En sus 22 años de operación el Sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de la Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) fue de 35 pueblos en la micro región Costa-Montaña, a 190 comunidades de 28 municipios en diferentes regiones, lo que representa una cobertura de 400 mil habitantes.
El vocero de la institución de los pueblos originarios, Sabás Aburto Espinobarro dijo que considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó en 3.5 millones de habitantes en 2015 la población de Guerrero, la CRAC tendría influencia en el 11 por ciento del total.
En consulta telefónica dijo que uno de los retos de la institución hoy, es la seguridad en la ruta San Luis Acatlán-Tlapa hasta las comunidades en los límites con Puebla, por la inseguridad y ante el acoso de las concesiones mineras.
En un recuento por el próximo aniversario a celebrarse el 14 y 15 de octubre en Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, informó que en 1995, 36 comunidades de San Luis Acatlán, Malinaltepec y algunas de Acatepec se reunieron para conformar la Policía Comunitaria. Al tiempo que se creó el municipio de Iliatenco, que ya era parte del territorio comunitario.
A la fecha confirmó la presencia de la CRAC-PC en 28 municipios del estado, algunos con más o menos estructura, de acuerdo con los niveles de organización.
Mencionó como ejemplo Ayutla de los Libres, el municipio con 30 pueblos incorporados a la organización comunitaria, y en Acapulco, con un núcleo agrario integrado por la seguridad a la CRAC.
Expuso que el tipo de delincuencia que motivó la organización de los pueblos, asaltos en caminos, el abigeato y violaciones fueron controlados, y las amenazas que enfrentan ahora son las concesiones mineras, la delincuencia organizada y en consecuencia los homicidios, y mayor pobreza. Las cifras oficiales confirman que la principal zona de influencia de la CRAC tiene el menor índice delictivo en la entidad.
Indicó que en aquellos años los pueblos originarios no estaban reconocidos en la Constitución Política de México, que ocurrió años después del levantamiento zapatista en Chiapas en 1994. En Guerrero luego de años sin un marco legal estatal, la CRAC-PC se incluyó en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena como institución en el sistema estatal, con facultades de brindar seguridad e impartir justicia.
En este momento hay varias propuestas en el Congreso local para armonizar las normas constitucional y secundarias para evitar las controversias del sistema comunitario con el sistema penal, sin avances en dos años.
Añadió que ayer una comisión de la CRAC-PC hizo una solicitud de información en el Congreso sobre el estado que guarda la propuesta que elaboraron con organizaciones, y que fue presentada como iniciativa en el pleno por representante de partidos políticos de oposición.
Consideró que tanto el PRD como el PRI, que tienen la mayoría de los diputados, no quieren aprobar las reformas, “les dan largas y largas, tal parece que van a dejar pasar el tiempo, quizás haya leves cambios, nada importante, eso presentimos”.
De las organizaciones que acompañaron el comienzo del movimiento recordó los desaparecidos Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, la Triple SSS de productores de café y maíz, el Consejo de Autoridades Indígenas (Cain) que dirigía el sacerdote Mario Campos, así como el Consejo de Abasto que se encargaba de las tiendas Diconsa.
Entre las que siguen vigentes mencionó a la Unión de Ejidos la Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina, y nuevas alianzas con el Frente Popular de Tlapa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota.
Sabás Aburto subrayó la elaboración de un reglamento que sigue en proceso de perfeccionamiento, y que en la sesión de aniversario habrá una propuesta de modificación.
En cuanto a las crisis en la organización se refirió a dos casos de los años recientes. En 2013 con la aparición de los grupos de autodefensa que “intentaron suplantar el nombre de la CRAC, en coordinación con el gobernador Ángel Aguirre Rivero”, pero fueron desconocidos por las estructuras.
Esa situación generó la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Luego en la propia estructura de la CRAC-PC uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán desconoció a la Casa de Justicia de El Paraíso, y vinieron las detenciones masivas de los principales liderazgos de los nuevos grupos que se extendían en la zonas Centro y Montaña del estado.
Aún siguen en prisión el promotor Gonzalo Molina González y el consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera.
Señaló también de este periodo la creación de la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores, fuera de la normatividad de la CRAC, encabezada por el dirigente del movimiento 500 años de Resistencia Indígena, Cirino Plácido Valerio. Dijo que están en pláticas con las dos comunidades que la conforman para buscar su reagrupación.
De la delincuencia organizada que es un problema generalizado en la entidad, opinó que comenzó a generar muchos conflictos hace tres años con homicidios en San Luis Acatlán, Marquelia, Omepetec, y Cuajinicuilapa, lo que obliga a las comunidades a mejorar el servicio.
Explicó que una meta de la CRAC-PC es fortalecer el territorio en la ruta de San Luis Acatlán en la Costa Chica a Tlapa en la Montaña, y subir hacia Puebla con el municipio de Huamuxtitlán.
Convocó abiertamente a comisarios, presidentes de comisariados, activistas, representantes de organizaciones sociales, luchadores sociales y defensores de derechos humanos a participar en las actividades del aniversario 22, que comenzarán el sábado 14 de octubre con una misa en la comunidad de Colombia de Guadalupe, seguido de mesas de trabajo para abordar como temas la reforma constitucional en materia indígena, el nuevo reglamento de la CRAC-PC, acciones para la defensa del territorio, articulación de la lucha de los pueblos, y la organización de las mujeres en la lucha popular.
El domingo, después de la marcha de la Policía Comunitaria, se presentarán los acuerdos y una declaración política en plenaria.

Etiquetas: México, Guerrero, Tlapa, San Luis Acatlán, mineras, violencia, inseguridad, Sistema de Seguridad y Justicia, Coordinadora Regional de la Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, CRAC-PC,

Integrantes de la Unión de Organizaciones, Pueblos Originarios y Comunidades Afromexicanas de Guerrero (Upocag), bloquearon la Autopista del Sol, para exigir el pago de 650 millones de pesos para defraudados por cajas de ahorro y financieras.
A las 11:28 de la mañana de este miércoles, más de 100 inconformes bloquearon durante tres horas los carriles centrales de la Autopista del Sol y la lateral norte-sur del bulevar del Vicente Guerrero.
Con pancartas, lonas y cartulinas, jóvenes indígenas y adultos mayores bloquearon la circulación vial en una de las principales arterias de la capital del estado y vía federal.
El bloqueo frente a la tienda de autoservicio Sam’s Club, provocó que policías del estado se movilizarán para agilizar la circulación vial.
Entre insultos, acelerones y agresiones directas de los choferes con los carros, los manifestantes exigían a gritos justicia para las familias defraudadas desde 2004, que depositaron sus ahorros  en cajas y financieras que no se los han devuelto.
Unos 10 minutos después de iniciado el bloqueo, llegó al lugar el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno estatal, José Martín Maldonado del Moral, quien les advirtió que si no se movían iniciaría el protocolo de desalojo, yaoque estaban cometiendo un delito federal.
A pesar de la advertencia, los manifestantes permanecieron en el lugar e incluso fueron a bloquear un cuarto carril, en la lateral del sur al norte.
En escasas declaraciones en el lugar, el apoderado legal de los inconformes, Miguel Rodríguez Arteaga explicó que el gobernador se comprometió durante su campaña a ayudarles, pero esto no ha ocurrido, y piden que el gobierno estatal intervenga a nivel federal para modificar el artículo octavo transitorio de la Ley de Fideicomiso Pago (Fipago).
Detalló que en el estado hay 52 municipios en los que se han registrado fraudes de las cajas de ahorro, que afectan a 16 mil 500 personas que han perdido sus ahorros.
“Hoy sólo venimos una o dos personas por municipio, decididos que si no nos responden bloquearemos en todos lados”, dijo. Además, piden la creación de un fideicomiso para quienes han sido defraudados por las empresas financieras Productos Amor y Comercializadora JLB, así como la asignación de 700 millones de pesos para este fideicomiso y presupuestos para proyectos de folios gestionados ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado (Sagadegro), la Secretaría de Desarrollo social (Sedesol), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el DIF estatal, así como la no integración de carpetas de investigación contra dirigentes de la Unión.
A la 1:15 de la tarde, los manifestantes retiraron el bloqueo a la autopista, se trasladaron a la avenida Ruffo Figueroa, marcharon en la Lázaro Cárdenas, hicieron una parada en el Congreso local y continuaron hacia el Palacio de Gobierno, de donde se retiraron a las 3 de la tarde.

Más de 100 derechohabientes de 10 colonias capitalinas que acuden a consulta en el centro de salud de la colonia Tatagildo, tomaron la Jurisdicción Sanitaria 03, donde impidieron la salida de los trabajadores, y bloquearon la avenida Vicente Guerrero y la calle Abasolo, cerca de la alameda de Chilpancingo.
Los inconformes exigen que la Secretaría de Salud (Ssa) termine la construcción del centro de salud, porque actualmente ocupan el salón de usos múltiples, que está en malas condiciones, y no hay medicamentos ni aparatos para atender a unos 600 derechohabientes de más de 35 colonias que utilizan ese centro.
A las 9:30 de la mañana, manifestantes de las colonias Tatagildo, Izazaga y El Polvorín, entre otras, cerraron las instalaciones e impidieron la entrada y salida a los trabajadores.
Además, mantienen tomado el centro de salud de la colonia Tatagildo, que permanecerá así mientras las autoridades no dan pronta solución, porque llevan tres años esperando, y los trabajos de construcción siguen suspendidos.
Al no ver respuesta de las autoridades, los inconformes bloquearon la calle Abasolo y la avenida Vicente Guerrero, a un lado de la Jurisdicción. Entonces, al lugar acudieron autoridades del gobierno estatal e informaron a los manifestantes que la empresa encargada de la construcción del centro de salud está demandada, por lo que se suspendieron los trabajos. Los colonos pidieron ver los documentos de la demanda, y conocer detalles del problema.
Consultado en el lugar del bloqueo de la avenida Vicente Guerrero, el presidente de la colonia Lomas de los Insurgentes, Víctor Barrera Domínguez informó que en 2014 se suspendió la obra. Las familias reciben atención médica en un lugar “deplorable” que no es adecuado para mujeres y niños.
Manifestó que ante la construcción en el centro de salud, de manera provisional se habilitó el salón de usos múltiples ubicado en la misma colonia, donde no se cuenta con medicamentos, material para curación ni equipo médico.
Barrera expresó que es un lugar pequeño donde todos están amontonados, incluso algunas personas se sientan en el piso, “si ya se tiene la obra y el lugar, los colonos no entendemos por qué no se concluye”.
A las 11:45 de la mañana, los vecinos retiraron los bloqueos pese a que no llegaron a acuerdos con las autoridades. Aseguraron que seguirá tomado el centro de salud, y que la próxima semana bloquearán otras calles en la capital, hasta que las autoridades les den una solución.

Por segundo día unos 50 trabajadores paristas y notificados como despedidos del Ayuntamiento de Atoyac permanecieron en plantón en las instalaciones del DIF municipal en el Zócalo de Atoyac en su horario laboral de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Unos 30 de estos trabajadores se trasladaron a la comunidad de Alcholoa para hacer un boteo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para recabar fondos para trasladarse al Congreso local, donde pedirán a los diputados locales que intervengan para su liquidación conforme a derecho y el pago de su aguinaldo.
Los trabajadores atravesaron una cuerda en la carretera federal y repartieron volantes a los automovilistas.
Distribuyeron un volante donde exigen que los regidores renuncien a la partida de gasto social que asciende en un monto total a 400 mil pesos.
Además de que se publique la lista de raya mediante la cual acusaron que cobran los aviadores que tiene el Ayuntamiento.
Demandaron que se transparente el proceso de liquidación y se expliquen los parámetros y criterios que se emplearon para hacer esa lista.
Acusaron que la lista de despedido originalmente era de 240 trabajadores y se redujo a 178 pero que manos ajenas al Cabildo sacaron y metieron nombres a su criterio, afectando a los que habían participado en el paro laboral del mes de agosto.
Trascendió que el alcalde municipal, Dámaso Pérez Organes descontó sus salarios en un 90 por ciento, quedamos con un sueldo de 5 mil pesos junto con la síndica, Esmeralda Fonseca y el secretario de gobierno municipal.

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no cumplió el acuerdo que hizo con el Frente Auténtico del Campo (FAC) que lleva nueve días en plantón fuera de la delegación. El acuerdo era que el martes se depositaría el dinero para la entrega de los apoyos pendientes y que este miércoles lo liberarían.
El plantón que instalaron campesinos de las tres organizaciones en el estado que forman parte del FAC, La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC) aún sigue.
Sillas, mesas, lonas, toldos, colchonetas, cobijas, una parrilla, trastes están fuera de la delegación donde los integrantes del FAC se plantaron para exigir la entrega de apoyos para unos 100 mil productores. El apoyo que piden y no se ha entregado es de al menos 100 millones de pesos, esto a dos meses de que termine el año.
En consulta, la consejera nacional de la CODUC expuso que este miércoles se definiría si se levantaba el plantón o continuaba pues el martes en las negociaciones que tuvieron los dirigentes de las organizaciones de 28 estados, que están en la misma situación, acordaron que depositarían el dinero para los pagos a cada delegación.
Lamentó que no se cumplió el acuerdo y no se depositó el dinero a ninguna delegación, y la protesta continuará hasta tener noticias.
Dijo que este miércoles se volvieron a dar las negociaciones en oficinas centrales, aunque aún no había noticias, por lo tanto seguiría el plantón.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevén para hoy tormentas fuertes en Guerrero a consecuencia del aire que acompaña al frente frío número 4 y un canal de baja presión en el occidente del país y la Península de Yucatán.
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal informaron que a las 7:10 de la noche ocurrió una tormenta local acompañada de actividad eléctrica y lluvia de moderada a fuerte en Acapulco.
El SMN difundió la noche de ayer un comunicado que a las 4 de la tarde en el Océano Atlántico la tormenta tropical Ophelia se intensificó a huracán categoría 1 y está a 5 mil 140 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo y a mil 220 kilómetros al suroeste de las Islas Azores, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora.

Vecinos de la unidad habitacional Un Nuevo Horizonte para Guerrero de la comunidad Barrio Nuevo del municipio de Zihuatanejo denunciaron que el gobierno municipal y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) no han cumplido con el desazolve de la red de drenaje de esa colonia, así como tampoco han iniciado con los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas negras que desde hace más de un año que no funciona.
Una de las vecinas, María Carmona López a nombre de sus vecinos dijo que la semana pasada durante una visita que hizo el alcalde perredista, Gustavo García Bello, le solicitaron que los apoyara con el desazolve y también le pidieron la rehabilitación de la planta de tratamiento pues las aguas negras se desbordan en una de las ollas que está a menos de 20 metros del pozo del que se abastecen de agua potable y ya padecen problemas de la piel y gastrointestinales.
“La CAPAZ sí mandó el camión vactor (para desazolvar) pero sólo vino dos días y no terminaron de limpiar toda la red, también el presidente municipal dijo que en esta misma semana iban a empezar a arreglar la planta de tratamiento y no vemos nada, por eso le estamos haciendo el llamado, para que terminen de limpiarnos las ollas (de drenaje) y la red del drenaje”.
Por otra parte, el subdirector técnico de la CAPAZ,  Eduardo Valencia Martínez dijo que el viernes de la semana pasada junto a la directora de este organismo, Elizabeth Cruz López y un grupo de ingenieros llevaron a cabo un recorrido por la colonia Nuevo Horizonte para constatar el mantenimiento a la ya citada planta de tratamiento de aguas.

En San Luis Acatlán, los pobladores de las comunidades, mayoritariamente na savi y me’phaa, no tienen derecho a enfermarse sábados y domingos; hay 13 centros de salud, pero sólo abren de lunes a viernes.
En el municipio son más de 50 mil habitantes y 25 médicos en el hospital básico comunitario de la cabecera y 14 más en 13 centros de salud ubicados en las comunidades, que carecen de medicamentos, y sólo en uno el personal médico habla la lengua indígena.
La muerte del señor Calixto Zavala no es la primera en el hospital, dice su mujer Julia Flores. Él murió el domingo 1º de octubre esperando ser atendido en el área de urgencias. Cuando llegó no fue atendido, sus familiares lo trasladaron a una clínica privada, y después a otra, y a otra más, pero las tres estaban cerradas porque en San Luis Acatlán los domingos son días de descanso.
La familia es de la comunidad de Buena Vista, ubicada a una hora de la cabecera municipal en automóvil. Coincidentemente su casa está a un costado del centro de salud, donde el médico acude de lunes a viernes de 8 a 3:30 de la tarde, pero hay días en que llega los martes y se retira los jueves, dice la mujer.
A mil metros sobre nivel del mar, la comunidad tiene unos 2 mil habitantes de los poco más de 50 mil en todo el municipio, dice el alcalde Javier Vázquez García. En el poblado las casas son de paredes de adobe y techos de teja, no hay telefonía, tampoco drenaje, y sólo la calle de entrada está pavimentada.
Las mañanas y tardes son frías, pero el cálido paisaje acoge a todo aquel que llega al pueblo donde las mujeres y las niñas portan blusas blancas y faldas onduladas de colores chillantes.

Falta personal

El director del hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán, Eduardo Barrios Jacobo, en entrevista, dice que los fines de semana el servicio de atención está a su máxima capacidad, debido a que de las comunidades de San Luis Acatlán llegan los enfermos a la cabecera, pero también lo hacen los habitantes de otros municipios cercanos como Marquelia, Copala, y de comunidades de La Montaña.
El médico que llegó en mayo presentó su renuncia hace 15 días por la falta de doctores y medicamentos que ha solicitado a la Secretaría de Salud. Los sábados y domingos hay cinco doctores que cubren por turnos las urgencias, y de 8 de la mañana a 8 de la noche al hospital llegan hasta 50 pacientes, mientras en un día de la semana son hasta 200 atenciones incluyendo las  áreas de medicina general, Ginecología, cirugía y control prenatal.
El director informó que en el hospital hay 25 médicos, y en otros 13 centros de salud ubicados en las comunidades hay 14, y hay dos unidades médicas móviles para las comunidades que no tienen centros de salud ni médicos. Pero en el municipio hay 90 comunidades, nueve de ellas rebasan los mil y 3 mil habitantes.
Menciona que en área de urgencias al enfermo se le abre la puerta en un minuto y entre 10 y 15 minutos después se da la atención. Pero cuando es algo grave se le atiende de manera inmediata.
Las enfermedades que más se atienden los fines de semana son las diarreicas, y gastrointestinales, además de cardiopatías en los adultos. El director reconoce la carencia de medicamentos en el hospital y centros de salud, y agrega: “lo que hace falta es la infraestructura. Hace falta un hospital”.
El doctor enumera la falta de traumatólogos, médicos internistas, “hemos hecho las gestiones y contamos con cirujano, ginecólogo, pediatra y un dentista. Pero sí nos falta más para poder brindar una buena atención en general”. Pero hacen falta cuatro médicos más para poder atender las necesidades del hospital.

“Que nadie más muera”

El martes 3 de octubre, en la casa del señor Calixto, sus familiares y conocidos retiran del suelo una cama de madera que colocaron, donde estuvo el ataúd que el DIF municipal le dio a la familia. En el lugar son colocados unos alcatraces, para los rezos en su memoria.
Su mujer dice que desde hace dos años su esposo empeoró y que lo llevaban a médicos particulares, porque en el hospital básico la atención no era la adecuada. Pese a los estudios que le hacían en los laboratorios, nunca dieron con la enfermedad que tenía. Aunque el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, dijo que el hombre padecía de diabetes con insuficiencia renal crónica.
El domingo muy temprano la señora pagó 400 pesos a un taxi para trasladar a su esposo al hospital a la cabecera municipal, pero ahí no lo atendieron, “esperé media hora”. Llorando cuenta que se desesperó y optó por llevar a su esposo a tres médicos particulares, pero ninguno estaba abierto porque era domingo.
Después de unas dos horas –vagamente recuerda– de dar vueltas por la cabecera municipal, regresaron al hospital básico, donde el señor murió sentado en el área de espera.
La mujer dice que cuando regresaron al hospital, una enfermera la reprendió y le informó que había perdido su turno porque llegaron más pacientes. Fue ahí “cuando a mi esposo se le subió la presión, se molestó, se desesperó”.  Cuenta que a pesar de que personal de Protección Civil también intervino para que al señor se le atendiera, las enfermeras no lo recibieron.
Una vez que el señor falleció, la familia lo llevó a casa de un conocido en la cabecera de San Luis Acatlán, y después fue trasladado a su casa en la comunidad de Buenas Vista, con la ayuda de un carro de Protección Civil.
A las autoridades del gobierno del estado y de salud la señora les pidió una buena atención médica, “un buen trato, que nos reciban bien”.
Y recriminó: “qué triste es eso pues, y luego el gobierno nos obliga a sacar el seguro popular, porque es gratis, pero no es cierto, mucha gente pobre hace el esfuerzo de conseguir dinero, sacar copias para tener su seguro popular pero de nada sirve”.
El campesino Calixto Zavala dejó seis hijos, la menor de 8 años. Se dedicaba a la siembra y cosecha de café, maíz, y frijol. Su hija Alma Luz Zavala Flores, quien recientemente se graduó como abogada, dijo que luchará para que se haga justicia y que la muerte de su papá no quede en la impunidad, “pero sobre todo para que nadie más muera”.
El 5 de octubre unos 600 habitantes del Ejido de Buena Vista, protestaron afuera del hospital básico comunitario de San Luis Acatlán por la muerte del señor Calixto.
Ese día, familiares y representantes de la comunidad se reunieron con el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, y  se acordó la separación del cargo del médico, la enfermera y la administradora del hospital que estaban en el turno en que el señor no fue atendido, y que se investigue el caso.

Médicos sin traductores

El alcalde informó que en junio pasado fue autorizado un proyecto del Hospital Costa-Montaña de primer nivel con cien camas por parte de la  Cofepris, pero para su construcción se requiere mil 200 millones de pesos que el municipio no tiene y que ve difícil conseguir ante la falta de apoyo del gobierno del estado.
Pero además se propone un área de hospedaje para las familias que vienen de las comunidades y que muchas veces duermen en las banquetas de las calles.
El presidente, miembro del partido Movimiento Ciudadano, dice que los ejidatarios del municipio han donado 2 hectáreas para su construcción. Sin embargo dice que en el año que le resta ve complicado que se inicie, “porque es difícil que el gobierno federal destine dinero”.
No sólo encuentra dificultades en el gobierno del estado, sino también “hay celos” de los alcaldes de los municipios que colindan con San Luis Acatlán: Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, Iliatenco, Metlatónoc; Marquelia, Cuautepec, Azoyú, Copala, Igualapa, y Ayutla, pero el hospital ayudaría a atender a más de 150 mil habitantes, que no tendrían que viajar al hospital regional de Ometepec o hasta los hospitales de Acapulco.
Por la muerte del señor Calixto, el alcalde no dejó de reclamar la “negligencia que existe de los médicos, porque no cumplen su jornada laboral. La gente sindicalizada reta hasta el propio presidente y a mí me dicen: ‘tú no tienes nada qué hacer’”.
El alcalde dice que los pocos médicos no quieren irse a atender a las comunidades y la mayoría quiere estar o en la cabecera municipal o en las grandes ciudades como Acapulco. Pero el reto más grande que enfrentan los hombres y mujeres es la comunicación con los doctores, porque en los centros de salud sólo una doctora habla la lengua de los indígenas na savi, y no hay traductores.
“En la parte indígena también hace falta que sean doctoras las que estén en los centros de salud, debido a que los hombres, por su cultura y también las mujeres, temen que las revisen por el tabú que hay”, dice Javier Vázquez.

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dejó plantados el mediodía de este miércoles a integrantes de la sociedad cooperativa Cultura Social por el Estado de Guerrero, que le plantearía su proyecto para resolver el problema de la basura en la capital y en 12 municipios de la zona Centro del estado.
El presidente de la cooperativa, Efraín Ríos lamentó que nuevamente el alcalde haya desdeñado una reunión en la que se trataría un problema que está afectando a los habitantes de la capital, sólo porque se han negado a pagarle “las mejores ganancias” que obtendría la cooperativa inicialmente, de unos 10 millones de pesos.
Informó que el mismo alcalde Leyva Mena los había convocado a una reunión para las 11 de la mañana de este miércoles en el auditorio del Palacio municipal, “pero nuevamente no fuimos objeto de su atención”, se quejó el representante de la sociedad cooperativa.
Ríos estuvo acompañado del abogado Álvaro Adame Arcos e integrantes de organizaciones sociales, colonos y representantes de organizaciones interesados en la solución del problema de la basura. Sin embargo, de última hora el alcalde les dijo que enviaría un representante y al final nadie acudió a atenderlos.
El trabajo de la cooperativa consiste en reciclar el 90 por ciento de los desechos sólidos. El proyecto ya fue presentado a los 12 municipios de la zona Centro a los que los directivos ya solicitaron la concesión, excepto al municipio de Mártir de Cuilapan a causa de los conflictos políticos que tuvo la presidenta municipal y un grupo de ediles encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que mantuvieron cerrado el Palacio municipal desde el inicio de la actual administración.
Efraín Ríos informó que el proyecto consiste en la recolección gratuita de la basura, su traslado al depósito final, su tratamiento y separación.
El proyecto no utilizaría relleno sanitario porque todo sería reciclado, y lo que no pueda ser reciclado será incinerado. Además, todo lo orgánico será procesado para la producción de composta para el abono de tierras y la reforestación con componente natural y no con químicos.
Ríos explicó que dentro del proyecto tienen considerada la recolección de la basura casa por casa para trasladarla al depósito final, “pero lo más importante es que ofrecemos al Ayuntamiento impuestos extra fiscales en especie, que sería el limpiado y barrido total de todas las calles y avenidas, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, y señalización vial”.
También proponen que los municipios con los que trabajen les transfieran el personal de limpia, con lo que los ayuntamientos se estarían descargando de parte del personal y los pagos de salarios serían cubiertos por la cooperativa.
El presidente de la cooperativa explicó que, a diferencia del servicio de recolección de basura privado que cobra el servicio a los usuarios, la cooperativa no cobraría y sus ganancias serían solamente del reciclaje.
Sin embargo, la propuesta no ha sido aceptada por el alcalde Leyva Mena, que pide el cobro de los impuestos en efectivo, aunque no les ha propuesto una cantidad específica, pero calculan que los impuestos ascenderían inicialmente a unos 10 millones de pesos.
Ríos advirtió que luego de que fueron plantados ayer por el alcalde, los integrantes de la agrupación van a tomar acciones legales, “porque ya basta de que nos tome el pelo”.
Informó que vienen trabajando el proyecto de la cooperativa desde 2015, y que en noviembre de 2016, el presidente Leyva Mena los conoció, pero que ahora se enfrentan el problema de la corrupción, porque “está estirando la mano, pero cómo le vamos a dar dinero si somos ciudadanos que queremos resolver un problema, no somos una empresa con las que ellos están acostumbrados a corromper”.
Dijo que el alcalde “quiere las mejores ganancias de la cooperativa” como condición para que les autorice el contrato de concesión, pero insistió que no están dispuestos a pagar, porque debe servir para la sociedad cooperativa que quiere resolver un problema como el de la basura, “no para funcionarios corruptos”.

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dejó plantados el mediodía de este miércoles a integrantes de la sociedad cooperativa Cultura Social por el Estado de Guerrero, que le plantearía su proyecto para resolver el problema de la basura en la capital y en 12 municipios de la zona Centro del estado.
El presidente de la cooperativa, Efraín Ríos lamentó que nuevamente el alcalde haya desdeñado una reunión en la que se trataría un problema que está afectando a los habitantes de la capital, sólo porque se han negado a pagarle “las mejores ganancias” que obtendría la cooperativa inicialmente, de unos 10 millones de pesos.
Informó que el mismo alcalde Leyva Mena los había convocado a una reunión para las 11 de la mañana de este miércoles en el auditorio del Palacio municipal, “pero nuevamente no fuimos objeto de su atención”, se quejó el representante de la sociedad cooperativa.
Ríos estuvo acompañado del abogado Álvaro Adame Arcos e integrantes de organizaciones sociales, colonos y representantes de organizaciones interesados en la solución del problema de la basura. Sin embargo, de última hora el alcalde les dijo que enviaría un representante y al final nadie acudió a atenderlos.
El trabajo de la cooperativa consiste en reciclar el 90 por ciento de los desechos sólidos. El proyecto ya fue presentado a los 12 municipios de la zona Centro a los que los directivos ya solicitaron la concesión, excepto al municipio de Mártir de Cuilapan a causa de los conflictos políticos que tuvo la presidenta municipal y un grupo de ediles encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que mantuvieron cerrado el Palacio municipal desde el inicio de la actual administración.
Efraín Ríos informó que el proyecto consiste en la recolección gratuita de la basura, su traslado al depósito final, su tratamiento y separación.
El proyecto no utilizaría relleno sanitario porque todo sería reciclado, y lo que no pueda ser reciclado será incinerado. Además, todo lo orgánico será procesado para la producción de composta para el abono de tierras y la reforestación con componente natural y no con químicos.
Ríos explicó que dentro del proyecto tienen considerada la recolección de la basura casa por casa para trasladarla al depósito final, “pero lo más importante es que ofrecemos al Ayuntamiento impuestos extra fiscales en especie, que sería el limpiado y barrido total de todas las calles y avenidas, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, y señalización vial”.
También proponen que los municipios con los que trabajen les transfieran el personal de limpia, con lo que los ayuntamientos se estarían descargando de parte del personal y los pagos de salarios serían cubiertos por la cooperativa.
El presidente de la cooperativa explicó que, a diferencia del servicio de recolección de basura privado que cobra el servicio a los usuarios, la cooperativa no cobraría y sus ganancias serían solamente del reciclaje.
Sin embargo, la propuesta no ha sido aceptada por el alcalde Leyva Mena, que pide el cobro de los impuestos en efectivo, aunque no les ha propuesto una cantidad específica, pero calculan que los impuestos ascenderían inicialmente a unos 10 millones de pesos.
Ríos advirtió que luego de que fueron plantados ayer por el alcalde, los integrantes de la agrupación van a tomar acciones legales, “porque ya basta de que nos tome el pelo”.
Informó que vienen trabajando el proyecto de la cooperativa desde 2015, y que en noviembre de 2016, el presidente Leyva Mena los conoció, pero que ahora se enfrentan el problema de la corrupción, porque “está estirando la mano, pero cómo le vamos a dar dinero si somos ciudadanos que queremos resolver un problema, no somos una empresa con las que ellos están acostumbrados a corromper”.
Dijo que el alcalde “quiere las mejores ganancias de la cooperativa” como condición para que les autorice el contrato de concesión, pero insistió que no están dispuestos a pagar, porque debe servir para la sociedad cooperativa que quiere resolver un problema como el de la basura, “no para funcionarios corruptos”.