Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

El ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya aseguró que demandará por daño moral por los señalamientos que lo vinculan con la presunta recepción de sobornos por 10 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht.
A través de su cuenta en la red social Twitter y sin mencionar nombres, aseveró que quienes lo acusan deberán presentar pruebas.
“Esta tarde le he pedido a mis abogados que procedan a demandar a quien corresponda, por daño moral y otros, ante una serie de señalamientos y acusaciones sin fundamento, que deberán probar con hechos.
“Expreso mi mayor rechazo a la impunidad con la que se conducen quienes hacen acusaciones sin sustento”, añadió el ex funcionario, cuyo paradero es desconocido.
Grupo Reforma publicó ayer el contenido de una “delación premiada” (declaración judicial a cambio de reducción de pena) del ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll.
El empresario aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Lozoya, en ese entonces integrante de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y acordaron el pago de más de 10 millones de dólares.

Presidencia borra fotografías de Lozoya y Odebrecht

Las fotografías del presidente Enrique Peña Nieto, en las que aparecía con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y el empresario brasileño Marcelo Odebrecht, fueron eliminadas de la página de la Presidencia de la República, en fecha indeterminada.
Ambos, Lozoya y Odebrecht, fueron eliminados de las galerías fotográficas en las que es posible encontrar actividades desde el 1 de diciembre de 2012, inclusive de la toma de posesión o la firma del Pacto por México.
La página presidencial sí mantiene los comunicados de prensa relativos a actividades de Pemex y el encuentro con Odebrecht, acompañados de una fotografía, aunque de baja resolución, con Peña Nieto, Lozoya u Odebrecht distantes, es decir, no como las series fotográficas que se publicaron originalmente en las galerías.
La semana pasada otro escándalo impactó la imagen presidencial, luego de que el cantante grupero Julión Álvarez fuera expuesto como parte de una red de lavado de dinero del narco, por una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Álvarez paseó con Peña Nieto en el Cañón del Sumidero, apenas el pasado lunes 7, pero la Presidencia borró de la red social Instagram la fotografía del cantante y el mandatario.

Joan Royo / Agencia Reforma

Río de Janeiro

Las autoridades judiciales de Brasil aseguraron que la colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) de México en el caso Odebrecht siguen su curso, pero que son los fiscales mexicanos quienes deben dar el próximo paso.
“En estos momentos, la Procuraduría General de la República de Brasil espera los términos de compromiso del Ministerio Público mexicano para después enviar las informaciones de las colaboraciones hechas en Brasil”, informó la dependencia a Grupo Reforma.
Fuentes de la Procuraduría brasileña indicaron que están a la espera de que se garantice que no se castigará a los colaboradores mexicanos en el caso Odebrecht.
Las investigaciones de la rama mexicana del escándalo de sobornos se centran en el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien habría recibido más de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 por ayudar en la firma de contratos, según tres ex directivos de la constructora brasileña.
La PGR de Brasil quiere que México asegure las condiciones de éstos y otros colaboradores en el proceso antes de continuar.
El método de las “delaciones premiadas” (otorgar beneficios penales a cambio de información) se convirtió en la base del caso Odebrecht en Brasil y de toda la Operación Lava Jato en general, que reveló una red de corrupción en ese país sudamericano.
Las autoridades brasileñas también restaron importancia a la ausencia del Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, en la reunión de fiscales latinoamericanos que se celebrará esta semana en Puebla. En su lugar asistirá el Viceprocurador General de la República, José Bonifácio.
“La Procuraduría General de la República de Brasil está cooperando con más de una decena de países en el caso Odebrecht, incluido México.
“A petición del Ministerio Público mexicano se realizaron tres audiencias de colaboradores en Brasil”, remarcó la Fiscalía brasileña para evidenciar sus esfuerzos en profundizar en el brazo mexicano de la trama.
Los acuerdos para viabilizar las investigaciones en los países de América Latina afectados por el escándalo Odebrecht son complejos y en ocasiones cuentan con la dificultad añadida de las injerencias del Ejecutivo.
Así lo denunciaron recientemente el propio Janot y la Fiscal argentina, Alejandra Gils Carbó.
Otro factor que podría hacer peligrar o retrasar aún más la entrega de información a las autoridades judiciales mexicanas tiene que ver con el hecho de que Janot dejará el cargo a mediados de septiembre.
Su sucesora, Raquel Dodge, tendrá potestad para revisar la redacción de los acuerdos que aún no se cerraron del todo, lo que podría generar un “impasse” que frenaría momentáneamente el avance de las investigaciones.

Héctor Gutiérrez y Silvia Garduño / Agencia Reforma

Ciudad de México

Autoridades electorales afirmaron que no pueden especular sobre un presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012, y que abrirían una investigación si se presenta una denuncia.
En conferencia de prensa, tras finalizar un evento en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los titulares del INE y de la Fepade, Lorenzo Córdova y Santiago Nieto Castillo, respectivamente, informaron que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia sobre el caso.
Si se llegará a presentar una queja, sostuvieron, las instituciones que presiden podrían abrir una carpeta de investigación.
“No creo que sea el rol de la autoridad electoral especular, mucho menos cuando estamos hablando de temas tan delicados que han sido del conocimiento de nosotros solamente por la vía de la prensa”, mencionó Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
“En caso de que se presente alguna denuncia por la información que ha circulado (…) si se llega a presentar una queja en materia de ingresos o egresos de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral desplegará, en su momento, en su caso, todo su aparato de investigación para determinar si ha habido o no algún ilícito de financiamiento en la política”.
El Fiscal Nieto Castillo dijo que la Fepade estará atenta a que se presenten denuncias sobre el presunto financiamiento de Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al cuestionársele si la Fiscalía no podría abrir una investigación de oficio, respondió que primero se tendría que analizar la información que ha dado a conocer la prensa y determinar si hay un indicio que lleve a sospechar que se cometió un ilícito electoral.
“Nosotros estamos atentos a que se presente algún tipo de denuncia con la finalidad de integrar en su caso la carpeta de investigación”, aseveró.
“En cualquier caso podemos iniciar de oficio, a partir de la existencia del inicio de una noticia criminal, tendría que revisar la información de la prensa; estaré atento para efecto en caso de encontrarse un elemento que vincule con lo electoral, por supuesto”.
Tanto Córdova como Nieto Castillo consideraron que el INE y la Fepade están preparados para prevenir el uso de recursos de origen ilícito en las campañas electorales de 2018.
El fiscal destacó, además, que en la actualidad la Fepade tiene 88 carpetas de investigación abiertas relacionadas a financiamiento ilegal en materia electoral.

 

Érika Hernández / Agencia Reforma

Ciudad de México

En los próximos 15 meses, las secretarías de Estado deberán ampliar y profundizar los programas de abatimiento de carencias sociales, anunció el Presidente Enrique Peña Nieto.
La instrucción, que fue anunciada durante la ceremonia por el 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contempla un mayor intercambio de información entre dependencias para ubicar y atender a mexicanos con rezagos.
“Durante los siguientes 15 meses, las secretarías del Gobierno de la República deberán ampliar y profundizar los trabajos de abatimiento a las carencias sociales, en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión.
“También deberán continuar con el proceso de consolidación del Padrón Único de Beneficiarios compartiendo información que nos permita identificar y atender a toda la población objetivo de la política social”, detalló el Mandatario.
A la ceremonia por el cumpleaños de la Sedesol, que se llevó a cabo en el Museo de Antropología, acudieron 15 Gobernadores, la mayoría de integrantes del Gabinete presidencial, así como unos 300 funcionarios federales y un centenar de beneficiaros de programas sociales.
Ante ellos, el Presidente aseguró que todas las carencias que forman parte de la medición de pobreza están en su mínimo histórico.
Por ejemplo, dijo, en los primeros tres años de su Gobierno 785 mil personas salieron del rezago educativo, 4.8 millones se sumaron a los servicios de salud, 3.2 millones más accedieron a la seguridad social y 1.3 millones adicionales viven en espacios dignos.
Mientras que 29 mil mexicanos que antes no contaban con agua, luz y drenaje, ahora los tienen; y un millón superó la carencia alimentaria, destacó el Presidente.
A pesar de las cifras, reconoció que en México se viven dos realidades: la de un País moderno, en donde la gente disfruta de niveles de vida similares a las de las naciones más desarrollados, en otro existen los mismos padecimientos que en los países más rezagados.
Para el acto, se instaló una escenografía similar a las que se usan en los informes de Gobierno del Presidente, una estructura gigante con dos macro pantallas y un atril al centro para el orador en turno.
En el sillerío había empleados de Prospera, Liconsa, Diconsa y el Instituto de la Juventud, entre otras dependencias.
En primera fila se encontraban una decena de secretarios de Estado y directores de organismos descentralizados. Atrás de ellos, 15 Mandatarios estatales e incluso los dos hijos del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, así como directores de área.
Más atrás ubicaron a un centenar de beneficiarios, entre ellos 24 mujeres mazahuas del Estado de México, una decena de campesinos y coordinadoras de comedores comunitarios.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

El secretario de Hacienda José Antonio Meade aseguró que la dependencia a su cargo, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), coadyuvarán en la investigación del caso Rafael Márquez, Julión Álvarez, así como en las irregularidades de los contratos otorgados a la petrolera brasileña Odebrecht.
Luego de participar en el evento “Un SAT más abierto”, realizado en las instalaciones del organismo, Meade Kuribreña señaló:
“Nosotros tenemos convenios de cooperación con diferentes jurisdicciones que nos obligan, cuando así nos sea solicitado, a coadyuvar en procesos de investigación”, admitió el funcionario federal.
Agregó:
“En uno y otro caso, frente al resto del mundo y frente a las investigaciones locales, la información que tiene la Secretaría de Hacienda, ya sea información de inteligencia financiera o cualquier otra, pues siempre estará a disposición para coadyuvar a que los procesos de justicia funcionen bien y que se deslinde adecuadamente cualquier proceso de responsabilidad”, ofreció Meade.

Publicarán registros de contribuyentes

Meade también señaló que el SAT pondrá a disposición de la ciudadanía, el sector privado, la academia y otras dependencias la información de mil 400 millones de registros de los contribuyentes para su análisis económico y estadístico.
Por su parte, el jefe del SAT, Osvaldo Santín, mencionó que en los últimos años se han redoblado esfuerzos para hacer del SAT una institución abierta, transparente y cercana a los contribuyentes, y que, con la publicación de datos anonimizados, es posible tener mediciones del impacto de las medidas adoptadas en materia fiscal durante un periodo específico.
Con lo anterior, Santín aseguró que las plataformas constarán de la difusión de datos anonimizados de personas físicas y morales obtenidos de sus declaraciones.
“La información es confidencial, ya que no contiene datos categóricos como nombre, dirección o estado; es segura, porque el proceso de anonimización soporta ataques de reversibilidad, es decir, es muy complejo obtener el dato original, aunque es útil para análisis, pues se mantienen las propiedades estadísticas, cuantitativas y cualitativas, de la información original”, detalló.

Agencia Proceso

Ciudad de México

En un acto sobre su proyecto de nación, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que Por México Hoy no es un movimiento de carácter electoral, sino una propuesta de cambio para el país.
“No hay compromisos de carácter electoral. Por México Hoy no se inclina por ningún partido, candidato ni opción en el terreno electoral”, atajó el representante de esa agrupación.
En compañía de 40 rectores y exfuncionarios universitarios, como Juan Ramón de la Fuente, y el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia, e integrantes de 17 instituciones de diez entidades, Cárdenas detalló la plataforma de Por México Hoy.
En entrevista, el también fundador del PRD comentó que será muy importante que, en los procesos políticos, quienes participen directamente, sobre todo en las cuestiones electorales, “tomen en cuenta los muy diversos puntos de vista, opiniones y, sobre todo, conocimientos y aportaciones que pueda dar el mundo académico sobre como resolver los problemas del país”, indicó.
Cárdenas señaló que mientras más se escuche a quienes están trabajando y estudiando los problemas específicos y más importantes del país, pueden ser “hasta más fáciles” las soluciones a los problemas del país.
En el caso de la decisión del canciller Luis Videgaray sobre el caso Venezuela, indicó que cuando el gobierno de México toma las mismas medidas para cancelar las cuentas de trece ciudadanos de ese país, “me parece una actitud abyecta” por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, porque simplemente le está dando seguimiento a una posición del gobierno estadunidense, “cuando al menos aquí no había ningún indicio, pues eso es lo que ha declarado la Secretaría de Hacienda, de que estas trece personas tuvieran algo que ver con cuentas bancarias aquí en México”.
La postura del gobierno de Peña, agregó, “debería ser el de no meterse en lo que no saben”.
En el acto también estuvo presente el senador Alejandro Encinas, quien también forma parte de Por México Hoy, entre otros.

El canciller Luis Videgaray no participará en la primera ronda de las negociaciones del TLCAN, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Según la dependencia, el jefe de la diplomacia mexicana no estará presente en el encuentro porque no forma parte del equipo negociador de México, encabezado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior y por Kenneth Smith y Salvador Behar, jefe y subjefe de la negociación.
En esta primera mesa, que tiene carácter técnico, no participarán ni funcionarios del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca, que serían las contrapartes de Videgaray.
Puesto que la Canciller canadiense, Chrystia Freeland, ex Ministra de Comercio, sí forma parte del equipo negociador de ese país, ella sí participará en la primera ronda de las negociaciones, a celebrarse a partir de este miércoles 16 de agosto en Washington, DC. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

El narcotraficante mexicano comparece ante la corte de Brooklyn en Nueva York para solicitar reemplazar a los abogados públicos que lo defienden. Jamás ha visto a nadie “de ningún tipo ni de una escala ni de atentado terrorista”, que haya sido tratado como Joaquín El Chapo Guzmán, señala Jeffrey Lichtman, quien ha representado a otros mafiosos y narcotraficantes

Agencia Proceso

Ciudad de México

Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, entre ellos Jaffrey Lichtman,  sufrieron ayer un revés en los tribunales de Estados Unidos, luego de que el juez federal de distrito Brian Cogan rechazó su solicitud de recibir garantías de que el gobierno no congelará sus honorarios por considerar que el dinero es de procedencia ilícita.
Durante la mañana del día de este lunes, el narcotraficante mexicano compareció ante la corte de Brooklyn en Nueva York, para solicitar reemplazar a los abogados públicos que lo defienden, por abogados privados.
Sin embargo, en la audiencia no se determinó si estará trabajando con sus nuevos abogados.
El juez Brian Cogan les dijo en la audiencia a los abogados que tendrán que correr ese riesgo si quieren representarlo, y ante los reporteros ellos dijeron que seguirán representando a Guzmán Loera.
Jeffrey Lichtman, también representó a John Junior Gotti, hijo de un mafioso estadunidense y ha representado a otros mafiosos y narcotraficantes.
En una rueda de prensa, comentó que “todos tienen el derecho constitucional” a la defensa y que ellos van a defender “con todo al Chapo Guzmán, con toda la fuerza de la ley”. Hasta el momento el capo es defendido por servidores públicos.
Los defensores de Guzmán se han quejado en varias ocasiones de las estrictas condiciones de detención de su cliente, quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Manhattan.
Las autoridades alegan que las medidas son apropiadas para alguien que se fugó dos veces de centros penales en México.
En su conferencia, los que posiblemente serán los abogados de El Chapo afirmaron que la situación en la que se encuentra su cliente donde está recluido es “inhumana”, ya que pasa 23 horas a solas y sólo una hora interactúa con guardias y sus abogados.
Dijeron que nunca antes habían visto a ningún cliente en las condiciones del Chapo, “sin poder ver a nadie, sin hablar el idioma y después de siete meses, este jueves podrá ver a algún familiar. Ni siquiera inclusive a un terrorista lo habían tratado de esta forma”, subrayaron.
Lichtman, comentó que tiene 27 años ejerciendo en Estados Unidos, y jamás ha visto a nadie “de ningún tipo ni de una escala ni de atentado terrorista, que haya sido tratado como Joaquín El Chapo Guzmán”.
Según los defensores, incluso cuando el capo mexicano habla con sus abogados, lo hace a través de vidrios y se les dificulta mucho el poder trabajar en la defensa en el caso.
Un periodista de Telemundo, describió así al capo mexicano al entrar a la Corte:
“El capo entró a la Corte deteriorado, muy pálido y lo primero que hizo en cuanto entró a la audiencia fue saludar a Emma Coronel y a sus gemelas”. (Con información de Debate).

 

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

El SAT destituyó a su Administrador Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, Marcoflavio Rigada Soto, al descubrir que forma parte de una red de transas.
El funcionario suspendido había sido denunciado por apoyar de manera ilegal a empresas importadoras de autos “chocolate”, recibir sobornos por el tráfico ilegal de mercancías y la venta de patentes para agentes aduanales.
Desde 2014 Rigada Soto había sido señalado de ser parte de una red de tráfico de influencias en la que se involucró a jefes de Aduanas del SAT, agentes aduanales, jueces y legisladores priistas.
Entre los políticos implicados en esa fecha se encontraban el legislador priista por Edomex, Héctor Pedroza Jiménez; el diputado y ex líder del PRI en Mexicali, Enrique Acosta Fregoso; el ex priista Elí Topete Robles, actual militante de Movimiento Ciudadano en Mexicali; Hiram Rojas Hernández, ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados.
Ricardo Treviño Chapa, administrador General de Aduanas ordenó una investigación y Rigada fue destituido el miércoles de la semana pasada.
Según las indagatorias, el ex funcionario recibió hasta 3 millones de dólares de agentes aduanales y empresas importadoras, para facilitar la importación de vehículos a México.
Fuentes cercanas al caso aseguran que Marcoflavio Rigada cobró altas cantidades con el argumento de que debía entregar dinero al titular de Aduanas, pero Ricardo Treviño lo descubrió y ordenó su cese.
Además se le señaló de otorgar patentes aduanales a cambios de pagos millonarios.
Entre los implicados en la red se encuentra Roberto Ruiz Armas, titular de la patente aduanal número 1656 con sede en San Luis Río Colorado, Sonora.
Incluso el propio Marcoflavio Rigada firmó la nueva patente en junio de 2013, cuando se desempeñaba como administrador Central de Normatividad Aduanera.
Según la investigación del SAT, Roberto Ruiz ha importado cientos de autos a través de las empresas Cox Automotive, Auto Buyline Systems Inc., Arco Auto Group, Carcamia, A to Z Liqidators Inc., Odgers Holdings Inc., DBA Toy Garage Car Sales, Carmelitas Transport Inc., Otay Trucks, Barcelona Tran Sport Inc., Madero Auto Sales y Delta Pacific Financial Services.
Según las quejas presentadas, agentes aduanales con el apoyo de funcionarios de Aduanas en San Luis Río Colorado, han realizado importaciones de manera ilegal, modificando fracciones arancelarias y reportando supuesta importación de vegetales para evitar revisiones.

Sandra García / Agencia Reforma

Toluca

Decenas de choferes de Uber en el Valle de Toluca se manifestaron frente a sus oficinas centrales para exigir la homologación de tarifas con las de Ciudad de México, seguridad en su trabajo, así como inhibir que se sumen más unidades de servicio a la plataforma.
Los manifestantes se presentaron alrededor de las 13:00 horas frente a las oficinas, ubicadas en la calle Vicente Villada entre Morelos e Hidalgo, a un costado del restaurante Centro Porteño, en el Centro de Toluca.
Ahí con pancartas en los autos cerraron las calles al tránsito vehicular como manifestación ante sus peticiones.
Los inconformes explicaron que en los 18 meses que lleva operando el servicio en la zona dos choferes han sido asesinados mientras ofrecían el servicio; refirieron también que Uber en el Valle de Toluca suma 2 mil 300 unidades, cuando la demanda solicitada es solo de unos mil vehículos.
Sobre las tarifas se señaló que en el Valle de Toluca la cuota mínima inicial es de 25 pesos, cuando en la CDMX es de 35 pesos.
Uno de los 16 representantes de los operadores, Arturo Ambriz, acusó la falta de compromiso por parte de la empresa para mejorar sus condiciones laborales.
Ambriz indicó que los riesgos a los que se exponen en el Valle de Toluca en materia de seguridad son altos y no hay claúsula en el contrato que los apoye en caso de accidente o perdida de unidad, las cuales tienen un costo mínimo de 200 mil pesos.
“Dentro del contrato no viene especificado nada de eso, nuestro problema fue creer como siempre en una empresa trasnacional que nos iba a ofrecer buenas ganancias y que al final, como siempre, sigue siendo lo mismo”, afirmó.
En la manifestación hubo unas 150 unidades de Uber, por lo que el servicio disminuyó, ya que los conductores se desconectaron de la plataforma por el plantón.
“Nos piden autos último modelo que puedan entrar a Ciudad de México, entonces que pueda fracasar aquí en Toluca, no, pero los conductores estamos inconformes con Uber”, dijo finalmente Arturo Ambriz, representante de inconformes.