejen de asistir, y que los cargos no se los den a las mujeres solas, solteras o viudas porque es más trabajo y a una casada la respalda el marido.

Las autoridades no acudieron al llamado de los pueblos, y nació la Policía Comunitaria

Se mencionaron algunos momentos en la vida de la Policía Comunitaria, como que en 1991 inició como una comisión de derechos humanos para abatir la delincuencia, no tuvo mucho éxito y tiempo después nace en respuesta a la violencia que había en la zona y los abusos de los grupos caciquiles de la región.
Se informó que se invitó a las autoridades para que supieran de las condiciones de la zona y hacer algo juntos, pero nadie acudió a las reuniones y desde ese momento se manifestó su desacuerdo contra el movimiento.
Siguieron las reuniones en San Luis Acatlán, luego en Santa Cruz del Rincón para darle seriedad al proyecto con personas interesadas en brindar seguridad en los pueblos ante robos y violaciones que había en los caminos.
El 15 de octubre de 1995 en una asamblea regional se creó el órgano de seguridad de los pueblos y en Potrerillo Cuapinole se crea la CRAC de la Montaña y Costa Chica.
En 1999 se da la primera reunión de balances en la comunidad de Iliatenco y se redactó el primer reglamento interno, bajo usos y costumbres y en régimen comunitario.
A partir de 2002 inicia la persecución y detención de los integrantes del proyecto, e inician las exigencias de liberación de sus presos políticos.
En 2005 se da el encuentro de la CRAC-PC con organizaciones nacionales donde se expone la forma de dar seguridad, y su eficiencia en combatir la delincuencia en las regiones donde está, “y por eso hoy se puede presumir que se vive en un espacio de seguridad brindado por la Policía Comunitaria”.

Intervenciones

El comisario de Colombia de Guadalupe, Moisés Figueroa Estrada dio la bienvenida a los coordinadores de las casas de justicia de Zitlaltepec, San Luis Acatlán y Espino Blanco, a los comisariados de bienes ejidales y comunales de distintos núcleos agrarios, comisarios, delegados y a las representaciones de policías comunitarios de los municipios de Acatepec, Tlapa, Malinaltepec, San Luis Acatlán, Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca, Ayutla, Xalpatláhuac, Marquellia, Atlixtac, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte y Cochoapa el Grande.
Intervino el presidente de los Bienes Comunales de Zitlaltepec y representante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), Miguel Santiago Lorenzo quien celebró que la CRAC-PC sobreviva a los embates de quienes se han querido aprovechar de ella, dividirla y exterminarla.
Dijo que cumple un reto porque México está en la garras de la delincuencia organizada y las autoridades forman parte del crimen y de los cárteles, que alientan con su protección política.
Remarcó la importancia de la seguridad haciendo uso de la libre determinación con el uso pleno de los derechos, por lo que deben de estar atentos, con los ojos abiertos.
Exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acabar las injusticias a los pueblos indígenas, llamó a defender sus territorios de las empresas mineras y no caer en la división.
Invitó a fortalecer sus estatutos comunales y ejidales para enfrentar de manera organizada los embates del gobierno con sus proyectos extractivistas, y luchar en conjunto con las mujeres en los ámbitos comunitarios.
Exigió al Congreso local y al federal leyes que den certeza jurídica, atención a las leyes internacionales, un alto a la persecución y libertad a los presos políticos y a los líderes comunitarios.

Respaldo de los alcaldes de Malinaltepec y San Luis Acatlán

El presidente municipal petista de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández reconoció la fuerza y la organización de la CRAC-PC y dijo que también había otra expresión en Santa Cruz del Rincón.
Llamó a seguir organizados, no dividirse, trabajar pueblo a pueblo y coordinarse para mejorar.
Dijo que el Sistema Positivo tiembla ante la fuerza de los pueblos que se rigen por los usos y costumbres, que el Ayuntamiento que encabeza los respalda y espera que no muera, aunque tenga que enfrentar denuncias de algunas familias o pueblos que no lo ven con buenos ojos y acuden a las ciudades buscando la justicia positiva.
Invitó al pueblo que le apueste al sistema de justicia y se no repita la historia de que el pueblo traiciona al pueblo.
El presidente municipal de San Luis Acatlán del partido de Movimiento Ciudadano, Javier Vázquez reconoció que este sistema tiene altos índices de efectividad en combatir la inseguridad y surgió de los usos y costumbres.
Pidió al Congreso que se respete la Ley 701 y de inmediato se eleve a rango constitucional el Sistema de Justicia Comunitaria, respetándose el proyecto de la Policía Comunitaria que no es un proyecto separatista, sino de reconocimiento de un derecho ancestral.
Exigió la armonización de las leyes en el Congreso del estado y respeto a los pueblos originarios.
Se pronunció por la cancelación de las concesiones mineras para evitar la contaminación de ríos, el agua que es la herencia de los hijos y emprender la defensa de los territorios contra las mineras para evitar más saqueos que los dejan en la pobreza.
Invitó a sus colegas municipales a defender a las policías comunitarias y los territorios, porque está comprobado que no están contaminados por la delincuencia.
Estuvieron el coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, César Ramírez Bello, Jesús Cesáreo Sánchez, Valerio Basurto Antonio y Jesús Reyes Basurto; los coordinadores de San Luis Acatlán, Luis Ponce, Juan Rentería, Felipe Claudio Sánchez; el presidente de los Bienes Comunales de Colombia de Guadalupe, Alejo Estrada, del Consejo de Damnificados Abad Cantú Gómez, los coordinadores de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Eduardo Gregorio Ortega y Antonio Ortiz y el coordinador en Acatepec, Bernardo Martínez Sierra.
Acudieron el Frente Popular de Tlapa, Tlachinollan, padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el Cecop y Damnificados de la Montaña.
Las actividades del aniversario fueron transmitidas en vivo por las radios comunitarias de la región.

Dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se deslindaron de la emboscada en Tierra Colorada, Juan R. Escudero, en la que fueron asesinados dos policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y al chofer de un camión con el que los agresores cerraron la vía para preparar el ataque.
El vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que resultaron muertos dos comunitarios y un civil, dos personas quedaron heridas y una mujer salió ilesa.
Dijo que la Policía del Estado recibió el reporte por la línea telefónica de emergencias 911 y una llamada del comandante en la que informó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:25 de la noche del viernes, cerca del río Omitlán.
“De acuerdo con el testimonio que obtuvo la Policía Estatal de testigos y víctimas de los hechos, una camioneta de marca Nissan, sin placas del FUSDEG que provenía de la comunidad de La Palma se trasladaba a la cabecera municipal a prestar un auxilio, cuando tuvieron que detener su marcha por un camión tipo torton color blanco que estaba atravesado en la carretera”.
“Un grupo de sujetos desconocidos que portaban armas de alto poder dispararon contra los cinco ocupantes del vehículo del FUSDEG en los que resultó muerto Esaú de 58 años y Javier de 16, quedaron heridos Juan Pablo de 30 años y una mujer. Otra mujer resultó ilesa”, se lee en la misiva.
Agrega que fue hallado otro hombre asesinado, “aparentemente era chofer del camión que estaba a la mitad del camino. Según testimonios el conductor del citado vehículo fue despojado de su unidad para utilizarlo en la emboscada” y no ha sido identificado.
“Los miembros de la FUSDEG que fueron abatidos vestían ropa tipo militar y se les encontró un fusil AR-15 y una escopeta”, agrega.

Los han acusado en las redes sociales del ataque

En el municipio hay una disputa de territorio entre el FUSDEG y la UPOEG que ha dejado muertos, desaparecidos y heridos.
Ayer el coordinador estatal de la UPOEG, Juan Teodoro Rosales afirmó que no tuvieron relación en el ataque del viernes, y cuatro consejeros que lo acompañaron lamentaron el hecho y se deslindaron del mismo.
El deslinde fue porque, dijeron, hay comentarios en redes sociales que responsabilizan a la UPOEG de atacar una patrulla de la Policía Comunitaria del FUSDEG, en la que viajaba el comandante Saúl de Loya Nava.
Aseguraron que hay intereses externos de quienes podrían estar creando los conflictos entre ambas organizaciones como “el gobierno y la delincuencia organizada”.
Precisaron que ambas organizaciones tienen como única finalidad buscar la seguridad para las poblaciones, y pidieron que el ataque se investigue para que dejen de responsabilizarlos.
“Exigimos a los gobiernos de los tres niveles, el esclarecimiento total de esta situación y a los familiares de las víctimas nos solidarizamos con ellos, que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias”, dijo Juan Teodoro.
Precisó que en Omitlán la UPOEG no tiene presencia, y que no tenían diferencias de “ningún tipo” además de que “la gente (sus policías ciudadanos) no salen si no hay una autorización”.
Ayer al mediodía el coordinador dijo que ninguna autoridad se había comunicado con ellos. Precisó también que Bruno Plácido Valerio es únicamente el líder moral de la organización, y quienes toman las decisiones son los 67 consejeros.
El abogado de la UPOEG, Nolberto González Valente comentó que hay intereses de “alguien más de querer desestabilizar” y se refirió “al gobierno o la delincuencia organizada”.
Dijo que esos intereses externos “promueven e incitan esas acciones para crear la inestabilidad de las regiones donde hay presencia”.

Este sábado a las 7:23 de la mañana fue hallado en Chilapa un hombre con un disparo en el lado izquierdo de la cabeza.
Fuentes policiacas informaron que el hallazgo ocurrió en la esquina del bulevar Eucaria Apreza y la calle Catarino Maldonado, en la colonia Jardines de esa cabecera municipal.
La Policía Estatal detalló que el cuerpo fue hallado a un costado de una gasolinería, frente a una miscelánea, y en el lugar no se encontraron casquillos percutidos.
El hombre vestía pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo amarilla, huaraches negros y a un costado se encontró una gorra azul. El cuerpo fue trasladado al Servició Médico Forense de aquel municipio sin ser identificado.

La Policía Comunitaria de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, emitió un comunicado en el que manifiesta su respaldo al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) luego de la emboscada en Tierra Colorada, Juan R. Escudero.
En el documento condenan las severas agresiones cometidas contra los policías comunitarios.
Calificaron la emboscada en la que fueron asesinadas tres personas y dos resultaron heridas la noche del viernes como alevosa.
“Nos solidarizamos con ustedes, hermanos del FUSDEG, y nos unimos en duelo y oraciones por la pronta resignación de sus deudos, compañeros y amigos, por esta irreparable pérdida”, se lee en el documento.
Piden que las instituciones encargadas de impartir justicia logren esclarecer y aplicar la ley en este caso, de lo contrario “que la patria les demande la sangre de quienes luchan día con día y mueren por dejar un mejor Guerrero, donde todos podamos vivir mejor”.
Piden a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que intervenga para frenar las agresiones de “civiles armados” que dañan el tejido social.
“Visten de camisetas verde olivo disfrazándose de policías ciudadanos, pero en realidad ejercen el oficio del sicarios”, señalan en aparente referencia a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pues así se llaman sus civiles armados.
“A nuestros amigos del FUSDEG les hacemos la invitación para que nos acerquemos y hermanemos, a fin de que compartamos experiencias que fortalezcan y nutran nuestro proyecto comunitario, con el único fin de desarrollar nuestras comunidades y podamos dejarle un mejor legado a las siguientes generaciones”, concluye.

La madrugada de este sábado un hombre murió y otro resultó herido al derrapar en su motocicleta cuando viajaban en la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdena.
A las cuatro de la madrugada ocurrió el accidente cuando el conductor de la motocicleta Italika pasaba por la comunidad de Barrio Viejo, al perder el control el pasajero y él golpearon contra el asfalto y uno de ellos murió casi inmediatamente.
Ninguno usaba casco, y ante la gravedad del accidente paramédicos de la Cruz Roja de Zihuatanejo los atendieron y trasladaron al herido al hospital general.

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac de esta ciudad, para exigir la liberación de 70 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) que fueron detenidos en Morelia, Michoacán.
Cerca de las 7 de la noche unos 40 normalistas de Ayotzinapa llegaron al Zócalo capitalino que a esa hora estaba lleno de familias, niños jugando y perros de lado a lado de la plaza.
Ahí hicieron un mitin en el que denunciaron la detención de sus compañeros quienes se preparaban para marchar hoy para conmemorar la agresión que sufrió Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, el 15 de octubre de 2012.
Un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa informó que ayer a las 3 de la tarde integrantes de la FECSM pedían cooperación en Morelia, y ocuparon radiodifusoras para dar a conocer la marcha de hoy.
En las acciones un normalista fue detenido y esto motivó una manifestación en barandillas para exigir su liberación, la cual fue reprimida por policías de distintas corporaciones que les lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma.
Informó que durante la represión (que fue difundida en videos en redes sociales) fueron detenidos 70 normalistas, 40 de Ayotzinapa que está localizada en Tixtla, y exigió la liberación inmediata de todos los estudiantes.
Reprochó que el gobierno estatal de Michoacán que representa el perredista Silvano Aureoles Conejo optó por atacar a los jóvenes, en un contexto en el que se conmemoraba la agresión a la Normal de Tiripetío.
Denunció que según informes de la FECSM, los normalistas detenidos en Michoacán fueron torturados por los policías del estado con golpes, les arrancaron uñas y otras agresiones, lo que demuestra la violación a los derechos humanos y la falta de protocolos.
Mencionó que en México son constantes los crímenes de Estado, especialmente en contra de estudiantes, y siguen desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa sin que las autoridades se hagan responsables de los hechos o resuelvan el caso.
Mientras se llevaba a cabo el mitin trascendió que los normalistas detenidos ya habían sido liberados, aunque no se precisó si todos.
Antes de retirarse los manifestantes entonaron el himno Venceremos y aseguraron que continuarán protestando por las causas justas, como la liberación de los presos políticos, la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y los derechos humanos.

Padres de familia de la primaria Antonio A. Guerrero, del barrio de San Antonio, Chilpancingo, instalaron salones provisionales en los terrenos de la Feria de Navidad y Año Nuevo, para que sus hijos retomen las clases luego del sismo del 19 de septiembre pasado.
Este sábado, padres de familia del turno matutino de la primaria Antonio A. Guerrero acudieron a la feria para verificar el espacio que le corresponde a cada grupo, mientras que los padres de la primaria Justo Sierra, ubicada en la zona de Lomas de San Antonio, fueron a recoger los muebles y materiales que utilizaron sus hijos durante la reconstrucción de la escuela, que las autoridades entregaron el viernes.
De acuerdo con la presidenta del comité de padres de familia de la primaria Antonio A. Guerrero, Rosario Ramos Valdez, los alumnos serán ubicados de manera temporal en los terrenos de la feria, pero debido a que en el periodo vacacional decembrino se instala ahí la Feria de Navidad y Año Nuevo, los salones provisionales deberán deshabilitarse la primera semana de diciembre, es decir que sólo se recuperarán las clases en un mes.
Dijo que las autoridades garantizaron que habrá seguridad en la feria para los alumnos, además de que los apoyarán en la construcción de los salones provisionales, de lámina de aluminio, madera y lonas. Se espera que haya condiciones para que las clases se reanuden este lunes y que la obra de la escuela concluya en septiembre del próximo año.
Por su parte, la presidenta del comité de padres de familia de la primaria Justo Sierra, Consuelo Ramírez Olguín dijo que los padres acudieron a la feria para recoger el mobiliario que fue utilizado por sus hijos de enero de este año al jueves pasado.
Señaló que las butacas, pizarrones, mesas y sillas, serán donados a escuelas de la sierra y la Montaña, donde “los niños no tienen ni dónde sentarse”, mientras que algunos padres de familia de la primaria Justo Sierra llegaron a acuerdos con los padres de la Antonio A. Guerrero y les dejaron tres de los salones provisionales que construyeron.
Sin embargo, no todos los padres estuvieron de acuerdo en comprar los salones, y prefirieron construir nuevos con sus propios recursos.
Ambas escuelas, que se encuentran en la misma colonia, coinciden en haber logrado obtener el apoyo de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) para la reconstrucción de los planteles luego de protestar en la capital.

Padres de familia de la escuela primaria Cuauhtémoc, de Piedra Roja, cerca de la unidad habitacional El Coloso, luego de mantener la escuela cerrada tres días para exigir tres maestros, acordaron abrirla para que sus hijos reciban clases; el lunes, una comisión se reunirá con el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alfredo Miranda Vergara.
El pasado miércoles, los padres de familia cerraron la escuela para exigir a las autoridades el envío de los maestros que les faltan, pero antes, el 28 de septiembre, ya los quejosos habían bloqueado la avenida Costera, frente al edificio Oviedo del Centro de Acapulco, para exigir a las autoridades educativas los tres maestros que les faltan desde que inició el ciclo escolar, pues los que habían llegado eran de contrato, y los enviaron a Costa Grande.
En declaraciones telefónicas, el presidente del comité de padres de familia, Juventino Bracamontes Helguera informó que el lunes van a reanudar clases con el compromiso de la reunión con el delegado ese mismo día, para darles una respuesta. Informó que la que tenían programada para el viernes les fue cancelada porque el funcionario estuvo atendiendo el bloqueo en la caseta de La Venta, por padres de familia de escuelas de la zona 44 que también exigían maestros.
Bracamontes Helguera informó que ellos van a ceder en abrir el plantel para buscar una respuesta, pero de no darse la llegada de los maestros volverán a cerrar la escuela hasta que haya una respuesta favorable.

Del deslizamiento de tierra que afectó a 25 familias de la colonia El Mirador, personajes políticos han querido “sacar raja económica” y lucrar con la tragedia, dijo el director de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara; mientras que uno de los damnificados, Rodolfo Nava García informó que las autoridades no tomaron en cuenta a ocho familias para su reubicación.
En una llamada a la redacción de El Sur, Nava García informó que las autoridades, gestionan la reubicación de 25 familias damnificadas, pero dejaron fuera a ocho.
Las ocho familias se encuentran aún en el albergue, por lo que pidió a las autoridades que no seleccionen, y que reubiquen a todos los damnificados.
Vía telefónica, Gustavo Vela Guevara dijo que las autoridades buscan un predio para reubicar a las familias de las colonias El Mirador y Noche Buena, afectadas por el deslizamiento de tierra.
Al funcionario se le cuestionó acerca de la denuncia de los damnificados, de que las autoridades no toman en cuenta a todas las familias, a lo que respondió que cuando suceden este tipo de tragedias sale a relucir “lo peor del ser humano”, y se quiere lucrar con la desgracia de otras personas.
Comentó que, “hay dos personas que quieren sacar raja económica”, que dicen tener una lista de 16 afectados que no están en el censo de Protección Civil, “yo he acudido a cada una de las casas afectadas, y esas 16 personas no son damnificadas”, aseguró el funcionario.
El director de Protección Civil municipal contó que las 16 personas que no están afectadas, se fueron a meter al albergue y quieren que los reubiquen.
Sin dar el nombre, Vela Guevara dijo que hay una persona quiere víveres, colchonetas y cobijas, “yo le dije que yo mandaba, recibía y daba las cosas a los damnificados”, contó, e informó que “esa persona” levantó su propia lista de damnificados, y “quiere sacarle al gobierno del estado 80 colchonetas”.
El director indicó que la casa de dos niveles que colapsó en la barranca de El Tule, está construida en el terreno de un damnificado de la tormenta Manuel que fue reubicado en el Nuevo Mirador, pero su hijo construyó el inmueble en la zona de alto riesgo, “obviamente no es problema de las autoridades”, se deslindó.
Dijo que los vecinos que habitan en la parte baja de la barranca de El Tule, que no fueron afectados, también exigen ser reubicados, “pero el apoyo no se les va a dar si no son afectados”, aseguró.
El director de Protección Civil aseveró que también hay personajes políticos que quieren lucrar con la tragedia “quieren sacar raja política”, “son tiempos de elección, de campaña, acuden al lugar donde pasó el deslizamiento, pero no llevan propuestas, no llevan nada”.
Vela Guevara dijo que el Ayuntamiento de Chilpancingo apoyará a los damnificados con el pago de una renta porque ya no quieren estar en el albergue.(María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

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