Una mujer de unos 60 años fue asesinada la tarde de ayer en la zona poniente de la ciudad de Iguala, cerca del lugar donde han sido halladas fosas clandestinas.
Fuentes de Seguridad Pública informaron que el crimen ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la tarde cerca de las colonias Villa de Guadalupe y Loma de Coyotes.
La víctima tenía tres disparos en la cabeza, vestía una blusa blanca con rayas rojas y un mandil.

El gobierno de México estaría dispuesto a ampliar la temporalidad del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas dijo ayer que la decisión final sobre el mecanismo se tomará durante la próxima sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se reunirá la próxima semana en Chile, y subrayó que “hay de ambas partes un sincero esfuerzo para llegar a un acuerdo que sea aceptable para todos”.
Primero la SRE propuso que el mecanismo tuviera una duración de seis meses, pero familiares de los normalistas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que este mecanismo no tuviera límite temporal hasta que concluya la investigación y se diera con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Como antecedente está el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, del cual el gobierno mexicano no quiso extender su mandato en el país, por lo que su labor como coadyuvantes de la investigación sobre la desaparición forzada terminó el 30 de abril.
Antes de salir de México, el GIEI emitió un informe en el que detallaron sus hallazgos y emitieron 20 recomendaciones que seguir para determinar lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y el paradero de los jóvenes normalistas.
Urgieron a las autoridades mexicanas a tomar las declaraciones de personajes claves, como militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala y funcionarios municipales, entre otros, incorporar al expediente la documentación militar, investigar el tráfico de estupefacientes en la región, determinar los casos de tortura y seguir la pista del llamado quinto autobús, que suponen estaba cargado de droga y fue ocupado por los estudiantes, sin saber de su carga.
El gobierno mexicano se comprometió ante la CIDH y los familiares de las víctimas a participar en el mecanismo de seguimiento de estas recomendaciones.

Fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), informaron que los cuatro hombres que fueron asesinados a balazos la noche del miércoles en el bar Player’s Sport en la capital fueron identificados por sus familiares. Uno de los hombres se llamaba Edgar Joel Esteban Tomatzin de 28 años, originario de Zitlala, era egresado de la facultad de Ingeniería y sobrino del conocido pintor de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jaime Tomatzin Tehuitzin.
El otro se llamaba  Luis Antonio Ruiz Guerrero de 34 años, vecino de la colonia Centro de la capital, y era maestro de una primaria de Quechultenango, el tercero fue identificado como Jacob Oliveros de la Vega de 32 años, era originario del estado de Morelos y vecino de la colonia Burócratas y se desempeñaba como jefe de departamento de recursos materiales del Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero (Ibgro).
El último se llamaba Oswaldo Bueno Cruz de 31 años, vecino del fraccionamiento Villa Silvestre y hacía sus servicios profesionales de arquitecto en la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (CICAEG).
Según las declaraciones de los familiares de las cuatro víctimas, informaron que habían acudido al bar a reunirse con sus amigos para ver el partido de las selecciones de México y Chile, e informaron que los hombres no tenían ningún problema con otras personas.
Una joven de 19 años quien fue una de los siete heridos de bala en el ataque del bar, fue dada de alta la tarde de ayer en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón de esta ciudad. Sin embargo los otros seis heridos, entre ellos el mesero y el administrador del bar, se encuentran en el hospital general y privado recibiendo atención médica.
Una fuente de la fiscalía informó que los agresores utilizaron armas de .9 milímetros,  AR-15 y AK- 47 conocido como cuerno de chivo, dentro del bar hallaron más de 60 casquillos percutidos de estos calibres.
El bar está a un lado de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), y además del museo interactivo La Avispa y frente del encauzamiento río Huacapa y el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (Itech) al sur de la ciudad.
Al bar acudían personas de clase media para divertirse.
En la capital no es el único ataque que ha ocurrido en contra de algún bar. Los primeros minutos del domingo 18 de octubre del año pasado, hombres armados irrumpieron en el bar La María y atacaron a balazos a seis hombres quienes resultaron heridos.
El bar La María está al lado del bar Player’s Sport que fue atacado la noche del miércoles donde murieron cuatro hombres y hubo siete heridos, entre ellos la joven de 19 años.
Otro hecho similar ocurrió en ese mismo mes, cuando 20 hombres armados irrumpieron en el bar Casting y el restaurante Cocorico, en la plaza comercial Cárdenas 71, frente a Office Depot en la avenida Lázaro Cárdenas.
En ese hecho se supo que los hombres armados preguntaron por una persona pero los jóvenes que estaban en el bar no les respondieron por temor.
En los primeros días de enero de este año se repitió otro hecho de violencia en la plaza comercial Cárdenas 71,  un grupo de hombres entraron a esos bares para exigirle a los dueños que no abrieran sus negocios hasta que terminara la Feria de Navidad y Año Nuevo, porque los consumidores no acuden a los centros nocturnos de la feria.
Según testigos, los hombres llegaron a los bares Casting, Cocorico, Big Momma, La Terraza y La Chopería y exigieron a los encargados que cerraran porque supuestamente los jóvenes no acuden a los bares que están en las instalaciones de la feria y “porque afecta su economía”.
Por la noche,  el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez  Heredia, informó en un boletín de prensa que la FGE integró la carpeta de investigación número 12020090200077010616 contra  quienes resulten responsables por el homicidio de cuatro hombres y los lesionados por el ataque en el bar.

Minutos antes de la medianoche un taxista fue asesinado en calle Nogal cerca del hotel Los Ángeles, donde se hospedan los agentes de la Policía Federal (PF) en la colonia Prolongación Jaboncillo, de Chilapa.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la víctima es Pedro Luis Mónica Barrios 38 años.
El cadáver quedó a un lado de su taxi, vestía un pantalón de mezclilla, playera blanca y  tenis blancos y en el lugar se hallaron seis casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
A la colonia llegaron policías estatales, federales y militares que acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para la necropsia de ley.
La colonia Prolongación Jaboncillo está a la salida de Chilapa rumbo a la carretera que se dirige a la comunidad de Acatlán.
En el municipio de Chilapa han ocurrido distintos hechos de violencia. El martes fue localizado el cuerpo de un hombre semienterrado y decapitado en una colonia de Chilapa, el cadáver pertenece a uno de los tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos desde el sábado en la noche por la organización Siempre Vivos, integrada por familiares de víctimas desaparecidas.

Ayer un hombre resultó herido de bala en la colonia  Ampliación Renovación en Iguala.
Según fuentes policiacas, a las 6:38 de la mañana recibieron un reporte que en la calle Buganvilia, cerca de la miscelánea La Esperanza había una hombre herido de bala en la pierna.
Según testigos la víctima es Erasto Cruz Quezada y llegó a la tienda para abrir, después llegaron dos hombres armados, discutieron con otro y al intentar calmarlos lo atacaron a balazos.
La víctima recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el pecho que afectó el pulmón, fue trasladado por sus familiares en un taxi al hospital general de Iguala para recibir atención médica.

Los agentes de la Policía Federal (PF) y de la Gendarmería que son parte del Operativo Tierra Caliente fueron removidos de esa región desde hace cinco días para reforzar la seguridad en otros estados de la República donde habrá elecciones, y a la capital del estado para vigilar los diferentes movimientos sociales.
Una fuente de la PF confirmó que sólo se quedaron en Altamirano y Arcelia, en tanto que en Coyuca de Catalán donde se concentraba la mayor cantidad de agentes, éstos fueron movidos temporalmente así como en Cutzamala, Tlalchapa, Tlapehuala, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y Zirándaro.
En Tierra Caliente la PF tomó el control de la seguridad de esos municipios desde el 5 de diciembre del 2014, cuando comenzó la primera etapa del Operativo Tierra Caliente, cuando desarmaron a todas las policías municipales.
El 4 de diciembre del 2015 el gobierno federal lanzó una segunda etapa, anunció la llegada de más agentes federales y el ingreso de por lo menos 300 policías de la Gendarmería.
Desde hace 15 días fueron removidos los tres grupos de los agentes de la Gendarmería que habían en Tierra Caliente, lo que dejó a esos municipios sin vigilancia policiaca.
Desde el pasado fin de semana se retiraron los agentes de la PF de tres municipios. En tanto que ayer se confirmó que terminaron de retirarse por lo menos en otros tres municipios más y solamente se quedaron los agentes en Altamirano y Arcelia.
La Policía Estatal manda grupos de agentes de manera discreta a los diferentes municipios para hacer recorridos y tratar de brindar seguridad, aún cuando no hay suficientes policías para cubrir toda la región.
El Ejército también ingresa a los diferentes municipios pero de manera temporal con grupos que se establecen algunas horas en las cabeceras municipales, y después continúan hacia otros municipios.
Una fuente de la PF confirmó que los federales están reforzando las acciones en otros estados de la República en los cuales tendrán elecciones el próximo domingo, en tanto que otra sección se quedó en Chilpancingo tras las diferentes protestas de los maestros en contra de la reforma educativa.

Después de cuatro horas de reunión la Secretaría General de Gobierno del estado acordó con los policías estatales que pararon labores 2 horas y media el 26 de mayo, que revisará en dónde quedó el dinero para la corporación que ejercieron las administraciones estatales de Ángel Aguirre y de Rogelio Ortega.
En conferencia de prensa dijo que resolvió ocho peticiones de las 18 que presentaron en un pliego los agentes estatales.
La tarde del miércoles, unos 10 policías llegaron a las 6 de la tarde al edificio Norte del Palacio de Gobierno y se reunieron con los secretarios de Gobierno Florencio Salazar, de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, con el subsecretario de Finanzas Tulio Pérez Calvo y con el director general de Administración y Desarrollo de Personal, Jaime Ramírez Solís.
Antes de reunirse con los policías, los funcionarios se reunieron a puerta cerrada en la oficina de Salazar Adame. En conferencia a las 11 de la noche del miércoles, Salazar informó que sólo se abordaron ocho puntos del pliego petitorio, y que los demás serán atendidos en los siguientes días por el subsecretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo.
Justificó que las demás peticiones las atenderá Pérez Calvo porque requieren de un estudio financiero para determinar su viabilidad.
Salazar detalló que la demanda de la reinstalación de la caja de prevención social será revisada, pues durante la administración de Ángel Aguirre Rivero fue suspendida.
Dijo que la solicitud de los policías, es saber qué paso con su ahorro. Ante esta petición se determinó que Pérez Calvo deberá revisar e investigar dónde quedó o en dónde fue empleado el dinero de los policías, para que se pueda reponer la caja de prevención social.

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Huamuxtitlán, recordó que el 2 de junio se cumplieron cuatro años del levantamiento de los pobladores de ese municipio contra los delincuentes que robaban casas, se llevaban el ganado, los autos, secuestraban a los pobladores, violaban a estudiantes y asesinaban.
El 2 de junio de 2012 integrantes del Frente Ciudadano y otros vecinos rescataron a 18 personas secuestradas y arremetieron contra policías ministeriales e intentaron linchar al alcalde suplente, Juan Carlos Merino González, a quien acusaron de que con los agentes estaban en complicidad con los delincuentes que tenían asolada la zona.
Entre las víctimas estaba una menor de edad a la que tenían encerrada y amordazada en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Los vecinos detuvieron a seis presuntos delincuentes que fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).
En ese hecho prendieron fuego a la comandancia de la Policía Ministerial, dañaron una patrulla de la corporación y ocho vehículos robados por los delincuentes que habían sido recuperados.
Ayer el coordinador del comité de enlace de la CRAC-PC, Manuel Alejandro Gutiérrez comentó que las actividades de rememoración de los hechos serán más adelante porque no tienen condiciones para hacerlas, y que la comunitaria sigue vigente para darle seguridad a la gente, primero en  el Frente Ciudadano, integrado el 19 de octubre del 2011,  y ahora como parte de la Policía Comunitaria desde el 2 de junio del 2013, adheridos a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
Mencionó que la delincuencia se frenó en 90 por ciento en la población, y en últimos meses se habla de secuestros pero “no fueron aquí, son en las carreteras que van a Xochihuehuetlán o Cualac, aquí han disminuido, ya no se conocen casos como esos”.
Del alcalde de Cualac, Rolando Sánchez Sosa, secuestrado cerca de ese municipio y días después fue asesinado en un paraje cercano a la cabecera municipal de Tlapa, dijo que en los últimos meses lo que se vivió en la cabecera municipal fueron extorsiones telefónicas, lo que causó pánico en la población, “pero sólo fue eso y ahora nuevamente estamos en la normalidad”.
Agregó que el robo de casas y el abigeato se frenaron, y la población está al pendiente de que eso no ocurra. Agregó que se trabaja de manera coordinada con Xochihuehuetlán, Metlatónoc, Olinalá, Ahuacuotzingo y las comunidades de Huamuxtitlán como Santa Cruz, Coyahualco, Tlalquetzala. Mencionó que la Policía Municipal de Huamuxtitlán respeta su trabajo y cuando es necesario pedir apoyo lo hacen.
Dijo que se espera que se concrete una Casa de Justicia donde se reeduque a los que cometen delitos para que no los tengan que llevar hasta San Luis Acatlán.

La comunidad de El Parotillo, Ayutla, renunció al sistema de seguridad y justicia de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Casa de Justicia de El Paraíso, también lo hizo un coordinador que ostenta un cargo en el municipio, para evitar fricciones internas.
Ambas solicitudes fueron presentadas en la asamblea del martes en la comunidad de El Paraíso, ubicada a 40 minutos de recorrido desde la cabecera municipal, y serán votadas en la asamblea microrregional el sábado 11 de junio, porque fueron los últimos puntos de la reunión que terminó a las 5 de la tarde, y ya no se encontraban los representantes de todas las comunidades.
El comisario de El Parotillo, Adolfo Morales presentó en la asamblea microrregional la desincorporación al sistema comunitario. Ahí asistieron unos 300 integrantes de la CRAC de 36 localidades incorporadas a la Casa de Justicia de El Paraíso, que ahora son 35. La desincorporación dejará fuera a un coordinador de los cinco que hay, porque es originario de El Parotillo.
La comunidad na savi, ubicada en los límites con el municipio de Acatepec, en la Montaña, determinó su salida del sistema, según explicó el comisario, porque las 18 familias, unos 90 habitantes, no soportan la cooperación en especie (que consta de granos y productos de primera necesidad) y las guardias permanentes en la Casa de Justicia de El Paraíso para dar de comer a los policías comunitarios y a los detenidos que están en proceso de reeducación.
El coordinador de El Paraíso, Gregorio García expresó a los asistentes que se recibía la solicitud de la comunidad, pero que la decisión sería anunciada en asamblea el próximo sábado 11 de junio, ante los representantes de todas las comunidades para que estén enteradas.
En la asamblea, el coordinador Efraín Rea López presentó su renuncia para evitar conflictos internos luego de que algunos integrantes manifestaron su descontento con su permanencia, porque ocupa un cargo en el Ayuntamiento de Ayutla, argumentando que en el reglamento comunitario se establece que ninguna persona con cargo en el gobierno podrá ser parte de la Policía Comunitaria de la CRAC.
Rea López fue nombrado, a la llegada de la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortencia Aldaco Quintana, como director de Desarrollo Social del municipio. El coordinador Gregorio García aceptó la solicitud de separación del coordinador al sistema comunitario, pero manifestó que la decisión se tomará en la asamblea del 11 de junio.
Gregorio García indicó que el coordinador de El Parotillo y Rea López seguirán al frente de la organización hasta que sean elegidos los dos nuevos miembros en una asamblea microrregional, para evitar conflictos, al quedar al frente tres coordinadores.

Solicita la UPOEG a la CRAC que dos sentenciados a 20 años sean reeducados en su comunidad

En la reunión, fueron sentenciados por la asamblea a 20 años dos detenidos acusados de intento de asesinato de un maestro. Los atacantes del maestro fueron presentados a la asamblea, donde estuvo el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Por mayoría de votos, los asistentes votaron a favor de los 20 años de reeducación para los dos detenidos, el primero de unos 25 años de edad, quien disparó el arma, y el segundo, de unos 30 años, que es propietario de la pistola. En la asamblea se propusieron sentencias que iban desde 5 hasta 50 años.
En su intervención, el abogado de Tlachinollan, y antes de la votación, recordó a los pobladores que la decisión de la sentencia sería un antecedente para futuros castigos por delitos similares, y después no habría la posibilidad de bajar el castigo, sin embargo las autoridades comunitarias fueron firmes en su decisión.
A la misma reunión acudieron dos coordinadores de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes solicitaron, a petición de los familiares originarios de la comunidad de Ahuacachahue, a los dos presos.
El coordinador de la Policía Ciudadana, Marcos Guatemala Gutiérrez explicó a las autoridades comunitarias que los familiares de los sentenciados solicitaron su traslado a la comunidad de Ahuacachahue para que ahí cumplan su sentencia, eso permitiría que los familiares gastaran menos en traslados.
Los coordinadores de la CRAC recibieron la solicitud y manifestaron que la analizarán; algunas autoridades señalaron que si la Policía Ciudadana respetaba la sentencia de 20 años de los detenidos, habría más colaboraciones y coordinación.

Vecinos de Ayutla se llevaron el miércoles al presunto violador de una niña a la cancha de la colonia Cruz Alta, quien fue detenido el pasado domingo y permanecía en la comandancia, a quien pretendían linchar.
Ayer fue recuperado por la Policía Ciudadana con la intervención del comandante del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Ernesto Gallardo Grande.
Según el comandante de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Germán Bravo, la mañana del sábado Marcos Adelaido de Jesús de 22 años presuntamente violó a una niña de nueve años.
Vía telefónica el comandante informó que el agresor aceptó su responsabilidad cuando fue detenido el domingo pasado.
Comentó que hasta la noche del miércoles, Adelaido de Jesús permanecía detenido en la comandancia, en espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitiera una orden de aprehensión, puesto que tienen coordinación con la dependencia y el delito es grave.
Sin embargo a las 10 de la noche del miércoles unos 200 vecinos de la colonia Cruz Alta se presentaron en la comandancia, donde “a la brava” reclamaron al detenido.
A las 12 de la noche el joven fue trasladado a la cancha de la colonia Cruz Alta. Durante el trayecto fue golpeado por los vecinos. El comandante dijo que los colonos querían hacer “justicia con sus propias manos”.
Marcos Adelaido permaneció hasta ayer a las 3 de la tarde en un cuarto de la cancha de la colonia, donde estaba con los ojos vendados.
Se informó que una vez que el comandante del SSJC intervino, el inculpado fue entregado a la Policía Ciudadana en presencia de agentes del Ministerio Público.
El acusado fue trasladado a la comandancia de la Policía Ciudadana en Tecuanapa, en espera de que el lunes sea liberada la orden de aprehensión, para que sea entregado a las autoridades ministeriales.