
La Asamblea Constituyente de Venezuela destituyó ayer a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, crítica del Gobierno, al tiempo que ordenó la reestructuración del Ministerio Público y juramentó en el cargo al abogado Tarek Willian Saab, declarado simpatizante del chavismo.
Tras ser destituida, Ortega Díaz denunció un “golpe” contra la Constitución y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicando que debe “alarmar a la comunidad internacional”.
La reacción no se hizo esperar y los cancilleres del Mercosur reunidos en Sao Paulo suspendieron de forma permanente a Venezuela como parte del bloque, al considerar que el Estado rompió “el orden democrático” tras la instalación de la Constituyente.
Los representes de los cuatros países fundadores del Mercosur –Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay–, decidieron aplicar así la cláusula democrática, que determina la suspensión permanente de un país miembro cuando se considera que éste ha roto el orden democrático.
La presidenta de la Constituyente, la ex canciller Delcy Rodríguez, replicó con una declaración del órgano en la que rechazó la suspensión de Venezuela del bloque sudamericano.
“Esta Asamblea rechaza la suspensión de Venezuela del Mercosur, basada en falsos supuestos que intentan convertir a Mercosur en un órgano de persecución política e ideológico contra Venezuela”, dijo.
Poco antes, el recién estrenado canciller venezolano, Jorge Arreaza, leyó un comunicado en el que rechazó la “ilegal” suspensión de su país.
Arreaza manifestó que su país “protesta y rechaza enérgicamente” la declaración que oficializó la suspensión venezolana, “mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre compromisos democráticos del Mercosur”.
Asimismo, culpó a la “nueva triple alianza” compuesta por los Gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay por la suspensión de Venezuela, aunque la misma también fue apoyada por Uruguay, el otro miembro fundador del bloque.
La aplicación del Protocolo de Ushuaia “se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos”, señaló Arreaza.
Ortega Díaz rechazó su separación del cargo por considerarla que fue realizada de manera “ilegítima” por el TSJ y la “ilegal” Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo.
“Hoy denuncio que el TSJ y la ilegal Constituyente presidencial, pasando por encima de la Constitución y las leyes, decidieron removerme de mi cargo de fiscal general de la república para que no siga defendiendo los derechos del pueblo”, señaló en un comunicado.
La ahora ex fiscal denunció que “en Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución, promovido por el TSJ y el Ejecutivo”, por lo que advirtió que desconocerá las decisiones emanadas tanto del máximo tribunal como de la Constituyente.
Ortega Díaz fue reemplazada inmediatamente en el cargo por Saab, abogado que juró el cargo en la tarde y acusó a su antecesora de permitir la impunidad en las protestas contra el Gobierno, que después de cuatro meses han dejado más de un centenar de muertos.
El nuevo fiscal, un abierto simpatizante del gobierno que se desempeñó como defensor del pueblo desde 2014, asumirá la conducción del Ministerio Público dentro de la reestructuración decretada por la Constituyente.
“Venezuela no será Panamá, no será Guatemala, no será el Chile de Pinochet, de países que fueron intervenidos militarmente. Venezuela será siempre la cuna de libertadores, que salió a liberar pueblos. Saldrá al frente con la verdad y la justicia. Tendrá paz con decoro, con dignidad”, señaló Saab luego de ser juramentado por Delcy Rodríguez.
Saab dijo que Venezuela inicia una nueva etapa con la Constituyente al frente, la cual enfrentará las “amenazas de imperios, así haya sanciones contra nosotros”.
Además, afirmó que la “inacción” del Ministerio Público permitió que la cifra de muertos en las protestas llegara a 121 después de cuatro meses, al tiempo que criticó que en las manifestaciones opositoras se perpetraran “crímenes de odio”.
El nuevo fiscal justificó la medida de la Asamblea Nacional Constituyente porque, aseguró, permitirá “restituir” el orden jurídico en la nación petrolera.
En el recinto donde sesiona la Constituyente retumbó poco antes el grito de “traidora”, pronunciado por los asambleístas contra Ortega Díaz, quien provenía de las filas del chavismo.
La ex fiscal, quien fue objeto de un procedimiento por parte del TSJ, denunció en la mañana una operación de asedio con militares que ocuparon posiciones en los alrededores de su despacho, en el centro de Caracas, impidiendo su paso y el de otras personas.
El viernes, Maduro llamó a la Constituyente a considerar medidas contra la fiscal para acabar con la “impunidad” en el país. Ortega Díaz es “cómplice” de la “insurgencia armada” que enfrenta su Gobierno con las protestas opositoras, expresó.
La oposición venezolana denuncia el secuestro de las instituciones y rechaza al nuevo Fiscal
La oposición venezolana denunció ayer que el chavismo gobernante secuestró las instituciones del país, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera esta misma jornada a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y designara a Tarek William Saab, a quien los opositores no reconocerán.
“Lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un partido político (…). Nosotros rechazamos y desconocemos el nombramiento que se ha hecho hoy”, dijo a periodistas el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges. Ortega Díaz fue removida luego de que el TSJ decidiera suspenderla “para su enjuiciamiento por la presunta comisión de faltas graves” en el ejercicio de su cargo.
“Lo que hoy se hizo, lo desconocemos, es absolutamente ilegal (…), se equivoca el gobierno si cree que atropellando a los venezolanos va a doblegar a este país”, insistió por su parte Borges.
Asimismo, pidió a los partidarios de la oposición “resistir con dignidad” ante las primeras decisiones de esta Asamblea, e hizo un llamado a mantener las protestas que han sacudido al país los últimos 4 meses, y que se saldan con al menos 121 fallecidos tras desatarse hechos violentos en algunas de estas manifestaciones.
“Hay que continuar en la calle”, señaló sin ofrecer detalles de nuevas movilizaciones.
Estados Unidos, la Unión Europea y otra docena de países latinoamericanos también han señalado que desconocen a la Constituyente y las decisiones que de ella emanen.
La suspensión cesará cuando se restablezca el orden democrático, matiza Mercosur
Los representantes de los cuatros países fundadores del Mercosur –Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay–, decidieron aplicar la cláusula democrática que determina la suspensión permanente de un país miembro cuando se considera que éste ha roto el orden democrático.
La suspensión del país caribeño se debió porque no fueron “registradas medidas eficaces y oportunas para la restauración del orden democrático por parte de la República Bolivariana de Venezuela”, indicaron los cancilleres en un comunicado.
Sin embargo, puntualizaron que “la suspensión cesará cuando se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela”.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes; de Argentina, Jorge Faurie; de Paraguay, Eladio Loizaga y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, se reunieron ayer en la ciudad brasileña de Sao Paulo para hablar sobre Venezuela.
La declaración conjunta remarcó que “los Estados parte del Mercosur se comprometen a trabajar a favor del restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada y duradera para el bienestar y desarrollo del pueblo venezolano”.
En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el canciller brasileño negó que la suspensión se traduzca en la interrupción de los acuerdos económicos y migratorios que el bloque mantiene con Venezuela. Nunes dijo que el país vive “una gravísima crisis económica, social y humanitaria”.
Además recordó que el Mercosur agotó las instancias para que el gobierno venezolano retomara el diálogo con la oposición. “Es preciso que el diálogo se dé de buena fe, con el objetivo de llegar a una buena solución, de llegar a un Gobierno de transición para el restablecimiento de la democracia”, declaró.
Por su parte, el canciller uruguayo Nin Novoa destacó que la medida “no fue tomada con alegría” y sí en “favor del pueblo venezolano”, mientras que su par paraguayo Loizaga recordó que Venezuela nunca “adhirió al protocolo de derechos humanos” del Mercosur.
Por último, el canciller argentino Faurie declaró que “sin democracia no se es parte del Mercosur”.
La medida adoptada ayer refuerza las sanciones que pesaban contra Venezuela, que había sido suspendida temporalmente del bloque en diciembre, también acusada de no respetar el orden democrático.