Agencia Reforma

Comalapa, Chiapas

Cinco policías estatales, entre ellos una mujer, fueron asesinados en una emboscada de un grupo criminal cuando circulaban en el municipio de Frontera Comalapa, en el sur de Chiapas, de acuerdo con fuentes oficiales.
Los elementos de la unidad 23057 circulaban en el Ejido Sabinalito, ubicado a menos de 10 kilómetros de los límites con Guatemala, cuando sujetos armados les lanzaron una granada y después le prendieron fuego a la patrulla de la Policía estatal.
De acuerdo con fuentes de seguridad, las víctimas fueron identificadas como el subinspector Guillermo Cortés, y los policías Jesús Sánchez, Joel Martínez, Brenda Lizbeth Toalla y Pedro Hernández.
El Gobernador morenista Eduardo Ramírez aseguró durante un evento que no permitirá que este hecho sea la antesala de que en Chiapas regresen las balaceras y asesinatos masivos.
“He girado instrucciones tanto al Secretario de Seguridad, como a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, y también hablé con el Fiscal, porque no voy a permitir que vuelvan los hechos de violencia a Chiapas, eso se acabó, habrá una respuesta fuerte y contundente con lo que pasó hoy. No tenemos miedo”, dijo por momentos gritando.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que envío más de mil elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como del nuevo grupo policiaco Pakal, para reforzar la seguridad en la zona.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó un despliegue para encontrar a los responsables.
La región del sur de Chiapas, en donde se encuentra Frontera Comalapa, ha estado durante años en medio de la narcodisputa de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por la ruta que sirve para la entrada y salida de drogas, así como de armas y también el tráfico de migrantes.
Apenas a inicios de este año, fue detenido el Alcalde interino de Frontera Comalapa (PVEM), José Antonio Villatoro, por sus nexos con la delincuencia organizada en esta zona serrana.
Y días después, la titular del Concejo Municipal, Marli Trejo Posada, presumió que en la ciudad podría realizarse actividad física, pero en las fotografías apareció rodeada de elementos estatales con armas largas.

Europa Press

Madrid

Rusia entregó ayer el esperado memorándum con su propuesta para un alto al fuego en Ucrania, un texto que incluye un alto al fuego a largo plazo en algunas regiones, la retirada ucraniana de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia y medidas para atajar lo que Moscú considera como causas profundas del conflicto.
En un primer momento se declararía un alto al fuego de dos o tres días una vez comiencen las negociaciones de un tratado de paz. Este plazo permitirá recuperar los cadáveres que están en “zonas grises” y la entrega de 6 mil cuerpos de militares ucranianos por parte de Rusia, indica el documento, citado por la agencia de noticias rusa TASS. Este alto al fuego estaría bajo la supervisión de un Centro de Monitorización y Control del Alto al fuego, según el memorándum.
Después ofrece dos opciones de alto al fuego entre las que podría elegir Ucrania. La primera supone firmar un Memorándum de alto al fuego de 30 días que incluiría el compromiso de retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia. En ese plazo Ucrania deberá completar la retirada total de sus fuerzas del territorio de la Federación Rusa, según el texto.
La segunda opción de alto al fuego se recoge en un paquete de diez condiciones que deberán cumplir las partes y que no trascendieron.
El negociador jefe de la delegación rusa que viajó ayer a Estambul para entrevistarse con representantes de Ucrania, Vladimir Medinski, confirmó que se entregó el memorándum a Ucrania.
“Hemos entregado nuestro memorándum a Turquía. Tiene dos partes: cómo lograr una auténtica paz a largo plazo y qué medidas se deben adoptar para hacer posible un alto al fuego con todas las de la ley”, ha explicado Medinski.
Ucrania y Rusia acordaron ayer un intercambio de al menos mil prisioneros de guerra por cada bando de tres categorías: gravemente enfermos, gravemente heridos y de entre 18 y 25 años de edad, además de un intercambio de 6 mil soldados caídos en combate.
“Hemos acordado el intercambio de todos por todos los prisioneros heridos graves y enfermos graves. La segunda categoría es la de los soldados jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, todos por todos. También hemos acordado la devolución de 6 mil cuerpos por 6 mil militares muertos”, ha explicado el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en rueda de prensa.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha manifestado su satisfacción por el acuerdo anunciado ayer por Ucrania y Rusia para el intercambio de un millar de prisioneros de guerra y 6 mil cuerpos de militares.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, destacó ayer las conversaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania celebradas en la localidad turca de Estambul, las cuales ha descrito como “excelentes”, pero ha manifestado que ahora su principal deseo es “sentar a (Vladimir) Putin y a (Volodimir) Zelenski a la mesa de negociaciones”.
Por otro lado, el presidente estadunidense, Donald Trump, estaría “abierto” a reunirse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, un encuentro en el que el anfitrión sería el dirigente turco, Erdogan.
“El presidente dijo que está abierto si llegamos a eso, pero quiere que los dos líderes de los dos bandos se sienten juntos a la mesa” de negociación, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Zelenski aseguró ayer que el país está “preparado” para tomar las “medidas necesarias” para lograr la paz, unas declaraciones que llegan poco antes del encuentro previsto entre las delegaciones de ambos países en la localidad turca de Estambul.

Greenpeace roba estatua de cera de Macron; la colocan en Embajada rusa

Varios activistas de Greenpeace robaron ayer la estatua de cera del presidente francés, Emmanuel Macron, del Museo Grévin de París y la colocaron frente a la Embajada de Rusia para protestar por las relaciones comerciales de Francia con Rusia.
“Tres años después de que Rusia iniciara su invasión de Ucrania, Francia sigue financiando la guerra de Putin mediante importaciones. Greenpeace denuncia esta colaboración que enriquece a un régimen autoritario y amenaza la seguridad europea”, señaló Greenpeace Francia en varios mensajes publicados en redes sociales.
En este sentido, criticó que la “política energética francesa está en total contradicción” con los compromisos asumidos con las autoridades ucranianas. “Si Francia no impulsa sanciones europeas contra el gas ruso es en parte para proteger los beneficios de Total Energies y no por interés general”, agregó.
Greenpeace denunció además que pese al apoyo a Kiev, las importaciones francesas de gas ruso en 2024 aumentaron en un 80 por ciento, mientras que Francia “fue el principal importador europeo de gas natural licuado ruso” el pasado año.
Asimismo, la ONG criticó a la industria nuclear francesa por “colaborar estrechamente con Rosatom”, una empresa estatal rusa. “Francia depende al 100 por cien de Rusia para la conversión de su uranio reprocesado”, indicó.

 

Europa Press / Agencia Reforma

Madrid / Colorado

El sospechoso del ataque del domingo contra un acto proisraelí en Boulder, Colorado, Mohamed Sabry Soliman, un extranjero de 45 años que tenía un visado de turista caduco y que había pedido asilo en septiembre de 2022, fue imputado por 16 cargos de intento de asesinato en primer grado y podría ser condenado a hasta 384 años de prisión, según informó el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty.
Soliman, “ingresó al país en agosto de 2022 con un visado B2 que venció en febrero de 2023. Solicitó asilo en septiembre de 2022”, señaló la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un breve mensaje publicado en redes sociales, sin hacer mención de dónde es originario.
En total, doce personas resultaron heridas, según el último balance, de las cuales dos continúan hospitalizadas.
Además, se le imputan dos cargos de uso de artefacto incendiario que implicarían un máximo de 48 años en una prisión estatal. Por los 16 cargos de intento de uso de un artefacto incendiario afronta hasta 192 años de prisión estatal. El episodio de violencia de Soliman fue en el popular centro comercial peatonal de Pearl Street, una zona de cuatro cuadras en el centro de Boulder, el pasado domingo.
A nivel federal fue acusado de “delito de odio contra una raza, religión u origen nacional real o percibido”, explica el afidávit, citado por medios estadunidenses.
El sospechoso atacó con un “lanzallamas casero” y varios cócteles molotov a los asistentes a un acto por los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza, un ataque que llevaba planeando desde hace más de un año, a la espera de que su hija se graduara, según los documentos judiciales federales que recoge el diario The Denver Post.
Soliman elaboró 16 cócteles molotov con gasolina que vertió en botellas de vino y jarras a las que después añadió tela roja. La Policía además se ha incautado de una mochila con pulverizador también lleno de gasolina.
El propio detenido ha confesado que buscó cómo preparar el líquido inflamable en YouTube y que su objetivo era específicamente el grupo Corre por Sus Vidas, una organización que convoca recurrentemente actos por todo Estados Unidos para concienciar sobre los rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza. Soliman ha subrayado que se trata de un “grupo sionista”, según los documentos federales.
El sospechoso confesó la autoría tras ser detenido el mismo domingo por la tarde y aseguró a los agentes que “lo haría de nuevo”, según el texto presentado al tribunal por la Oficina Federal de Investigación (FBI). “Quería matar a todos los sionistas y deseaba que todos murieran”, prosigue, aunque confiesa también que tenía “previsto morir” en esta acción.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado ayer donde condenó el “atroz ataque terrorista” en EU y diciendo que él, su esposa y toda la nación de Israel estaban rezando por la recuperación total de las personas heridas en el “vicioso ataque terrorista” en Colorado.
“Este ataque estaba dirigido contra personas pacíficas que deseaban expresar su solidaridad con los rehenes retenidos por Hamás, simplemente porque eran judíos”, señaló Netanyahu.
Por su parte, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de “terrible tragedia” el ataque registrado el domingo en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, contra un grupo de personas durante un evento proisraelí que se saldó con al menos ocho heridos.
“Los actos de terrorismo serán perseguidos con todo el peso de la ley. Este es otro ejemplo de por qué debemos mantener nuestras fronteras seguras y deportar a radicales ilegales y antiamericanos de nuestra patria”, ha señalado en un mensaje publicado en Truth Social.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó ayer el “horrible” atentado perpetrado en la víspera contra un acto proisraelí en Boulder, Colorado, que se ha saldado con doce heridos, expresando su rechazo a “toda incitación al odio religioso”.

La Justicia de Guatemala emitió ayer una orden de captura contra el exministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez y la fiscal general del país, Luz Adriana Camargo, por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco del caso de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht.
Así lo ha anunciado el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del país centroamericano, Rafael Curruchiche, en un vídeo difundido en la red social X, en el que ha señalado asimismo que se ha notificado una alerta a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que “dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país”.
Velásquez, que trabajó junto a Camargo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), está acusado de dirigir una “estructura criminal” con la que favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones de quetzales” (unos 340 millones de euros). (Europa Press / Madrid).

Redacción

Panamá

La filial de la bananera estadunidense Chiquita Brands despedirá a todos sus trabajadores en Panamá, quienes llevan más de un mes de huelga informó ayer el gobierno, mientras crecen las protestas en el país.
Los trabajadores de la planta de Chiquita fueron a paro el 28 de abril porque rechazan una reciente reforma del seguro social que eliminó beneficios específicos para los obreros bananeros en salud y pensiones y que fue aprobada por el Congreso en marzo pasado
El gigantesco bananero estadunidense Chiquita Brands, con unos 7 mil trabajadores, había anunciado hace 11 días el despido de 5 mil de ellos y el cese de sus operaciones por la huelga en su planta en la provincia caribeña de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, según información de AFP:
El paro provocó el cierre de varias rutas de esa región turística, escasez de productos y más de 75 millones de dólares en pérdidas, según la compañía.
“Acabamos de conversar con representantes de la parte laboral de la empresa (…), nos comunicaron que esta semana estarán presentando la autorización de despidos del resto del personal que quedaba en la bananera”, dijo a reporteros la ministra panameña de Trabajo, Jackeline Muñoz.
Tras negociar con los sindicatos, el gobierno derechista de José Raúl Mulino aceptó elaborar un proyecto de ley para restituir los beneficios laborales de empleados de las bananeras, pero condicionó su envío a la Asamblea Nacional a una reapertura de las rutas.
Pero los sindicatos se niegan hasta que no sea aprobada la nueva normativa, mientras los comercios de Bocas del Toro reportan escasez de productos, los cajeros automáticos de bancos estatales están fuera de servicio y las escuelas permanecen cerradas.
Desde hace más de un mes, Mulino enfrenta una ola creciente de protestas en contra de la reforma de las pensiones y otros temas.
Ayer, grupos de manifestantes cortaron de manera intermitente, con troncos y piedras, el tránsito en varios tramos de la carretera Panamericana, a unos 350 kilómetros al oeste de la capital panameña.
Para reabrir las rutas, la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Según imágenes de medios locales, hubo varios detenidos y heridos por los disturbios, aunque la policía no ha dado cifras. (Con información de Agencias).

 

Agencia Reforma

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó ayer el decreto para promover el crecimiento de la industria farmacéutica en México, mediante preferencia en los contratos a empresas que desarrollen infraestructura o reinviertan en México parte de lo obtenido por sus ventas.
El decreto estará vigente a partir de contrataciones convocadas en 2026, para entrega de los insumos en 2027.
“La Secretaría de Salud deberá promover la participación de personas físicas o morales que acrediten contar, en territorio nacional, con inversión en la cadena de producción de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, o con el inicio de instalación de fábricas, laboratorios o almacenes que formen parte de dicha cadena, o bien, de aquellas que desarrollen investigación científica o productos innovadores”, dice el decreto.
En la compra consolidada que falló ayer, la paraestatal Birmex ya aplicó un criterio en favor de empresas con sede en México, por el cual sus ofertas podían ser elegidas sobre las de fabricantes extranjeras, incluso si eran hasta 15 por ciento más altas.

Pedro Sánchez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Una niña rarámuri de 2 años de edad, murió por complicaciones derivadas del sarampión, en Chihuahua. Con este caso, suman cuatro muertes por la enfermedad en el estado fronterizo vecino de Texas, Estados Unidos, donde surgió el brote.
La Secretaría de Salud de Chihuahua informó que la víctima era hija de padres jornaleros agrícolas y no contaba con su esquema completo de vacunación.
2La menor de edad fue ingresada en el Hospital Integral de Ojinaga con un cuadro de deshidratación, diarrea, neumonía y sarampión, complicaciones que fueron la causa del deceso”, explicó la dependencia.
Ante esta situación exhortó a la población a acudir a los centros de salud a aplicarse las dosis necesarias para protegerse, ya que al estar todos vacunados se evita la transmisión de la enfermedad.
Recordó que el sarampión tiene un probabilidad de un 10 por ciento de afectación grave en menores de edad, personas con desnutrición y con el sistema inmune debilitado. Las secuelas de esta enfermedad pueden prolongarse hasta 10 años.
Los adultos también pueden enfermarse y transmitir la enfermedad, al igual que las embarazadas a su hijo en el vientre.
“En el caso de las mujeres en estado de gestación, no deben vacunarse. Sin embargo en caso de estar inmunizadas y estar en contacto con un caso de sarampión, deben acudir inmediatamente con un médico”, puntualizó la instancia estatal.
Llamó a los padres de familia para que acudan con sus hijas e hijos a los centros de salud y aplicarles los esquemas completos de vacunación, como son las dos dosis contra el sarampión (SR y SRP): la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses.
Además, invitó a las personas de entre 10 a 49 años de edad que no cuenten con la segunda dosis, así como a aquellas que hayan estado en contacto con un paciente contagiado, a aplicarse el biológico correspondiente.
Desde el pasado fin de semana se instalaron macro centros de vacunación en distintos puntos de la entidad, donde la ciudadanía puede aprovechar para revisar las cartillas de vacunación y aplicarse los biológicos que les falten.
Este martes 3 de junio los macro centros atenderán en Villa López, Ocampo, Bocoyna, Jiménez y Parral; el miércoles 4 de junio estarán en Jiménez, Villa López y Ocampo, y el jueves 5 de junio solo en Parral.
El 19 de mayo pasado, se reportó el fallecimiento de dos niños menonitas, uno de 7 años oriundo de Ojinaga y otro de 11 meses de Namiquipa, por complicaciones por sarampión. Ninguno de los dos estaba vacunado.
Ambos presentaron neumonía, sumado a que uno de ellos padecía leucemia y otro una afección renal.
En el caso del menor de 11 meses, la madre tampoco estaba vacunada, por lo que no pudo transmitir inmunidad al infante.
El primer deceso se reportó en la primera quincena de abril por sarampión. Se trató de un hombre de la comunidad menonita, de 31 años de edad, que tampoco estaba vacunado y tenía diabetes.
El paciente residía en el municipio de Ascensión, pero falleció en Ciudad Juárez, donde había sido trasladado.
Hasta este 2 de junio, suman mil 803 casos confirmados de sarampión en 39 municipios de Chihuahua, la mayoría en Cuauhtémoc, con 804.

Frida López Bravo * / Agencia Reforma

Cambridge

Pasado el mediodía del viernes 22 de mayo, el ritmo del campus de la Universidad de Harvard se interrumpió. Era un día frío y de lluvia impertinente, impropia de un fin de primavera en Massachusetts. Mientras cruzaba Harvard Yard camino al trabajo, vibró mi celular. Era el chat de estudiantes internacionales: “¿Nos acaban de cancelar la visa? ¿Acabamos de perder el derecho a quedarnos en el país?”. Luego vi la noticia.
La administración Trump había revocado la certificación de nuestra universidad para participar en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, en inglés).
Trabajaba esa tarde en la oficina de la Harvard Alumni Association, ayudando a los preparativos para la ceremonia de graduación. Cuando llegué, todos estaban leyendo la noticia. Una compañera estadunidense confundida me preguntó: “¿Ya viste la noticia? ¿Qué significa?”. “Significa que hemos perdido nuestro estatus legal en el país”, le respondí. Me abrazó. Luego, justo con otros estudiantes internacionales en el trabajo empezamos a discutir sobre lo que pasaría. Alguien dijo: “Ya no podemos salir del país, si lo hacemos no nos dejarán volver”. Otro más respondió: “Eso no es lo peor, ahora que perdimos nuestro estatus legal, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tiene el derecho a detenernos y sacarnos de la nación”.
El miedo no surgió de la nada. Desde que la administración Trump comenzó sus ataques contra estudiantes internacionales alrededor del país en marzo, el miedo había pasado de ser un rumor a convertirse en rutina. Algunos estudiantes en diversas universidades habían perdido su estatus migratorio por participar en las protestas por la guerra en Gaza. Otros habían visto sus visas canceladas sin explicación. En abril, una estudiante turca de Tufts fue detenida por un artículo pro-Palestina. Aun así, nadie imaginó un castigo colectivo de esta magnitud.
En el chat de estudiantes internacionales alguien escribió: “Lo más probable es que Harvard contraataque en los tribunales, lo que nos dará unos días”. Alguien contestó “lo único que nos queda es esperar”. Durante el resto de la tarde en mi trabajo, lo único en lo que me pude concentrar fue en refrescar la bandeja de entrada de mi correo electrónico para ver si las autoridades de Harvard nos informaban lo que pasaría. Cuando salí del trabajo esa tarde junto con otros estudiantes internacionales caminamos juntos a nuestros dormitorios. Nos daba miedo andar solos por la calle y que nos pasara lo mismo que a la estudiante turca.
La respuesta oficial de las autoridades de Harvard sólo llegó hasta el día siguiente, el sábado 23 de mayo, en un correo electrónico enviado por su presidente Alan Garber: Harvard había presentado un recurso judicial urgente en un tribunal federal contra la decisión de la administración Trump prometiendo defender a sus estudiantes internacionales. Esa misma tarde, el tribunal federal en Boston dejó sin efecto de forma temporal la orden que cancelaba nuestras visas mientras el litigio continúa. Habían sido horas de ansiedad.
Como estudiante de segundo grado de licenciatura en la Universidad de Harvard, hasta ahora yo no había querido hablar en contra de lo que sucedía por miedo a perder mi visa. Planeaba pasar el verano con mi familia en la Ciudad de México. Hoy no sé si podré salir. Aprendí que la visa no es un derecho, sino un hilo delgado que se tensa con cada vaivén político.
Durante este tiempo recibí mensajes de amigos y familiares en México que habían visto las noticias y querían saber si era real lo que estaba pasando. Yo y otros miles de estudiantes internacionales de Harvard sabemos que, aún hoy, el miedo es muy real. Harvard me enseñó que el conocimiento florece cuando las voces son diversas. Despojar a una universidad de sus estudiantes internacionales no sólo quiebra vidas, empobrece el diálogo que sostiene la democracia. Por eso levanto la voz, aunque sea un riesgo: defender nuestro lugar aquí es defender la libertad académica de todos.

* Frida López Bravo es estudiante mexicana de segundo año de la licenciatura en Gobierno y Matemáticas en la Universidad de Harvard.

Adrián Basilio / Agencia Reforma

Ciudad de México

Una iniciativa de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD) para implementar protocolos contra la violencia física, verbal, emocional y sexual hacia deportistas es una de las primeras acciones que tomó la presidenta de la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados, Paola Longoria.
Y para que sea una realidad, la raquetbolista apela a que sus compañeros legisladores tomen en serio la importancia del deporte y lo apoyen con leyes y presupuesto y no sólo se acuerden del rubro cuando un seleccionado nacional visite San Lázaro.
“Hay una deuda con las deportistas y de ahí mi iniciativa de los protocolos contra el acoso, para que se adicione una fracción décima al Artículo 41 de la LGCFyD para que haya protocolos obligatorios de acción cuando se sufre de un acoso, abuso u hostigamiento, tanto para una atleta como federativo, entrenador o alguien referente al deporte”, aseveró en entrevista con Grupo Reforma.
“Tenemos que dejar atrás los intereses de los de la silla (directivos y federativos)”, expuso.
“Queremos que sea en todas las entidades porque muchas veces por miedo a denunciar prefieren callar, los atletas prefieren salirse del deporte porque no saben si realmente va a parar el acoso, abuso u hostigamiento, y no sólo sexual, también verbal, hasta discriminación”, lamenta la ahora legisladora.
–¿Cómo han respondido tus compañeros diputados ante la propuesta?
–”Todo mundo habla de que la mejor manera de pacificar a un país es a través del deporte, pues entonces tomémoslo en cuenta. He tenido reuniones con todos los grupos parlamentarios y les he dicho que realmente tomemos en serio al deporte. Solo falta una cosa, tener voluntad para apoyar”.
–Pero si cada año parece haber menos recursos para el deporte…
–”Hasta el momento va poco del presupuesto para el deporte para el próximo año, y espero que se le dé seriedad al deporte y que los diputados entendamos que requiere presupuesto no sólo para el alto rendimiento, (también) el deporte social, adaptado, muchos niños quieren hacer deporte, pero no hay infraestructura, equipamiento”.
“Hay una buena sinergia tanto en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados como con la Conade y el COM, que anteriormente no se tenía”, agregó.

Claudia Guerrero y Natalia Vitela / Agencia Reforma

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que Ana Gabriela Guevara, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no está bajo ninguna investigación, a pesar de que hace un par de meses Rommel Pacheco, actual responsable de la dependencia, afirmara en una mañanera que sí existen carpetas de investigación en su contra.
Desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la ex titular de la Conade no estaba bajo investigación y explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ley, realiza auditorías a todas las entidades que utilizan recursos federales y que por esa razón se inspecciona la administración de Guevara enfrente de la Conade.
“Que yo sepa no está bajo investigación. Sí, pero no está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay un nuevo año, se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación, como de la Secretaría que hoy se llama de Anticorrupción y Buen Gobierno.
“Se hacen las auditorías, sí se encuentran observaciones, tiene tiempo la titular, o los titulares de las entidades, para responder a esas observaciones. Y después de eso, todavía hay una segunda fase de este proceso, pero no está bajo investigación, sino sencillamente el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con todas las entidades del Gobierno de México o estados de la República o municipios que utilicen recursos federales”, expresó.
Sheinbaum también señaló que se debe esperar a lo que resuelva el órgano fiscalizador para saber si Guevara cuenta con algún asunto de falta administrativa o desvío de recursos.
“Vamos a esperar lo que dice la Auditoría Superior de las auditorías que se están haciendo en la Conade, y en otras áreas del Gobierno, y sobre las observaciones, la que fue titular de la Conade, pues tiene su tiempo para poder contestar esas observaciones y si ya se encuentra que hay un asunto de falta administrativa o un asunto que tenga que ver con desvío de recursos, pero hay que esperar”, pidió.

Los dichos de Pacheco

La justicia persigue a la ex corredora y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara por presuntas irregularidades a su paso por la dirección de la Conade.
“Sí, desde que yo llegué hay carpetas de investigación abiertas, y están siguiendo su curso y llevan su debido proceso”, dijo Rommel Pacheco, titular del organismo, en Palacio Nacional, tras participar el pasado 28 de marzo en la conferencia mañanera.El ex clavadista olímpico aseguró que tiene la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la Conade sea transparente.
“La instrucción que tengo por parte de la Presidenta es que la Conade sea una Conade nueva, transparente, cercana al deportista (…), que sea por la paz, contra las adicciones, que ayude a la salud y esto a su vez a la obtención de alto rendimiento.
“Pero todo lo que esté mal será señalado, será enviado a las autoridades pertinentes, y la función de la Conade no es propiamente ser Fiscalía ni Policía, sin embargo, no se va a tolerar ninguna falta a ninguna de las reglas de operación. Se está trabajando en la transparencia”, mencionó.
En febrero, la Auditoría Superior de la Federación presentó 2 denuncias ante la FGR por irregularidades registradas en la Conade en el ejercicio presupuestal de 2020, en la gestión de Guevara, que podrían sumar 279.6 millones de pesos.