El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un grito al desierto. Este jueves, en la clausura de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, abogó vehementemente por el mando único para enfrentar a la delincuencia y por el control de confianza de las policías. Pidió a los gobernadores del país combatir a los criminales, en uno de sus últimos llamados para restaurar la seguridad en la nación. Se apoyó en un diagnóstico dramático, que subraya su gravedad porque es el mismo que el presidente Felipe Calderón tenía hace ocho años. ¿Cómo es posible que en lugar de avanzar nos hemos quedado estancados que significa un retroceso? La tasa delincuencial es más alta que la que se registró en la administración anterior, y de acuerdo con un alto funcionario federal, va a empeorar. ¿Qué sucedió? Hay que regresar a 2009.
El 29 de septiembre de aquél año, en la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, explicó en el Congreso el Mando Único que impulsaba Calderón para combatir a la delincuencia, mediante el fortalecimiento institucional de las policías estatales y municipales, al tiempo de proporcionar un blindaje a los alcaldes. La situación era dramática. El 4% de los municipios no tenía policía y alrededor del 22% no tenía turnos suficientes para cubrir los horarios que se requerían. Sólo una tercera parte de los estados los tenían completos. Las deficiencias estructurales tenían que ver con baja escolaridad, paupérrimos ingresos de no más de cuatro mil pesos, y ausencia de controles de confianza.
En su discurso en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Peña Nieto señaló: “Las entidades, en muchos casos, no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables. En el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones. Únicamente 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; y en la gran mayoría de donde sí las hay, el número no rebasa los 100 elementos. No sólo se trata de tener un mayor número de policías, sino de que sean más confiables y cercanos a la ciudadanía y que, además, estén debidamente profesionalizados. Se requiere de policías mejor preparados. En la actualidad, 70% tiene una escolaridad de secundaria o menos y, desde luego, falta avanzar en lograr una mejor remuneración. Aproximadamente 40% de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a cuatro mil 600 pesos”.
Es decir, problemas de 2017 son los mismos de 2009. En 2010, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, asumió como propia la iniciativa de Calderón y García Luna y la presentó al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcelo Ebrard, presidente en turno de la Conago, la presentó formalmente ante los gobernadores. El gobernador del Estado de México, Peña Nieto, la apoyó. Pero en el tema del control de confianza, Peña Nieto se opuso a lo planteado por Calderón, señalando que quería utilizarlo como presión política, y como otros mandatarios estatales, lo sabotearon. Incluso, al presentar su reforma judicial en diciembre de 2014, recordó que el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos impulsado por Calderón, había fracasado.
En 2009, Calderón, que el año anterior había intentado sin éxito que avanzara una ley contra el crimen organizado que incluía provisiones extra constitucionales, como aprehensiones y cateos sin órdenes judiciales, buscó una nueva salida y respaldó la propuesta de varias organizaciones civiles, encabezadas por SOS de Alejandro Martí, para un nuevo sistema penal acusatorio. Lo que resultó de esa ley fue un adefesio aprobado en el Congreso. Por ejemplo, votaron el artículo 123 Apartado B fracción 13, que establece la remoción de su empleo a policías, fiscales y peritos conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Es decir, la convirtió en la única ley en el mundo que se puede aplicar con retroactividad, una especie de ley en perjuicio. Ese artículo maltrata a quienes, en el artículo 21, se les mandata para investigar delitos. La contradicción nunca fue resuelta.
El examen de ingreso y permanencia de policías, fiscales y peritos se basa en el artículo 123, por lo que en la actualidad, en la vida real, si por ejemplo un detenido argumenta que fue torturado y en la captura sufrió algún jalón o golpe porque, digamos, se oponía a la aprehensión, el juez puede determinar que sí fue torturado y se le inicia una averiguación previa que lo inhabilita para permanecer en la dependencia donde trabaja. En suma, el sistema acusatorio pleno de garantías, que aprobaron los diputados bajo la dirección de varios de quienes hoy desde el gobierno federal ven sus fallas, permite utilizar un sistema inquisitivo contra quienes persiguen a delincuentes. Lo que se construyó en todo este tiempo, contra los buenos deseos de sus impulsores, creó incentivos inversos.
El resultado directo fue el incremento de los delitos del fuero común, subrayado por el presidente Peña Nieto. “Ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no podemos bajar la guardia, ni retroceder un sólo paso”, expresó. Su declaración tiene una buena intención, pero no irá más allá. El reto es modificar las leyes, pero ante la proximidad del año electoral, no hay ni habrá voluntad política para hacerlo. Por tanto, si las cosas están mal, se pondrán peor. No es un silogismo. Los delitos seguirán incrementándose. Las muertes también. El final del sexenio ya tiene definido su color: rojo será.

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La extraña manera de decidir quién aspirará al cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena es el primer acontecimiento que inserta algún tipo de incertidumbre en la sucesión presidencial de 2018. Hasta ahora, nada ha perturbado la inercia de las encuestas, de los partidos y del sentimiento de los mexicanos. Ahora tal vez sí.
Primero, porque Andrés Manuel López Obrador volvió a ostentar, casi con orgullo, el carácter unipersonal de las decisiones de Morena. La encuesta en cuestión no vale gran cosa, por todos los motivos que se han mencionado en otras páginas, y sobre todo porque un nivel tan elevado de no respuesta invalida el resultado. Y este nuevo recurso al mando autoritario puede perjudicar a AMLO, afectando la impresión que de él puedan tener no sus fieles seguidores, pero sí los 5-7% de posibles votantes morenistas que hoy permanecen en la indecisión.
Pero el efecto más importante que puede generar el “caso CDMX” estriba en la reacción que frente al mismo tengan el perdedor, a saber, Ricardo Monreal, y los posibles ganadores, a saber, los sectores potencialmente integrantes del Frente Amplio doblemente opositor (al PRI y a AMLO). Todo indica que Monreal quiere pelear la decisión de su (¿ex?) jefe, y también que Andrés Manuel no dará vuelta atrás. Por lo tanto, existen elevadas probabilidades de que Monreal, quien ha mostrado un notable don de ubicuidad en cuanto a filiación partidista se refiere, busque ser candidato al segundo cargo electoral del país por otra vía, y que según cual resulte, fortalezca enormemente al Frente, o lo entierre de manera definitiva.
Monreal podría ser un candidato altamente competitivo de un frente PAN-PRD-MC en la Ciudad de México. Quizás no gane, pero le arrimaría muchos votos al candidato o a la candidata presidencial de dicho frente, y obligaría a AMLO a hacer campaña en el ex Distrito Federal, porque ya no lo tendría ganado su candidata. Y en una de esas, Monreal la vence, ya que tiene una experiencia de campaña superior. Pero para que eso suceda, los constructores del frente tendrían que superar varios obstáculos.
Menciono dos, ambos de verdad: si de candidatos del frente se trata, Alejandra Barrales puede decir con toda razón que ella es mano; y tanto el PAN como muchas asociaciones “ciudadanas” partidarias del frente han entrado en varias colisiones con Monreal sobre varios temas, en muchos casos con razón también. A su vez, Monreal se vería obligado a desdecirse de algunas de sus diatribas anti PAN, anti PRD y anti algunos grupos de la llamada sociedad civil que deben participar en el frente. No está fácil.
Pero si Monreal prefiere seducir al PRD y a MC solos, y lo logra, crea una situación compleja, o inmanejable, para el PAN y los partidarios del frente. No es imposible que haya frente a nivel presidencial, legislativo y en algunas de las nueve gubernaturas en juego en el 2018, sin que la CDMX sea una de ellas. Pero es mucho más difícil. O hasta inviable. Y tampoco es sencillo que el PRD y Movimiento Ciudadano resistan la tentación de “fichar” a Monreal, sin el PAN ni “sociedad civil”, sobre todo si lo combinan con un candidato potente como Enrique Alfaro en Jalisco, y Miguel Ángel Mancera para la presidencia por el llamado cuarto polo. De allí resultarían muchas diputaciones, senadurías y prerrogativas. No se gana, pero no es cualquier cosa. Y sin el frente, AMLO es presidente. ¿O será ese el sentido de la jugada?

Hoy presenta Peña Nieto su informe presidencial. Muy a tiempo salieron en estos días las cifras de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que la pobreza va a la baja.
Según el comunicado del Coneval, el número de pobres en 2012 era de 53 millones 349 mil 902, en 2014 fue de 55 millones 341 mil 556 y en 2016 de 53 millones 418 mil 151. Es decir, que en 2016 había menos pobres que en 2014 pero más que en 2012. De acuerdo con estas cifras, se avanzó en un 3.47% de 2014 a 2016, pero hubo un retroceso respecto a 2012.
El mismo documento indica que en algunos estados disminuyó la pobreza y en otros aumentó, siendo Veracruz el estado en que se contabilizó un mayor número de pobres respecto a años anteriores: en 2014 eran pobres 58.0% de los veracruzanos y ahora lo son 62.2% (habría que agradecer el aumento a Javier Duarte).
Como siempre, las cifras que se refieren a la población indígena son alarmantes: 77.6% de este sector se encuentra en la pobreza y 34.8% en pobreza extrema, mientras que entre los no indígenas las cifras son de 41.0% y 5.8% respectivamente.
Se ha escrito mucho en estos días sobre el informe del Coneval. Algunos dicen que las cifras están maquilladas, otros recuerdan que el Inegi cambió la forma de medir la pobreza para que el número de pobres disminuyera, incluso hay quienes afirman que hasta los televisores repartidos por el gobierno influencian en la medición, pues uno de los datos que se considera en las encuestas se refiere a los aparatos electrodomésticos que hay en los hogares.
Todo el mundo maneja las cifras de pobreza pero nadie habla de los pobres. La pobreza no es un número, la pobreza implica que se muera tu madre porque no tuviste para comprar el medicamento que no tenían en la clínica, a pesar de que en los conteos aparezca entre quienes “cuentan con servicios de salud”. La pobreza se refleja en que un niño abandona la escuela porque no le pudieron comprar un uniforme, aunque en las cifras esté como inscrito. La pobreza se vive cuando los menores de edad de una familia tienen que trabajar para que las estadísticas de “ingreso por hogar” pasen de pobre extremo a únicamente pobre. Esto (que son solamente algunos, mínimos, ejemplos) es vivir en la pobreza. Los pobres no son cifras, son personas que viven en malas condiciones.
Probablemente el presidente mencione los éxitos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para disminuir la pobreza, el Prospera, los comedores comunitarios y similares, es decir, la repartición de recursos miserables, útiles para obtener estadísticas favorables. Claro, dirán, por ejemplo, que con esas limosnas por lo menos tienen para comer, pero no dirán que tendrían más (y de mejor calidad) si hubiera mayores apoyos para la producción campesina. La Sedesol y sus programas con nombres bonitos sirve para mejorar las cifras y para cuestiones electorales, pero no para combatir de verdad la mala situación en la que viven los indígenas y los pobres en general.
Lo que no se toma en cuenta es que la marginación y la pobreza de los pueblos indígenas tiene que ver con el despojo de sus territorios para los megaproyectos que en nada les favorecen, con el desplazamiento forzado por la violencia o por los mismos megaproyectos, con lo poco que se invierte en la educación bilingüe, con la carencia de tierras para cultivar y de créditos para producir, con la falta de oportunidades que implica la discriminación, con los centros de salud inaugurados pero cerrados, con la corrupción y un largo etcétera.
Mientras no se atienda verdaderamente la problemática, seguirán mejorando las cifras, como suben algunas acciones en la bolsa de valores, pero la realidad no cambiará en lo absoluto.

“La pobreza no es un accidente… es una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos”. Nelson Mandela.

Y de repente se nos estrella en la cara la realidad, la pobreza, el tema marginado, olvidado, o presente según el nivel ético o de responsabilidad pública, social o privada con el que se le quiera ver. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer que el 64.4 por ciento de la población en el estado, es decir, 2 millones 315 mil 400 personas, vive en situación de pobreza, es decir sin lo necesario para vivir, con la carga diaria de la insatisfacción de necesidades vitales, de niños, adultos y adultos mayores, mujeres y hombres que no obtienen lo mínimo necesario y con las repercusiones emocionales de malestar, molestia, frustración, inconformidad y rechazo a todo lo que genera esta situación que todo ello conlleva.
Y el 23 por ciento de la población, es decir, más de 820 mil guerrerenses se encuentra en pobreza extrema, en otras palabras, no tiene para comprar la canasta básica, no tiene acceso completo a los alimentos, más en cristiano, viven con hambre. Somos un estado en el que la gente no tiene condiciones para vivir satisfactoriamente, situación ante la cual las personas buscan salidas seguramente muchas lícitas y otras ilícitas, unas en el marco del paternalismo estatal, en el de la informalidad, la corrupción y el delincuencial.
Amartya Sen, premio Nobel de Economía sostiene que existen dos tipos de pobreza: la pobreza de renta y la pobreza debido a la privación de capacidades, las cuales relaciona de forma que la renta es una generadora de capacidades y las capacidades son una herramienta para erradicar la pobreza de renta y precisa que el análisis de la pobreza debe estar enfocado en las posibilidades que tiene un individuo de funcionar, más que en los resultados que obtiene de ese funcionamiento.
Es de celebrar algunas cifras de disminución de algunas variables de la pobreza, como los 3.2 puntos porcentuales menos de 2010 a 2016 así como la reducción de 8 puntos de pobreza extrema de 31.8 por ciento en 2010 a 23 por ciento en 2016, es decir, de un millón 97.6 habitantes, pasó a 825 mil 200 en seis años, sin embargo, en términos globales seguimos siendo una sociedad que mayoritariamente no funciona, esa es la crisis, esa es la realidad. Somos una sociedad fallida.
¿Qué causa la pobreza, dónde se origina, cómo o qué la resuelve? ¿Es la política, la democracia, el gobierno, la economía, los empresarios, los políticos, los particulares, los consumidores, la mano invisible de Adam Smith o el destino manifiesto? ¿Qué pensarán de esto, por ejemplo, los diputados, los funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno, los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cuya presidenta reclama un sueldo de 212 mil 930 pesos al mes? ¿Qué pensarían los partidos en Guerrero que van a recibir 116 millones 993 mil de pesos, o el INE con sus 25 mil millones de pesos de presupuesto y los 6 mil millones para partidos a nivel nacional? ¿Qué determina la distribución del ingreso, el nivel de los salarios, las ganancias, las políticas públicas distributivas?
La política es para normar la interacción social y resolver el conflicto del poder, la democracia para solucionar el problema de la participación y de la elección, la economía para producir y distribuir, el gobierno para equilibrar e impartir justicia. ¿En dónde está la respuesta?
Vuela vuela palomita y ve y dile: A todos los responsables de disminuir la pobreza, que no volteen a su alrededor buscando la causa, que el presupuesto o la inversión, que las importaciones o la exportación, yo les aconsejo que mejor vayan buscando en su interior.

EFE / DPA / Agencia Reforma

Caracas / Washington

La ex Fiscal que fue destituida por Maduro, llegó ayer a la Ciudad de México para denunciar al gobierno chavista y la situación de su país, tal como reporta el medio local El Nacional.
Según El Nacional, en Costa Rica Ortega acusó además a Maduro de desviar entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo del fisco a través de la empresa venezolana Contextus Comunicación Corporativa.
También, señaló a varios involucrados en esta trama como Elías Jaua, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Jesse Chacón y Maximilian Sánchez Arveláez.
Las acusaciones contra el gobierno de Venezuela provocaron su destitución el pasado 5 de agosto, y esto llevó a Ortega a pedir asilo político en Colombia.
Actualmente, se encuentra viajando por diferentes países Latinoamericanos para denunciar las acciones de régimen de Maduro y los diferentes casos de corrupción.
Mientras, el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, acusó ayer a su antecesora, Luisa Ortega Díaz, de ser cómplice de un presunto desfalco a la nación de al menos 200 millones de dólares en contrataciones de la estatal petrolera PDVSA “realizadas por la directiva de la faja petrolífera del orinoco”.
“Yo responsabilizo y acuso de manera directa a la ex titular del Ministerio Público (MP) de esa negligencia permisiva, y voy al grano para decirlo, en el presunto desfalco de la nación en contrataciones de PDVSA realizadas por la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2016”, dijo Saab en rueda de prensa.
Detalló que el desfalco fue realizado presuntamente “por la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco, en concreto la gerencia” que estuvo en ese momento.
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó ayer que dictó privativa de libertad para un juez y dos abogados por delitos de extorsión, estos dos últimos presuntamente vinculados a la red de este delito que operaba en la Fiscalía y que supuestamente manejaba el diputado Germán Ferrer. No detalla los nombres de los imputados.

 

DPA

Bruselas

La tercera ronda de consultas para negociar la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el denominado Brexit, concluyó ayer sin avances decisivos, según dijo el jefe negociador europeo, Michel Barnier.
Por su parte, el ministro británico para el Brexit, David Davis, afirmó que todavía tienen que superarse “diferencias significativas” entre las dos partes y pidió más flexibilidad por parte de Bruselas.
Según Barnier, todavía se está lejos de poder entrar en la segunda fase de las negociaciones, en la que -en un escenario ideal- debería discutirse a partir del otoño (boreal) sobre las futuras relaciones entre ambas partes tras el Brexit.
En los últimos cuatro días se volvieron a abordar cuestiones como el pago que tendrá que hacer Londres a la UE por los compromisos adquiridos, los derechos de los ciudadanos del bloque y la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, esta última territorio británico.
Para la UE es necesario avanzar en esas cuestiones antes de tratar las futuras relaciones con el Reino Unido.
En los últimos días quedó claro que Reino Unido no quiere cumplir tras su salida de la UE con muchos de los compromisos adquiridos, como por ejemplo los pagos derivados de las promesas de créditos del bloque europeo a terceros países.

 

DPA

Barcelona

Estados Unidos envió en mayo un aviso a Cataluña alertando del riesgo de un atentado de la milicia radical Estado Islámico (EI) en Barcelona como el que dejó 16 muertos hace dos semanas, pero las autoridades de la región nororiental y las del Estado español lo analizaron y no lo vieron fiable.
Así lo reconoció ayer el consejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, después de que el diario El Periódico publicara en portada que la CIA estadunidense alertó el 25 de mayo de que el EI planeaba un ataques contra zonas turísticas en Barcelona, “específicamente La Rambla”, donde finalmente fue el atentado el 17 de agosto.
Forn negó tajantemente que fuera la CIA el origen del aviso y acusó al diario de orquestar una campaña contra los Mossos d’Esquadra, la Policía regional de Cataluña, para dar la impresión de que el atentado pudo haberse evitado. Al mismo tiempo admitió la existencia del aviso por parte de una fuente que no precisó.
“Nosotros recibimos decenas de avisos y todos se tratan del mismo modo: se evalúan y se comparten con los otros cuerpos de seguridad”, explicó en una rueda de prensa.

 

El gobierno francés presentó ayer su reforma para flexibilizar el mercado laboral que aprobará por decreto en menos de un mes, un programa clave del presidente Emmanuel Macron para atraer inversores y reducir el desempleo.
El primer ministro Edouard Philippe, y la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, detallaron algunas de las 36 medidas con las que se pretende, entre otras cosas, clarificar y simplificar las reglas laborales para los inversores, de forma que las empresas puedan ajustarse más rápido a los vaivenes coyunturales.
Macron, quien subrayó el carácter “ambicioso” y “eficaz” de la reforma para “bajar el paro masivo”, que ronda el 10 %, reconoció que tardará de 18 a 24 meses en dar resultados.
Frente a las reticencias de los que acusan al Ejecutivo de debilitar los derechos de los trabajadores –el sindicato CGT ha convocado una huelga el 12 de septiembre y la izquierda radical una manifestación el 23– el primer ministro aseguró que “Francia es un Estado de derecho social y lo seguirá siendo”.
Por otro lado, Macron considera que Arabia Saudí y Qatar han financiado a grupos que han “contribuido al terrorismo” y que ha establecido un diálogo “franco” con las potencias del Golfo Pérsico, que incluye precisamente la cuestión de la financiación del terrorismo. (EFE / París).