Agencia Proceso

Guadalajara

El alcalde emecista Enrique Alfaro renunció al Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto por las prácticas de espionaje ilegal que efectúa el gobierno del estado, encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval, a través del software Hacking Team.
A través del oficio 354/2017, con fecha 22 de junio, enviado a la presidenta del secretariado, Cynthia Cantero Pacheco, el presidente municipal refiere que, “en congruencia con lo que creo, presento mi renuncia voluntaria como miembro propietario y representante de los municipios de Jalisco ante el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto”.
Enseguida aclara que “renuncio por falta de condiciones, pero sobre todo porque no se puede formar parte de un espacio de simulación donde un integrante del Secretariado, como el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, tiene en su poder y utiliza de manera opaca un software como el que el gobierno federal ha usado para espiar a activistas, periodistas y opositores políticos”.
En el mismo documento, Alfaro subraya que el gobierno de Aristóteles Sandoval niega la existencia y uso del software para hacer espionaje digital, al igual que en 2015 cuando se ventiló la aplicación de dicha herramienta.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, a través de su cuenta de Twitter lamentó la salida del municipio de la mesa de trabajo.
Sin embargo, calificó la postura de Enrique Alfaro como “irresponsable” y mencionó que continuarán trabajando en los temas comprometidos, “sin que esto dependa de impulsos o rabietas que nublan cualquier avance interinstitucional”.
El alcalde tapatío indicó que, a pesar de dejar el Secretariado, el municipio continuará con la agenda y con todos los compromisos de gobierno abierto.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el gobierno mexicano por el espionaje de que han sido víctimas periodistas y activistas mexicanos.
“Por la gravedad y urgencia pedimos a la CIDH solicite al Estado Mexicano que adopte medidas cautelares para prevenir actos de espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición”, argumentó la legisladora del PAN, según un comunicado de ese grupo parlamentario.
De acuerdo con la diputada, el espionaje hecho con software adquirido por el gobierno mexicano viola el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; éste último, relacionado con el derecho a la privacidad en el país.
La denuncia de la funcionaria incluyó la petición a la CIDH de que realice una visita “de alto nivel” a México para constatar los hechos denunciados y, de ser procedente, designe una Relatoría Especial para el caso.
Además, solicitó al organismo interamericano que se pronuncie para exigir al gobierno mexicano que se abstenga de utilizar el espionaje contra los ciudadanos, “ya que esta práctica constituye violaciones al derecho a la privacidad de las personas y a la libertad de expresión”.
El llamado de Brenda Velázquez a la CIDH se suma a la denuncia penal que presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso ilegal del software espía Pegasus.

Agencia Proceso

Ciudad de México

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, reconoció que la corrupción y la impunidad han dañado la democracia, la economía y han fomentado la desigualdad y violencia en el país.
El mando militar refirió que la credibilidad de las instituciones públicas también ha sido lastimada por estas dos prácticas, lo que dio pie a que aplaudiera la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que arrancó en abril pasado.
Dijo que la aplicación “precisa y contundente de este esquema permitirá enfrentar la corrupción que ha dañado a nuestra sociedad”.
Cienfuegos encabezó la inauguración del taller Obligaciones y responsabilidades bajo el sistema nacional anticorrupción, en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, con la presencia del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sánz, y la titular de la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González.
Durante su intervención, el militar hizo un llamado a fortalecer la cultura de la legalidad, de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones del país.
“Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre”, lanzó.
Con la entrada en vigor del nuevo Sistema Anticorrupción, aseguró, se reforzarán las medidas para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos y nuestro compromiso de actuar con honestidad.
Por su parte, Arely Gómez reconoció que la corrupción es un flagelo que lesiona y deteriora la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos.

Irene Savio / Agencia Proceso

Roma

El fiscal general de Florencia, Marcello Viola, ha emitido un dictamen favorable a las peticiones de extradición solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y México sobre el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, capturado en abril pasado en Italia.
Según ha explicado Viola a Agencia Proceso, en el caso de México, el visto bueno se ha otorgado con base en la acusación esgrimida por las autoridades mexicanas contra Yarrington, que ha sido la de tráfico de estupefacientes.
“México ha pedido la extradición de Yarrington solo por tráfico de drogas y no también por corrupción, como nos esperábamos, de manera que se la hemos concedido por ese delito”, ha dicho Viola, al precisar que sus argumentaciones fueron entregadas el miércoles a la cancillería del tribunal de Florencia.
Por el contrario, en el caso de Estados Unidos, la petición se concedió por los delitos por los cuales lo reclama la Corte para el Distrito Sur de Texas, es decir, asociación para delinquir, tráfico de sustancias estupefacientes, lavado de dinero y fraude bancario.
“Ni en el caso de México, ni en el de Estados Unidos, hemos considerado que hay elementos por los cuales deberíamos negarnos a que [Yarrington] sea extraditado, por lo que ahora le tocará al tribunal de Apelaciones [de Florencia] decidir si autoriza dicha extradición, y a qué país”, ha puntualizado Viola.
De hecho, no aplican, según el fiscal, ninguna de las circunstancias por las que Italia podía negarse a la extradición de Yarrington, como haber sido acusado de manera injusta o verse expuesto a castigos no previstos por el ordenamiento italiano, como la pena de muerte.
“Hemos formulado algunas observaciones acerca de ambas peticiones, pero básicamente son tecnicismos”, ha añadido el fiscal, quien ha presentado su dictamen en tiempos muy rápidos, antes del término de 90 días que tenía a disposición según la legislación italiana.
De momento, tampoco procede, ha insistido Viola, el supuesto acuerdo entre Washington y México para que Yarrington sea extraditado primero a Estados Unidos, puesto que la Fiscalía de Florencia no tiene noticia alguna de ello.
“No tenemos constancia de ese acuerdo”, ha confirmado Viola.
Con el visto bueno de la Fiscaía de Florencia, el procedimiento para que el ex político priista sea extraditado entra en su fase activa, dado que los defensores de Yarrington –coordinados en Italia por el abogado romano Luca Marafioti–, podrán conocer a la brevedad la documentación presentada por ambos países contra su cliente.
De hecho, como establece el artículo 703 del Código de Procedimiento Penal de Italia, es en esta fase que la defensa de Yarrington podrá ver y hacer copias de esa documentación, así como también presentar memorias jurídicas ante el tribunal florentino.

Audiencia prevista para julio

Con ello, fuentes judiciales precisaron a este medio que se prevé que la audiencia en la que el tribunal de Apelaciones decidirá sobre la extradición de Yarrington se celebrará previsiblemente en el próximo mes de julio.
Durante la misma, en la que no autorizará el acceso de periodistas al no ser pública, se permitirá la presencia, además de Yarrington, de sus defensores y del fiscal Viola, también de representantes de los dos Estados que lo reclaman.
Si la sentencia no es considerada favorable por parte de la defensa de Yarrington, el ex gobernador podrá presentar una apelación ante el Tribunal de la Casación de Italia, la corte de más alta jerarquía en Italia (excluyendo el Constitucional).
Una eventualidad que, según ha podido saber este medio, es muy probable que ocurra, lo que dilatará los tiempos para que la extradición del expolítico priista se haga efectiva, puesto que también el ministerio de Justicia de Italia deberá pronunciarse sobre el caso.

Investigaciones en curso

En paralelo, también continúan las indagaciones de la policía y de los fiscales italianos sobre el posible nexo de Yarrington con la Ndrangheta, la poderosa mafia de Calabria que estableció una buena relación con el cartel del Golfo hace más de 10 años.
Más aún, las autoridades italianas incluso están barajando la posibilidad de que esta indagación, que en la actualidad está en manos de la Fiscalía de Paola –la pequeña localidad de Calabria donde residía Yarrington–, pase a manos de otra fiscalía más grande y especializada.

 

Agencia Proceso

Chihuahua

La Secretaría de la Función Pública estatal presentó una denuncia más ante la Fepade contra la gestión de César Duarte por las retenciones ilegales de ingresos a servidores públicos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, por un monto de 4 millones de pesos.
El dinero así retenido fue entregado directamente al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esa denuncia se suma a la que ya generó una orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte y otros de sus excolaboradores por peculado electoral, tras desviar 14 millones de pesos de retenciones de 5% a exfuncionarios y empleados de las dependencias que conforman el gabinete legal.
Esas retenciones a los ingresos de sus subordinados, por 14 millones, corresponden sólo a 2015, pero aquéllas se hicieron durante los seis años del gobierno duartista y ascendieron a 79 millones, más las que se aplicaron en organismos descentralizados, que actualmente siguen bajo investigación, como en el caso de las JMAS de Juárez.
La secretaria de la Función Pública en Chihuahua, Stefany Rocío Olmos Loya, informó que las retenciones salariales por 4 millones de pesos se aplicaron durante el proceso electoral federal de 2015, por lo que ahora corresponde a la autoridad federal en la materia investigar los hechos denunciados.
“Esta es una nueva denuncia, que se suma a la de los 79 millones de pesos que habrían sido retenidos por la Secretaría de Hacienda, y en estos casos fueron autoridades federales las que están investigando estos hechos”, reveló.

Ex diputado de MC en Chihuahua reconoce que Duarte le dio 2.4 millones del erario

El ex diputado local de Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes Ramírez, aceptó que recibió 2 millones 400 mil pesos del ex gobernador César Duarte Jáquez del erario público, para apoyarlo con un problema personal que tuvo el año pasado.
El dinero fue desviado a través de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S, a la que simularon pagar un servicio de consultoría a municipios de la entidad, que nunca prestaron. El representante de dicha empresa, Iván Eli Sánchez Jasso, también reconoció el desvío de recursos del erario.
El juez de Control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, dictó libertad condicional a los dos, luego de que depositaron en garantía, los 2.4 millones, para continuar el proceso. La audiencia de vinculación a proceso será el domingo 25 de junio.

Agencia Proceso

Tuxtla Gutiérrez

Miles de indígenas zoques de la región noroeste del estado, arropados por organizaciones sociales, ciudadanas, religiosas, magisteriales y estudiantiles, marcharon este jueves contra los megaproyectos que amenazan sus tierras y sus territorios, como la construcción de presas hidroeléctricas, pozos petroleros y concesiones para la minería extractiva.
Como pocos movimientos y causas en Chiapas, la del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio agrupó este día la solidaridad de decenas de grupos civiles que se unieron a la marcha que inició en la entrada poniente de la capital y concluyó con un mitin en la plaza central. Ahí, los líderes se pronunciaron contra los megaproyectos que “traerán muerte y no vida y desarrollo como argumenta el gobierno federal”.
Al darse a conocer ayer que 12 pozos petroleros de la zona norte de Chiapas fueron eliminados de la Ronda 2.2 hasta que no haya una “verdadera consulta” con los pueblos indígenas de la región, los inconformes llamaron a no bajar la guardia y seguir firmes en la lucha. “Ganamos una batalla, más no la guerra”, dijeron los oradores.
Tras la reforma energética aprobada en 2013, junto con las 10 reformas constitucionales, los indígenas chiapanecos vieron en ella una amenaza de despojo de sus tierras, en particular, las de los pueblos zoques.
Por ello, empezaron a organizarse en un movimiento “de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra” para enfrentarse a los proyectos extractivos que amenazan la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.
“Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; una ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; un proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; un geo-parque en el mismo Volcán con dos mil 400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago”, dijeron los oradores en su pronunciamiento.
En total, son más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos amenazadas por los proyectos extractivos, dijeron.
Los inconformes alertaron que la amenaza más directa sobre sus tierras es la licitación que realiza desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (Sener), a través de la Ronda 2.2 para concesionar 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste; la cual se compone de 12 bloques, dos de los cuales tienen impacto en Chiapas.
Exigieron la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2, demandaron el respeto al derecho a la consulta, rechazaron otorgar el permiso para el proceso de licitación y la concesión de los pozos, además de que exigieron la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos en los municipios del Pueblo Zoque.

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un enfrentamiento armado en el bar La Cabaña ubicado en los límites de Corregidora, Querétaro, y Apaseo el Grande, Guanajuato, dejó la noche del miércoles seis muertos y seis heridos.
El procurador general de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa, dijo que las primeras investigaciones apuntan a que el tiroteo se desató entre algunos de los hombres que fallecieron y otros que lograron huir.
De acuerdo con versiones difundidas por la prensa local y portales de noticias, el enfrentamiento se desató al filo de las 22:00 horas después de que pistoleros que llegaron en dos camionetas abrieron fuego al interior del club nocturno.
Zamarripa agregó que las investigaciones todavía no precisan si el hecho violento se derivó de disputas entre miembros de grupos criminales rivales.
Previo a este ataque, comentaron fuentes policiales, se había registrado un tiroteo entre civiles en la localidad San Antonio Calichar, de donde escapó un grupo.
Por su parte, el vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito de la Fiscalía General de Querétaro, Humberto Pérez, informó que el dueño de “La Cabaña” fue arrestado cuando trataba de escapar a bordo de un taxi.
El hombre traía un arma de fuego, más de 1.5 millón de pesos en efectivo y poco más de 500 dólares.
El funcionario explicó que el propietario y dos personas más fueron detectadas por los oficiales en un camino vecinal del municipio de Corregidora, luego de que las Policías de Querétaro y Guanajuato desplegaron elementos en los límites que comparten en busca de los pistoleros.

 

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El aumento en el índice de homicidios dolosos tiene que ver particularmente con la liberación de personas que son detenidas con armas tipo AK-47 o Barret calibre 50, afirmó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.
En entrevista, consideró que se si modifica la ley y se aplica prisión preventiva oficiosa al delito de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, se podrá revertir la tendencia al alza de los homicidios.
“Efectivamente tenemos un mes (mayo 2017) con una alta incidencia delictiva. Nosotros decimos que es muy elemental, pero si se suelta a personas con AK-47, Barret calibre 50, Brownies, R15, a la calle, pues éstas personas van a matar”, señaló al término de un evento de la Conferencia Nacional Penitenciaria.
“De lo que se trata es que se reforme la Ley General de Armas, Fuegos y Explosivos y el Código Nacional de Procedimientos Penales para posibilitar que estas personas sigan su proceso en prisión, prisión preventiva de oficio, una vez que se les detiene, el juez los mande a los centros penitenciarios, no a la calle”.
Contrario a lo que opinan algunos expertos, el Comisionado afirmó que la aprobación de esta iniciativa es clave y no significa desmantelar el modelo acusatorio, que calificó como el mejor de los sistemas.
Recordó que la iniciativa de reforma ya fue presentada en la Cámara de Diputados -por el PRI- y cuenta con el respaldo de Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores de lo estados, así como Gobernadores.
“Se trata de agregar ese delito y el acopio de armas a la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que esta sucediendo? Detenemos personas con armamento de alto poder, los ponemos a disposición del juez y el juez ordena que sigan su proceso en libertad”, reprochó.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las corporaciones policiacas presentan deterioro sistemático y, algunas regiones del país, están rebasadas en sus tareas para combatir la inseguridad.
El funcionario destacó que se requiere fortalecer las instituciones locales de seguridad y de procuración de justicia, ya que “no hay atajos ni caminos cortos”.
Uno de los temas que resaltó Osorio Chong fue el del Mando Mixto Policial, por lo que hizo un llamado a ambas Cámaras para que discutan la minuta del tema, que se encuentra en San Lázaro, en la que se propone la creación de esta figura.
“Nosotros dejamos hace un par de meses tres hojas en las que les decíamos cómo si podía caminar ese mando mixto, sin que generara problemas en órdenes administrativos que pudiera aprovechar la delincuencia”, apuntó.
“Es fundamental emprender una acción de Estado para regresar a la tendencia a la baja en los delitos de homicidios dolosos de 2012”, refirió Osorio en un comunicado difundido este jueves.
Tras el llamado, el funcionario matizó su mensaje: no nos oponemos a las y a los legisladores, lo que pedimos es que se busque un acuerdo.
El encargado de la política interior del país justificó su postura al asegurar que se trata de impulsar un modelo que permita fortalecer las instituciones de seguridad locales.
El gobierno de la República, indicó, redobla esfuerzos con los demás órdenes para dar respuesta efectiva a este fenómeno de inseguridad a partir de la corresponsabilidad.
“Todos los órdenes de gobierno y Poderes de la Unión, estamos llamados a redoblar esfuerzos en el marco de la corresponsabilidad, para consolidar una seguridad efectiva y duradera en beneficio de los mexicanos”, sostuvo.
Osorio Chong participó en la inauguración del Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa de las Comisiones para la Igualdad de Género, de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y de los Tribunales Superiores de Justicia en las Entidades Federativas.

Staff / Agencia Reforma

Tapachula

Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter se registró la mañana de este jueves en Chiapas, sin que hasta ahora se reporten afectaciones.
El epicentro del movimiento se ubicó a 159 kilómetros al sureste del Municipio de Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala, a las 7:31 horas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.
Apenas el pasado 14 de junio la entidad resintió los efectos de un movimiento telúrico de 7 grados Richter.
El fenómeno dejó daños en al menos 18 municipios del estado que fueron declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación, para activar recursos del Fondo Nacional de Desastres.