Silvia Garduño / Agencia Reforma

Ciudad de México

El papel del Poder Judicial en casos de migrantes y solicitantes de asilo es trascendental, no sólo para garantizar el acceso a la justicia a esta población, sino para cambiar la política migratoria, consideraron especialistas.
“Creemos que una de las batallas que nos va a permitir ir abriendo y detonando los candados que tenemos para acceder a la justicia es vía los litigios”, externó Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, en una mesa de análisis convocada por Grupo Reforma.
“Que se obligue al Poder Ejecutivo a cumplir los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, a ir modificando la política mexicana que no es congruente con los derechos humanos e ir entrando a la discusión de temas que, desde el Ejecutivo, no se han podido discutir porque están vetados, uno de ellos, el tema de detención migratoria”, indicó.
La activista destacó el caso de la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a favor del australiano Stephen Compton, el primer extranjero en demandar reparación del daño al Instituto Nacional de Migración luego de ser detenido de manera injustificada.
“La sentencia es muy buena porque no te habla en los términos eufemísticos que tiene el Instituto, te habla la persona que fue temporalmente privada de su libertad”, resaltó.
En esta mesa participaron también Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH); José Sieber, oficial de protección de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Armando Maitret, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
“Estoy convencido de que el Poder Judicial, con la jurisprudencia que se está desarrollando y que se va a desarrollar, puede ser el motor de cambio de áreas políticas y eso no me parece sólo hipotético o una cosa deseable, lo hemos visto en varios países, también en México”, comentó Jarab.
El funcionario refirió que una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (Popov v. Francia) estipuló que, en ningún caso, un niño migrante puede ser alojado en un centro de detención.
“Estoy muy convencido de que la jurisprudencia en México va a seguir avanzando y que el Poder Judicial se va a convertir cada vez más en un gran aliado de las concepciones garantistas de derechos de los migrantes, de los refugiados, de los solicitantes de protección internacional”, comentó.
José Sieber, del ACNUR, dijo que en el tema de protección internacional se debe hacer referencia a la reforma constitucional de agosto de 2017, que reconoce el derecho humano de buscar y recibir asilo.
“Con esta reforma, el rol del Poder Judicial es sumamente importante porque es quien va a interpretar lo que determina la Constitución”, destacó.
La ACNUR, indicó, apoya actualmente a 31 abogados en el país para brindar sus servicios a extranjeros que requieren protección internacional. Y es que en 2016, de las casi 9 mil personas que solicitaron la condición de refugiado en México, sólo 2 mil 713 contaron con un abogado.

 

El Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y de Terminación Anticipada, considerado una pieza central para el funcionamiento y evaluación del sistema acusatorio, entró en operaciones este viernes a nivel nacional.
La base de datos incluye las medidas cautelares asignadas a un imputado, especificando fecha de inicio y término, delitos por el que se impuso la medida y, en su caso, el incumplimiento o modificación de la misma.
También incorpora los acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales y sustanciación de procedimientos abreviados, incluyendo los nombres de las partes, el tipo de delito y su cumplimiento o incumplimiento.
Fue desarrollado por la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Poder Judicial de la Federación, para dar cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Por el tipo de información que se cargará al Registro, se perfila como uno de los pilares para la correcta operación de las Unidades de Medidas Cautelares (Umecas) de los Estados y la Federación, así como de la evaluación y gestión del nuevo sistema de justicia. (Antonio Baranda / Agencia Reforma /?Ciudad de México).

 

EFE

Ciudad de México

Los restos de Pilar Garrido, la española desaparecida en el nororiental estado de Tamaulipas el 2 de julio y cuya muerte fue confirmada este viernes, continuarán en México hasta que finalicen los análisis correspondientes, informaron ayer a Efe fuentes oficiales.
“El procurador nos informó que se había llegado a un acuerdo con con la madre (de Garrido) de mantener los restos todavía en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, para que pudieran concluir algunos estudios”, dijo a Efe el portavoz de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez.
El vocero señaló que, aunque la pruebas de ADN confirmaron que los restos óseos encontrados el 26 de julio eran de Garrido, de origen valenciano y de 34 años, faltan todavía “algunos periciales para esclarecer los hechos (…), las circunstancias del crimen”.
Aunque agregó que no hay fecha de entrega de los restos de Garrido, aclaró que no estarán en posesión de la autoridad mexicana de manera “indefinida”.
Asimismo, también se llegó a un acuerdo con la madre, que se desplazó hasta Ciudad Victoria para dar seguimiento al caso, para hacer llegar a España los estudios de molares.
De esta manera, la familia podrá corroborar, mediante pruebas, si los resultados arrojados en México son los correctos.
La familia de Garrido, madre de un bebé de un año, denunció este viernes que llevaba 15 días exigiendo al gobierno y la Policía mexicana una placa de los molares del cadáver.
Con esas radiografías “en 24 horas sabríamos si es Pilar”, dijo Raquel, hermana de la víctima.
Rodríguez dijo ayer que las autoridades de Tamaulipas entienden “la inquietud” de la familia de Pilar Garrido.
No obstante, aseguró que los exámenes genéticos realizados en Tamaulipas se hicieron con “alta tecnología” y la prueba se realizó comparando con el ADN del hijo, lo que eleva el grado de certeza.
Garrido residía en México desde hacía tres años y desapareció el 2 de julio cuando volvía con su marido y su hijo de un año a Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa.
De acuerdo con la versión del marido, la pareja y su hijo fueron interceptados por dos hombres armados en un carretera.
El pasado 26 de julio la fiscalía estatal informó del hallazgo de una osamenta en las proximidades de la carretera Soto La Marina-Ciudad Victoria durante la búsqueda de la española.
Tamaulipas es uno del estados más violentos de México. Entre enero y junio se han registrado 832 homicidios y 116 secuestros, de un total de 692 casos en el país, de acuerdo con datos oficiales.

 

Un autobús de pasajeros se salió de la carretera cuando circulaba por el tramo La Gloria-Nuevo Laredo, dejando un saldo de cinco pasajeros lesionados.
La Policía federal informó que el accidente ocurrió a las 8:25 horas de ayer aproximadamente en el kilómetro 168+000 de la autopista Monterrey-Laredo.
Detalló que se trata de un autobús de la empresa Ómnibus de México con placas de circulación 172HX9 del Servicio Público Federal número económico 5044.
De acuerdo con la corporación, el chofer del autobús de la línea Ómnibus de México perdió el control de la unidad y se salió de la carretera.
El camión provenía de Zacatecas y tenía como destino final Nuevo Laredo.
Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Nuevo Laredo y de Sabinas Hidalgo, Nuevo León por paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil y por particulares.
Reportes extraoficiales señalan que de los lesionados, tres fueron dados de alta ayer mismo y dos continuaban hospitalizados y su estado de salud es estable.
También se informó que todos son miembros de una misma familia originaria del Estado de Zacatecas.
La unidad sufrió daños en el parabrisas y la carrocería. (Mauro de la Fuente / Agencia Reforma /?Nuevo Laredo).

Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denunció a los gobiernos de Querétaro y Guanajuato por excavar fosas clandestinas sin los protocolos necesarios.
Desde el 10 de agosto, las autoridades estatales reportaron el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de San Antonio Calichar, en Apaseo el Alto Guanajuato.
Familiares de desaparecidos acusaron el uso de maquinaria pesada y la colocación de una barda que les impide vigilar los trabajos de excavación.
“Debido a la falta de trabajo conjunto de los Estados con las Familias de Víctimas en las investigaciones y excavaciones, es de suma preocupación los procedimientos que están usando”, alertó el Movimiento.
“(El) 10 de agosto, visitamos el lugar y constatamos que no están siguiendo los protocolos correspondientes”.
El colectivo exigió que las autoridades sigan los estándares internacionales y garanticen la integridad de los hallazgos para su posterior identificación.
También urgieron a que pidan la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las familias de desaparecidos, a fin de abonar a la transparencia y profesionalismo del operativo.

 

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir militarmente en Venezuela generó ayer el rechazo de numerosos gobiernos de América Latina tanto aliados como críticos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Desde México, el vecino más cercano de Estados Unidos en América Latina y uno de los que ha ejercido más presión sobre Maduro, hasta Bolivia, que es su aliado, y los países del Mercosur en el sur del continente, se levantaron voces en contra de una salida de ese tipo.
“Ahora sabe el mundo, quienes estaban contra Maduro solo buscaban la intervención militar del imperio”, manifestó el presidente boliviano, Evo Morales, en su cuenta de Twitter.
Perú, el país que más lejos ha llegado en su oposición al presidente venezolano con la expulsión del embajador de ese país, Diego Molero, rechazó “cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, en un comunicado de la Cancillería.
“Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática”, expresó el Gobierno peruano.
En cambio, hubo silencio en lo inmediato desde Panamá, que en 1989 sufrió una invasión estadunidense contra el dictador Manuel Noriega. Esa intervención, que fue la última de Estados Unidos en la región, fue ordenada por el presidente republicano George H. W. Bush.
Trump dijo el viernes: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesaria”. Y así le respondió América Latina:

Perú

“El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, expresó el Ministerio del Exterior. “Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela”.

Mercosur

“El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales”. El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, suspendió hace una semana de forma permanente a Venezuela.

México

Con apego a las normas de derecho internacional y en base a su propia Constitución, México “expresa su rechazo al uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales y afirma que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas”, afirmó el Ministerio del Exterior. Y señaló que “seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que se restaure la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociada”.

Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, leyó un comunicado para condenar la “insólita agresión” de Trump en nombre del país blanco de la amenaza. “La República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más categórica y contundente las declaraciones inamistosas y hostiles del presidente de Estados Unidos”, señaló. Arreaza dijo que esas “temerarias amenazas” pretenden arrastrar a América Latina y al Caribe a un “conflicto que alteraría permanentemente la estabilidad, la paz y la seguridad” de la región.

Bolivia

Evo Morales fue uno de los primeros en reaccionar. “Ahora sabe el mundo, quienes estaban contra Maduro solo buscaban la intervención militar del imperio”, manifestó el presidente boliviano. “Condenamos (el) afán intervencionista armado de EEUU contra Venezuela”, escribió en Twitter.

Chile

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, también usó Twitter para manifestar su oposición a ese tipo de salida. “Reiterando todos los términos de la Declaración de Lima sobre Venezuela, Gobierno (de) Chile rechaza amenaza de una intervención militar en Venezuela”, señaló.

Colombia

En el mismo sentido se pronunció el Ministerio del Exterior colombiano. “Rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”, señaló. “A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo para el pueblo venezolano”.

 

 

EFE

Caracas

Venezuela entró ayer en una nueva carrera electoral que le permita “consolidar la paz”, tras la decisión de la Asamblea Constituyente de adelantar para octubre los comicios regionales, mientras la crisis que sacude al país petrolero persiste y escribió esta misma jornada un nuevo capítulo de confrontación.
Los más de 500 miembros del poder originario venezolano, todos afines al chavismo gobernante, aprobaron de forma unánime convocar las elecciones para escoger gobernadores -que tienen 8 meses vencidas y que habían sido fijadas para el 10 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- para el próximo octubre.
Esta medida obedece a un intento del órgano que reescribirá la Carta Magna y reordenará el Estado caribeño por “consolidar la paz y tranquilidad” que, consideró, reina en el país tras la elección del pasado 30 de julio, cuando se votó la Constituyente que propuso el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Además, las elecciones dejarán “sin espacio ni tiempo”, estimó esta Asamblea, a los “factores antidemocráticos” de la esfera política venezolana, que no podrán repetir “su agenda violenta y criminal de desestabilización”, que de acuerdo con la prédica oficial está impulsada por EE.UU. y es ejecutada por el ala más radical del antichavismo.
En este sentido, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, dijo al momento de votarse la medida que Venezuela responderá “con votos” a las amenazas internas y externas que atentan contra su sistema político, la llamada revolución bolivariana.
El clima electoral se respira en Venezuela desde inicios de semana, cuando se registraron más de 1.200 postulaciones para 23 cargos de gobernadores, según informó ayer el CNE.
El foro plenipotenciario no ordenó esta jornada una fecha precisa para los comicios, en tanto que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, adelantó hoy parte del cronograma electoral, que arrancará mañana y antes del fin de la próxima semana habrá cubierto la ruta con la designación de la posición en boleta de los postulados.
Lucena remarcó que el CNE dará fiel cumplimiento al decreto de adelanto de elecciones que emitió este sábado la plenipotenciaria Constituyente, en el que se habla de elección de gobernadores pero no de los consejos legislativos regionales, plazas que siempre se han escogido en una misma votación.
El órgano electoral, por su parte, fue noticia a mediados de semana cuando la Asamblea Constituyente ratificó en sus cargos a las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Socorro Hernández, a quienes el grueso de la oposición venezolana acusa de actuar a favor del oficialismo. Ayer, el quinto rector del CNE, Luis Emilio Rondón, y quien expresó su rechazo a la elección constituyente y más tarde dijo no poder avalar los resultados, “se subordinó” a este órgano en una visita que hizo a su directiva, dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Aristóbulo Istúriz.
Sin embargo, no se informó si fue o será ratificado en su puesto.
El anuncio del adelanto de los comicios ocurrió durante otro episodio de protestas antigubernamentales y de choques entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes de la oposición.

Las movilizaciones opositoras del día

Entretanto, las dos movilizaciones convocadas ayer por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fueron tímidas en comparación con las orquestadas por esta coalición opositora en los últimos cuatro meses, cuando más de 120 venezolanos murieron por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación social y política.
Las manifestaciones se llevaron a cabo en respaldo a los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky, de los capitalinos municipios de Chacao y El Hatillo, respectivamente, considerados dos bastiones opositores.
Los burgomaestres fueron sentenciados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 15 meses de prisión, y además fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, por su presunta displicencia al momento de evitar barricadas que obstruyeran el libre tránsito en los terrenos que gobiernan durante las protestas contra el Gobierno de Maduro.
Al término de las manifestaciones, un reducido grupo de jóvenes de la llamada “Resistencia” arrojó piedras a los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) que cubrían las protestas, mientras que estos respondieron con perdigones de goma y dispararon al menos una lata de gas lacrimógeno.
Según información preliminar, no se registraron heridos ni detenidos por estos hechos.

 
Una mujer de 32 años murió y otras 19 personas resultaron heridas después de que un coche embistiera a un grupo que se manifestaba contra un acto ultraderechista en Charlottesville, en el estado de Virginia, de acuerdo a la cuenta oficial en Twitter de esa ciudad estadunidense.
El hecho ocurrió después de que la Policía declarara ilegal el acto ultraderechista y ordenara despejar la zona. Tras la embestida, el conductor del coche en cuestión dio marcha atrás y aceleró. No obstante, más tarde fue arrestado y la Policía investiga el caso como homicidio vehicular.
Paralelamente, dos agentes policiales murieron al estrellarse un helicóptero que monitoreaba las protestas. El incidente, que está siendo investigado, ocurrió en una zona boscosa en el condado de Albermale, según publicó en Facebook la Policía de Virginia.
El presidente estadunidense, Donald Trump, expresó sus condolencias a las familias tanto de la mujer fallecida como de las víctimas del incidente con el helicóptero.
Antes de que el coche embistiera a los manifestantes en Charlottesville, ya se habían producido allí enfrentamientos violentos al margen del acto convocado por diversos grupos de ultraderecha, con un saldo de 15 heridos.
El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, y autoridades locales declararon el estado de emergencia por la violencia registrada.
Desde sus vacaciones en Bedminster, Nueva Jersey, Trump condenó la “violencia atroz” y dijo que en Estados Unidos “no hay lugar” para ese tipo de estallidos de violencia.
“Tenemos que unirnos como americanos con amor por nuestra nación y afecto verdadero por los demás”, señaló el mandatario, que prometió un “rápido restablecimiento de la ley y el orden”. “Ningún ciudadano debería tener que preocuparse por su seguridad”, añadió.
El presidente hizo referencia a los recientes logros de su gobierno –la caída en la tasa de desempleo, el regreso de empleos productivos del exterior y las negociaciones sobre tratados de libre comercio–, y añadió: “Están ocurriendo tantas cosas increíbles en nuestro país. Cuando veo Charlottesville, me parece muy, muy triste”.
El acto, que se celebró bajo el lema “Unida la derecha”, se convocó tras una resolución del ayuntamiento de quitar una estatua del general confederado Robert E. Lee, quien lideró a los estados del sur durante la guerra civil estadounidense (1861-1865). Miembros del Klu Klux Klan, de la llamada derecha alternativa (“alt-right”, en inglés) y otros grupos extremistas participaron del acto, según difundieron los medios.
Pese a la condena expresada por Trump, el presidente fue criticado por la prensa, que le cuestionó no haberse manifestado de forma directa en contra del acto de ultraderecha y de la presencia allí de ciertos personajes como David Duke, ex líder del Klu Klux Klan.
No es la primera vez que Trump es criticado en los medios por no distanciarse lo suficiente de grupos de extrema derecha, varios de los cuales celebraron su victoria cuando fue electo presidente.
El gobernador de Virginia, en cambio, fue contundente en su rechazo a los ultraderechistas. “No son bienvenidos”, dijo el demócrata McAuliffe en una conferencia de prensa. “Váyanse a su casa y llévense con ustedes su odio y sus prejuicios. No hay lugar para ustedes aquí, y no hay lugar para ustedes en Estados Unidos”, expresó.
El Klu Klux Klan ya se había manifestado en julio en relación a la estatua de Lee. Recientemente, el ayuntamiento de Charlottesville votó a favor de remover el monumento, con el argumento de que representa uno de los capítulos más oscuros de la historia del país, cuando la esclavitud era legal y el racismo, la norma.
Sin embargo, los defensores de la estatua dicen que quitarla es como arrancar un pedazo de historia, además de que según ellos solo representa a Lee en tanto individuo.

DPA

Washington

El presidente estadunidense, Donald Trump, abrirá una investigación oficial de las prácticas comerciales de China, para lo cual firmará un memorándum el lunes, confirmaron ayer funcionarios del gobierno.
El presidente ya se lo comunicó al presidente chino, Xi Jinping, durante una conversación telefónica mantenida entre ambos la noche del viernes, informaron medios como la CNN citando a un alto funcionario del Gobierno.
Durante su campaña electoral, Trump ya había advertido que si llegaba a la presidencia combatiría las prácticas comerciales “injustas” de China.
Según la prensa, la investigación se centraría sobre todo en la investigación del robo masivo de propiedad intelectual del que se acusa a China. Según el canal NBC News, Estados Unidos calcula que cada año su economía pierde más de 255 mil millones de dólares (190 mil 200 millones de euros) por la falsificación de productos, la piratería de software y el espionaje industrial.
Trump tenía intenciones de encargar la apertura de la investigación hace una semana. Sin embargo, decidió posponerla para no irritar a Pekín ante la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU de fuertes sanciones contra Corea del Norte por su programa atómico y de misiles. China, tradicional aliado y socio comercial de Corea del Norte, votó a favor de las sanciones, aprobadas por unanimidad.
Las nuevas sanciones, impulsadas por Estados Unidos, llevaron a un recrudecimiento de la tensión entre Pyongyang y Washington, con retórica bélica por ambas partes.
Estados Unidos confía en que China presione a Corea del Norte para que esta ponga fin a sus pruebas con misiles de largo alcance. Por eso sorprende que Trump pueda dar a conocer ahora el inicio de una investigación de las prácticas comerciales chinas.
Según un experto citado por NBC News, China podría sentirse traicionada por Estados Unidos después de haber apoyado su iniciativa de sanciones contra Pyongyang. También otros medios apuntan que el inicio de una investigación podría dificultar la cooperación con Pekín en la crisis norcoreana.
Trump, que actualmente se encuentra de vacaciones en su club de golf de Nueva Jersey, anunció que el lunes acudirá a Washington para hacer un “anuncio importante”.

 

Al menos 15 muertos en atentado con bomba en Pakistán

Un atentado con bomba contra un vehículo militar en la ciudad paquistaní de Quetta dejó ayer al menos 15 muertos y más de treinta heridos, informó el Ejército, que considera que se trató de un ataque terrorista.
Por el momento, ningún grupo se atribuyó el ataque.
Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, que limita con Irán y Afganistán, es escenario de ataques terroristas una y otra vez. Hace un año el grupo extremista Jamaat ul Ahrar atacó una clínica con un saldo de más de 70 muertos.

Oposición keniana habla de 100 muertos en violencia tras elecciones

La coalición opositora keniana Super Alianza Nacional (NASA), liderada por Raila Odinga, aseguró ayer que 100 personas inocentes murieron en los episodios violentos desatados tras la reelección del presidente Uhuru Kenyatta, anunciada el viernes.
La oposición no detalló de dónde procede esa cifra pero responsabilizó a la policía “de violaciones de la legislación keniana e internacional de derechos humanos” en su tratamiento de quienes protestaban contra los resultados electorales.
“Este terror estatal se está ejecutando siguiendo una preparación muy meticulosa”, dijo en rueda de prensa James Orengo, miembro de NASA. “Sabían que iban a robar unas elecciones, así que todos los instrumentos estaban preparados”, añadió el representante de la organización opositora, que denunció fraude en los comicios.
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Kenia afirmó que durante las protestas tras el anuncio de los resultados murieron al menos 24 personas, 16 de ellas en Nairobi. Según la presidenta de la Comisión, se determinó que la mayor parte de las víctimas recibieron disparos por parte de la Policía.

Se entrega ex ministro ecuatoriano acusado de corrupción

El ex ministro ecuatoriano de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado a cinco años de cárcel por corrupción, fue internado ayer en una cárcel común de Quito, horas después de llegar de Estados Unidos para entregarse a la Justicia.
“Es un delicuente sentenciado que no recibirá ningún tipo de beneficio”, afirmó la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, tras informar que Pareja Yannuzzelli fue encarcelado tras los chequeos médicos de rigor.
El ex ministro y ex gerente de la estatal Petroecuador fue condenado este año por cohecho derivado de recibir “transferencias indebidas” de dinero a cambio de millonarios contratos para la rehabilitación de una refinería de la localidad de Esmeraldas.
Pareja Yannuzzelli, considerado pieza clave en el escándalo de corrupción que remeció a Petroecuador, se entregó con la mediación del presidente del Parlamento, José Serrano, quien lo acompañó en el vuelo aéreo que llegó a Quito a la última hora del viernes.
El presidente Lenín Moreno aprovechó la entrega para insistir a través de Twitter en que luchará contra la corrupción, “la de antes, la de ahora y la que pudiera venir”. (DPA / Islamabad / Nairobi / Quito).