
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, amaneció ayer aún más presionado internacionalmente tras el traslado a una prisión militar del líder opositor Leopoldo López y del alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, a quienes les fue revocado el arresto domiciliario la madrugada de ayer.
López pasó más de tres años en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, tras ser condenado a casi 14 años por la violencia desatada tras una marcha antigubernamental en 2014.
Sus abogados denunciaron que fue torturado en varias ocasiones antes de que el 8 de julio fuera trasladado a su casa para seguir cumpliendo condena allí.
Ledezma, por su parte, fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir y tras dos meses en Ramo Verde pasó a arresto domiciliario por razones de salud.
Un vídeo grabado por las cámaras de seguridad poco después de la medianoche del lunes y difundido por la Lilian Tintori, esposa de López, muestra cómo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo sacan de su casa y lo meten en un automóvil aparcado en la calle desierta.
Fuentes cercanas a los dos opositores y sus partidos políticos denunciaron la arbitrariedad de las detenciones e informaron de que se les ha recluido de nuevo en Ramo Verde.
La única explicación dada hasta ahora por las autoridades viene del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): “Se recibieron por fuentes de inteligencia oficial información que daba cuenta de un plan de fuga”.
Desde su traslado a su domicilio en el que permaneció menos de un mes, López ha llamado a sus seguidores en vídeos y declaraciones escritas a seguir la lucha en la calle hasta que caiga el gobierno de Maduro, al que tacha de “dictadura”.
Por su parte, Ledezma había transmitido algo parecido en un mensaje grabado desde su domicilio y publicado apenas cuatro horas antes de que el Sebin irrumpiera en su vivienda. El alcalde metropolitano de Caracas decía asumir el riesgo de volver a ser detenido por hablarle a la nación.
Ya de vuelta en Ramo Verde, fue difundido otro vídeo que López dejó preparado en caso de que le volvieran a encerrar en una celda donde anuncia asimismo el tercer embarazo de su esposa Tintori, que se marchó del país la semana pasada antes de la elección de la Asamblea Constituyente el domingo pasado, donde las protestas dejaron 10 muertos, elevando a 121 los fallecidos, casi 2 mil heridos y más de 5 mil detenidos, en cuatro meses de una oleada de protestas en el país sudamericano.
Por su parte, el abogado venezolano Omar Estacio, defensor del alcalde Ledezma, consideró ayer al dirigente opositor como un “desaparecido” al no poder corroborar su presencia, aseguró en una entrevista concedida al canal argentino Todo Noticias.
La mujer del alcalde de Caracas, Mitzy Capriles calificó de “secuestro” la detención de Ledezma, aseguró que se produjo sin orden judicial y la atribuyó a un mensaje difundido horas antes por el opositor en las redes sociales llamando a seguir la lucha contra el gobierno de Maduro.
En tanto, la Asociación de Alcaldes por Venezuela denunció ayer la “persecución y el amedrentamiento continuo” al que se somete a quienes dirigen ayuntamientos y provienen de las filas opositoras, en un comunicado en el que denunció la detención “arbitraria” la madrugada del martes del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Por otro lado, tres diputados chavistas abandonaron ayer la bancada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y crearon su propio grupo en el Parlamento de mayoría opositora, al que no acuden los legisladores oficialistas por considerarlo “en desacato”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó ayer a Maduro, de “la salud y la seguridad” de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, a los que consideró “presos políticos retenidos ilegalmente por el régimen”.
Los gobiernos de Brasil, Paraguay, México, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Colombia y Costa Rica así como la Unión Europea y las Naciones Unidas condenaron esta vuelta a la cárcel. España ha anunciado que propondrá a sus socios comunitarios “medidas adicionales restrictivas” a Venezuela, contra cuyos dirigentes ya ha dictado Washington sanciones en los últimos días.
Por su parte, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, confirmó ayer que otros dos magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional (Congreso) como miembros del TSJ de Venezuela ingresaron a la embajada chilena en Caracas “en busca de protección”.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que la administración estudia qué opciones políticas hay para crear las condiciones en las que Maduro decida irse.
Estados Unidos ha estado trabajando en el marco multilateral, sobre todo a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la búsqueda de una solución para la situación venezolana, pero también ha actuado por su cuenta, imponiendo sanciones individuales a 13 altos funcionarios del gobierno y las instituciones venezolanas. Con Maduro llegó a la cúpula y pronto podría cambiar de estrategia.
EU quiere “seguir dialogando” con Maduro pese a considerarlo un dictador
Estados Unidos cree que en Venezuela hay una dictadura, pero sigue considerando legítimo al gobierno de Maduro y no se plantearía reconocer a un posible Ejecutivo paralelo formado por la oposición, dijo ayer el encargado de Suramérica en el Departamento de Estado, Michael Fitzpatrick.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que con los encarcelamientos el gobierno de Maduro busca “callar y someter a todo un pueblo”.
Rector del Consejo Electoral no avala la “veracidad” de comicios de la Constituyente
Luis Emilio Rondón, el único de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que es crítico con el chavismo, dijo ayer que no avala la “veracidad” de los resultados de los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, porque el proceso “no contó con todos los controles”.
La razón por la que no puede “avalar la consistencia o veracidad” de los mismos se debe a las irregularidades que atentaron “contra la credibilidad del proceso”.