Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El fotoperiodista Alejandrino González Reyes denunció ante el Ministerio Público la persecución de la que fue objeto por parte de un presunto agente militar y el encañonamiento por policías ministeriales, cuando solicitó auxilio afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) la noche del viernes 30 de mayo.
Este lunes por la mañana, reporteros se manifestaron frente al edificio de la FGE, al sur de la ciudad, como muestra de apoyo al fotógrafo y exigieron una audiencia con el fiscal general, Zipacna Jesús Torres Ojeda, para solicitar una explicación de la agresión.
Alejandrino González es colaborador de las agencias Associated Press (AP) y Viory.
En entrevistas afuera de la FGE, relató que alrededor de las 8:30 de la noche del 30 de mayo fue perseguido desde un punto cerca del Congreso local, por un hombre que después dijo ser elemento del Ejército.
Solicitó ayuda al número de emergencias 911, donde le dijeron que recurriera a la FGE, donde lejos de recibir apoyo fue encañonado con armas largas y la camioneta en la que viajaba, revisada por agentes ministeriales.
“Fuimos encañonados con armas largas por elementos de la Fiscalía y por eso estoy aquí, exigiendo junto con ustedes compañeros, una audiencia con el titular”.
“No es posible que a unos cuantos días de la celebración por la libertad de expresión se lleven a cabo, otra vez, estos sucesos, donde se agrede a la prensa. Nos hemos convertido en un blanco muy fácil para muchas personas”, dijo.
A nombre del gremio, el periodista Tino Gatica expresó su solidaridad con el fotógrafo y aseguró que no es la primera y única víctima que sufre este tipo de agresiones, en apariencia, por elementos desconocidos.
“Esto corresponde a una serie de estigmatizaciones. Exigimos que se respete nuestra actividad, porque sólo somos la correa de transmisión”, dijo.
En la FGE fue atendido por el vicefiscal, Ramiro Meza, quien lo canalizó con el MP de atención temprana, ubicado en la colonia Indeco, donde se presentó la denuncia y se informó que se iniciarán las investigaciones.
González Reyes fue acompañado por Lourdes Martínez Cisneros, titular de la Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Nancy Coronel Navarrete, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
“Sabemos de los riesgos que tenemos, pero sí tememos por nuestra integridad física y de nuestras familias. Responsabilizo a las personas que me agredieron y que haya justicia pronta y expedita, que haya seguridad en Guerrero”, expresó a El Sur el fotoperiodista.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El diputado Joaquín Badillo Escamilla, de Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, calificó de “falso” que la alcaldesa de Acapulco haya comprobado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), correspondientes a 2023, como ella lo aseguró el domingo.
La mañana de este lunes, después de que López Rodríguez el domingo aseguró en declaraciones a reporteros que la ASF ya le auditó los 898 millones de pesos, el legislador publicó un escrito donde indicó que eso no es cierto.
El diputado aseguró que los 898 millones de pesos del FAIS por los que es señalada la alcaldesa, no han sido comprobados ante ninguna instancia, ni la federal ni la estatal, y dijo que “la hoja” que mostró López Rodríguez, sólo indica que le fue aplicada una auditoría de cumplimiento de las participaciones federales a municipios, es decir, lo correspondiente a servicios personales, pero no de obra pública.
“A la fecha, la comprobación de los 898 millones de pesos del ejercicio 2023, no ha sido realizada, ni a la Auditoría Superior de la Federación ni a la Auditoría Superior del Estado”.
Explicó que existen tres tipos de auditoría: de desempeño, que es seguimiento y cumplimiento de programas; la de cumplimiento financiero que es relativa a gastos personales, nóminas, materiales y suministros; y la de cumplimiento a inversiones físicas, que se refiere a las obras.
“La auditoría a la que se refiere en la hoja que muestra (López Rodríguez) es la número 1103, es exclusiva de servicios personales (no de obra pública, es decir no del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAIS)”.
El morenista explicó que en ese rubro de cumplimiento a inversiones físicas, aún quedan pendientes subsanar irregularidades por 3.7 millones de pesos, tal como lo confirmó López Rodríguez el domingo.
Badillo Escamilla explicó que para no duplicar auditorías por los mismos conceptos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) enlistó en su programa anual de auditorías 2023, la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas, es decir, la referente a la obra pública del FAIS, a través de un convenio de colaboración que existe entre los órganos fiscalizadores estatal y federal, por lo que el Ayuntamiento de Acapulco tendría que comprobar los 898 millones de pesos ante la auditoría local.
De acuerdo con el informe de la ASE, los 898 millones de pesos están destinados para la realización de 511 obras, de las cuales López Rodríguez asegura sí se hicieron, aunque el titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, aseguró que no hay información “ni de una banqueta”.
“Podemos concluir que todo vuelve al origen del conocimiento público, lamentablemente a nuestro bello municipio de Acapulco le hace falta comprobar 898 millones del FAIS a la ASE, correspondientes a la cuenta pública 2023 y ahora sabemos (…) que también hace falta la comprobación de otros 3.7 millones de pesos a la ASF del mismo período de 2023, por concepto de servicios personales”, escribió Badillo Escamilla.
En 2015 Badillo Escamilla fue postulado como candidato del PVEM a la alcaldía de Acapulco, la cual perdió contra el perredista Evodio Velázquez Aguirre. Tres años después, en 2018, compitió de nueva cuenta por la alcaldía, esta vez por la alianza PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, la cual también perdió contra la morenista Adela Román Ocampo.
Ya en 2021 se sumó a las filas de Morena, donde fue candidato a diputado local por el distrito 9 de Acapulco, y se reeligió en las elecciones del 2024, además de ser cercano al senador Félix Salgado Macedonio y a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Aurora Harrison

La alcaldesa Abelina López Rodríguez pidió al diputado local de Morena, Joaquín Badillo Escamilla, solicitar mayor información antes de hacer comentarios que tratan de ensuciar el trabajo que realiza su gobierno y lo exhortó a que si no apoya a la recuperación de Acapulco, que “mejor no reste”.
Afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó los recursos federales que recibió, administró y ejerció el municipio, confore a su programa anual de auditorías.
Lo anteriror, fue una respuesta de la alcaldesa a la públicación que hizo el diputado local por Morena en su cuenta de Facebook, en la que hace referencia a la explicación que dio López Rodríguez para justificar la no entrega de la documentación a la Auditoría Superior del Estado (ASE) del ejercicio fiscal de 2023, en donde existen 898 millones de pesos sin comprobar y alude a la ASF como la responsable de esta revisión.
En su publicación, la acaldesa pone una captura de pantalla de lo escrito por el diputado local Badillo Escamilla y en letras rojas en grande sobre escribió “falso”.
Agrega: “Al compañero diputado Joaquín Badillo aclararle: la ASF fiscalizó los recursos federales que recibió, administró y ejerció el municipio, conforme a su programa anual de auditorías. Gracias a ello, durante el año 2024 y en este 2025, el gobierno de México, que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, continúa apoyando de cerca la recuperación de la ciudad y trabajando de manera conjunta”.
Sostuvo que el apoyo de la presidenta a Acapulco es porque “hay evidencia de los resultados. Evidentemente, nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha sido también fundamental en esta labor, que une y convoca a los tres órdenes de gobierno”.
“Usted, por el contrario, publica en sintonía con otros perfiles que apuestan a ensuciar el trabajo realizado, no por mí, sino por los tres órdenes de gobierno. Menciona que la auditoría no se ha llevado a cabo y, sin embargo, en la operación estratégica que llevan a cabo desde hace días, acusan que el dinero se mal usó”, detalló la alcaldesa.
Por ello convocó al diputado “solicitar mayor información a quien le dicte la página y si no puede sumar por la recuperación de Acapulco, por lo menos no reste”.
Badillo Escamilla, en su cuenta oficial, asegura que a la fecha el Ayuntamiento no ha comprobado los 898 millones de pesos del ejercicio 2023, ni a la ASF ni en la ASE, y que la hoja que mostró el domingo en declaraciones después de que acudió a votar, corresponde a la programación anual de auditorías que realizan los entes fiscalizadores.
“La auditoría que le fue aplicada a la cuenta pública 2023, por parte de la ASF, es la número: 1103, modalidad: presencial, tipo: de cumplimiento, Título: Participaciones Federales a Municipios”, y que “a nuestro bello municipio de Acapulco, le hace falta comprobar los 898 millones del Faismun a la ASE, correspondientes a la cuenta pública 2023”, fue lo que escribió el diputado en su cuenta.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Carlos Alberto González Campos, El Colombiano, quien desde el 2012 busca a su hijo Carlos Alberto González Arriaga, secuestrado y desaparecido en Taxco, se dijo engañado por el Fiscal General del Estado (FGE) Zipacná Torres Ojeda.
El titular de la Fiscalía en una reunión con colectivos de víctimas de desaparecidos el 8 de abril pasado le prometió a Carlos Alberto una búsqueda de su hijo con el apoyo del georadar de la institución pero no cumplió.
González Arriaga, el hijo de El Colombiano, fue secuestrado el 29 de diciembre del 2012 en Taxco, y a pesar de que su familia pagó un rescate de 271 mil pesos, a poco más de 12 años sigue desaparecido.
En varias ocasiones, El colombiano ha denunciado que a su hijo lo secuestraron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos con la participación de policías municipales de Taxco.
En conferencia de prensa ayer informó que el 8 de abril en una reunión con colectivos de víctimas de desaparecidos, el fiscal Torres Ojeda se comprometió a apoyarlos en la búsqueda de sus familiares con el apoyo del equipo y tecnología a disposición de la Fiscalía, “pero resultó puro choro”, dijo.
Informó que la búsqueda de su hijo se realizaría el 12 de mayo, pero cuando habló con el fiscal de investigación para desaparecidos Francisco Martínez Delgado y con la encargada de Averiguaciones previas, María Guadalupe Méndez, lo único que le mandaron fueron policías a tomarle fotografías y videos, cuando se supone que los familiares de desaparecidos son de identidad reservada y máxime que él se encontraban en la zona de Iguala donde desaparecieron a su hijo, lo que implicaba un riesgo.
“No es posible, que todo haya sido un engaño del Fiscal, no podemos permitir que sigan engañando a nuestras familias, a la gente que tenemos desaparecidos.
Derivado del engaño del Fiscal Zipacná informó que habló con su secretario particular, Armando Villa Medel, “pero solo fue para que me gritara y no me resolvió nada”.
Enseguida, acompañado por el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Alejandro García Solorio y con el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Juan Silva, buscó al vicefiscal Ramiro Meza Hernández para insistirle en que le prestaran el equipo de búsqueda, pero tampoco obtuvo respuesta.
Informó que debido a la negativa de todas las instancias de la Fiscalía, la semana pasada presentó una solicitud de audiencia para volver a reunirse con el Fiscal General Torres Ojeda, “quiero saber dónde está la palabra del fiscal entre toda esta cuestión burocrática que ya no debería haber ni suceder”.
Dijo que no entiende por qué tanto trámite para que autoricen el equipo técnico (georadar), cuando se supone que está para eso, para la búsqueda de los desaparecidos.
Explicó que el georadar es lo más necesario en una búsqueda para que los familiares no anden “como gallinas, picando aquí y allá”.
Recordó que por el caso del secuestro y desaparición de su hijo hay seis detenidos y que uno de ellos con quien se entrevistó le dijo que a su hijo lo sepultaron en el punto conocido como Las Torres de Puente Campuzano, entre los municipios de Iguala y Taxco, “el problema es que hay muchas torres en el Puente Campuzano y henos ido a una, otra y a otra y resulta que después de 12 años no hemos encontrado el cuerpo”.
Informó que los seis detenidos ya hasta están sentenciados, “pero de qué nos sirve a los padres cuando lo que queremos es el cuerpo para poder tenerlo en una sepultura e irle a llorar y pienso que las autoridades nos debieran de apoyar en esa labor tan bochornosa para el Estado, porque fueron secuestrados por policías”.
Luego de la conferencia de prensa Carlos Alberto González recibió una llamada telefónica de la FGE para informarle que la audiencia con el Fiscal Torres Ojeda será el lunes de la próxima semana.
Carlos Alberto dijo que lamentablemente ya se vino la temporada de lluvias y se tiene que ir en el tiempo de secas porque el monte crece y los calores aumentan lo que dificulta la jornada de búsqueda.
“Imagínense, ahora nuevamente tenemos que esperar; las tripas me enardecen porque tenía la oportunidad de encontrar a mi hijo en la búsqueda del 12 de mayo y no haber podido aprovechar esa oportunidad por culpa de uno o dos desgraciados que están subidos en la mierda”.
Insistió: “Por eso exijo que el Fiscal nos garantice que realmente se va a cumplir lo que habla”.

Alejandro Guerrero

Iguala

Al gobierno de Iguala le regresaron 16 patrullas y cuatro motocicletas de la Policía Municipal decomisadas por la Fiscalía General de la República (FGR) hace más de una década, eran parte de las investigaciones de la participación de agentes de esta corporación en los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en los atques de septiembre de 2014.
La recuperación de las patrullas, que sería el 50 por ciento del parque vehicular que le fue asegurado en 2014 a la policía de Iguala, con el armamento que continúa confiscado, fue entregado el miércoles de la semana pasada, de acuerdo con un breve comunicado de prensa que fue difundido en las redes sociales por el síndico procurador, Rafael Domínguez Velasco.
“A nombre del Ayuntamiento de Iguala y cumpliendo con su encargo de apoderado legal, el síndico Rafael Domínguez recibió de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el parque vehicular que estuvo asegurado más de 10 años por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos”, indica el comunicado.
Agrega que “desde el inicio de este gobierno en Iguala, Rafael Domínguez ha cumplido cabalmente al frente de los asuntos de procuración de Justicia”, se lee en el comunicado acompañado de una fotografía en la que se ve al edil municipal (ex priista) junto a los agentes del Ministerio Público federal de la FGR en lo que parecen ser los trámites de la entrega y recepción de las patrullas.
En breves declaraciones que Domínguez Velasco dio a reporteros informó que fueron recuperadas 20 patrullas, de las que 16 son camionetas y 4 motocicletas, y, sin dar detalles, mencionó que las patrullas habían estado durante este tiempo en un depósito de resguardo de la FGR (antes Procuraduría).
Mencionó que cubrieron los protocolos y requerimientos de acuerdo con las indicaciones y lineamientos que les dieron por parte de las autoridades federales, y la entrega de los vehículos fue de acuerdo con los tiempos del Ministerio Público Federal.
A pregunta de la condición actual de las patrullas, el síndico procurador y apoderado legal del Ayuntamiento mencionó que las patrullas están “inservibles”, aunque consideró que algunas se pueden recuperar aprovechando las piezas y refacciones que estén útiles y en mejores condiciones de unas y otras, “pero todas en realidad están en mal estado”.
El síndico, ex delegado de los Servicios Educativos de la SEG en la zona Norte, no mencionó si las patrullas entregadas son de las investigadas por su posible uso en la detención y posterior desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
De acuerdo con notas periodísticas de El Sur, el 27 de septiembre de 2014, tras los ataques a los estudiantes, la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría), detuvo a los 280 policías municipales, de los que horas más tarde fueron liberados 260 por protestas de sus familiares, y fueron aseguradas 40 patrullas de la corporación, que habían estado bajo resguardo debido a las investigaciones desde hace más de una década de la que aún se desconoce el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada.

Redacción

Chilpancingo

A dos meses de que los ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) instalaron un campamento en la entrada de la mina Los Filos para exigir a la minera Equinox Gold que resarza los daños ocasionados a sus tierras, luego del anuncio de la suspensión por tiempo indefinido de sus actividades, la Mesa Ejidal celebró algunos triunfos obtenidos en contra de la minera de capital canadiense.
Los ejidatarios consideraron como logros la determinación del magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Chilpancingo, “que (en su resolución) mostró la mezquindad de la empresa”, asimismo, el hecho de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya haya intervenido para hacer la inspección de los daños ambientales.
Los ejidatarios cumplieron el 1 de junio dos meses acampando afuera de las instalaciones de la mina Los Filos que explota Equinox Gold, luego de que esa empresa determinó “su ilegal auto suspensión indefinida”.
Refieren que en este tiempo Equinox Gold “ejecutó” el despido masivo e ilegal de trabajadores sindicalizados y ha estado “atentando contra nuestra vida toda vez que no ha hecho entrega formal de nuestras tierras de uso común ni las parcelas, ni tampoco ha arrancado el programa de cierre y post-cierre de la mina”.
Indican que este es un derecho y la no implementación implica una violación adicional en contra de la normatividad mexicana.
Advierten que esta inacción de no implementar el programa de cierre y post-cierre, “ya está generando condiciones para que el Estado mexicano sea el heredero de un pasivo ambiental gigantesco”.
Explican que la empresa actualmente está contaminando no sólo el territorio del Ejido, puesto que esos tóxicos dañinos se trasladan por agua, tierra y aire “hacia lugares que, quienes no tienen idea de lo que hablamos, ni se imaginan, pero que por el daño en nuestro cuerpos sabemos ya ocurren”.
Señalan que la empresa ahora pretende usar la ley mexicana y ha presentado demandas en contra del Ejido y en contra de aproximadamente 125 parcelarios con el argumento de que “somos nosotros los que les despojamos de su tierra”.
Pero explican que de los resultados de la primera demanda en contra del Ejido, la empresa no aceptó la postura del magistrado del TUA del distrito 12, quien otorga las medidas cautelares pero le establece una fianza muy superior a la que la empresa presentó “y que fue calificada por el magistrado como una ‘suma que resulta irrisoria’ y hasta burlesca” (expediente 408/2025) “al considerar una compensación de un peso con cincuenta y ocho centavos mensuales para cada ejidatario y ejidatario”.
Además, informan que la semana pasada intervino la Profepa para hacer la inspección de los daños ambientales “y suponemos que también para revisar la implementación del programa de cierre y post-cierre, el cual, por supuesto, la empresa no ha realizado”.
Adelantan que no creen que los resultados les sea “medianamente favorable” a la minera, y que ratificará, desde otra perspectiva, que la empresa también viola las leyes ambientales.
“Estamos impacientes para que en las semanas siguientes la empresa enfrente nuevas sorpresas que desnuden lo que ya hemos manifestado una y otra vez: es una empresa socialmente irresponsable, su estándar de uso adecuado de cianuro da risa, sus presunciones sobre seguridad laboral están documentados con accidentes que demuestran su raquítico marco ético de respeto por la vida de las y los trabajadores al violentar normas y reglas establecidas en el derecho laboral”, indican los ejidatarios.
Los ejidatarios consideran que ya han transitado “de un conflicto negociable a un conflicto que evidencia una empresa que violenta y viola todos los derechos y leyes que le pongan enfrente”.
Sin embargo, refieren que les llama la atención que la empresa “sigue sin creernos que los llevaremos a circunstancias de quiebres significativos y, mientras eso avanza lenta pero incuestionablemente, su presidente Greg Smith, ha puesto toda su fe en sus operadores y les cree que serán las lluvias las que nos sometan, nos desanimen, nos desmoralicen y nos dividan”.
“Lamentablemente el sr. Greg a puesto demasiada fe y fidelidad en sus operadores y le ciega y no ve la torpeza con la que actúan. Nosotros simplemente a esos operadores que antes tenían nombre hoy ni los reconocemos ni los respetamos porque son unos auténticos violadores de derechos humanos y ambientales”.
Sostienen: “En fin, son 60 días en los que celebramos la llegada de las lluvias porque en vez de desmoralizarnos, la naturaleza se pone de aliada con nosotros y aminora el polvo con metales pesados y tóxicos que tanto daño nos hace a nosotros y nuestras familias”.
Además, elogiaron la determinación del magistrado “que mostró la mezquindad de la empresa” y aplaudieron la llegada de Profepa “porque tendremos aún más argumentos para que el Sr. Greg Smith asuma su responsabilidad y rinda cuentas y, por supuesto, mucho de ello comenzó porque en este gobierno la Procuraduría Agraria (PA) ha mostrado que su quehacer no es un dicho sino un acto lleno de hechos sin contradicciones y con la convicción que su misión les establece”.
Insisten que esos son algunos de sus logros en estos primeros 60 días de movimiento.
“Los de la empresa son creer que las lluvias nos van a desmoralizar, que el acampar nos pone tristes, que su tradicional apuesta al desgaste nos debilitará y dividirá”.
Sin embargo, advierten: “Sr Greg Smith, después de 60 días acá seguimos y seguimos más fuertes”.

 

Ramón Gracida Gómez

El próximo 7 de junio se conmemora el 27 aniversario de la masacre de El Charco y estará el obispo emérito de Saltillo y presidente de la Red Solidaria de la Década contra la Impunidad, Raúl Vera López, informó el sobreviviente Efrén Cortés Chávez.
Para este sábado está programada la marcha y la misa del aniversario de la masacre en esta comunidad, originalmente perteneciente a Ayutla, pero actualmente adscrita al recién creado municipio Ñuu Savi, donde la madrugada del 7 de junio de 1998 soldados del Ejército rodearon la escuela primaria Profesor Caritino Maldonado Pérez, y asesinaron a 11 campesinos que pernoctaban ahí.
Vía telefónica el sobreviviente de la masacre de El Charco, Cortés Chávez, destacó además de la participación de las autoridades y las organizaciones sociales que acudan a la actividad la presencia de Vera López, quien ha acompañado el caso y lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cortés Chávez dijo que la participación del obispo emérito y defensor de derechos humanos va a fortalecer la lucha por la justicia “frente a tanta impunidad”.
Criticó que a 27 años de la masacre, “el Estado mexicano no ha investigado los crímenes que se cometieron ahí, principalmente las ejecuciones extrajudiciales, las torturas que se cometieron, ahí nunca investigó”.
“Entonces nosotros como víctimas tuvimos que recurrir a instancias internacionales para buscar justicia, ya que aquí se cerró y nada más se quedó como que fue un enfrentamiento entre la guerrilla (el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y el Ejército, entonces nunca se investigaron más allá los crímenes que se cometieron con premeditación y alevosía y ventaja por parte de las fuerzas armadas”.
Cortés Chávez indicó que la conmemoración de la masacre servirá para reiterar el llamado de justicia junto con el presidente de la Red Solidaria de la Década contra la Impunidad, e invitó a los pueblos y a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a asistir al acto del 7 de junio.

Zacarías Cervantes / Israel Flores

Chilpancingo

Por segundo día consecutivo este lunes se registraron precipitaciones pluviales en Chilpancingo provocando encharcamientos e inundaciones en algunas calles sobre todo del centro y en el bulevar Vicente Guerrero que conecta con la Autopista del Sol, y los caminos que van hacia la sierra en la región Tierra Caliente están severamente afectados por las primeras lluvias de la temporada, evitando que los pueblos tengan acceso a las cabeceras municipales.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero, anunció que en las próximas horas habrá lluvias intensas en las regiones Sierra y Montaña, debido a que ingresa aire marítimo tropical sobre Guerrero, simultáneamente un canal de baja presión que se extiende al norte de Guerrero, lo que favorecería el desarrollo de nubosidad por la tarde y noche.
Los caminos que van hacia la sierra, se encuentran severamente afectados por las primeras lluvias de la temporada, en la región Tierra caliente, evitando que los pueblos tengan acceso a las cabeceras municipales.
Subir desde Coyuca de Catalán hacia la parte de la Sierra es un problema. Los vecinos de la zona de El Pescado y de Hacienda de Dolores reportaron que los caminos tienen varios derrumbes y caída de árboles.
De Aldo, del municipio de Juchitlán, en la ruta hacia Los Espines en las colindancias con la costa, los caminos son intransitables, se encuentran afectados desde las tormentas de John, y debido a que no repararon la circulación en su totalidad con las primeras lluvias, nuevamente se vieron dañadas.
También en el municipio de San Miguel Totolapan reportaron que la ruta a Coronilla y Linda Vista desde la cabecera municipal, se encuentra con problemas de circulación por los derrumbes y caída de árboles.
En este caso, los vecinos ya hicieron la solicitud directa al presidente municipal para que les apoye en la rehabilitación de los caminos, pero no han tenido respuesta. También están afectados desde la tormenta de John.
A pesar de que va una semana apenas de tormentas en la Tierra Caliente, los primeros escurrimientos reactivaron los daños, porque nunca hubo un mantenimiento directo a los caminos rurales hacia la Sierra.
Todavía no se reportan crecimientos de ríos y arroyos que afecten la circulación, pero algunos caminos corresponden precisamente al causa de estos ríos y que quedan dañados para el paso de vehículos, y en algunos casos solamente con animales de carga, pueden circular.

En Chilpancingo

Las lluvias que cayeron en el amanecer del domingo y el mediodía de ayer son las primeras de la temporada que en Chilpancingo.
La lluvia de ayer que duró más de media hora dejó encharcamientos en varias calles del centro de la ciudad, como en la Benito Juárez e Insurgentes, así como en las laterales del encauzamiento del bulevar Huacapa.
En algunas colonias como la Guerrero y Moctezuma, ubicadas cerca del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla se vio tierra y lodo en las calles que arrastró el agua de las partes altas.
Después del mediodía, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este lunes sería un día parcialmente nublado con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y noche.
La dependencia estatal dio a conocer que se prevé que las lluvias sean más intensas en las regiones Sierra y Montaña, debido a que ingresa aire marítimo tropical sobre Guerrero, simultáneamente un canal de baja presión que se extiende al norte de Guerrero, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad por la tarde y noche.
Agregó que se mantiene vigilancia a una zona de baja presión que presenta 40 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días, localizada al sur de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Protección Civil Guerrero hizo un llamado a la población en general a mantenerse informada sobre la evolución de este sistema.

 

Después de más de 20 años en Zihuatanejo, las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), fueron cerradas y los trabajadores de esa dependencia se anexaron “voluntariamente” a la plantilla de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en esta ciudad.
El movimiento afecta a los gestores ambientales que hacían diversos trámites administrativos en esa oficina, y ahora tienen que ir al puerto de Acapulco a tratarlos.
Ayer lunes uno de los gestores ambientales que constantemente hacía trámites en esta oficina, manifestó que hace 20 días la Semarnat cerró de manera definitiva sus oficinas, ubicadas en el Centro Social Municipal y que de acuerdo con la información que él conoce, los cinco trabajadores de esa dependencia recibieron una notificación en la que les informaron que por cuestiones presupuestales se cerraba la oficina y que podían elegir “voluntariamente” si se pasaban a la Profepa o a la oficina de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que siguen abiertas en esta ciudad.
Dijo que por comentarios de esos mismos trabajadores la noticia de que se cerraba la oficina los sorprendió, pues la Semarnat tenía más de 20 años operando en esta región, “aparte, esta región es una zona que va creciendo y demanda la atención como espacio de contacto ciudadano, por eso es importante la conexión con la Semarnat y eso nos da en la madre a nosotros como gestores ambientales porque cada documento que nosotros teníamos que ingresar, por sencillo que sea, aquí nos lo recibían porque era un espacio de contacto ciudadano debidamente registrado a nivel nacional”. (Brenda Escobar /Zihuatanejo).

“Pero ahora que lo cambian a Acapulco, pues no parte la madre, porque tenemos que ir hasta allá a meter todos los trámites; aquí el asunto es que mencionan en Acapulco que el cierre de esta oficina es instrucción de las oficinas centrales por austeridad presupuestal, los cinco trabajadores que estaban aquí, sabemos que los respalda su sindicato, pero como tal, al parecer no les han resuelto nada y por eso ya se cambiaron a la Profepa “de manera voluntaria”, así están las cosas”.
El gestor ambiental subrayó que, “sí se necesita que esté una representación de la Semarnat, se nos hace una muy mala estrategia de quien sea que se le haya ocurrido que esta oficina se tenía que cerrar, debieron de haber dejado cuando menos una o dos personas que estén recibiendo la documentación aunque estén integradas ya a la Profepa, que al final, es un órgano con autonomía, pero pertenece a la Semarnat, porque si no, está cabrón el asunto”.
A pregunta, el quejoso señaló que, “el espacio de contacto ciudadano sí lo usamos porque no es sólo ingresar trámites de impacto ambiental o cambios de uso de suelo, zona federal, residuos peligrosos o biológico-infecciosos o vida silvestre, sino que también metemos seguimiento a condicionantes ambientales, ahora aquí, aquí habemos ocho gestores reconocidos, más ciudadanos que van a solicitar información, que van a poner alguna queja, que van a informarse sobre algún evento como tal”.
“En realidad, el peso de gestoría sí es interesante y algo fuerte, no por el número de gestores, sino que cada gestor tiene su cartera de clientes y obviamente tienes que atender a todos los clientes y si bien es cierto, uno puede conseguir gente en Acapulco para que ingrese la documentación, pero sí es desgastante y retarda todo el mecanismo de gestoría, entonces sí pega porque oficialmente ya no hay Semarnat aquí en Zihuatanejo”.
Indicó que, “la oficina ahí está, el Ayuntamiento no se las ha quitado, pero tienen servicio, no tienen internet y el sistema ya no está operando porque ya hay un cambio de dependencia del personal, que los hicieron pasarse a la Profepa, entonces, ahí está la oficina, los letreros, pero ya no está operando desde hace 20 días”, acotó.

Redacción

Chilpancingo

Autoridades militares y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebraron ayer el 75 aniversario del Hospital Regional Militar de Chilpancingo, uno de los primeros en su tipo, que, según se dijo, marcó la diferencia en cuanto a la atención de la salud en la entidad.
La gobernadora Salgado Pineda destacó la participación “en primera línea” de este Hospital en desastres naturales como el huracán Paulina y catástrofes como la pandemia del Covid-19.
El Hospital Regional Militar de Chilpancingo se fundó el 1 de junio de 1950 y su primer director fue el mayor médico militar y ex presidente municipal de Chilpancingo Alberto Saavedra Ramos, según se dijo en la ceremonia que se realizó a las 10 de la mañana en la explanada del nosocomio ubicado en el interior de las instalaciones de la 35 Zona Militar.
Encabezaron la ceremonia la gobernadora Salgado Pineda, el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; el coordinador de la Guardia Nacional, Gregorio Espinoza Toledo, y el director del Hospital Militar Regional de Chilpancingo, Oscar Benavides.
Benavides Aguilar definió a este Hospital como un bastión de la medicina en Chilpancingo “y un símbolo de servicio inquebrantable”, y agregó que desde que nació “ha sido mucho más que una instalación médica”.
“Ha sido refugio, escuela, campo de batalla contra la enfermedad y cuna de esperanza para miles de personas”, dijo el director del nosocomio.
Contó que este Hospital ha crecido con la historia misma de Guerrero, acompañando a su gente en momentos de alegría y en horas difíciles, “ha sido testigo del desarrollo del estado pero también ha enfrentado junto con la población los embates de la naturaleza, los ciclones, los huracanes y los incendios forestales”.
Dijo que detrás de cada expediente médico, diagnóstico e intervención quirúrgica, hay una historia humana, una familia que encontró consuelo, un militar que pudo volver al servicio, una madre que abrazó nuevamente a su hijo.
“La historia de ese Hospital es también la historia del avance medico en Guerrero y en las fuerzas armadas”, concluyó.
La gobernadora, en tanto, dijo que hace 75 años “comenzó una historia que ha sido fundamental en el sistema de salud militar en Guerrero, una institución con visión con entrega y con la firme convicción de servir a quienes han asumido el deber de servicio a la nación”.
Salgado Pineda definió al Hospital Militar como “pilar en los momentos más difíciles de Guerrero; ha salvado vidas en combate, en desastres naturales y no se diga con el Covid-19, han atendido con dignidad a quienes cayeron en cumplimiento de su deber y brindaron auxilio a la población civil en cada emergencia”.
Recordó que durante el huracán Paulina estuvo en la primera línea de auxilio, apoyando a cientos de familias afectadas “por unos de los desastres naturales más devastadores de nuestra historia reciente”.
En tanto que durante la pandemia “este hospital volvió a demostrar su temple, amplió su capacidad, respondió con oportunidad y su personal se mantuvo firme, por esa labor recibió la condecoración Miguel Hidalgo”, dijo.
“Este hospital no solo es una institución médica, es una parte viva de Guerrero, su historia esta entrelazada con la nuestra, ha estado presente en los momentos más difíciles y ha acompañado en todo momento a nuestras familias”.
Concluyó que desde el gobierno del estado “reconocemos al hospital como una institución ejemplar que honra cada día la vocación de servicio con disciplina, humanidad y responsabilidad”.
Al finalizar la ceremonia, la gobernadora,
el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; y el director del Hospital Militar Regional de Chilpancingo, Oscar Benavides develaron una placa conmemorativa al 75 aniversario del Hospital.