La aplicación del programa Hoy No Circula se ampliará a Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, además de la capital del país, adelantó el jefe de gobierno Miguel  Ángel Mancera.
Además, dijo que se prevé homologar las normas para la verificación de contaminantes en vehículos, incluso a los circulan con placas federales.
“Es un tema de salud pública, es un tema que no puede esperar y no podríamos estar ni en tiempos políticos, ni en consideraciones políticas, para hablar de la salud de las personas. Yo creo que la crítica sería mayor si no hiciéramos nada”, agregó.
El gobernante capitalino comentó que estos son parte de los acuerdos que ayer por la noche se tomaron durante la reunión de trabajo entre los gobernadores de las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
Ahí estuvieron los mandatarios del Estado de México Eruviel Ávila Villegas; Hidalgo Francisco Olvera Ruiz; de Morelos Graco Ramírez Garrido; Puebla Rafael Moreno Valle; Tlaxcala Mariano González Zarur, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
También acudieron el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Rafael Pacchiano Alamán; el subsecretario de Planeación y Política Ambiental Rodolfo Lacy Tamayo y el coordinador ejecutivo de la CAMe Martín Gutiérrez Lacayo.
En la reunión acordaron que el próximo jueves 31 harán el anuncio oficial de las medidas a tomar, luego de los tres días en los que la zona metropolitana estuvo en Fase 1 de Contingencia por Ozono, del 14 al 17 de marzo pasados, luego de 14 años de que no se presentaban esos niveles de contaminación.
Sin embargo, ayer Mancera Espinosa se adelantó a sus homólogos. En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, dijo que la homologación del programa Hoy No Circula se ampliará a todos los estados que conforman la CAMe.
“Es un hecho, es un hecho porque estuvimos todos (los gobernadores) y todos estuvimos de acuerdo”, dijo.
Para complementar esta medida, dijo que los integrantes de la Comisión analizan la determinación de los municipios que participarían en el Programa.
“Se está analizando qué es lo que más conviene. Lo que nosotros hemos pedido es que sea una medida efectiva, que sea una medida homologada en toda la CAMe y, por supuesto, sí habrá restricciones”, aseguró.
En la reunión de ayer por la noche, según su versión, Miguel Ángel Mancera solicitó “que se actualicen y se pongan al día normas federales, normas de Semarnat, se está trabajando ahora en el programa emergente de verificación vehicular. Vamos a lo que habíamos planteado la homologación”.
De aprobarse, dicha homologación abarcaría los equipos de verificación y su supervisión de las tareas en toda la zona metropolitana. Además, se revisarán no solo los vehículos, sino los inventarios de contaminantes industriales y de servicios.

Muchas empresas, pocos verificadores

Este martes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que tiene un padrón de 24 mil 728 empresas de jurisdicción federal ubicadas en Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Zona Metropolitana del Valle de México.
De éstas, 6 mil 350 generan emisiones a la atmósfera y 18 mil 378 emiten residuos peligrosos o realizan alguna actividad riesgosa que requiere autorización de la Semarnat.
En un comunicado, agregó que ha realizado mil 375 visitas de inspección del 2013 a la fecha, de las cuales impuso 52 clausuras a las compañías que no cumplían con sus obligaciones en la materia.
Además, ordenó sanciones de 20 hasta 50 mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
Claudia Sheibaum, exsecretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal y actual jefa delegacional en Tlalpan, aseguró en declaraciones a apro, que la Profepa tiene apenas seis inspectores para verificar a las empresas en todo el Valle de México, cifra claramente insuficiente para revisar que las empresas que le corresponden a la dependencia cumplan las normas ambientales.
En su edición 2056 que circula esta semana, Proceso publicó un reportaje en el que asegura que la crisis ambiental vivida a mediados de marzo pasado fue provocada en gran medida por la “falta de atención” de las autoridades ambientales del gobierno capitalino a la actualización de las normas ambientales.
Tampoco hizo caso del catálogo de propuestas de políticas públicas para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la Zona Metropolitana del Valle de México elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Centro de Transporte Sustentable y que fue entregado a principios del 2015 a la actual titular de la Sedema, Tanya Müller.

Los restos de una avioneta que estaba desaparecida desde el miércoles 23 fueron localizados el lunes pasado en el poblado Tobora, en las inmediaciones de la comunidad de Chinitos, en el municipio de Angostura, Sinaloa.
El procurador Marco Antonio Higuera Gómez también confirmó que las seis personas que viajaban en la aeronave fueron encontradas sin vida entre los restos del aparato siniestrado en la sierra sinaloense.
Luego detalló que los fallecidos son tres empleados de la mina Dyna Resourse, así como dos mecánicos y el piloto.
Higuera Gómez precisó que las víctimas eran los empleados de la mina Pedro Rodríguez Chávez, Luis Alfonso Llanes Romero y Claudio Herrera Villalobos, además del piloto Gildardo Lugo Ochoa.
En la avioneta también viajaban dos mecánicos originarios de Culiacán, quienes aún no están identificados y que iban a revisar la trasmisión de un camión de carga que había adquirido recientemente la empresa.
El titular de la PGJE admitió que hasta el momento se desconoce la causa del percance.

 

El organismo no gubernamental Otros Mundos Chapas, AC., denunció su preocupación por la falta de respuesta y atención de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, al caso de Gustavo Castro Soto, quien permanece desde hace casi un mes en Honduras.
A más de tres semanas de que la jueza Victorina Flores, de Honduras, decretara una alerta migratoria por 30 días para Gustavo Castro, “sin un marco legal adecuado y contradiciendo el derecho a ser protegido como víctima de un atentado fuera de su país”, Otros Mundos Chiapas dijo ayer que la SRE no ha hecho valer el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado por ambos países.
El citado Tratado indica como primera medida de protección la salida inmediata del país del testigo y la consecuente colaboración en la investigación.
El organismo sostuvo que la SRE tiene conocimiento pleno de la situación de Gustavo Castro: “sabe de las irregularidades en el procedimiento de investigación del caso de parte de la Fiscalía, de las excesivas medidas tomadas por la Jueza en Honduras -que incluso cesó a la abogada Ivania Galeano, dejando en indefensión al testigo.
Que la SRE conoce las medidas que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Honduras para la protección de Gustavo Castro y la ampliación de medidas también solicitadas para el equipo legal y su hermano Óscar Castro, quien se encuentra acompañándole.
La asociación también expuso que durante estos días, la Fiscalía de Intibucá y la Corte de Apelaciones de Acomayagua, deberán dar respuesta a los recursos legales que interpuso el equipo legal de Gustavo Castro: recurso ante la Fiscalía para revocar la alerta migratoria por treinta días, amparo que denuncia la medida violatoria de derechos del testigo protegido, habeas corpus que protege a Gustavo Castro en su calidad de víctima y testigo.
Señala que todos los recursos han sido avalados y apoyados por redes, universidades, organizaciones, movimientos nacionales e internacionales, quienes a través del envió del Amicus Curie y cartas dirigidas a la Juez y al Fiscal General de Honduras actúan de forma inmediata a favor de la protección de derechos del ciudadano mexicano.
Al reclamo se unieron la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extactivo Minero (M4).

Daphne Fernández, la joven que fue abusada sexualmente en una residencia del lujoso barrio de Costa de Oro, escribió una carta en las redes sociales dirigida a sus victimarios y a la opinión pública, donde deplora el desprestigio del que ha sido objeto en internet y entre la sociedad de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.
“Muchos de mis amigos y muchos de mis conocidos dudaron y me juzgaron (antes de que salieran los videos), y aun con los videos siguieron o siguen criticando, algunos otros optaron por poner estados neutrales como… ‘no sabemos la verdad, no hay que juzgar’. ‘No sabemos si son inocentes o no’, ¡por favor!, si hubieran querido ayudar o ponerse en una posición neutral mejor no hubieran puesto nada, eso sólo me lastima más, ya que al poner ‘no sabemos si son inocentes o no’, yo sentía una patada en el estómago de saber que claro que no son inocentes, de saber que ellos saben la verdad, ellos saben lo que pasó esa noche y aun así siguen mintiendo”.
En su misiva Fernández, estudiante de preparatoria de un colegio privado, recrimina que a un año del abuso sexual padecido sus victimarios, Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, todos los días siguen pensando en inventar “mil tonterías”, pero en su conciencia quedarán “de por vida” las huellas del abuso sexual.
“Es aterrorizante y muy deprimente para mí el hecho de que ahora digan que es político, que nos dieron dinero, que estamos extorsionando. ¡Dios los perdone!, Dios los perdone porque todos aquellos que tienen siquiera esos pensamientos es porque no están en nuestro lugar y sólo lo entenderían estando en nuestro lugar, porque no tienen una sola idea del infierno que se vive”.
Daphne Fernández, quien decidió junto con su familia interponer la denuncia hace un año, repara en que durante meses ha llorado hasta quedarse dormida, que incluso en ocasiones destrozó su cuarto por enojo e impotencia.
“Sí he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas cortas, como la gran mayoría, por no decir que todas las niñas de mi edad, ¿por eso me van a juzgar? ¿Por eso me lo merecía?, ¿por eso pasó lo que pasó?, ¿por andar de noche con mis amigas?”.
El caso de Daphne Fernández cobró notoriedad en la opinión pública hace una semana, cuando su padre Javier Arturo Fernández Torres exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno de Javier Duarte justicia para que los cuatro jóvenes que violaron hace un año a su hija menor de edad reciban una consignación penal, pues hasta ahora continúan libres y en total impunidad.
“No hay mucho que decir, que vea el personal (de la Fiscalía) el expediente y en ese momento los va a consignar. Sobran pruebas, hay elementos suficientes”, explicó vía telefónica el padre de Daphne a Apro.
Luego explicó que en la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER/05 –a la que Proceso tuvo acceso–, se relata cómo Enrique Capitaine, hijo del ex alcalde de Nautla Felipe Capitaine, y Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, hijos de empresarios locales, subieron por la fuerza a la hija de Fernández Torres al interior de un vehículo Mercedes Benz.
Mediante la fuerza, los agresores llevaron a la joven al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro y, en el baño del inmueble, abusaron sexualmente de ella.
La denuncia de hechos interpuesta por Fernández Torres describe cómo la joven fue llevada por sus agresores en contra de su voluntad al salir de la discoteca denominada “PH”.
“La subieron contra su voluntad en la parte de enmedio del asiento de atrás del auto y era custodiada por Jorge Cotaita por un lado (atrás del conductor) y Diego Cruz por el otro (atrás del copiloto). Estos dos sujetos le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole sus pechos y partes íntimas”, se asienta en el documento ministerial.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Santiago Ramos, con lo que suman ocho policías municipales de Papantla detenidos por la desaparición forzada de tres jóvenes en el norte de la entidad.
“En seguimiento a las acciones desplegadas por la FGE en la denuncia por la desaparición de unos jóvenes en esta ciudad, esta tarde fue detenido José Luis Santiago Ramos, policía de Papantla, como probable responsable del delito de desaparición forzada de personas”, dijo.
Luego del operativo desplegado esta misma mañana por la Policía Ministerial, en coordinación con la Fuerza Civil y efectivos federales que integran el Grupo de Coordinación Veracruz, que dejó siete elementos municipales detenidos, incluido el Comisario, los trabajos de investigación continúan.
“Así, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez de control con base en la Carpeta de Investigación 326/2016”, dice el comunicado.
El lunes por la mañana fueron detenidos el secretario de Seguridad Pública de Papantla, Bernardino Olmedo Castillo, y seis policías municipales más.
Esta es la segunda ocasión en lo que va del año en que agentes municipales son involucrados en desapariciones forzadas. La primera fue con el caso de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca el pasado 11 de enero.
La detención de los elementos de Papantla se realizó esta mañana, cuando agentes ministeriales de la FGE y del Ejército requisaron la Policía Municipal. Además de Olmedo Castillo, fueron detenidos Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez, Reyes León de la Cruz y Mauro Olmedo.
La requisa fue un operativo sorpresa que inició al momento del cambio de turnos, cuando se encontraba acuartelada toda la corporación. En un segundo acto, los policías municipales que resguardan el palacio municipal también fueron requisados y posteriormente trasladados a la comandancia policiaca.
La Fiscalía confirmó la detención de los siete uniformados a quienes se les incrimina por la desaparición de Humberto Morales, Jesús Ticante y Alberto Pérez. Sólo los familiares de dos de las víctimas han interpuesto denuncia formal.

Un hombre de nacionalidad egipcia forzó ayer a los pilotos de un avión de pasajeros de la aerolínea Egyptair a desviar el rumbo de la aeronave hacia Chipre y mantuvo secuestradas a las personas a bordo durante varias horas.
Por el momento no existe certeza sobre los motivos del secuestrador. No obstante, representantes del gobierno de Chipre descartaron un trasfondo terrorista.
“Durante las tres primeras horas de negociaciones el secuestrador explicó que quería entregar un sobre con una carta a su ex mujer”, dijo el portavoz del gobierno de Chipre, Nikos Christodoulides. Después planteó otras demandas, que también escribió en la carta.
De acuerdo con medios chipriotas, el secuestrador quería hablar con su ex mujer, una chipriota, pero también exigió la puesta en libertad de mujeres en Egipto.
El vuelo 181 de la compañía Egyptair había despegado ayer por la mañana del aeropuerto de Alejandría, en el norte de Egipto, con destino a El Cairo, cuando el secuestrador amenazó con un cinturón de explosivos e hizo que los pilotos desviaran el avión, un Airbus, a la ciudad chipriota de Lárnaca.
Poco después del aterrizaje en Lárnaca, dejó en libertad a casi todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Según fuentes egipcias, al final sólo retenía al comandante, el copiloto, una azafata, un agente de seguridad y tres pasajeros. Entre los 55 pasajeros había extranjeros, indicó el ministro de Aviación Civil de Egipto, Sherif Fathi.
Las autoridades egipcias defendieron sus medidas de seguridad. El Ministerio del Interior hizo público un video en el que se ve al secuestrador pasando por los chequeos de seguridad de Alejandría.
El Ministerio señaló que el hombre construyó su falso cinturón de explosivos después de los controles, utilizando objetos personales permitidos a bordo que llevaba en su equipaje.

 

El embajador alemán en Turquía fue citado por el Ministerio del Exterior en Ankara en protesta por una sátira televisiva sobre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
El diplomático Martin Erdmann tuvo que dar explicaciones el martes pasado sobre una parodia de casi dos minutos emitida en el magacín de humor político “extra 3” de la primera cadena de televisión pública ARD el 17 de marzo pasado.
Círculos diplomáticos turcos señalaron ayer que Turquía demandó en la reunión que se dejase de difundir el video.
El Ministerio alemán de Relaciones Exteriores no se pronunció al respecto y la oposición criticó el silencio oficial. “El gobierno turco saborea el silencio del gobierno alemán sobre la decadencia del Estado de derecho en Turquía”, sostuvo la diputada verde Claudia Roth.
El programa transmitió un video con una canción con el estribillo “Erdowie, Erdowo, Erdogan” en la que fustiga con humor la política del mandatario turco hacia la prensa crítica, las mujeres, los kurdos, los manifestantes y los refugiados, además de atribuirle el deseo de fundar un gran imperio otomano.
“Vive a lo grande el jefe del Bósforo”, reza la canción mientras las imágenes muestran el nuevo palacio de Erdogan, que ha generado polémica.

Una semana después de los atentados de Bruselas fueron identificadas todas las víctimas mortales, que la fiscalía cifró en 32 personas, mientras que Fayçal Cheffou, quien había sido detenido bajo sospecha de ser el cuarto sospechoso y que finalmente quedó en libertad, defendió ayer su inocencia.
De las 32 víctimas mortales, 17 eran belgas y 15 extranjeros. En la cifra no están incluidos los tres atacantes suicidas.
De esta forma, las autoridades volvieron a corregir la cifra de víctimas del atentado. Hasta ahora, se señalaba que habían muerto 35 personas inocentes. La nueva corrección se debió a que tres de los muertos figuraban en la lista de personas fallecidas en el hospital así como en las listas confeccionadas en el lugar de los atentados.
Casi cien víctimas de las explosiones en el aeropuerto internacional de Bruselas y en la estación de metro de Maelbeek continúan hospitalizadas, de las que más de la mitad seguían el lunes en cuidados intensivos.
En tanto, sigue sin haber avances en la búsqueda del presunto tercer atacante del aeropuerto de Bruselas.
Por su parte, el Órgano de Coordinación para el Análisis de la Amenaza (OCAM) anunció ayer su decisión de mantener en el nivel 3, de una escala de 4, el riesgo de atentado terrorista en Bélgica tras los ataques de hace una semana en el aeropuerto de Bruselas y en una parada de metro del barrio europeo de la capital.
“El OCAM confirma y recuerda que el nivel de amenaza actual está fijado en 3, lo que significa que la amenaza es grave y posible”, señaló este órgano en un mensaje de
Así también, dos de los colaboradores de Salah Abdeslam, detenido hace diez días en Bélgica por su papel clave en los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, pasaron por Grecia según filtraciones de la policía a los medios locales.
Se trata de Sofiane Ayari, detenido junto a Abdeslam el 18 de marzo en la operación antiterrorista de la policía belga en Molenbeek, y de Naim Al Hamed -todavía en búsqueda y de quien no se sabe si esa es su verdadera identidad-.
El Ayuntamiento de París rindió ayer homenaje a las víctimas de los atentados del pasado día 22 en Bruselas, en una sesión que contó con la presencia del alcalde de la capital belga, Yvan Mayeur, que quiso conocer la experiencia de la gestión de los ataques yihadistas del 13 de noviembre.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) de EU informó a la policía holandesa seis días antes del doble atentado del 22-M en Bruselas de los antecedentes penales y extremistas de los hermanos Ibrahim y Khalid El Bakraoui, ambos terroristas suicidas en el aeropuerto y el metro, respectivamente, informa ayer la agencia holandesa ANP.

La organización humanitaria Oxfam denunció ayer que los países ricos han reubicado desde 2013 solo a un 1,39 por ciento de los cinco millones de refugiados sirios y les pidió que incrementen sus esfuerzos para cumplir con las cuotas que les corresponderían.
En vísperas de la conferencia sobre la crisis de refugiados que se celebra mañana en Ginebra, la ONG insta a estas naciones ricas a ofrecer “reubicación u otras formas de admisión humanitaria al 10 por ciento de los refugiados registrados para finales de 2016, lo que equivale a cerca de 480 mil personas”.
Hasta el momento, los países con mayores recursos económicos, entre ellos los europeos, han ofrecido reubicación a 129 mil 966 personas, “es decir, a solo el 27 por ciento del mínimo que deberían reubicar”, apunta Oxfam en un comunicado.
De estas, solo 67 mil 108 han conseguido llegar a su destino final, el 1.39 por ciento.
Según un análisis de la organización, solo tres países -Canadá, Alemania y Noruega- se han comprometido a reubicar a más personas de las que justamente les corresponderían por el tamaño de su economía.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes han detenido a más de 5 mil 221 sospechosos tras el atentado talibán perpetrado en un parque repleto de familias, muchas de ellas cristianas que celebraban el Domingo de Pascua, en Lahore, en el este de Pakistán, informaron autoridades locales.
De los detenidos, 5 mil 005 fueron puestos después en libertad, y 216 sospechosos permanecen bajo custodia policial, informó Rana Sanaullah, el ministro de Justicia de la provincia de Punjab, de la que es capital Lahore.
Pero por el momento sigue sin estar claro cuántos de los detenidos estuvieron realmente implicados en el atentado. Se cree que la cúpula de Jamaat ul Ahrar, la organización terrorista que reclamó la autoría del atentado, está en Afganistán.
El atentado dejó 72 muertos, entre ellos 35 niños. Entre las víctimas habría 15 cristianos, según la policía. Sin embargo, miembros de la comunidad cristiana estiman que la cifra podría ascender a 30.
El obispo de Lahore Yaqub Paul hizo el cálculo en base a los funerales que él mismo ofició y de los que le informaron otras comunidades de la ciudad, aseguró, sin dar un número exacto.
Mientras tanto, el gobierno paquistaní intenta, mediante un gran operativo policial y militar, transmitir una situación de tranquilidad y control. Según el diario Dawn, el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, ordenó que todos aquellos que se encontraran dentro de alguna categoría de sospechosos por terrorismo fueran detenidos sin excepción.
Dependiendo de las fuentes consultadas, hay entre 5 mil y 8 mil sospechosos incluidos en las listas del conocido como Plan Cuatro de la ley antiterrorista.