El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán dijo que tras un cruce de nóminas se detectó a mil 500 trabajadores irregulares en la institución, de los cuales 80 ya habían fallecido, pero permanecían en los registros.
De acuerdo con Saldaña Almazán, la mayoría de los casos era de trabajadores que contaban con hasta tres tiempos completos en la UAG y otras dependencias e instituciones educativas, pero “desde que entré yo, hemos ido saneando la institución, gradualmente”.
En declaraciones en la Rectoría, luego de la entrega del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Saldaña Almazán detalló que los 80 trabajadores fallecidos estaban dentro de la nómina y, aunque nadie cobraba su salario, esta irregularidad impedía que sus familiares pudieran acceder a los apoyos del ISSSTE.
De los trabajadores que tenían más de un tiempo completo, dijo que esto significa que había una incompatibilidad de horarios, “teníamos mil 500 casos, ahorita son casi 800, pero se está buscando compactar, sobre todo en el área de la salud, donde sí puede un médico dar clases y trabajar en otra institución, estamos compactando, y eso nos ha generado un ahorro de 5 millones de pesos al año, en nómina”.
Dijo que algunos de los trabajadores irregulares dejaron la UAG, entre ellos el director de la escuela de Antropología y dos maestros del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES); expresó que quien no trabaja no tiene derecho a cobrar y que la situación se saneó sin afectar los derechos laborales.
Informó que nombró al ex jefe del departamento de seguridad social, Romualdo Hernández Alvinez, como jefe de personal de toda la UAG, y que afortunadamente los funcionarios tienen disposición de sanear las irregularidades, además de que firmaron un código de ética y una carta compromiso, para evitar que incurran en faltas.

Hay avance en dos de los 20 crímenes contra universitarios, dice

Sobre el avance en la investigación de los asesinatos de universitarios, que según Saldaña Almazán suman 20 de septiembre de 2016 a mayo de este año, el rector dijo que dialogó con el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, y que hay dos detenidos del caso del ataque a la pastelería Charlotte en Acapulco, donde murió una estudiante de Enfermería, y de los ataques en la colonia CNOP en Chilpancingo, donde murieron una alumna de la escuela de Ciencias de la Educación y un estudiante de la Preparatoria 33.
Dijo que en el caso de la integrante del STAUAG, Jeany Rosado Peña, quien fue asesinada en enero pasado junto con su hijo de 13 años y su ex marido, en la capital, “al parecer”, los responsables del crimen “eran de fuera” y no hay ningún avance en la investigación, aunque aseguró que está en comunicación constante con la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que se resuelvan todos los casos.
Respecto de la denuncia del estudiante de la Facultad de Medicina, Alejandro Román Rodríguez, contra el director, Bulfrano Pérez Elizalde, quien le niega su derecho a titularse y la Administración Central no ha intervenido para solucionar la situación, Saldaña Almazán expresó que le molesta que los funcionarios afecten a los alumnos, por lo que resolverá la situación.
“A nadie se le puede retener el proceso de titulación”, expresó y dijo que se reunirá con Román Rodríguez para atender su caso, de manera que se resuelva cuanto antes.

Los integrantes del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Silvia Alemán Mundo, Salvador Catalán Barrera, Olga Delia Vivar Flores, Lucina Corro García, José Manuel Nájera Sandoval y Alejandro Millán Vega, se declararon contra la aplicación del Impuesto Sobre Renta (ISR) a las prestaciones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Catalán Barrera dijo que el uso discrecional de recursos es una práctica que ocurre en la Universidad porque así lo permitieron los rectores de administraciones pasadas, por lo que el colectivo considera que si se aplica el ISR, los recursos podrían ser desviados a cuentas de funcionarios, como ocurrió con becas y otros beneficios, según dio a conocer el rector Javier Saldaña Almazán.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Alemán Mundo dijo que en el 2005, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y la Administración Central firmaron un convenio en el que se acordó que el ISR no se aplicaría a las prestaciones de los maestros, y exigió que este acuerdo se respete.
Catalán Barrera dijo que el colectivo ha solicitado de manera recurrente que se apliquen auditorías a la UAG para determinar todas las irregularidad que ocurrieron en la primera administración de Saldaña Almazán, pero la Administración Central invita a los auditores que le benefician, y así evita corregir los malos manejos.
El colectivo llamó al STAUAG a que “asuma su papel” y defienda los derechos de los trabajadores, en lugar de sumarse a la postura de la Administración Central de que se tiene que aplicar el ISR.
De acuerdo con Catalán Barrera, el STAUAG organiza talleres y conferencias para promover la aplicación del ISR, lo cual “no es correcto”.
Además, el colectivo expresó que si se aplica el ISR se degradarán los salarios de los trabajadores de la UAG, por lo que pidió que se integre una comisión formada por el STAUAG, la Administración Central y el propio colectivo, para dialogar con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, de manera que el mandatario estatal interceda para evitar que se cobre el impuesto.
Según una de las integrantes del colectivo, en la revisión salarial de este año a los agremiados del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se les concedió un aumento salarial del 7 y 8 por ciento, mientras que los agremiados al STAUAG recibieron el 3.8 por ciento, y “es injusto” que se pretenda aplicar el ISR.
Por último, el colectivo anunció que hoy protestará en las instalaciones del STAUAG en la capital, para exigir el respaldo del Comité Ejecutivo Estatal.

Trabajadores del área de Nómina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) pararon labores y cerraron su oficina ubicada dentro de las instalaciones de la Rectoría, en la colonia Servidor Agrario, para exigir la destitución del jefe del área, Eustoquio Merino López, a quien acusan de poner en riesgo su certificación de calidad.
Desde las 9 de la mañana, los trabajadores del turno matutino del área de Nómina pararon labores y cerraron su oficina.
El trabajador Valente Vargas Cabañas dijo que Merino López no lleva una buena relación con los empleados, “cuando llegó aquí no teníamos problemas, pero de repente empezaron las confrontaciones con los compañeros, a cada uno lo fue llamando diciendo que él es el jefe y que tenemos que consultarlo para todo”.
Vargas Cabañas dijo que lleva 38 años trabajando en el área de Nómina de la UAG y “nunca habíamos tenido problemas con ningún jefe”; relató que Merino López retrasó la impresión de la nómina en varias ocasiones lo que también atrasó los pagos a los trabajadores.
“Tenemos un calendario, pero el señor (Merino López) no lo respeta, eso le vino a dar en la torre a la certificación (de calidad), aunque no se ha perdido”, expresó.
Recordó que una trabajadora del área, que pertenece al Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), fue nombrada como delegada para participar en el congreso que se llevó a cabo en Acapulco en diciembre pasado y pidió el permiso para faltar, de acuerdo con sus derechos laborales, pero Merino López se negó a reconocer el permiso y “le llamó fuertemente la atención”.
Señaló que los trabajadores hablaron con el secretario general, José Alfredo Romero Olea, cuando fungió como rector interino, y les pidió que esperaran a que concluyeran los procesos de cambios en la Universidad; Merino López no fue ratificado como jefe del área de Nómina, pero tampoco se ha nombrado a un nuevo encargado.
Una comisión de los trabajadores se reunió con el rector, Javier Saldaña, quien, según Vargas Cabañas, les pidió 24 horas para resolver la situación, y los inconformes esperan que hoy se nombre a un nuevo jefe del área. Tras el acuerdo, los trabajadores abrieron su oficina y regresaron a sus actividades alrededor de la 1:30 de la tarde.

El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Bufrano Pérez Elizalde, dijo que el estudiante Alejandro Román Rodríguez no ha hecho los trámites para titularse, que le falta la liberación del servicio social y otros requisitos.
Este martes, en conferencia de prensa en Chilpancingo, el estudiante Alejandro Román Rodríguez acusó al director de negarle desde hace dos años su derecho a titularse.
Sin embargo, en declaraciones telefónicas, el director Bulfrano Pérez rechazó esas acusaciones y precisó que el estudiante “no ha hecho los trámites correspondientes”. Comentó que sabe del estudiante porque en 2015 el padre de Román Rodríguez fue asesinado en Acapulco, lo que obligó al estudiante a salir del estado.
El director dijo que aunque el Román Rodríguez señaló que lo liberaron del servicio social, en la escuela no hay registro de que lo haya hecho, y “no hace sus trámites en relación a la titulación”.
Precisó que ese trámite se hace ante la Administración Escolar de la UAG, no en la Facultad de Medicina, y que tiene que hacer sus trámites de titulación de acuerdo con la vía que elija para titularse.
Indicó que la escuela solamente valida, y “él no ha hecho ningún trámite”, y subrayó que no hay ninguna postura de animadversión personal contra el alumno, que sencillamente no se tiene registro de que haya concluido su servicio social y tampoco una petición formal del estudiante, que “nos diga que concluyó el servicio social y que nos entregue el informe que normalmente entregan todos los médicos pasantes, que son los informes médicos narrativos trimestrales y su carta de liberación por parte de la institución donde hizo el servicio social, y tampoco nos ha entregado la liberación que dice que le dio la Universidad”.
Precisó que una vez que el estudiante documente que hizo el servicio social, “tiene que proceder a sus trámites de titulación, pero no ha hecho ninguna solicitud a la escuela sobre su titulación”.

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El alcalde Evodio Velázquez Aguirre visitó, dos días después de las lluvias, el fraccionamiento Libertadores, donde el cauce pluvial que circula en medio de la colonia se desbordó y afectó unas 50 viviendas.
El alcalde visitó los Centros de Atención Múltiple y caminó por algunas de las calles afectadas, donde escuchó peticiones de los vecinos.
Asimismo supervisó los trabajos de limpieza del cauce pluvial de Playa Seca y un arroyo que lo alimenta, el cual se desbordó y afectó a las casas cercanas. Allí los vecinos contaron que después de la medianoche el agua comenzó a meterse a sus casas.
Ayer lo que se observó fue lodo acumulado en las calles Del Canal y Polígono D1, en el andador Calixto García y en la calle Emilio Rodríguez Núñez. En algunos tramos el lodo ya está seco y es levantado por los vehículos que circulan por la zona, lo que ocasiona nubes de polvo de manera constante.
En la calle Emilio Rodríguez Núñez hay una gruesa capa de lodo que no se ha secado y se pega en las suelas de los zapatos, y las marcas en las paredes indican que el agua alcanzó hasta medio metro de altura.
El alcalde caminó por las calles y supervisó la limpieza que trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, de la Coordinación de Protección Civil y soldados hacían en la zona.
La cuadrilla de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, integrada por unos 50 trabajadores, se encargó de la limpieza del canal de Playa Seca, mientras que los de la Coordinación de Protección Civil y los soldados hicieron lo mismo en los tres Centros de Atención Múltiple que dan educación primaria y secundaria a niños “con discapacidad severa y múltiple y/o con trastornos generalizados del desarrollo”.
De acuerdo con el director de Educación Especial, Jorge Campos Chávez, a los CAM acuden 180 niños que cursan preescolar, primaria y secundaria.
La supervisora de la zona indicó que el problema de inundación es permanente cada vez que llueve.
Las instalaciones del CAM son susceptibles a inundaciones porque están por debajo del nivel de la calle, lo que ocasiona que el agua se estanque en el lugar.
En la visita al CAM, Evodio Velázquez indicó que juntos con los vecinos se debe de hacer la solicitud a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que atienda el problema de los canales que pasan por esa zona, porque en las condiciones actuales ya no se dan abasto para desfogar el agua. “Es el momento real para hacer una solicitud junto con ustedes”.
El documento, adelantó, se le entregaría a gobernador Héctor Astudillo Flores, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a otras dependencias como la Semarnat para que se pueda trabajar de forma conjunta.
El alcalde ofreció recibirlos el viernes a las 11 de la mañana en la oficina de Presidencia para hablar de la solicitud que presentarán a la Conagua.
Agregó que llevará el tema a la Cámara de Diputados para que en noviembre de este año en la discusión del presupuesto, los diputados federales etiqueten dinero para esa zona para mejorar el canal pluvial porque el ayuntamiento no tiene dinero y es competencia federal.
Velázquez Aguirre dio instrucciones para que la Dirección de Salud atienda la zona y evitar infecciones o proliferación de mosquitos, y al director de la CAPAMA para que revise los drenajes; “que Protección Civil revise los dictámenes sobre la zona y que Obras Públicas revise las obras de mitigación”.

Zona de alto riesgo

En declaraciones a los reporteros, Evodio Velázquez indicó que el canal ya no tiene la capacidad para desfogar el agua, y por eso se requiere un esfuerzo para gestionar un nuevo encauzamiento que resuelva de fondo el problema.
Indicó que desde 1989 está el problema de la inundación en la zona, y que la solicitud para mejorar el cauce pluvial se debió haber hecho desde hace muchos años porque se requiere una inversión millonaria.
Sostuvo que el fraccionamiento Libertadores se ubica en zona de alto riesgo. “Las viviendas fueron hechas en un lugar de alto riesgo, hay que decirlo, es un problema que se tenía que dar en un momento determinado”.
Los vecinos le informaron al alcalde que fueron 50 las viviendas inundadas.
Se le preguntó porqué no se hizo la limpieza y el desazolve del canal, pero sostuvo que sí se hizo y reiteró que esa zona corresponde al estado y la federación porque el municipio limpió el anfiteatro.
Sobre porqué se demoró la atención a los ciudadanos afectados, el alcalde respondió que desde el primer momento “se activaron los protocolos”, y se le recordó que los mismos vecinos contaron que no recibieron ayuda, pero sostuvo que sí.
Después una vecina le preguntó porqué no hubo aviso de que habría una lluvia tan fuerte y reprochó que Protección Civil no anunció nada, “no avisaron nada de que iba a llover tan feo”.
El alcalde explicó que hay boletines en “redes sociales” y en la prensa, “pero lamentablemente las cosas pasan y hoy estamos asumiendo nuestra responsabilidad con ustedes”.
Durante el recorrido al alcalde le pidieron que deje el servicio de agua potable para limpiar las casas, y que se retire el lodo que ya han acumulado al pie del canal.
Evodio Velázquez ofreció que ayer en la tarde se retiraría el lodo porque “este polvillo se convierte en infecciones gastrointestinales y alergias respiratorias, entonces no podemos permitir esa parte”.
Informó que se hará el desazolve del canal para evitar que haya tapones de lodo o basura en el cauce que puedan ocasionar nuevas inundaciones que afecten a los vecinos.
Luego el vecino Julián Cabañas González le mostró el documento, con fecha del 25 de mayo, cuando solicitó al municipio el desazolve de los canales, y señaló que “la limpieza se hizo entre comillas porque no se hizo bien” y que hay fotografías que lo acreditan.
El alcalde respondió que el municipio está preparado para recibir las lluvias, pero en casos extraordinarios tienen que asumir su papel para estar cerca de la población.

Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural protestaron en el Palacio Municipal para exigir una audiencia con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, porque desde hace dos meses la solicitaron y no han recibido respuesta.
Unos 50 integrantes del consejo permanecieron una hora en el lobby del Palacio Municipal y después se les permitió el paso a la sala de Cabildo.
El consejero Ignacio Avilés indicó que el alcalde es el presidente del Consejo “y no se ha presentado ni siquiera ha mandado al suplente, eso es una falta de respeto”, por eso la petición es que acuda a sesionar con ellos.
Contó que Velázquez Aguirre sólo se presentó en una ocasión a la sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y después en tres ocasiones envió a un representante y ya no ha vuelto a acudir. Se sesiona el último viernes de cada mes.
El consejo está integrado por representantes del gobierno federal, estatal y municipal y 16 organizaciones sociales y económicas que tienen su trabajo en el campo.
Algunas de las organizaciones que lo integran son la Unión de Pueblos de Acapulco y Coyuca de Benítez, la Unión de Organizaciones Económicas y Mujeres Productoras de Guerrero, la Cooperativa de Jamaiqueros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Consejo Estatal del Limón, Asociación Ganadera Local, Central Campesina Independiente, la Red Alternativa Social y Autogestiva del estado, Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales del Estado.
Los consejeros fueron atendidos por el secretario general Daniel Meza Loeza, quien les dijo que el gobierno municipal está abierto al diálogo con todos los sectores.
La consejera de Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Pilar Campos Tapia, le aclaró que no buscan confrontar al gobierno, sino sumar esfuerzos para bien de quienes viven en la zona rural.
Al final se acordó que el alcalde asistirá a la sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de este mes, que está prevista para el viernes 30 de junio.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) debe a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más de 170 millones de pesos, debido a que no ha pagado el servicio de energía desde junio del año pasado.
También han incumplido con el acuerdo firmado en octubre de 2015, en el que se negoció el adeudo institucional que tenía la paramunicipal desde administraciones anteriores.
El pasado 16 de febrero, el Cabildo autorizó al director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez, firmar un convenio con la CFE para el pago de la deuda que tenía en ese momento la paramunicipal por la facturación corriente que, de junio a enero, era de 69 millones de pesos.
La CAPAMA demandó a la CFE para por los cortes en el servicio de energía que hizo el año pasado, y en lo que se solucionaba el juicio, el Juzgado Octavo de Distrito concedió un amparo a la paramunicipal para evitar que les suspendieran la energía eléctrica.
Ayer la CFE envió un boletín en el que informa que la paramunicipal debe más de 170 millones de pesos, deuda que se incrementó porque dejó de abonar al convenio que firmó del adeudo de administraciones anteriores, así como el servicio del último año.
En el texto de la CFE se explica que “no se ha cortado el suministro de energía” a los pozos de la CAPAMA por el amparo que tiene de un juez federal.
Se recordó que derivado de la última negociación que tuvieron, en febrero la CFE reconectó los pozos luego de que les suspendieron el servicio el 9 de ese mes, y la paramunicipal se comprometió a hacer un pago parcial del adeudo como anticipo y firmar un convenio por el restante, lo cual no se hizo.
“Este acuerdo, incluso, fue aprobado por la Junta de Gobierno de la propia CAPAMA, pero finalmente el organismo incumplió lo acordado. Por el contrario, recurrió a medidas legales para evitar el pago del servicio eléctrico”, se señala.
Se indicó que la CFE está en la disposición de llegar a un acuerdo con el organismo, “pero que este reiteradamente ha incumplido lo acordado, por lo que se siguen el juicio que iniciaron contra la CAPAMA para exigir los pagos.
En octubre del 2015, el director de la CAPAMA, con aval del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, firmó un convenio con la CFE para el pago del adeudo anterior, como la mensualidad del mismo se dejó de hacer. La deuda de ese convenio es de 73 millones 520 mil pesos.
En junio del 2016, la CAPAMA dejó de pagar la facturación mensual a la CFE argumentando que hubo un incremento en la tarifa, y exigieron una reducción de la misma.
En febrero de este año el Cabildo autorizó la firma de un nuevo convenio, pero sólo por el adeudo de la facturación mensual de la actual administración y estaba pendiente el adeudo histórico, para lo que la paramunicipal solicitó ser incluido en el programa peso por peso y que se tomara como anticipo lo ya abonado, lo que generaría que la deuda quedara liquidada.
Sin embargo, el convenio nunca se firmó y deuda de la CAPAMA con la CFE continúa incrementándose.

Ejidatarios de Puerto Marqués iniciaron el proceso de ordenamiento, con el gobierno del estado, para recuperar 144. 6 hectáreas que les fueron ocupadas en años pasados.
Ayer por la mañana, en la Secretaría General de Gobierno, ubicada en le edificio Norte del Palacio de Gobierno, se reunieron seis ejidatarios con el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel.
Al concluir la reunión privada, el secretario general del Colectivo Ejidal, Juan Manuel García Salinas, explicó que esta es la primera reunión en la que se pide al gobierno del estado que cumpla con el ordenamiento del ejido, ya que les quitaron 144. 6 hectáreas.
“Hoy empezamos las negociaciones directas con el estado para que le cumpla a la gente, a los hijos de ejidatarios”, indicó.
García Salinas comentó que en este primer encuentro sólo fue para buscar la documentación que falta para que se llegue a un acuerdo y se avance en la negociación.
Dijo que será dentro de 15 días cuando se sostenga un segundo encuentro, “tenemos fe en que se solucionará el problema que tiene mucho tiempo”.

El director de Gobernación municipal, Juan San Román Ortiz, informó que ayer trabajadores de la dependencia acudieron al poblado de La Concepción, en los Bienes Comunales, a pegar la convocatoria para la elección de comisario que se pretendía hacer de forma extraordinaria el próximo domingo 2 de julio, pero que policías comunitarios de la CRAC no los dejaron entrar y “los amenazaron”.
Consultado por teléfono, San Román Ortiz explicó que en La Concepción “no podemos llevar a cabo una elección y ese pueblo podría quedarse sin autoridad”, pues ayer que acudieron los trabajadores a pegar la convocatoria no los dejaron pasar y “los amenazaron”.
Dijo que para este próximo domingo 25 se van a elegir comisarios en nueve comunidades y le preocupa porque algunos “son conflictivos”, son pueblos grandes.
Señaló que los partidos como el PRI y el PRD se han metido a “prostituir las elecciones, a dividir a la gente de las comunidades”.
Indicó que ayer envió a trabajadores a que pegaran la convocatoria en la comunidad de La Concepción, pero “los de la CRAC no los dejaron entrar, les pusieron la escopeta en el pecho y no los dejaron, los amenazaron”.
El funcionario recordó que en dicha comunidad se tiene que hacer una elección extraordinaria el 2 de julio porque no se ha registrado la planilla, y ayer que acudieron los trabajadores los comunitarios no los dejaron pasar a pesar de que se les explicó y se tuvieron que regresar; “no habrá elección y la preocupa porque se quedarán sin autoridad”.
San Román Ortiz explicó que este domingo la elección a comisarios será en nueve comunidades: Xaltianguis, El Treinta, La Venta, La Sabana, Tres Palos, Aguacaliente, Llano Largo, Puerto Marqués y Santa Cruz.
Dijo que en los poblados como El Treinta y La Venta, en ambas se tiene una planilla, mientras que en Xaltianguis y en Llano Largo son cuatro. En el poblado de Tres Palos y en Puerto Marqués se registraron dos planillas.
El funcionario dijo que estas elecciones le preocupan porque son los pueblos más grandes, y “algunos son conflictivos”, y mencionó los casos de La Sabana y Puerto Marqués, “y podría ser Xaltianguis pero esperemos que los partidos permitan que la gente la salga a votar”.
San Román Ortiz criticó la intervención de los partidos políticos, en especial del PRI y PRD, “que se han metido a prostituir las elecciones”, pues señaló que en algunas ocasiones han dividido a la gente que se registra en las planillas.
Explicó que dichas elecciones estarán cuidadas, que habrá presencia de policías para evitar alguna situación violenta.