Integrantes de la Coordinadora Estatal de Docentes Idóneos de Guerrero (CEDIG), que aglutina a egresados de las normales públicas del estado que aprobaron la evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente, tomaron la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para exigir sus nombramientos.
A las 12:30 del día, unos 20 integrantes de la CEDIG llegaron a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, conocida como Casa Blanca, que se encuentra en la colonia Universal, y aunque ningún trabajador se encontraba en las oficinas, los maestros irrumpieron en las instalaciones.
Los maestros colocaron mantas en la fachada de las oficinas, en las que se leyó: “Somos docentes idóneos trabajando en la informalidad, exigimos nombramientos” y “reubicarnos implicaría dejar a miles de alumnos sin maestros”. También escribieron las siglas de la CEDIG con pintura en aerosol.
El representante de la organización, Sergio Carbajal, dijo que desde hace dos meses 650 maestros agremiados en la CEDIG no han firmado su contrato, por lo que no cuentan con seguridad laboral y temen que se suspenda su pago salarial.
Acusó a las autoridades de no respetar la reforma educativa, “a la que hemos accedido”, al no entregarle a los maestros el contrato que les corresponde, situación que también afectado a los alumnos de distintas escuelas de educación básica en el estado, pues los directivos de algunos planteles le niegan la entrada a los docentes que no cuentan con un documento firmado, donde se les asigne ese centro de trabajo.
Informó que los maestros han cobrado su salario de manera regular, excepto algunos que se han caracterizado por encabezar o participar en las manifestaciones para exigir sus nombramientos, aunque no precisó cuántos, dijo que de manera personal el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, ordenó la suspensión de su pago quincenal.
A las 5:20 de la tarde, Sergio Carbajal declaró que las autoridades no mostraron disposición para atender a los manifestantes, tampoco enviaron a un representante a la protesta en la Casa Blanca, por lo que los integrantes de la CEDIG decidieron mantener la toma de las oficinas de manera indefinida, “hasta que todos hayamos firmado nuestro contrato”.
La CEDIG responsabilizó a González de la Vega Otero de lo que pudiera ocurrirle a sus integrantes, “ante el clima de violencia que se vive en la capital”, ya que los maestros permanecerían en guardia en la Casa Blanca durante la noche.

Integrantes del Movimiento Insurgencia Universitaria conformaron el Frente por el Rescate de la Dignidad y la Independencia Sindical, para concursar en la renovación del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG).
En conferencia de prensa, anunciaron que presentarán el registro de la planilla este viernes 6 de octubre y esperan que no haya obstáculos para concursar en el proceso electoral, como alternativa de la planilla oficial, dado que los últimos dos rectorados de la universidad se han caracterizado por el registro de candidaturas únicas, en la administración central y en el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UAG (STAISUAG).
Mencionaron a dos propuestas para encabezar la planilla de candidatos, la profesora de la facultad de Derecho, Guadalupe Hernández, y el académico de Ciencias de la Educación, Salvador Catalán Barragán.
Con el grupo de sindicalistas y a propósito de la fecha de ayer, el profesor Román Ibarra recordó que el 2 de octubre representa cambios en la democracia del país, después de la masacre de 1968, “estamos en una mejor situación política y tenemos obligación moral y política de recordarlos (a los jóvenes asesinados), rendirles homenaje y de no olvidarnos de esa enorme aportación”.
Lamentó que en la UAG no se haya procesado esa enseñanza, porque “no permiten la democracia en la institución”, recordó que hace mucho años no se habla de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero (FEUG), por que “los que dirigen la UAG no tienen interés de fomentarlo ya que, por más que lo quieran controlar sería un contrapeso”.
Denunció la postura entreguista de los dos sindicatos de la universidad.
La maestra de Filosofía y Letras, Silvia Alemán, advirtió que algunos universitarios han solicitado en las oficinas sindicales las constancias que requieren para registrarse en la planilla y se les ha negado. Recordó que en la elección anterior del STAUAG sólo se registró una planilla, porque se le negó el registro a otra que encabezaba un profesor de la escuela de Turismo, a pesar de que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria.
“Estamos con la expectativa de que sea la respuesta de la Comisión Electoral del sindicato, pudiera ser un escenario de lo que se puede presentar, y esta plantilla que estamos construyendo se va a presentar completa”.
En su propuesta, el Frente denunció las prácticas antisindicales en la institución como el acoso laboral, las represalias y los despidos arbitrarios a los trabajadores, violaciones reiteradas al Contrato Colectivo de Trabajo y el Estatuto Sindical. Rechazaron la desaparición de centros de trabajo, como el servicio médico de Taxco y Ometepec, casa de la cultura en Taxco y Tierra Caliente, y departamento psicopedagógicos.

Maestras y padres de familia de cinco jardines de niños de ocho que conforman la zona 39, bloquearon 25 minutos el bulevar Lázaro Cárdenas para exigir la salida del supervisor, Pedro Arizmendi Palacios.
A las 9:40 de la mañana unos 30 inconformes se colocaron en los dos carriles de la vía, para cerrar la circulación. En una lona se leía, “exigimos la salida del supervisor Pedro Arizmendi Palacios. No más atropellos y acoso laboral. No más lesiones de derecho a la base trabajadora. Fuera”.
Los padres y maestras se retiraron luego de que la directora de Educación Inicial y Preescolar, Abril Téllez, se comprometió a atenderlos. La directora del jardín de niños Luis Gerardo Monroy, de la colonia La Libertad, Edith Guadalupe Polanco Nava declaró que el supervisor acosa a las maestras.
Señaló que además es grosero, déspota y que las hostiga en el trabajo. Dijo que la inconformidad de las maestras es que el supervisor ahora quiere ser quien recoja los cheques de pagos, para seguirlas amedrentando.
La maestra del jardín Federico Froebel, ubicado en la Sabana, Gisela Mendoza recordó que desde el ciclo escolar pasado los padres de familia han protestado para que el supervisor sea retirado de la zona, debido a que ocupó sin la anuencia un salón como oficina en la escuela y trató de bajar la matrícula del centro escolar.
Los inconformes lamentaron la falta de seriedad del delegado de los Servicios Educativos Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, que incumplió el acuerdo de enviar al supervisor a otro lugar, donde pueda tener sus oficinas.

El secretariado de jubilados y pensionados de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció que en la organización “no sólo han sido tibios, sino fríos e insensibles” en la defensa de los derechos de sus representados.
En conferencia de prensa, urgió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a cumplir la última minuta de acuerdos firmadas con representantes de los jubilados y pensionados del sector educativo, en junio pasado, y que se aplique una auditoría al Programa de Previsión Social (PPS), a la que se comprometió en junio de 2016.
El presidente del comité de vigilancia del Comité de Jubilados y Pensionados, Inocencio Arroyo Miranda denunció que los bonos mensuales de 300 pesos del PPS para jubilados tiene un retraso de cinco meses, y el adeudo asciende a 29 millones 776 mil pesos, para 19 mil 528 ex trabajadores del sector.
Denunció también que hay temor de que no se paguen los mil pesos del bono del Día del Maestro que sigue pendiente desde mayo, y el bono de noviembre de 2 mil pesos.
Recordó que los jubilados viven en condiciones de alta vulnerabilidad y necesitan de estos apoyos generados por el fideicomiso creado a partir de un descuento de 25 por ciento del ISR, en 2014, del que el 1 por ciento se destinaba al PPS.
Añadió que de este fideicomiso se hicieron y todavía se hacen préstamos a los trabajadores, con réditos que fueron del 3 al 8 por ciento anual, para destinar el 5 por ciento de intereses a los jubilados y pensionados de la sección 14. Ahora, no hay préstamos para trabajadores activos ni retirados.
El representante de jubilados y pensionados de la Costa Grande, Higinio Gallardo García añadió que, originalmente la administración del fideicomiso era tripartida (sindicato, gobierno estatal y gobierno federal), “pero el dueño era la sección 14 SNTE”.
Aseguró que desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, los gobernadores, secretarios de la sección 14, y secretarios de Educación, usaron el PPS como caja chica, y dejó de rendir frutos en 2015, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó la aportación de 1 por ciento del IRS que de por sí se aplica a los trabajadores.
Subrayó que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, aceptó el 3 de junio de 2016, y ratificó 13 días después, el y 16 de junio, su compromiso de hacer una auditoria al PPS, pero “lo pararon exgobernadores y exsecretarios de la SEG. Hoy queremos recordarle que queremos esa auditoría, y que el programa permanezca, no puede acabarse, estamos presionando a la sección 14 y a los trabajadores activos para defender el PPS”.
De la comisión de créditos, Ricardo Castillo Peña, indicó que una gran cantidad de jubilados están requiriendo préstamos, por la contingencia del huracán Max y el terremoto del 19 de septiembre.

Buzos y pescadores pidieron a las autoridades que se respeten sus fuentes de trabajo, e insistieron en que el desarrollo hotelero La Sirena, en la bahía de Puerto Marqués, daña el lecho marino donde se da la producción de las especies que sacan para su venta.
El presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, Pescadores y Buceadores de Puerto Marquez, Gregorio Pérez Palma, dijo que quieren que la empresa repare el daño con proyectos productivos y equipamiento.
Por su parte, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que llevará la inconformidad de los pescadores y buzos al Congreso para que se prevea un desarrollo sustentable de la zona y se respeten las normas ambientales.
Los pescadores y buceadores hicieron un recorrido por la bahía de Puerto Marqués para mostrarle al diputado local los daños que causan las construcciones que se hacen cerca del mar.
Aunque se mostraron diferentes construcciones, los pescadores y buceadores se refirieron al desarrollo hotelero La Sirena, frente al cual explicaron que el relleno que se hace ocasiona daños irreversibles en la fauna y flora marina de esa área.
Gregorio Pérez Palma detalló que al caer tierra y piedras al mar se afecta el lecho marino y al rellenar la zona para tener área de playa se evita la reproducción de especies en esa área, además de que ellos ya no se podrán acercar a extraerlas.
No descartaron que parte del proyecto que se realiza también considere un muelle para las embarcaciones de recreación de quienes lleguen a hospedarse en dicho hotel.
El representante de los pescadores y buceadores indicó que quieren que se les pague el daño provocado por la obra, debido a que ellos tienen ocho permisos para la extracción de especies marinas y con obras como la que se hace y otras que se han realizado, se afecta la producción de las mismas.
La forma de pago que quieren los integrantes de la sociedad cooperativa es equipamiento y proyectos productivos para generar ingresos que, insistieron, se ven afectados al no tener espacios ni especies para extraer del mar.
Pérez Palma expuso que han entregado oficios al gobernador Héctor Astudillo Flores en el que solicitaron una reunión con los representantes de la empresa que hace el desarrollo, porque aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya considerado que no hay afectaciones irreversibles, aseguró que sí hay daño.
El diputado expuso que no puede ser una política reactiva, que se tiene que definir una política integral en la que todos tengan reglas. “Porque no hay una política de desarrollo sustentable que concilie el avance económico, turístico con el cuidado del medio ambiente y a las organizaciones sociales”.
“En la prisa de jalar inversiones que hacen falta en el puerto prácticamente se les dan manos libres, y las instancias estatales y federales adoptan una política de dejar pasar y no hay una política eficaz que cuide nuestro medio ambiente”, comentó.
Agregó que el mismo problema se tiene en el municipio porque no se regula el crecimiento, “ha habido una dosis de clientelismo político, irresponsabilidad y una necesidad social”.
Ofreció a los pescadores y buceadores llevar su planteamiento al Congreso para que intervenga la Comisión de Medio Ambiente, y que se haga una mesa de trabajo en Puerto Marqués con instancias locales y federales para revisar la problemática y ver la política de desarrollo.

Pescadores se manifestaron preocupados por el hundimiento de una embarcación con el paso del huracán Max en la bahía de Puerto Marqués porque afecta a la navegación, y señalaron que la Capitanía de Puerto dio tres meses, que es el plazo que marca la ley, para que el propietario la saque.
Pero oficialmente no hay reporte del hundimiento porque ningún propietario informó a la Capitanía de daños derivados del huracán, indicó el capitán regional Gustavo Gómez Rangel.
En un recorrido por la bahía, los pescadores se quejaron por el riesgo que representa para la navegación un yate hundido, principalmente porque sólo sale del agua una estructura de la proa con la que pueden chocar otras embarcaciones, y pidieron a las autoridades que sea retirado del agua.
El capitán de Puerto, Gustavo Gómez Rangel, informó que en un recorrido después del paso del huracán Max el 15 de septiembre, se dio o cuenta del yate hundido y se inició un procedimiento, según lo marca la ley, para el retiro del mismo.
Explicó que por ley el propietario tiene 90 días para sacar la embarcación del agua antes de que sea sancionado o se reporte como abandonado, porque no se tiene identificado de quién es.
El plazo para el dueño se cumple el 22 de diciembre, y después de ese día se declara en abandono y quien esté interesado en la embarcación puede solicitarla a la Capitanía de Puerto para que le autoricen la extracción de la misma del mar.
Confirmó que el yate hundido representa un riesgo, por eso se inició el procedimiento de acuerdo con la ley.
Gómez Rangel puntualizó que después del paso del huracán Max no se reportó oficialmente ninguna embarcación hundida, lo cual lo tienen que hacer los propietarios.

Para reposicionar a Coyuca de Benítez como un destino turístico se llevará a cabo el sexto torneo de pesca de robalo en la playa Azul, informaron los organizadores Miguel Cuevas Mendoza Diztmar y Diego Galeana.
Durante una visita a esta redacción, Cueva Mendoza explicó que el evento se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre, y la inscripción cuesta 300 pesos.
Dijo que se pretende que haya más de 600 participantes y que a la fecha se llevan 200 inscritos, pues habrá una bolsa para premiación de más de 200 mil pesos.
“Se trata de posicionar a Coyuca de Benítez como una alternativa de turismo, una alternativa para desarrollar este tipo de torneos, porque no sólo posicionamos al municipio sino a Guerrero”, dijo, y afirmó que se tiene el apoyo del gobierno estatal.
Diego Galeana agregó que “tratamos de llevar una derrama económica, reactivar el ámbito turístico porque estamos en un rezago en la playa Azul, las autoridades probablemente no se han percatado de la importancia del auto empleo o de fortalecer el turismo”.
Abundó que con dicho evento se busca llamar la atención para que las autoridades vean el potencial de turismo, porque aunque si hay apoyo “hay mucho más quehacer”.
Detalló como integrantes del Club de Pesca y organizador de este evento, para el evento se ha tomado en cuenta a prestadores de servicios turísticos, porque son quienes van a ser beneficiados en un corto plazo, “ellos están poniendo su grano de arena”.
Diego Galeana agregó que los premios que se darán son muy atractivos, “más de 200 mil pesos que serán repartidos en tres categorías”, y que el primer lugar se llevará una fuerte cantidad de dinero.
Recordó que en la edición de 2016 se tuvieron 300 participantes, la mayoría locales, de Zihuatanejo y Petatlán, y que hasta el momento se tienen inscritos de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y también de Baja California, Jalisco, Nayarit y Colima.
Los organizadores explicaron que también se calificará la especie como sierra, pargo, jurel, agujón gallo, y como es un evento deportivo también se premiará a aquellos participantes que hagan el mayor número de liberación de peces, “la idea es no depredar”.

Cuatro personas asesinadas, entre ellos un desmembrado y desollado, fueron los hechos violentos de ayer.
En un primer caso, un hombre desmembrado y desollado fue hallado en la colonia Libertad, ubicada cerca de Las Cruces.
El hallazgo se reportó a las 4 de la madrugada entre las calles Insurgentes e Ignacio López Rayón, se indica en el reporte policiaco.
Los policías localizaron los restos de un hombre dispersos en la vialidad y con sus extremidades se simuló un altar.
Asimismo, los intestinos de la víctima fueron usados para formar letras en el piso, y a un costado había un narcomensaje acusando a la víctima de violador. La cabeza fue desollada y colocada también en el pavimento.
El Ministerio Público (MP) abrió una carpeta de investigación por el crimen.
Apenas el jueves pasado, un repartidor de pizzas fue ejecutado a balazos en esa misma zona.
En otro caso una pareja fue acribillada a balazos en el fraccionamiento Las Playas, cerca de la avenida Costera.
El doble crimen se reportó a las 4 de la madrugada en la avenida Gran Vía Tropical, cerca de la zona turística.
Los agentes encontraron a una mujer y a un hombre acribillado a balazos, cerca de un taxi azul con blanco.
Los cuerpos fueron hallados juntos tendidos en la banqueta. La mujer traía un vestido blanco a rayas negras y el hombre una playera azul y una bermuda gris.
Los peritos de la Fiscalía Regional localizaron en la escena del crimen seis casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros.
Por la noche, la pareja fue identificada por sus familiares. La mujer se llamó Karime, de 27 años, y el hombre Noel, de 43 años, y eran dueños de taxis. No da más detalles el expediente del Ministerio Público.
Ambos eran divorciados y tenían dos hijos cada uno, según los familiares de las víctimas.
Y en la tarde, un joven fue acribillado a balazos en la colonia Lomas de Magallanes, ubicada en la parte media de la ciudad.
El hallazgo se reportó a las 6 de la tarde en la calle Herradura de Tahití, ubicada a una cuadra de la transitada avenida Cuauhtémoc.
Los policías encontraron a un joven muerto a balazos tendido en la vía pública. Peritos localizaron nueve casquillos de un arma .45 milímetros.
La versión policiaca es que hombres armados bajaron al joven de un automóvil, cuyas características se desconocen, y después le dispararon en varias ocasiones hasta matarlo.
La víctima, de unos 20 años, vestía un short gris, playera negra y sandalias azules. El cuerpo fue enviado al Semefo.
Con estos crímenes van en este mes seis muertes violentas en Acapulco y en el año 714, según un recuento de El Sur.

Trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron ayer un recorrido de verificación y seguimiento de las notificaciones a embarcaciones en el Paseo del Pescador, informó el secretario del Comité de Limpieza del Paseo del Pescador y Playa Manzanillo, Jondalar Castillo Ledezma.
Informó que inspectores de la Profepa hicieron una visita de campo y cotejo de datos proporcionado por el comité sobre las embarcaciones en el muelle.
El 25 de agosto, el Comité de Limpieza pidió a las autoridades que entraran al lugar para hacer la recuperación de espacios.
Ayer inició la fase de socialización de la Profepa con la notificación, indicó Castillo Ledezma: “lo que procede es que ellos (los dueños de embarcaciones) si no lo quieren hacer de forma voluntaria lo van a tener que hacer forzados por la vía legal”.
Recordó que la propuesta es que se recupere el muelle como corredor turístico.
La zona de limpieza abarca desde el Paseo del Pescador a la playa Manzanillo, donde desde hace 10 años hay contaminación por las lanchas que se encuentran varadas en la zona de playa.
Castillo Ledezma indicó que se busca el rescate de la zona Tradicional y se reactive la economía y la convivencia social.
El acuerdo con el comité incluye la participación conjunta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Capitanía de Puerto, a fin de rescatar 40 metros de la playa Manzanillo y retirar embarcaciones que invaden la concesión de Marina Acapulco, que es de 135 metros para crear un área de fondeo.
El viernes en conferencia de prensa, los integrantes del comité informaron que 14 embarcaciones se retirarán.

La Fiscalía General del estado informó que la Policía Investigadora Ministerial detuvo a un hombre relacionado con la masacre del pasado 9 de junio en la localidad de San Pedro Cacahuatepec, en la zona rural, y con él suman ya cuatro aprehendidos por el caso.
En un boletín, la dependencia explica que al cuarto detenido se le fijó prisión preventiva en una audiencia inicial.
Añadió que con esta detención suman cuatro los presuntos responsables que enfrentan un proceso judicial por la muerte de cinco personas y dos bebés en San Pedro Cacahuatepec.
Sin embargo, la Fiscalía sólo dio a conocer a tres detenidos vinculados con el asesinato, perpetrado supuestamente por policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
El pasado 29 de julio, la juez que lleva el caso dejó libre a uno de los detenidos por una confusión con su nombre, y después la Fiscalía no dio a conocer más procesados.
En el documento se indica que este domingo se logró la captura de Ricardo, el cuatro presunto homicida, mientras que la audiencia de vinculación está programada para el día 7 de octubre, relacionada con la causa judicial C-84/2017.
Se precisa que el 6 de agosto de este año se cumplió la orden de aprehensión contra Fidel y Andrés. Y dos días después fue arrestado Virginio.
En el texto oficial no se menciona al menor de 17 años relacionado con la masacre y que fue arrestado el 20 de julio.
Sin embargo, el inculpado fue canalizado a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes (AMPEJA), según informó el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El 9 de junio, policías de la UPOEG irrumpieron en cuatro casas del poblado y asesinaron a siete personas, entre ellas dos bebés, uno de 4 meses y otro de un año, y en el mismo ataque hirieron a dos niños de 8 y 11 años de edad, que posteriormente fueron dados de alta.