El Consejo de Políticas Públicas es una de las entidades públicas del estado de las que se tienen muy pocas noticias. Aunque la integración de este órgano se incluyó como parte de las reformas a la Constitución de Guerrero, aprobadas en abril de 2014, fue la actual Legislatura del Congreso del estado la que convocó y designó a cuatro de sus cinco integrantes, el 12 de mayo de 2016. Días después, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la instalación de este Consejo el 2 de junio de 2016, ya incorporado su quinto integrante, designado por el mandatario y que desde entonces es presidente del organismo, que entre sus funciones principales está la “planificación de las políticas públicas para el desarrollo social del estado y de los municipios”, según establece la Constitución en su artículo 154.
Definido como un órgano con autonomía técnica, adscrito y dependiente del poder Ejecutivo del estado, el Consejo de Políticas Públicas ha tenido a la fecha una actividad muy marginal, debido a que el gobierno del estado no le ha asignado ningún presupuesto formal. Pero más allá de la desatención del Ejecutivo, las actividades del organismo deben hacerse públicas y sujetas al escrutinio público para evitar que se convierta en una oficina “cascarón”, que regularmente son útiles sólo para dar empleo a allegados del gobernador, de los grupos de poder o de diputados influyentes.
A excepción de algunos eventos, este órgano no ha realizado actividades sustantivas ni emitido recomendaciones relevantes que permitan mejorar el funcionamiento del Ejecutivo estatal, especialmente necesarias en un estado donde en la gestión pública predomina la falta de planeación, la improvisación en la puesta en marcha de las acciones, programas y proyectos, y donde prácticamente no existe la evaluación de resultados.
El Consejo no tiene página electrónica y para conocer la situación que guarda el Consejo de Políticas Públicas presentamos un paquete de solicitudes de información referentes a sus actividades y financiamiento. Las respuestas reconocen una manifiesta inacción del organismo, no obstante la urgencia de que las acciones y decisiones no sólo del Ejecutivo, sino de cualquier dependencia pública en Guerrero, se realicen desde un enfoque de política pública.
Pero también indagamos las actividades públicas de los integrantes del Consejo y descubrimos irregularidades en algunos de ellos, que los colocan en claros conflictos de interés y ponen en entredicho su permanencia en este naciente organismo.
Conflictos de interés
La consejera Rosalba Marcelo Pani no se ha presentado públicamente como consejera –por lo menos no la registra la prensa–, pero sí como dirigente de un grupo de mujeres. Esto no es irregular, pues su calidad de ciudadana y su derecho a organizarse no los pierde, aun cuando sea servidora pública.
Hace unos meses, en una conferencia de prensa realizada el 27 de abril de 2017, encabezando a un grupo denominado Mujeres de éxito y liderazgo, se pronunció en contra de declarar la alerta de violencia de género en el estado, una posición muy similar a la que tuvo el gobierno del estado durante muchos meses, hasta que la Secretaría de Gobernación la emitió en junio del mismo año. Y aunque la consejera aseguró que su organización no buscaba espacios políticos, “en reiteradas ocasiones agradecieron al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, por el apoyo brindado”, según publicó El Sur en su edición del 28 de abril.
El colectivo Mujeres de éxito y liderazgo también fue nombrado durante el acto de entrega de 400 viviendas del programa “Un cuarto más”. El gobernador, acompañado de su esposa, destacó que se han invertido más de 90 millones en el programa y mencionó que “en la construcción de los cuartos en zonas de alta y muy alta marginación participaron empresas guerrerenses aglutinadas a organizaciones como la CMIC, Coparmex y la organización de Mujeres de Éxito y Liderazgo, generando empleos y fortaleciendo la economía local”, según el comunicado de prensa del gobierno del estado del 4 de julio de 2017. El gobernador no mencionó cómo ejercieron los recursos los tres organismos, uno de los cuales es liderado por Marcelo Pani, y en este caso sí podría haber conflicto de intereses.
Pero además, el nombre de la consejera Rosalba Marcelo Pani aparece en el padrón de proveedores del gobierno del estado del periodo enero-marzo de 2017, a nombre o en representación del Grupo Altruista de Servicios Sustentables AC, con el número 194, clave 42776.
Aun cuando se trate de una asociación sin fines de lucro –de la cual no se sabe públicamente si tuvo o tiene contratos con el Ejecutivo–, Marcelo Pani se encuentra en una franca posición de conflicto de interés, ya que por ser integrante del Consejo de Políticas Públicas, un organismo público gubernamental, no debía aparecer como proveedora del gobierno del estado ni tampoco liderar una organización de mujeres que recibe recursos públicos estatales.
Otro caso es el de la consejera Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, ya que su nombre aparece en el directorio que publica la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el cargo de subdirectora administrativa y de Control Escolar. Cabe destacar que aunque es un puesto dentro de la casa de estudios, no es un cargo docente, y del que seguramente obtiene una remuneración. Esto no lo pudimos corroborar documentalmente por la opacidad que caracteriza a la universidad, institución que nunca ha publicado las remuneraciones de su personal, como lo exige la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en su artículo 81, fracción VIII.
Si la funcionaria Sevilla Muñoz desempeña un cargo en la Uagro con un salario se encuentra también en una irregularidad, ya que no puede obtener dos remuneraciones. El artículo 114 de la Constitución del estado, que también aplica a los órganos con autonomía técnica, como es el caso del Consejo de Políticas Públicas, en el numeral 3 dice que sus integrantes “recibirán una remuneración digna y adecuada, acorde con la naturaleza de su encargo”. Ese mismo artículo, en el numeral 4, también advierte: “Durante el ejercicio de su encargo, los integrantes de los Órganos Autónomos: (…) II. No podrán desempeñar un empleo, encargo, comisión o actividad remunerada que pueda implicar conflicto de intereses. Quedan exceptuadas las actividades docentes y los cargos honoríficos en asociaciones científicas, culturales o de beneficencia, siempre y cuando no sean remuneradas y no comprometan su imparcialidad o su desempeño profesional”.
Un año de inactividad
A más de un año de que fue instalado por el gobernador del estado, el Consejo de Políticas Púbicas no ha tenido actividades sustantivas. A una solicitud de información sobre su presupuesto, el Consejo respondió que en el presente ejercicio fiscal no cuentan con una partida presupuestal y, para verificar su dicho, remiten al presupuesto de egresos del estado, donde efectivamente no existe la asignación de recursos al Consejo en este año.
Sin embargo evaden el tema de la remuneración de los consejeros y consejeras, ya que, indican, es la Secretaría de Finanzas y Administración la que cuenta con dicha información, y, por cierto, esa dependencia de manera indebida clasificó esta información como “reservada y confidencial”. En su respuesta, el Consejo no niega que actualmente los consejeros perciben un salario, aun cuando formalmente no cuentan con recursos para su operación. Actualmente el Consejo opera, además de los cinco consejeros, con una plantilla de personal técnico y administrativo de cuatro empleados.
Para auxiliarse en sus tareas sustantivas, el Consejo, de acuerdo con la Constitución del estado, debe contar con órganos asesores. Según su primer informe de actividades, el organismo firmó un convenio de coordinación con la Uagro, mediante el que se formaron seis grupos de trabajo “integrados por miembros del sistema nacional de investigadores y académicos, quienes han diseñado programas de investigación para la adopción de políticas públicas en cada materia”. Agrega el informe que también se firmaron acuerdos con la Universidad Americana de Acapulco, con la Universidad Loyola del Pacífico y con la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) delegación Guerrero, aunque en estos casos no explica en qué actividades han avanzado.
Sin embargo, el Consejo deberá hacer partícipes a muchos otros sectores que, sin duda, pueden aportar al diseño e implementación de políticas públicas, más allá de estas instituciones que, por cierto, en Guerrero regularmente son, junto con los empresarios, los actores no gubernamentales que siempre son llamados por el gobierno para la conformación de sus órganos consultivos o de participación ciudadana. No es que sea equivocada su convocatoria, sino que sólo prevalece su visión y deja fuera la pluralidad que existe en el estado.
Las minutas
También solicitamos las minutas de trabajo de todas las sesiones realizadas por el Consejo. Nos entregaron 14, correspondientes al periodo junio-diciembre de 2016; de 2017, nada. Se observa en ellas improvisación y poca información que dé luz sobre las acciones de este organismo. En algunos casos, por ejemplo, se reunieron para aprobar el logo y el eslogan institucionales; en cuatro ocasiones, para aprobar sendos convenios con la Uagro, Universidad Americana, Loyola del Pacífico y la CMIC. Destacan las reuniones para aprobar “el análisis y propuesta de proyectos” de ley o de reforma de las leyes de Concesiones para la Infraestructura Pública, de Obra Pública y de Participación Ciudadana, para lo que emplearon sólo dos horas en cada caso, según las minutas. Y utilizaron otras tantas reuniones para aprobar dichos proyectos.
En otra de sus respuestas, el Consejo proporcionó su primer informe de actividades realizadas en un año de trabajo. Entre ellas destaca la realización de talleres dirigidos a parteras tradicionales, que se llevaron a cabo en los municipios de Chilapa, Ometepec y Tlapa, con la temática de hemorragias y factores de riesgo. Según reseñaron en los resultados, se logró la participación de más de 150 parteras tradicionales localizadas en las zonas de mayor mortandad materna.
Por otra parte, se elaboró el programa Acoso Callejero, Una Realidad de Mujeres y Hombres, el cual se reconoce como una práctica de agresión sexual ejercida por una persona desconocida, en espacios públicos. Con la difusión de este programa, dice el Consejo, se pretende abatir el acoso callejero y con ello dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Igualmente se realizó el primer foro de movilidad sustentable Chilpancingo-Acapulco, a propósito del primer año de su instalación.
En otro tema, se convocó al órgano asesor de la Uagro, integrado por académicos en grado de doctorado en diversas profesiones de acuerdo con su perfil y especialidad que dominan. Se definió la primera revisión de trabajo en el que en conjunto el órgano asesor y el Consejo de Políticas Públicas establecieron los temas que se han de desarrollar: Educación, salud, Administración de la justicia, Gobernanza, Turismo, Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial.
¿Es prioritario el Consejo?
Es plausible el propósito constitucional de que la gestión pública del Ejecutivo estatal y de los municipios se base en políticas públicas. El gobierno de Héctor Astudillo ya dio el primer paso con la instalación del Consejo, pero lamentablemente lo condenó a la inactividad al no asignarle recursos financieros para su operación. Se espera que en el siguiente ejercicio tenga presupuesto, pero antes deben resolverse los conflictos de interés que ya afloraron entre sus miembros; es un organismo que requiere de mucha credibilidad.
Vista en perspectiva, la tarea de un organismo como el Consejo de Políticas Públicas parece titánica, pues la administración pública en el estado, como ninguna, arrastra vicios e inercias de todo tipo que se observan como uno de los orígenes del desperdicio de recursos. Y no obstante que el actual gobierno quiere asignarle alguna importancia a este tema al instalar el Consejo y “rearmar” a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional con “funciones de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y las acciones de gobierno”, lo cierto es que son acciones insuficientes y de baja intensidad. Un Consejo sin recursos financieros y una Seplade que ni siquiera ha publicado los indicadores correspondientes al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, no son buena señal.
