Ejidatarios de Juan R Escudero (Tierra Colorada) se reunieron con funcionarios federales y estatales, entre ellos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para exigir el pago de indemnización por las afectaciones que tuvieron por la construcción de la Autopista del Sol en 1990.
Este miércoles los ejidatarios se reunieron en la capital con el delegado de la SCT, Rigoberto Villegas Montoya, y representantes de Obras Públicas y de Gobernación federal.
Al término de la reunión se consultó al integrante del comité del comisariado ejidal de Tierra Colorada, Pedro Carrera y dijo que, “después de haber dialogado, buscar las alternativas de solución dentro del marco institucional, el encargado de la SCT empezó a desconocer que ellos no eran responsables de esto”.
Señaló que le manifestó que estaban reunidos por un conflicto que se generó por la SCT en 1990 y que ahora él es representante de la dependencia y que debe de darle solución.
Reiteró que trató de evadir la responsabilidad y que una vez más como respuesta les dijeron que quienes cometieron el error ya no estaban en la dependencia.
“Los ejidatarios y posesionarios ya están cansados, que es lo que va a pasar que nos están superando, nos están queriendo rebasar… se va armar un desmadre grande, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero ustedes son los que provocan los brotes de violencia, también se habló del pago, está la solicitud de 120 pesos el metro cuadrado”, indicó. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Indígenas nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) informaron que la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la que pertenecen, por cuestiones de comunicación la de Rincón de Chautla se cambió a Monte Calvario, y negaron que sean parte del grupo delictivo Los Ardillos, como señalaron colectivos de familiares de desaparecidos.
El coordinador Juan Pozotempa Silverio dijo que el grupo Paz y Justicia al que el colectivo Siempre Vivos vincula con ese grupo criminal, ha intentado ingresar a territorio comunitario pero lo han impedido, y que hasta el momento no se ha suscitado ningún enfrentamiento violento.
En conferencia de prensa integrantes de la CRAC de la Casa de Justicia de Monte Calvario (antes de Rincón de Chautla), en Chilapa entre ellos Jesús Plácido Galindo, dijeron que querían aclarar las declaraciones que en conferencia de prensa dio el representante de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aseguró que los líderes de Los Ardillos, los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, lideran su organización.
Pozotempa Silverio expuso que los actuales coordinadores de la Casa de Justicia en una asamblea regional de los pueblos cambiaron de sede, además ratificaron comisarios, delegados y coordinadores municipales.
“Las autoridades comunitarias son instituidas por autoridades nombradas en asambleas en cada uno de los pueblos y comunidades, no pertenece ni está vinculado a ningún grupo criminal, ni partido político, nuestra institución se rige por la asamblea regional de autoridades civiles”, explicó.
Añadió que tampoco son un grupo de personas, que están conformados como pueblos originarios de esa región, que los avalan convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 701 de derecho y cultura indígena.
Pidió como vocero de los coordinadores de esa Casa de Justicia, que ante esta confusión se señale con nombres y apellidos quiénes están involucrados con el crimen organizado.
Indicó que las afirmaciones que hace Díaz Navarro confunden la opinión pública y generalizan al vincular a toda la institución, e insistieron que no los dirige el crimen organizado, ningún grupo delictivo ni partidos políticos.
Abundó que a su Casa de Justicia la mandatan los pueblos para combatir extorsiones, secuestros, asesinatos, asaltos a mano armada y que se confirma en la seguridad que hay en las comunidades donde tienen influencia.
Dijo que son perseguidos por el gobierno, los partidos políticos y líderes falsos que son como los de la delincuencia organizada.
Advirtió que hay una campaña para destruir lo poco que queda del tejido social de sus pueblos con un pleito por el control de plazas de grupos armados y el Ejército, contra las instituciones comunitarias, que es un plan para confundir y destruirlos.
Insistió en que su jefe es la asamblea regional y los ciudadanos, que es la instancia máxima de decisión, acuerdo y mandato del sistema de justicia comunitaria, que se encarga de nombrar, remover, vigilar y mandatar a las autoridades regionales.
Convocó a Díaz Navarro a que instituya su policía comunitaria.
El promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Plácido Galindo aseguró que no conocen a Celso Ortega que no están alineados al grupo delictivo que dirige.
Además expuso que tampoco tienen contacto con el grupo Paz y Justicia ni con Los Rojos.
“Lo único que hemos marcado y lo hemos puesto en nuestros pueblos de esa zona, es que se respete, que no se pase más allá de todo esto, porque sí nos afecta que se nos esté acusando que Celso Ortega coordina la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, es falso, el señor está generalizando todo el pueblo cuando no es así, lo que debería hacer es buscar, investigar que dé datos concretos, si son personas que se vayan con las personas si hay uno de la comunidad que señale personas”, subrayó.
Dijo que incluso han apoyado en materia de seguridad, como en el secuestro de un vecino de Chilapa que fueron a rescatar.
Afirmó que el grupo Paz y Justicia ha intentado entrar al territorio donde operan, “pero se les ha pedido que respeten el territorio, que ahí no es territorio donde se llega y se forma un grupo, sino que son autoridades que se llevan por asamblea, tiene moral, legitimidad y esa parte es la asamblea que rige”
Por otro lado Jesús Plácido informó que el 29 de agosto sostuvo una reunión en Acapulco con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para hablar de las demandas que tienen los 26 pueblos que están organizados, tanto de Chilapa como de Hueycantenango.
Dijo que lo único que se logró es que se va atender desde el crucero de los Ajos de Chilapa a Hueycantenango.
Abundó que de la comunidad de Ahuixtla a Huyecantenango y Zacapexco, al crucero de Tepila, todos de Chilapa, se harán estudios para pavimentar esos tramos carreteros. Además se concretaron para el siguiente año tres bibliotecas, en El Terrero, Buena Vista y Rincón de Chautla, Chilapa.

 

Pescadores de Petacalco del municipio de La Unión y maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de la Sección 18 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tomaron ayer la caseta de cobro Feliciano de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, mientras los pescadores cobraron por el paso de los vehículos, los maestros repartieron volantes de información.
Los pescadores encabezados por Gilberto Barrera Reyes llegaron por sexto día a las 8 de la mañana y tomaron la caseta de cobro, y permanerieron hasta las 7 de la noche. A las 8 de la mañana 200 maestros llegaron a la caseta como parte de su plan de acción en contra de la reforma educativa y se retiraron a las 2 de la tarde.
Los dirigentes tuvieron una reunión para acordar las actividades en la caseta, los pescadores continuaron cobrando el paso a una tarifa menor a la establecida oficialmente, mientras que los maestros sólo repartieron volantes a los conductores y les pedían solidarizarse con el sector magisterial. (Brenda Escobar /Zihuatanejo).

 

Civiles armados encabezados por el comisariado de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, Liborio Jiménez, atacaron a balazos a sus paisanos cuando se dirigían a San Francisco Ozomatlán, Huitzuco, a negociar la liberación del bloqueo que se instaló el lunes sobre la carretera a Iguala en Huitzuco, que comunica a comunidades del Alto Balsas.
A las 5:10 de la tarde de este miércoles una comisión de 40 pobladores de San Miguel Tecuiciapan se dirigía a la comunidad vecina de San Francisco Ozomatlán para solicitar la liberación del bloqueo, pero antes de salir de su pueblo, los atacaron a balazos tras señalarlos de traidores.
Tras los hechos se pidió al subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, que interviniera con policías estatales para escoltarlos y permanecer en San Miguel Tecuiciapan.
Desde hace tres años hay un conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan con una confrontación permanente, que provocó la instalación de un bloqueo a la carretera entre los dos pueblos e impide el paso hacia el norte y sur de la ribera del río Balsas, afectando directamente a unas 20 comunidades indígenas de tres municipios.
Este miércoles en San Francisco Ozomatlán hubo una reunión entre comisarios municipales, secretarios y presidente de comisariados ejidales con el subsecretario Jaimes Ferrel para que retiraran el bloqueo a San Miguel Tecuiciapan.
Al concluir el encuentro que duró poco más de una hora, el secretario del comisario, Antonio Morales Nazario explicó que la decisión de instalar el bloqueo se tomó ante la incapacidad del gobierno del estado para resolver un conflicto que tiene tres años y que ha afectado a familias enteras que no están involucradas.
Morales Nazario dijo que las comunidades pertenecen a una zona marginal, indígena y con poco recursos agrarios, por lo que dependen del comercio entre ellas para sobrevivir, pero ante el bloqueo se han visto limitados en sus bienes.
Insistió en que el gobierno del estado no ha prometido nada porque no tiene manera de solucionar el problema, ante lo que advirtieron que se movilizarán para presionar aún más para que se abra el paso.

El ataque

Minutos después de que concluyera el encuentro en el que se advirtió que la comunidad de San Francisco Ozomatlán actuaría ante la inoperancia del estado, se les informó a los pobladores que vecinos de San Miguel Tecuiciapan solicitaban una audiencia con ellos, por lo que les pidieron el apoyo de camionetas para poder llegar desde el bloqueo a la comunidad.
La gente de San Francisco proporcionó tres camionetas para traerlos, traían gasolina, huevos, quelites y bolsas con ropa para familiares de la comunidad vecina.
A su llegada a la Comisaría se percataron de la presencia del funcionario estatal, con quien presentaron la denuncia del ataque en su contra, y del miedo que tenían de regresar a su comunidad, por lo que pedían el apoyo de la Policía Estatal y del Ejército para volver.
A su llegada uno de los comisarios de San Miguel Tecuiciapan explicó que no toda la población estaba de acuerdo con el bloqueo, que se trataba de un grupo minoritario que usaba las armas para imponer su movimiento.
En el encuentro se aclaró que no se trata sólo de un problema agrario del litigio de las tierras, sino de un problema social que mantiene a la población bajo amenaza de este grupo que está armado.
Denunciaron la zozobra en la que vive la población ante los civiles armados, y que posiblemente drogados los ataquen.
Los 40 vecinos respaldaron la versión del ataque además del temor en el que viven constantemente, por lo que pidieron la presencia de la autoridad para que evite un ataque.
Advirtieron que de no cumplir la liberación de la carretera, este 14 de septiembre cerrarán la Autopista del Sol para pedir la salida del gobernador y sus funcionarios.
El bloqueo en la principal carretera que comunica a más de 15 pueblos de la ribera del río Balsas ha provocado un problema económico serio para estas comunidades marginadas de la zona.
Sobrevivían del intercambio de productos básicos como frutas de temporada como melón, maíz, sandía, papaya, así como leña, verduras y artesanías de palma y madera.
Estos lazos propiciaban las relaciones entre los vecinos así como sus convivencias religiosa.
Ante el bloqueo tuvieron que utilizar vías alternas que los comunicaran con Iguala y Chilpancingo, lo que implica un mayor gasto económico para sus familias, ya que deben pagar una caseta en caso de ir a Iguala y Chilpancingo les queda más lejos, lo que implica un gasto extra de gasolina.

 

Unos 150 damnificados de la tormenta Manuel de 2013 que fueron reubicados en el fraccionamiento El Mirador, al sur de Chilpancingo, marcharon en un carril de la Autopista del Sol y bloquearon frente al Parador del Marqués de manera intermitente durante más de una hora, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) que entregue escrituras a 500 beneficiarios.
Asimismo, denunciaron que las casas que recibieron están en mal estado, y que cuando llueve se trasmina el agua en los techos y paredes, que tienen cuarteaduras; asimismo, piden que concluya la construcción del puente para salir a la Autopista del Sol.
A las 11 de la mañana, los inconformes salieron del fraccionamiento El Mirador, ubicado a un costado de la Autopista del Sol, y marcharon en un carril hacia la capital para evitar el congestionamiento vehicular, pero al llegar al Parador del Marqués iniciaron un bloqueo intermitente, durante 15 minutos cerraban el paso vehicular, y lo reabrían otros 15 minutos, para luego volverlo a cerrar.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía, “Exigimos que nos entreguen nuestras escrituras” y “Rosario Robles, cumple con nuestras promesas”.
El vecino Armando García señaló que no les han entregado las escrituras para certificar que son propietarios de las casas que les entregaron en enero del 2015.
“Las casas están cuarteadas, parecen coladeras cuando llueve, y no tenemos servicio de agua potable; también hace falta concluir la construcción del puente que desde febrero debió entregarse”, dijo.
Por su parte, el vocero del fraccionamiento, Salvador Nava Morales dijo que firmaron un documento en el que indican que las viviendas son prestadas, “por eso pedimos que nos entreguen las escrituras, para confirmar que somos propietarios de las casas”.
Nava Morales comentó que, pese a que las viviendas tienen desperfectos, aceptarían la entrega de las escrituras porque no tiene otro lugar donde vivir.
Comentó que otra demanda es que concluyan la construcción del puente vehicular que debió ser entregado en febrero, y que les den el servicio de agua potable.
A las 11:45 de la mañana, al bloqueo llegaron policías federales del sector Caminos, para pedir a los inconformes que liberaran un carril de la vialidad.
A las 12:30 de la tarde llegaron representantes de la Sedatu y de la Secretaría General de Asuntos Políticos, que dialogaron con los damnificados y firmaron un documento con el que se comprometieron a entregar las escrituras el próximo 6 de noviembre.
A esa hora, los manifestantes se retiraron y se restableció la circulación en la Autopista del Sol.
Mas tarde, en un boletín de prensa el delegado Armenta Tello informó que continúan los trámites para entregar las escrituras a los damnificados de la tormenta Manuel que habitan en el fraccionamiento El Mirador, y que también resolverá la falta de pago de los trabajadores que laboran en la reconstrucción del asentamiento.
Armenta Tello argumentó que el proceso de escrituración de viviendas está a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), y que está en el diálogo para dar certeza jurídica a los dueños de los predios, que en su mayoría vivían en asentamientos irregulares.
Sobre los desperfectos de las casas, el delgado de la Sedatu dice que ya se presentaron las denuncias contra las empresas responsables de la mala construcción de las casas.
Informa que no se ha atendido el pago de gasto operativo y honorarios de los trabajadores que reconstruyen el fraccionamiento, y no han reanudado las labores, “para mí, la reconstrucción sigue siendo prioridad, la problemática que enfrentamos en el proceso de reconstrucción, es consecuencia de un desorden financiero y de planeación, hoy con justa razón los damnificados y trabajadores piden (que) se les de solución”, indicó.

 

Unos 100 trabajadores del Palacio de Justicia pertenecientes a la sección 21 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), pararon labores para exigir a las autoridades los pagos del bono del servidor público, del retroactivo de enero a mayo de este año y de estímulos.
Desde las 9 de la mañana, los trabajadores cerraron las puertas de las oficinas ubicadas en Gran Vía Tropical, del fraccionamiento Las Playas, cerca de Caleta, donde están los juzgados civiles, familiares y la sala penal; ahí colocaron cartulinas fluorescentes en las que demandaban el “pago del bono del burócrata” y “pago del retroactivo de enero a mayo del 2017”.
A las 9 de la noche, los paristas informaron que habían finalizado el paro, luego de que las autoridades se comprometieron a que este jueves les depositarían el bono del servidor público.
Abogados y usuarios que tenían audiencias se sorprendieron al ver que las oficinas estaban cerradas y que los trabajadores estaban afuera del inmueble en espera de solución a su demanda de que les depositen el pago del bono del servidor público.
Los trabajadores dijeron que, en otras áreas del estado a los sindicalizados ya se les pagó el bono y sólo a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, no les han hecho el depósito del bono del burócrata.
Al respecto, la secretaria de Fomento a la Vivienda de la sección 21 del SUSPEG, Flor Marina Soto Radilla declaró que el paro es por el pago que no se ha cubierto a los compañeros del Tribunal, no han depositado el retroactivo, su estímulo por años de servicio, a más de 100 trabajadores de las oficinas en Caleta y los del penal de Las Cruces.
“Es lo que están revisando, porque no se ha pagado, porque hay minutas y acuerdos en los que se debe de pagar a tiempo, y se tiene que respetar el bono de 3 mil 750 pesos, lo que estamos pidiendo es que se deposite porque es un derecho” precisó.
Por su parte, el secretario de control y seguimiento de la sección 21 del SUSPEG, José Luis Martínez dijo que la queja es porque se haga el pago oportuno a los compañeros del Tribunal, y es que el pasado 30 de agosto, Día del Servidor Público, se debió haber hecho el depósito y no se hizo.
Otra demanda es que se les pague el retroactivo de enero a mayo, y a algunos el estímulo por antigüedad en el trabajo, de más de 15 y 25 años de servicio.
Dijo que ya había acuerdos con las autoridades para que se pagara el bono, pero “no se ha hecho realidad”, les dijeron que el 5 de septiembre les pagarían pero no cumplieron, y por ello pararon labores.
De cuánto es el retroactivo respondió que, “son montos que están acordados y varían de acuerdo a la categoría, que en el Tribunal es una sola, es un monto fijo, pero el bono del servidor público es de 3 mil 750 pesos”.
Dijeron que personal de base estará de brazos caídos hasta que se confirmen los pagos.

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Trabajadores del Ayuntamiento de Atoyac levantaron el paro que tenían desde hace casi un mes en el edificio del DIF municipal donde están las oficinas de servicio de Telecom, Correos y un cajero bancario.
Los inconformes que hicieron marchas en exigencia del pago de quincenas que les adeudaban y la destitución de algunos funcionarios, reanudaron ayer la mesa de diálogo con el Cabildo y le exigieron una revisión del caso de cada uno de los paristas.
El alcalde priista Dámaso Pérez Organes dijo en entrevista que se cumplió con el pliego petitorio de los paristas en sus quincenas hasta el 1 de agosto que era la demanda principal.
Indicó que aún con ese avance los inconformes exigieron la destitución de la tesorera, Maily Ponce Martínez, la oficial mayor, el jefe de nómina y trabajadores de obras públicas.
El alcalde dijo que informó a los paristas que la tesorera no podía ser removida de su puesto por tener la responsabilidad de comprobar el recurso que se ha ejercido en este año, “Maily no se va porque también tiene que comprobar, porque yo no me quiero ir al bote, ya empezaron con los gobernadores y van con los más chiquitos”.
Dijo que en ese caso se convino poner un comisionado y la secretaria particular, Anel Pino, se nombró como la nueva oficial mayor.
Consideró que hubo voluntad pero también se manejaron intereses políticos detrás del paro “porque denigrar es fácil al decir que hasta mi hija era una aviadora, esto se politizó porque hay gente que le conviene que Atoyac este así”. (Francisco Magaña/ Atoyac).

 

 

Comerciantes del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, se reunieron con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena y otros funcionarios del municipio, para exigir que se haga más frecuentemente la recolección de basura, informes sobre los ingresos y egresos del mercado, y la regularización de comerciantes ambulantes y semifijos.
En una reunión a puerta cerrada en la Presidencia estuvieron también el director de Ecología municipal, Alejandro Zepeda Castorena; el director de Protección Civil y Bomberos, Gustavo Vela, y el secretario de Seguridad Pública, Esteban Espinosa Montoya.
El lunes, comerciantes bloquearan la avenida Insurgentes con toneladas de basura para exigir al presidente municipal que regularice la recoclección de basura en el mercado.
Al término de la reunión se consultó al tablajero, Daniel Ocampo, para que informara de los acuerdos.
Dijo que entre las principales demandas de los comerciantes está que sea constante la recolección de basura, porque se acumula en el área del estacionamiento del mercado, y que le dejaron claro al alcalde que no toda la basura es de los comerciantes, porque vecinos de colonias aledañas también van a depositar sus desechos en ese tiradero. Precisó que el alcalde se comprometió a que el carro de la basura acudirá dos veces al día al tiradero del mercado.
Daniel Ocampo manifestó que otra de las demandas es información sobre los ingresos y egresos de la administración del mercado, dijo que saben que a los comerciantes se les cobran 2 pesos de pisaje, y que están de acuerdo en que se aumente si hay problemas económicos en el Ayuntamiento, pero que primero se aclare a dónde se va ese dinero.
Además indicó que también se haga un ajuste de empleados de la administración del mercado, porque hay unos 40 empleados laborando, y sólo en la oficina hay unas cinco secretarias.
Refirió que otra demanda es que se regularice la entrada de comerciantes ambulantes y semifijos, porque cada vez hay más.
Dijo que acordaron que el viernes van a reunirse nuevamente en el Palacio municipal, para saber la respuesta a estas tres demandas. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Comerciantes del mercado municipal Morelos de Coyuca de Benítez denunciaron que el alcalde priista, Javier Escobar Parra, no se presentó por segunda ocasión al Ministerio Público (MP) donde fue denunciado por abuso de autoridad y despojo.
Ayer a las 11 de la mañana 10 mujeres comerciantes protestaron unos 10 minutos afuera de la Fiscalía regional de Acapulco y solicitaron justicia y la recuperación del predio donde estaba el mercado municipal, que fue destruido en noviembre de 2016.
La comerciante Marta Barrera dijo que en la denuncia quedaron asentados los agravios y agresiones físicas de las autoridades.
Indicó que ayer el alcalde no acudió a la audiencia luego de tampoco hacerlo el 30 de agosto.
El abogado de las comerciantes, José Rojas Vázquez indicó que a pesar de que el alcalde priista goza del fuero Constitucional, como está en calidad de imputado debe de presentarse a declarar al MP. (Jacob Morales Antonio).

 

El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos negó que se apresure el alta a pacientes para que ingresen otros que tienen cirugías programadas y que haya pacientes acostados en el piso en el hospital de Tlapa. Esto en referencia a la denuncia de un usuario que en dicho hospital hay pacientes acostados en el piso y que apresuran las salidas de unos para tener camas disponibles para otros.
En una llamada el funcionario estatal aseguró que los programas sociales de esa dependencia están llegando a todas las comunidades, aunque admitió que en algunas regiones como la Tierra Caliente se hace trabajo junto con el Ejército. Negó lo declarado en El Sur por la  coordinadora estatal de las campañas de salud de la Ssa, Claudia Sánchez, a quien dijo no conocer.
De la Peña Pintos indicó que el abasto de medicamentos en los centros de salud se encuentra entre un 60 y 70 por ciento, que tienen surtido principalmente para el esquema básico de atención.
El secretario explicó que según la  información que le envió el director del hospital de Tlapa, éste se encuentra al 100 por ciento de su capacidad. Por ello cuando se tiene que ingresar a un paciente con cirugía programada se le pide que espere que haya una cama disponible, sino se dará a nadie de alta ese día se le reprograma el procedimiento quirúrgico.
“No se da de alta a nadie de manera apresurada, quien se va de alta es porque el médico así lo consideró”, aseguró el funcionario.
Justificó que quienes están acostados en los pasillos son familiares de pacientes.
De la Peña Pintos indicó que el hospital de Tlapa tiene 30 camas para hospitalización, que están buscando ampliar a 40 y para el próximo año que se tenga un nuevo hospital con 60 camas.
Sobre los programas de salud que están detenidos por la inseguridad, De la Peña Pintos dijo que era una mentira, aseguró que aunque sea una vez al mes se visitan las comunidades y admitió que hay zonas en las que van en coordinación con el Ejército, en “un trabajo en equipo”.  (Mariana Labastida).