Vecinos de la comunidad de Arroyo Gente del municipio de Xochistlahuaca en la Costa Chica de Guerrero, impidieron el paso y salida de camiones de volteo que extraen material pétreo del río Santa Catarina desde la mañana de ayer.
Los vecinos de habla ñomndaa protestaron así ante el incumplimiento de la promesa de la alcaldesa priista Aceadeth Rocha Ramírez, de pavimentar la calle principal de la comunidad que tiene unos 500 habitantes.
Por teléfono el presidente del Comité de Defensa del Río Santa Catarina, Bernardino López Miramón informó que desde febrero, luego de que la comunidad de Linda Vista ya no permitió la extracción de grava y arena del río, la alcaldesa solicitó a la comunidad de Arroyo Gente que dejara a una empresa de su familia sacar arena y grava a cambio de pavimentar la calle principal, lo que no sucedió.
Luego del cierre del paso de los camiones los pobladores de las comunidades de Cerro Cajón y Cerro Ceniza cerraron la carretera que comunica a Arroyo Gente con la cabecera municipal.
El presidente del comité de defensa dijo que ambas comunidades son priistas, y que apoyan a la alcaldesa, por eso cerraron la carretera.
Además los pobladores de las dos comunidades desconectaron el tubo de agua que va a Arroyo Gente, pero después de una reunión entre las partes fueron reconectados los tubos, aunque a las 5 de la tarde seguía cerrada la carretera.
López Miramón informó que pese a que los habitantes de Arroyo Gente están en contra que se siga extrayendo material del río, el comisario municipal Delfino Macedonio Bonifacio está a favor de la alcaldesa priista.
Ayer se trató de localizar a la alcaldesa Aceadeth Rocha por teléfono, sin embargo en una de las llamadas que respondió aparentó fallas en la comunicación y colgó.

 

Trabajadores agremiados a la sección 14 del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo que encabeza Domingo Salgado Martínez, acudieron al área de Recursos Humanos para exigir que se respete una minuta de acuerdos y que se incorpore a 59 empleados a la nómina de trabajadores extraordinarios.
A las 12:20 del día unos 50 empleados acudieron a la planta baja del Ayuntamiento capitalino, donde entregaron una lista de 59 que son eventuales a la encargada del área de Recursos Humanos, María Trinidad Aguirre León.
Domingo Salgado informó que hace dos meses se firmó una minuta de acuerdos con el secretario de Finanzas, Héctor Avilés García, donde se comprometió a que esos 59 entrarían a nómina.
El líder sindical explicó que son trabajadores eventuales, de Servicios Públicos, del Rastro Municipal y del mercado a los que sólo se les pagan 680 pesos por semana.
Manifestó que los funcionarios municipales sólo quieren permitir 10 espacios, pero no lo permitirán porque son 59 trabajadores eventuales “de los más marginados”, por lo que es el momento de pedir el cumplimiento de la minuta de acuerdo.
Informó que el próximo lunes los atenderá el secretario de Finanzas municipal para tratar asuntos del ISSSPEG, y de los seguros de vida que aún no se han pagado a los trabajadores.
Dijo que a los trabajadores les pagan 680 pesos semanales, no tienen vacaciones, ni seguro del ISSSTE, “es la clase más baja de trabajadores que tiene el Ayuntamiento”, por eso piden que se reincorporen en la nómina de trabajadores extraordinarios.
Resaltó que “el dinero que reciben los trabajadores es muy bajo lo cual repercute en la economía familiar, motivo por el cual es importante que se aumente el salario”.
Además dijo que este jueves a la directora de Recursos Humanos le entregaron la lista, la revisará y el lunes les dará una respuesta para determinar quiénes entrarán a nómina. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

La Policía Estatal detuvo a seis hombres en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, equipo táctico y dos vehículos con reporte de robo en Petacalco, municipio de La Unión.
Según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, policías estatales en un recorrido por la calle Juan Álvarez de la colonia La Huerta vieron a un costado de dos vehículos Nissan Tsuru a varios hombres que portaban armas largas de fuego, quienes al ver a los agentes intentaron huir.
Tras una persecución a pie detuvieron a los seis hombres que dijeron llamarse César de 38 años quien cuenta con orden de aprehensión vigente, Mariano de 44, Alejandro de 18, Eduardo de 18 y Jaime de 30, todos con domicilio en Petacalco, así como Miguel Ángel de 30 años originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Les decomisaron seis armas largas, una escopeta calibre 12 milímetros, un fusil AR-15, un fusil M4 y tres AK-47, además de nueve cargadores para AK-47 con capacidad para 30 cartuchos cada uno, dos cargadores metálicos para fusil AR-15, 300 cartuchos útiles para AK-47 y 40 calibre .223.
También una placa de la Fiscalía General del Estado-Policía Ministerial, dos chalecos tácticos, una chamarra pixelada verde tipo militar y una placa balística.
Les quitaron a su vez dos vehículos Nissan Tsuru, ambos con reporte de robo, y todo fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de la federación, informa. (Redacción).

 

Habitantes de Mexquitlán, municipio de Copalillo, manifestaron que tienen un conflicto agrario con la comunidad de Papalutla, después de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51 (TUA-51), con sede en Iguala, falló a favor de esta comunidad, despojándolos de un predio que aseguran que les pertenece.
Sostuvieron que sus tierras fueron incorporadas al programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), sin ningún problema.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, comuneros acompañados de su abogada, Eustorgia de Jesús Cabrera, explicaron el conflicto.
El representante del comisariado de Bienes Comunales, Feliciano Pascual Sánchez leyó un comunicado en el que detalló la situación que viven los habitantes de Mexquitlán. Recuerda que en octubre de 1957 solicitaron al entonces Departamento Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, el reconocimiento de sus bienes comunales.
Para ese trámite fueron citados y emplazados los núcleos colindantes, y no hubo conflictos por límites con los poblados vecinos, de acuerdo con las actas levantadas, y con eso reunieron los requisitos que demanda la Ley Agraria.
En 1980 se emitió el dictamen de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales a favor de Mexquitlán, luego de que comprobó estar en posesión de sus terrenos comunales en forma pacífica.
Así, en 1999 sus tierras fueron incorporadas a Procede sin que hubiera problemas con ningún colindante, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Registro Agrario Nacional (RAN) hicieron los trabajos topográficos.
Posteriormente, observaron que vecinos de Papalutla comenzaron a meter a pastar su ganado en sus tierras en los sitios conocidos como Cruz de Techinango, Pericón Chiquito y Loma Larga, lo que generó inconformidad en vecinos de Mexquitlán que les pidieron que sacaran a sus animales, pero no hicieron caso.
Pascual Sánchez detalló que, demandaron a los vecinos ante el Tribunal Unitario Agrario TUA-12, con sede en Chilpancingo, lo que consta en el expediente 485/2005; luego, en 2014 Mexquitlán interpuso otra demanda agraria contra Juan Aquino González, Tomás Rendón Flores, Pablo González Muñoz y Demetrio Rendón Honofre, ante el TUA-51, reclamando la restitución de sus terrenos.
Sin embargo, el magistrado Delfino Ramírez Ramos resolvió en diciembre a favor de los demandados, diciendo que el predio de Techinango está empalmado con la superficie que se tituló a Mexquitlán.
Los comuneros decidieron apelar en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del vigésimo primer Circuito, en Acapulco, para buscar resarcir los derechos de la tierra que les fueron negados.
“Lo cierto es que, los demandados nunca han estado ni están en posesión sobre las tierras de La Cruz de Techinango, Pericón Chiquito y Loma Larga, por el contrario es nuestra comunidad de Mexquitlán es quien ha estado y estamos trabajando en todos nuestros terrenos comunales, sembrando maíz y labrando maguey”, se detalla en un comunicado que entregaron a la prensa.
Feliciano Pascual advitirtió que, “no estamos dispuestos a dejar estas tierras, y le pedimos a la comunidad de Papalutla que ya no siga subiendo su ganado a terrenos que no les corresponden… mientras que ellos sigan subiendo su ganado a ese terreno, nosotros los vamos a seguir bajando, y no nos dejaremos y lo hemos hecho, y estamos a punto de enfrentarnos. Puede correr sangre”. Agregó que están dispuestos al diálogo, pero que respeten sus terrenos.
La abogada de los comuneros dijo que notaron que el magistrado del TUA-51 de Iguala tuvo mucho que ver para emitir esta resolución, y preguntó cómo es posible que el Tribunal resuelva diciendo que la propiedad de Techinango es de Papalutla, cuando en su momento se dio la resolución presidencial.

 

 

Este jueves se difirió la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Unitario Agrario 52 con sede en Zihuatanejo, entre la mesa directiva del ejido Las Minitas, del municipio de Coahuayutla, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la afectación a las tierras por la inundación provocada por la presa El Infiernillo desde 1963, porque la paraestatal busca llegar a una negociación con los campesinos y terminar con este conflicto.
Los 80 campesinos que conforman el ejido Las Minitas mantienen un juicio desde hace más de 15 años contra la CFE, del cual ya hay un fallo a su favor emitido por el Tribunal Superior Agrario, sin embargo, los abogados de la paraestatal se habían venido valiendo de recursos legales para no pagar la indemnización que les corresponde.
Aunque el fallo del juicio está a favor de los ejidatarios de Las Minitas, los abogados de la CFE apelaron ese fallo y además recurrieron a un amparo, el cual no les fue concedido, sin embargo, presentaron un recurso de queja y eso era lo que tenía detenido el juicio en el tribunal de Zihuatanejo.
En febrero de este año, los ejidatarios tuvieron que recurrir al Juzgado de Distrito con sede en Acapulco, para que les entregaran el expediente de su caso el 221/2011 y poder continuar con el juicio.
En junio pasado, se llevó a cabo una audiencia en la que los abogados de la CFE presentarían su escrito de queja contra la resolución a favor de los ejidatarios de Las Minitas pero no se presentaron, por lo que el TUA 52 impuso una multa correspondiente a 10 salarios mínimos por no presentarse a comparecer.
Este jueves, la audiencia entre las autoridades ejidales de Las Minitas y los representantes legales de la CFE fue diferida a una nueva fecha, ya que los abogados de la paraestatal plantearon que pretenden llegar a un arreglo conciliatorio con los campesinos, quienes en breve harán llegar a la CFE la cantidad económica de indemnización que están exigiendo por la afectación que sufrieron desde hace 54 años.
El presidente del comisariado ejidal, Catalino España Bustos, dijo que “los abogados de la CFE saben y reconocen que tienen el juicio perdido, por eso es que quieren llegar a una negociación con nosotros, les vamos a presentar nuestra propuesta, cuánto es lo que nosotros estamos pidiendo de acuerdo con el avalúo que han hecho los peritos y con base en eso vamos a negociar; nosotros hemos esperado más de 54 años para que la CFE reconozca que nos dañó nuestras tierras, se han muerto 30 ejidatarios que se fueron con la esperanza de ver la indemnización y no pudieron”.
“Para nosotros como campesinos es una esperanza saber que la Comisión ahora ya está en plan de querer llegar a un acuerdo con nosotros después de tantos años, vamos a esperar a ver qué nos responden a la propuesta que les vamos a hacer y ojalá que ya pronto podamos decir que al fin se nos hizo justicia luego de tantos años de lucha”.

 

Ayer en la celebración de los 25 años del Registro Agrario Nacional (RAN), su delegado Bertín Cabañas López informó que continúan 14 conflictos agrarios en diferentes regiones del estado, y que los problemas principales son por la colindancia.
Bertín Cabaña señaló que en el estado hay mil 254 núcleos agrarios y a la fecha han certificado mil 204, pero se espera que este año se termine de certificar.
En la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac de esta ciudad se entregaron carpetas básicas, actas de reconocimiento de nuevas autoridades, títulos de propiedad y certificados agrarios.
El subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel dijo que es importante contar con esos documentos.
Manifestó que el hecho de recibir las actas de elección se acredita ante cualquier instancia, tribunal o persona que son los representantes del núcleo agrario de donde pertenecen.
“Papelito habla porque no es lo mismo contar con una parcela sin documentos a tenerla con un certificado parcelario, los documentos dan certeza jurídica y la seguridad en la tierra”, expuso.
Consultado al finalizar la actividad, Cabañas López informó que tradicionalmente hay audiencias públicas los jueves porque muchas personas tienen problemas pero no saben qué trámite hacer para solucionarlos.
El delegado informó que continúan 14 conflictos agrarios en diferentes regiones del estado, y los problemas principales son por la colindancia.
Mencionó el de San Agustín Oapan, Tlacoapa y San Miguel Tecuiciapan, donde el principal problema es por colindancias, “antes se daban las reparticiones de la tierra para allá y nada por escrito”
Precisó que el RAN sólo participa en esos problemas como apoyo técnico cuando hay algún conflicto, en la ubicación de mojoneras o de la revisión de una sentencia.
Agregó que actualmente hay equipos especiales satelitales, los cuales no dejan duda de las mediciones, son más precisas.
Acudieron la diputada priista María Luisa Vargas, el delegado de la Procuraduría Agraria Ezequiel Zúñiga Galeana, y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Armenta Tello. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

En un choque automovilístico en la autopista Iguala-Cuernavaca antes de llegar a la caseta de peaje de esta ciudad, una mujer, su hijo de 17 años y otro hombre resultaron lesionados.
En hechos distintos en la carretera estatal en Huitzuco una camioneta de carga de la empresa Bimbo se accidentó y su chofer resultó lesionado.
Minutos antes de las 10 de la mañana de ayer, automovilistas reportaron al 911 que cerca de la caseta de peaje de Iguala había ocurrido un accidente por alcance entre dos vehículos particulares, un auto compacto Volkswagen Jetta blanco impactó por atrás a una camioneta tipo Van.
Las fuentes consultadas informaron que de la camioneta el chofer resultó con lesiones al igual que los dos ocupantes del auto compacto, una mujer de 54 años y su hijo de 17, todos fueron trasladados a un hospital de esta ciudad donde fueron reportados fuera de peligro. Los dos vehículos fueron asegurados por la Policía Federal.
En Huitzuco y también a consecuencia de la lluvia de ayer un vendedor de la empresa Bimbo se accidentó en la carretera estatal, resultando el chofer con lesiones leves.
El accidente ocurrió a las 12 del día y de acuerdo con reportes de agentes de Tránsito estatal, la causa del percance fue el exceso de velocidad y la lluvia.
En el lugar se dio atención al conductor, Uriel de 37 años, y después la camioneta de carga fue remolcada a un corralón. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

El grupo de comuneros que se opone al reconocimiento del comisariado del núcleo agrario de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, acusó al presidente priista, Saúl Apreza Patrón, y al residente de la Procuraduría Agraria, Salvador Orduño Flores, de incitar el conflicto al apoyar con sus acciones al grupo contrario.
Vía telefónica, el comunero Marcelino Bello García dijo que el grupo de quien “usurpa” el cargo de presidente del comisariado, Obdulio Casimiro Vázquez, “ahora anda casa por casa pidiendo nombres y firmas para denunciarnos”.
Informó que esa acción es porque el pasado domingo, Casimiro Vázquez llamó a una asamblea para informar sobre su plan de trabajo en la comisaría, rompiendo el acuerdo de que durante tres meses no harían ningún movimiento, en tanto no se solucionen los desacuerdos en la asamblea en que se elegiría al presidente del comisariado; pero no los dejaron participar, por lo que no reconocen los resultados de una “asamblea amañada”.
El pasado domingo llegaron a la asamblea no sólo los 80 comuneros reconocidos en el padrón, sino los cientos que son de hecho y de derecho, y que no quieren reconocer, cuando el acuerdo interno entre los dos grupos fue que cada uno inscribía a 40, y luego éstos harían los trámites para agregar a más de 3 mil que pertenecen al núcleo comunal.
Al no llegar a un acuerdo, los comuneros inconformes cerraron las oficinas, porque no se respetó la tregua, y porque el titular de la Procuraduría Agraria en el estado, Ezequiel Zúñiga Galeana no cumplió con acudir al poblado para atender las inconformidades, pues el reclamo es que no dejaron votar a todos.
Bello García lamentó que la Procuraduría Agraria le brinde asesoría al otro grupo, alentándolo a creer que tiene la razón y que puede hacer denuncias, además de que con su apoyo “ya llevan dos trienios” quedándose con la titularidad de los bienes comunales, con artimañas.
“Desde ahí se sienten grandes y quieren desconocer a muchos que tienen documentos de los años 70 u 80, y eso no es válido, además de que expiden documentos sobre otros (terrenos) que ya tienen dueños”.
Responsabilizó a Orduño Flores de lo que pase en el núcleo comunal, porque avala que se desconozcan documentos sin respetar la Ley Agraria, el reglamento interno y los usos y costumbres, y a Apreza Patrón porque permite que sus trabajadores acudan a generar problemas a las comunidades, y un trabajador de la secretaría general, Rogelio Hernández de Aquino, lleve despensas y recursos para seguir teniendo de su lado a la población.
Cuestiona que el grupo de Casimiro Vázquez no quiera reconocer a más de 3 mil comuneros, y pida casa por casa firmas para acusarlos del cierre de las oficinas.
Además, ahora también apoyan el cierre de calles, porque permitieron que se pusiera una reja en el barrio de Santiago, cierre en el que participa Juan Sánchez Menor, y todo eso con la anuencia del presidente priista. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) depositó 12 cuerpos no identificados en el Panteón Estatal en Chilpancingo.
En un escueto boletín de prensa, la FGE informó que 12 cuerpos no identificados fueron trasladados del Servicio Médico Forense (Semefo) al Panteón Estatal, “bajo los protocolos homologados de necropsia”, para su depósito, resguardo y posible identificación de familiares.
Los cuerpos “cumplen con los requisitos jurídicos, técnicos y científicos para su inhumación. Lo anterior mediante los análisis forenses con énfasis en su identificación”.
Resaltó que “cada cuerpo se deposita en una gaveta individual, garantizando la conservación de los mismos, como lo establecen los protocoles para identificación forense, ya que al efecto cada cuerpo es embalado en bolsas especiales que cuentan con los estándares internacionales”.
Sin embargo, no se precisó si se trató de hombres o mujeres, ni el tiempo que llevaban en el Semefo sin ser reconocidos. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Ejidatarios de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que les pague la indemnización que desde hace cuatro años acordaron 19 propietarios de unas 14 hectáreas y media de tierras afectados con la construcción de la Autopista del Sol.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, ejidatarios afectados de Tierra Colorada, y en representación del comisariado ejidal del lugar, Pedro Carrera Robles, explicaron la situación actual del conflicto agrario que mantienen desde 1990.
Carrera Robles dijo que el comisariado apoya incondicionalmente al grupo de ejidatarios afectados por las obras en la Autopista del Sol, y que los ha orillado a hacer diversos trámites para que las autoridades los indemnicen.
Detalló que la construcción de la Autopista del Sol y su funcionamiento han producido daños en sus parcelas, donde se depositaron escombros, piedras, se construyeron caminos de accesos, muros y bases de concreto, que no les permiten sembrar.
Además, hay desagües en barrancos de algunas parcelas y rellenos en otras, que les han secado árboles de mangos, ciruelos y limones, así como árboles forestales.
Desde 2013, los afectados solicitaron a la SCT el pago de los daños en las parcelas, y también solicitaron la intervención de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, para mediar entre las partes.
El representante del comisariado abundó que, el 29 de noviembre firmaron una minuta de acuerdos en la que la SCT acepta conciliar el conflicto; se les pagaría a 120 pesos el metro cuadrado, y la Secretaría buscaría la fuente de financiamiento ante el gobierno del estado o el federal.
Posteriormente les dijeron que se hicieron acuerdos autorizados entre el gobierno del estado y la SCT para generar un crédito, que el estado otorgaría un préstamo a la dependencia federal para pagarles, por lo que sólo esperarían a que la Secretaría de Finanzas estatal liberara el dinero.
La SCT les aseguró que a más tardar el 30 de abril de 2014 tendría el dinero para pagarles, lo cual no ocurrió.
Ante estos incumplimientos, ayer los ejidatarios dieron un plazo de ocho días a la dependencia federal para que les pague los daños a sus parcelas, y manifestaron que de no cumplirse, junto con la población de Tierra Colorada, con la solidaridad de las localidades de Pagayo y Palo Gordo, del mismo municipio, tomarán de manera definitiva la Autopista del Sol.
“Nos están obligando, nos están orillando a otras acciones, como cerrar la Autopista (del Sol), hacer bloqueos; no queremos que se altere la paz social en esa comunidad… queremos que sepa el gobierno del estado, que sepan los directivos de la Secretaría de Comunicaciones, que ya es hasta aquí”, advirtió Pedro Carrera.
Además, urgió al titular de la SCT, Rigoberto Villegas Montoya, a que tome cartas en el asunto, porque no es posible que tenga el dinero y no se los quiera entregar. (Beatriz García / Chilpancingo).