El subsecretario de Desarrollo Político y Social, de la Secretaría de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, dijo que desde el gobierno estatal no hay persecución política, en relación con la declaración de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, de que “en Guerrero todo se puede” por encima de las leyes para meterla a la cárcel pese a que tiene fuero constitucional.
En consulta telefónica, Cisneros Rodríguez enfatizó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tiene una buena relación con todos los alcaldes, “apenas el jueves tuvieron un evento conjunto con la alcaldesa de Acapulco, de banderazo a playas limpias”.
No obstante dijo que el gobierno también promueve “la transparencia y la rendición de cuentas. Al final, cada servidor público es responsable de sus actos”.
Este jueves, la alcaldesa y la gobernadora se abrazaron de nuevo en una cto público como lo hacen siempre que es evidente el distanciamiento.
De la controversia entre la ASE que pide al ayuntamiento de Acapulco la documentación para comprobar 898 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por la que presentó la denuncia ante la Fiscalía, y la alcaldesa, que afirma no tener obligación de comprobar recursos federales ante el estado, el funcionario aclaró que son cuestiones jurídicas que deben atender las instancias indicadas.
Coincidió con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, de que estos asuntos no deben estar siendo ventilados en los medios de comunicación.
Opinó que la ASE debe decir si es un procedimiento único o existen otros similares contra distintos ayuntamientos, como dijo Jacinto.
Puntualizó que la instrucción de la mandataria es ser partícipes, siempre que se les requiera en todos los procesos y procedimientos de rendición de cuentas, pero este no es el caso.
“No vemos en el gobierno estatal alguna situación para intervenir, toda vez que es un procedimiento que tienen que seguir jurídicamente las partes. El gobierno estatal no es parte, y no hay persecución política, tampoco se ejerce la represión de parte del gobierno de Guerrero, al contrario, hay una excelente coordinación con los alcaldes”, reiteró.
Del golpeteo político contra la alcaldesa por parte del grupo del senador Félix Salgado Macedonio, pues ambos siguen posicionados como aspirantes a la gubernatura, subrayó que no es asunto del gobierno estatal, que ha sido muy respetuoso de los actores políticos.
“Eso tendrán que dirimirlo los que están participando en ese ámbito. La responsabilidad que tengo es no generar debates, se construyen diálogos para la construcción de la paz y la gobernabilidad. Estoy concentrado en eso”.
Continúa la sesión permanente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, para darle seguimiento a los cómputos distritales de la elección judicial del pasado domingo Foto: José Miguel Sánchez
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Los ocho consejos distritales de la entidad ya culminaron los cómputos de las elecciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y Sala Regional Ciudad de México del Trife.
Durante la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales, del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), se informó sobre los avances en el conteo de los votos de la elección judicial del pasado domingo.
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que los consejos distritales 02 y 04, ambos con sede en Acapulco, ya cerraron los cómputos de las seis elecciones, es decir, que además de las ya mencionadas terminaron las de magistrados de circuito y jueces de distrito.
“Quedamos pendientes con los otros seis distritos, que llevan distintos avances, pero ya van cubriendo las magistraturas de circuito y en algunos casos las de jueces de distritos, que son las que tenemos pendientes, pero ya en proceso de terminar”, explicó Muñoz Loyola.
También informó que el distrito 01, con sede en Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente, y que abarca esta región junto con una parte de la zona Norte, es el más atrasado en los cómputos, pero que esto se debe al alto porcentaje de participación, que ronda el 18 por ciento, dato aún no oficial, además de las largas distancias y el mayor número de casillas instaladas.
A diferencia de Acapulco, que se conforma por dos distritos electorales, donde la rapidez fue por la baja participación y la cercanía que hay entre las casillas y las sedes de los consejos.
“En el caso del distrito 01, tiene 595 paquetes (electorales), y en el caso del distrito 02 y 04 es un número más pequeño, como en el 02, hay 207 paquetes y en el 04, 258. Entonces, sí hay un margen de diferencia importante y esos son los factores que en lo fundamenta hace que algunos distritos avancen más rápido que otros”, explicó Muñoz Loyola.
Adelantó que al paso que avanzan los cómputos, es probable que este domingo se pueda finalizar el conteo de los votos en toda la entidad, y el jueves siguiente habrán de dar los resultados definitivos.
En el caso de la elección de la Sala Superior del Trife, en la que se eligieron a dos magistrados, un hombre y una mujer, los candidatos que en Guerrero obtuvieron la mayoría de los votos fueron Claudia Valle Aguilasocho, con 205 mil 941 votos, y Gilberto de Guzmán Bátiz García, con 235 mil 550 sufragios obtenidos.
Los candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que más votos obtuvieron en Guerrero fueron: Maya García Celia, con 226 mil 272 votos; Eva Verónica de Gyves Zárate, 223 mil 729 votos; Bernardo Bátiz Vázquez, 222 mil 679; Indira Isabel García Pérez, 215 mil 514 y Rufino León Tovar obtuvo 209 mil 726 sufragios.
En la elección de ministros de la SCJN, quienes más votos obtuvieron fueron Lenia Batres Guadarrama, que tuvo la mayor cantidad de votos en Guerrero, con 252 mil 131; Hugo Aguilar Ortiz obtuvo 250 mil 964, Yasmín Esquivel Mossa 228 mil 135, Loretta Ortiz Ahlf 216 mil 385, María Estela Ríos González 218 mil 406, Irving Espinosa Betanzo 195 mil 699, Giovanni Figueroa Mejía 191 mil 20, Arístides Rodrigo Guerrero García 188 mil 469 y Sara Irene Herrerías Guerra 187 mil 186.
Los datos fueron obtenidos del portal oficial del INE, de los cómputos distritales, al corte del viernes a las 8 de la noche. De manera institucional, el total de la votación en Guerrero se dará a conocer una vez concluyan de manera definitiva los cómputos de las seis elecciones en los ocho consejos de la entidad.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, culminó este viernes la etapa de comparecencias a los 17 aspirantes que buscan presidir la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), como parte del proceso de selección.
A continuación, la Jucopo hará el análisis de los perfiles que se presentaron, para integrar una terna que será presentada ante el pleno del Congreso local para su votación.
La mañana de este viernes acudieron al Congreso del Estado, Juan Jacobo Alarcón Najera, Fanny Ruth Lara Figueroa, Enriqueta Cuevas Bahena y Jaqueline Esperanza Vázquez Pineda, los últimos cuatro aspirantes registrados, con los que terminó la etapa de comparecencias.
En las presentaciones, que se realizaron a puerta cerrada, los aspirantes presentaron su plan de trabajo y respondieron a los cuestionamientos de los diputados. Al salir, algunos coincidieron en que el tiempo estuvo limitado para poder exponer todo su plan de trabajo.
La razón de esto fue porque cada comparecencia duró 30 minutos, de los cuales, 15 fueron para que los aspirantes expusieran su plan de trabajo, y el resto para preguntas y respuestas.
“Por la cuestión del tiempo no hubo la oportunidad de desarrollar todo lo que es el plan de trabajo, porque la Comisión de Derechos Humanos realmente tiene muchos temas que atender. En realidad es una agenda muy amplia y en cada uno de los temas hay propuestas diversas”, declaró Alarcón Nájera al salir de su comparecencia, quien es hijo del ex presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández.
Alarcón Nájera consideró que la persona que ocupe el cargo de presidente de la Codehum debe tener sensibilidad, empatía con las víctimas de la violencia y los grupos vulnerables.
“Guerrero está pasando por diversas situaciones críticas y la comisión puede ser un órgano que, incluso, ayude a pacificar al estado”, agregó el aspirante.
También confió en que el Congreso local realice el proceso de manera transparente, que se utilizarán criterios que tomen en cuenta las capacidades y experiencia de cada uno de los aspirantes.
Por su parte, la ex delegada regional de Acapulco de la Codehum, Fanny Ruth Lara Figueroa, consideró al salir de la comparecencia, que observó que sí hay un piso parejo para todos los aspirantes, aunque también dijo que el tiempo fue limitado.
“Fueron 15 minutos para exponer un plan de trabajo. No es un tiempo suficiente, pero es un tiempo que aprovechamos para explicar nuestras líneas de acción, me sentí tranquila y segura en el recinto”, dijo Lara Figueroa.
Sobre las posibilidades y la disposición del Congreso del Estado, de analizar todos los perfiles sin favoritismos, Lara Figueroa consideró: “Hay piso parejo, creo que se van analizar los perfiles de todos los que estamos participando. Hasta este momento mi confianza ha estado firme, creo que llevarán un proceso limpio, transparente, Guerrero necesita una persona (al frente de la Codehum) con capacidad, con conocimiento y voluntad humana”.
Vázquez Pineda consideró que hubo apertura por parte de los diputados y explicó que les presentó un plan de trabajo apegado a la normatividad interna de la Codehum, basado en proteger y difundir la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de la Jucopo, el morenista Jesús Urióstegui García, consideró que todos los perfiles fueron “interesantes, conocedores del derecho. Algunos activistas con amplia experiencia, lo que lo hace un ejercicio muy importante”.
Urióstegui García reiteró que la decisión sobre quiénes integrarán la terna, tendrá que ser consensuada entre todos los grupos parlamentarios y que no habrá favoritismos para nadie.
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se negó a hablar de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que promovió el síndico Miguel Jaimes Ramos, para clarificar las facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para fiscalizar recursos federales.
Se le preguntó al respecto durante su visita al hospital de El Quemado y en el poblado del mismo nombre, donde sembró y entregó árboles para la reforestación de la zona, y contestó: “Eso es un proceso legal, yo ya no voy hablar. Sólo digo que tengo la razón”, y antes, a pregunta sobre la controversia ante la SCJN, López Rodríguez dijo: “Dios los bendiga”.
Se le preguntó si le prohibieron hablar sobre el tema con la ASE, por la fiscalización de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), y respondió: “No”. Después ya ignoró las demás preguntas y se puso a tomar un atole que le dieron los vecinos. (Karina Contreras).
Un hombre murió y otras personas resultaron heridas ayer en la tarde en un accidente automovilístico en el kilómetro 296 de la Autopista del Sol, informaron autoridades.
Además las lluvias provocaron un derrumbe en los carriles de norte a sur cerca del entronque a la población de Tierra Colorada, dejando atrapado a un automovilista que circulaba en ese momento.
A las 17:34 horas fue reportado en la Autopista del Sol, en el kilómetro 296 pasando la caseta de peaje Palo Blanco con dirección al Sur un accidente vehicular.
Una camioneta marca Toyota tipo Tacoma fue impactada por alcance resultando una persona sin vida y varias heridas.
En otro hecho, un automovilista quedó atrapado en medio de un derrumbe en la Autopista del Sol, con dirección a Acapulco, a la altura del entronque de Tierra Colorada.
Las intensas lluvias provocaron el colapso de un cerro.
Hasta el cierre de esta edición sólo se habían reportado personas lesionadas sin que se precisara el número.
Familiares del joven César Roberto de la Rosa García, de 19 años, desaparecido el lunes en esta ciudad, denunciaron mediante las redes sociales de Internet que hasta este viernes no había sido localizado, y reiteraron su petición a las autoridades de implementar acciones para que regrese con vida, advirtiendo que el muchacho no se “escapó”, sino que está privado de su libertad.
De acuerdo con información ofrecida por familiares de César Roberto, originario de Taxco, el muchacho fue visto por última vez a las 3 de la tarde del lunes al salir del Instituto Tecnológico de Iguala (ITI), donde es alumno de la carrera de Ingeniería Industrial.
Según la última comunicación que tuvo con sus familiares, César se vería esa tarde con una joven con la que empezó a salir, que no es alumna de la misma escuela, pero a la que tampoco conocen ni han localizado.
Fuentes cercanas a la familia consultadas la noche de este viernes informaron que el muchacho no había sido localizado, a pesar de que, según la Fiscalía General del Estado (FGE) de la coordinación de la región Norte, les informó que se han desplegado dispositivos de búsqueda para su localización, además de que hay una ficha activa de búsqueda.
A las 6 de la tarde de este viernes su familia convocó a la población para celebrar una misa en la iglesia de San Miguel, en el municipio de Taxco, para pedir por el regreso con vida de César Roberto de la Rosa
“Les pido por favor que me ayuden a compartir y difundir el mensaje. César Roberto De La Rosa García, sigue sin aparecer desde el pasado lunes 02 de junio de 2025”, escribió su hermana Mayra de la Rosa en sus redes sociales, donde pidió a la población compartir cualquier información que tengan de él y de la chica con la que se vería ese día, la cual aparece junto a su hermano en una fotografía.
“Cesar es un niño que no tiene malicia, es muy noble, su preocupación es estudiar para tener mejores oportunidades para él y su mamá. No es un joven que se escaparía, no tiene vicios, quien lo conoce sabe que es una buena persona, siempre ve el lado positivo y bueno aun cuando todo esté malo, es por eso por lo que toda la familia está muy preocupada por su ausencia. Sabemos que César no se fue o “escapo” como muchos dicen, César está privado de su libertad, y como siempre las autoridades sólo nos dan largas”, señaló.
En las distintas publicaciones hechas por los familiares del joven, en las que comparten las fichas de búsqueda para pedir la ayuda de la población, también solicitan la intervención de autoridades de los tres órdenes de gobierno para ayudar y agilizar la búsqueda.
En estas publicaciones piden el apoyo y la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, así como de los alcaldes de Iguala y Taxco, Erik Catalán Rendón (PVEM-Morena-PT) y Juan Andrés Vega Carranza (Morena), pues en el primer municipio desapareció y del segundo es originario.
“Suplicamos su intervención y apoyo para que se investigue este caso y César pueda regresar con su familia”, se lee uno de los comentarios dirigidos a la gobernadora Evelyn Salgado y a su papá, el senador Félix Salgado.
Vecinos de el poblado de Zihuaquio de la Sierra de Coyuca de Catalán, difundieron un video en el que suplican la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y que se queden permanentemente, porque cuando se fueron el grupo de civiles armados que los atacó regresó y les siguió disparando.
En un cuarto se ven hacinados 20 pobladores, la mayoría mujeres y niños y un adulto mayor, quien habla es una mujer joven, hincada, se le escucha entre llantos y sollozos de los menores.
Por segundo día consecutivo el pueblo reportó que fueron víctimas de ataques a distancia desde diferentes cerros, lo cual mantiene el temor en la gente de los pueblos de la zona, por eso pidieron el apoyo de las autoridades.
“Señora gobernadora Evelyn, Salgado y señora Presidenta Claudia Sheinbaum, les pedimos que por favor que nos manden apoyo de gobierno de lo que se pueda de Marina o Ejército a las localidades. Hace un momento se retiró la Guardia Nacional y nos comenzaron a disparar nuevamente a las casas”, informó una mujer.
Agrega que hay temor entre la gente del pueblo y que dentro del cuarto están resguardados por temor a los ataques. Advierten que hay niños que no han comido desde hace dos días, por lo que es urgente el apoyo.
Informa que ya han avisado en varias ocasiones al gobierno de lo que está ocurriendo, por lo tanto responsabilizan de lo les pase, al señalar que cada que se retiran los vuelven a atacar y necesitan la presencia permanente de un grupo del Ejército.
En el video se informa de la manera en la que han sufrido los últimos dos días, la falta de alimentos, considerando que no se pueden mover del pueblo para realizar sus compras y llegará el tiempo en el que se van a acabar los víveres.
Advierten que ese es el motivo, por el cual la gente está buscando el apoyo del gobierno, para recuperar su tranquilidad.
Los pobladores de Zihuaquio llevan dos noches en los que se reportan enfrentamientos con un grupo de civiles armados que llegó al pueblo. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco perpetrada por militares hace 27 años realizaron un mitin en el kiosco de la Alameda de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
Viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada por militares hace 27 años, el 7 de junio de 1998 en el municipio de Ayutla de los Libres (ahora de Ñuu Savi), exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum castigo a los responsables y la reparación integral del daño.
En una manifestación en Chilpancingo solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado una audiencia para que conozca las condiciones en que viven desde aquella matanza, y las necesidades de sus comunidades.
Ayer a las 12:50 de la tarde sobrevivientes y familiares de las víctimas realizaron un mitin en el kiosco de la alameda central de Chilpancingo.
El antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que dirigió el acto, mencionó que en la madrugada de aquel 7 de junio cientos de soldados cercaron la comunidad y pueblos aledaños y dispararon contra indígenas tu’un savi que pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado.
Al grito del general Alfredo Oropeza Garnica: “¡Salgan perros, muertos de hambre!” le siguieron ráfagas de armas largas y el lanzamiento de dos granadas de fragmentación.
“Los indígenas que intentaban huir o alzaban la mano en señal de rendición fueron ejecutados con el tiro de gracia. Los testigos refieren que a muchos los llevaron detenidos a la cancha, los pusieron boca abajo y les dispararon en la cabeza”.
El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) asesinados, cinco heridos graves, entre ellos un niño, 22 detenidos y torturados entre los que se encontraban cuatro niños y una estudiante universitaria.
La matanza ocurrió en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que sustituyó al gobernador Rubén Figueroa Alcocer (quien renunció tras otra masacre, la de Aguas Blancas) y del presidente de México, el priista, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Los campesinos ejecutados fueron Mario Chávez Castro, José Rivera Morales, Ceferino Damián Marco, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo Jiménez, Apolonio Jiménez García, Honorio García Lorenzo, Manuel Francisco Prisciliano, Mauro Feliciano Castro, Carlos N y Ricardo Zavala.
Tiempo después cuatro sobrevivientes fueron asesinados, de los cuales no se mencionaron los nombres.
Abel Barrera dijo que de las 16 personas que sobrevivieron han fallecido Bernardino García Francisco, Eugenio Ambrosio Trinidad, Porfirio Hernández Francisco, Adolfo Filiberto Concepción y Arnulfo Santiago Hernández.
En su discurso, el director de Tlachinollan expresó que las viudas y sobrevivientes viajaron a la capital del estado para recordarles a los gobiernos estatal y federal que el caso está en el olvido y permanece en la impunidad.
A los militares responsables no se les ha investigado pero a las víctimas se le acusó de rebelión, conspiración, terrorismo, acopio y portación de armas.
La mayoría, dijo, fueron sentenciados, pero no se abrió ninguna investigación por los 11 asesinatos, lesiones graves, detenciones arbitrarias y tortura contra los campesinos.
Ángel García García, hijo del sobreviviente ahora finado Bernardino García Francisco narró parte de aquella masacre de acuerdo con el testimonio de su padre:
“Ellos estaban tranquilamente durmiendo ahí cuando de repente escucharon la voz de los militares. Luego hubo un disparo al aire, los militares les gritaron que tenían que salir con las manos en alto. Salieron con las manos en alto, pero una vez estado afuera les dispararon. Fue ahí cuando inició la masacre”.
“Los que estaban adentro, entre ellos mi papá, al oír los disparos supieron que estaban masacrando a los de afuera, entonces se tiraron al suelo mientras los disparos seguían”.
“Con esas armas que portaban los militares rafaguearon la escuela. Los disparos traspasaron las paredes e hirieron a algunos de los compañeros. A mi papá una de las balas le dio en el pie”.
Exigen una reunión con la presidenta Sheinbaum
Eustolia Castro Ramírez, viuda de José Rivera Morales, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado una mesa de diálogo para manifestarles lo que han padecido a raíz de la masacre, además de las necesidades de sus pueblos.
Sobrevivientes han muerto en el camino sin que se les hiciera justicia y sin que el Estado les reparara el daño causado, agregó.
Negó que en algún momento los hayan indemnizado y recordó que si el entonces presidente municipal Odilón Romero Gutiérrez y su Cabildo recibieron dinero lo hicieron a espaldas de las víctimas.
El sobreviviente y posteriormente encarcelado durante un año y medio, Anastasio Ramírez Simona, que en ese entonces tenía 24 años, exigió la reparación del daño.
“Recuerdo esas malas cosas como si fuera ayer. Venimos a exigirle que nos repare el daño que nos hizo el Ejército para todos los compañeros que fueron masacrados, encarcelados”.
“Somos campesinos, a veces andamos con miedo, pero acá andamos”, dijo.
Es un crimen de lesa humanidad que no prescribe
En el mitin participó Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Dijo que las masacres son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, pero que en México no se toca al Ejército ni con el pétalo de una rosa.
“Ningún genocida en el país ha sido castigado. Cuando eso suceda estaremos hablando de una transformación, lo que existe son los pactos de impunidad”.
“A 27 años de la masacre de El Charco y ya a 30 años de la matanza (de 17 campesinos) de Aguas Blancas (en el municipio de Coyuca de Benítez) no han sido castigado los asesinos mandados por (los ex gobernadores) Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero”.
Criticó que el partido en el gobierno Morena los integrara a sus filas “traicionando al pueblo”.
“No olvidemos que los militares que asesinaron en El Charco fueron los mismos responsables de más de 600 desapariciones en nuestro estado”.
Participaron además integrantes del colectivo Lupita Rodríguez, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En un documento del Centro Tlachinollan se especifica las peticiones que 33 viudas y sobrevivientes le hicieron llegar por medio de una carta a la presidenta Claudia Sheibaum.
Realizar las investigaciones exhaustivas y prontas castigando a los militares que perpetraron los asesinatos, lesiones y tortura contra los indígenas Tu’un Savi del Charco aquel 7 de junio de 1998.
Procesar a las autoridades del más alto nivel como el entonces secretario de la defensa nacional y presidente de la república que dieron la orden de asesinar y torturar a los indígenas Tu’u Savi del Charco.
Reparar el daño de manera integral a las víctimas y se otorguen reparaciones colectivas a las comunidades del Charco y las que se vieron afectadas por el sitio y hostigamiento militar.
El caso, dijeron, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que en ese organismo los trámites son lentos.
“No hay falta de interés, sino que todos los asuntos llevan su proceso legislativo”, respondió el diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza a las denuncias de líderes de Petacalco, que denunciaron que no ha cumplido su promesa de ayudarles para que la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reduzca sus niveles de contaminación ambiental y auditiva.
Consultado en el Congreso del Estado al término de las comparecencias de los aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum), Carabias Icaza explicó el exhorto que propuso para que la CFE atienda el problema de contaminación en Petacalco, derivado de la central termoeléctrica de carbón, aún está en comisiones y que en ningún momento se ha olvidado del tema ni de los pobladores.
En la edición de ayer de El Sur, el presidente de la cooperativa pesquera La Boba, ubicada en Petacalco, municipio de La Unión, Jesús Campos Albarrán denunció que los diputados locales, Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, y Rafael Martínez Ramírez, de Morena, no han cumplido con los habitantes de esa localidad en ayudarles para que la central termoeléctrica reduzca sus niveles de contaminación.
Campos Albarrán denunció que hace algunos meses los buscaron los diputados para hacer el exhorto al gobierno federal, los dotaron de información, comprobaron las afectaciones que genera la central eléctrica, les presumieron que subieron a tribuna a hablar del tema, pero que después no supo nada de ellos, por lo que se quejó y lamentó que no hayan obtenido una respuesta favorable.
El diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, aseguró que no hay una desatención a la población ni falta de interés, “sino que todos los asuntos llevan su proceso legislativo”.
“No hemos soltado el tema, en su momento el exhorto llegará al pleno, esperemos que ya muy pronto y pues ha quedado pendiente que ellos quieren una plática, y estamos esperando que la Comisión (de Medio Ambiente y Recursos Naturales) sesione para poderlos recibir y poderlos escuchar”, justificó Carabias Icaza.
El 1 de abril el diputado propuso un exhorto a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que realicen la reconversión de la Central Termoeléctrica de Petacalco de carbón a gas natural, bajo un esquema de transición energética sostenible o, de ser el caso, se realice el decomiso o cierre seguro, ordenado y ambientalmente responsable, bajo un plan de acciones apegadas a los estándares nacionales e internacionales.
“La reconversión de la Central Termoeléctrica de Petacalco de carbón a gas natural, es una obligación moral y un acto de justicia para los que por años han sacrificado su entorno medioambiental y su salud”, dijo Carabias Icaza en tribuna.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático y de Salud, la cual no la ha dictaminado para que sea sometida a votación en el pleno.
Al respecto, Carabias Icaza dijo que a pesar de que la propuesta no es dictaminada aún por la Comisión, sí hay avances en la parte técnica, ya existe un proyecto para analizarlo “y lo que está faltando es que se nos cite a sesionar y se pueda votar”.
“De ninguna manera nos hemos olvidado del tema, estamos conscientes y creemos que es un tema importante, es un tema no nada más de protección ambiental sino de salud pública”, agregó.
A pregunta de si es cierta la desatención y el olvido a los pobladores afectados, Carabias Icaza lo negó y justificó que se tienen que agotar todas las instancias y procesos, etapas y tiempos legislativos, “pero lo tenemos muy presente”.
Enfermeras de la Secretaría de Salud cierran las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 03 de la zona Centro en Chilpancingo, frente a la alameda, para exigir la salida de la responsable del programa de vacunación, Dominga Ortiz. La enfermera Esperanza Campos señaló que la funcionaria fue impuesta desde hace un año y dos meses en el cargo, es déspota y no resuelve los problemas Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Carmen González Benicio
Tlapa
Los integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) se manifestaron en el Hospital General de Tlapa para exigir que sea de tercer nivel con especialistas, como prometió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Anunciaron movilizaciones los días 6,7 y 8 de junio ante el anunció de que sería inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gira que canceló y en la conferencia matutina dijo que fue porque se enteró que habría provocaciones de ciertos grupos.
Los del Frente cumplieron su movilización anunciada cerrando el acceso al hospital, sobre la entrada de El Cristo, por la carretera Tlapa-Puebla donde colocaron lonas para resguardarse del sol y pancartas con sus peticiones.
Más tarde un grupo se movió a la entrada del Hospital General donde colocó una lona en la que pedía el hospital de tercer nivel que prometió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador con especialistas y personal capacitado, así como un trato digno, justo y servicio profesional con calidad, no con caridad.
El integrante de la organización, Marcelino Rodríguez Rosales dijo que esperaba a la presidenta Claudia para pedirle se cumpliera con el hospital de especialidades, porque la gente de los 23 municipios que integran la Montaña tiene que salir a otros lugares y a eso se agrega la falta de medicamentos.
Regino Rodríguez mencionó que estaban esperando a la presidenta para entregarle peticiones y que se cumpliera la promesa de AMLO del hospital porque, ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que será el mismo hospital que ya se tenía con nuevas instalaciones.
“Estábamos contentos con ese anuncio que el Hospital se construiría con la venta de avión, pero ahora es lo mismo, sentimos que nos usan porque no cumplen su palabra y nos engañan”.
Luego de permanecer en este punto y confirmarse la cancelación de la inauguración se movieron a las instalaciones del hospital donde fueron atendidos y se invitó a una comisión de 15 personas a ingresar para recorrer las instalaciones.
Al salir del recorrido el integrante del Frente, Pablo Abad comentó que les dijeron que habría especialistas como oncólogos, pediatras, dermatólogos, urólogos, pero no les quisieron dar fecha para conocerlos porque con eso se vulneraban sus derechos.
Dijo que para que haya atención de calidad la lucha deberá seguir para que no sigan engañando, y que no están en contra de que se inaugurara, pero estarán presentes para hacerle llegar otros planteamientos como la libertad de Kenia Hernández Montalván y justicia para Arnulfo Cerón Soriano.
Lamentó la cancelación de la gira y que en la conferencia los haya señalado de provocadores por exigir el derecho a la salud y que sí van a estar en el lugar para acercarse, pero no con violencia ni provocación sino con una actitud de diálogo y respeto.
Remarcó que sí hay aparatos de alta tecnología pero que si no los saben usar sería la misma atención de baja calidad.
Agregó que la lucha seguirá para exigir el derecho a la salud y se cumpla lo prometido y no los mande a comprar medicamentos, ni enviarlos a ningún laboratorio externo ni ir a ningún negocio particular.
Les darán un recorrido para conocer el equipo y a los especialistas
La tarde del jueves fueron convocados a una plática con el coordinador estatal de IMSS Bienestar en Guerrero, Ulises Adame Reyna y de gobernación regional, Jorge Rodríguez Ponce con quienes acordaron que en tres semanas les darían un recorrido para conocer el equipo y a los especialistas.
Se mencionó que el personal médico que cuenta con una especialidad es de 42, con 18 especialidades como pediatría, dermatología, urólogos, entre otros.
Los integrantes del Frente les dijeron que había carencia de medicamentos, mala atención del personal, por lo que piden que no sean los mismos que atiendan porque contaminarían a los nuevos.
Mencionó que el pasado 15 de mayo se reunieron con la gobernadora y se propuso que se contraten médicos extranjeros si no hay especialistas mexicanos o no quieren venir a la Montaña, porque eso les dijeron, que no quieren ir.
